Faviola Lucia Fabián Arango

Expediente 947/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
947/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
26/10/2017

Partes del expediente

  • Epifania Esdras Fabián Arango
  • Faviola Lucia Fabián Arango
  • Director del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Vistos los presentes autos y, en virtud de que actualmente ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, precisamente en cuanto al considerando segundo de la misma, en el que se sobreseyó el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la parte de dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales consiguientes. Por otra parte, téngase por recibido el oficio número 13008/2017, de veintisiete de septiembre actual, testimonio anexo, un disco de computadora y los autos originales del presente juicio de amparo que devuelve el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; acúsese recibo; glósense únicamente las actuaciones a partir del auto en el cual se tuvo por interpuesto el recurso de revisión que obran en el cuaderno de antecedentes formado con el envío del referido juicio de garantías; y advirtiéndose de la copia certificada del testimonio anexo que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, confirmó la sentencia recurrida en la que se concedió a Jesús Carmen Sierra Vázquez, el amparo y la protección de la Justicia Federal, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, para los efectos legales correspondientes. Por tanto, con apoyo en el artículo 192 de la citada Ley de Amparo, requiérase al jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en la ciudad de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo; apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha el presente auto); acorde con lo previsto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 259 del citado ordenamiento; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, en lo que atañe a las autoridades responsables Presidente de la República, Cámara de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, con residencia en la ciudad de México, no ha lugar a requerir cumplimiento alguno, porque resultaría ocioso pretender el mismo por parte de dichas autoridades; cuenta habida que el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a tales autoridades a dejar insubsistentes sus actos, pues el efecto de la sentencia es que la norma declarada inconstitucional no se aplique en perjuicio de la quejosa, sin que sea factible hacer una declaración general en relación a la ley o, en este caso, al decreto que motivó el juicio; por tanto, únicamente notifíqueseles el presente, para su conocimiento. En apoyo a lo anterior, es de invocarse la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 414, Tomo VI, octubre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, y que a la letra dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculartoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistente sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec******************** Oaxaca******************** veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos******************** de los que se advierte se encuentra transcurriendo el término de quince días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo******************** a fin de que la autoridad responsable Jefe del Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca******************** rinda su informe justificado; resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; por tanto******************** se difiere y se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE******************** para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, específicamente que en el presente incidente de suspensión no se concedió medida cautelar alguna; con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido; este juzgador estima carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado; procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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