Favia Lineli Lucero Montoya

Expediente 1200/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1200/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
08/09/2023

Partes del expediente

  • Favia Lineli Lucero Montoya
  • Elma Irene Vega
  • CYNTHIA LORENA MONTELONGO CALDERÓN y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el oficio signado digitalmente por el Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, con el que remite el oficio y anexo, suscrito electrónicamente por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, sin que haya lugar a hacer pronunciamiento respecto al contenido de estos últimos, toda vez que por acuerdo de seis de los corrientes, se acordó lo conducente. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, por el que remite la resolución dictada el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial 17/2023 de su índice, acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, tomando en consideración que dicha ejecutoria determinó que el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, es el competente para conocer del juicio de amparo promovido por y coagraviadas, contra actos del Presidente de los Estado Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, remítase el presente juicio de amparo a dicho órgano jurisdiccional; solicitando el acuse de recibo de estilo. En tal virtud, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 fracción XII, en relación con el 262 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se ordena a la Oficial Judicial A de la adscripción para que deje a disposición del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el presente expediente electrónico. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente para los efectos legales conducentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente cuaderno de antecedentes, una vez transcurridos seis meses de su archivo, pues encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 19 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 19. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: b) Incompetencias; Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo del artículo 19 del Acuerdo General en cita, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, destrúyase el presente expediente y remítase, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado digitalmente por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Juárez; mediante el cual informa que el Juzgado de su adscripción determinó que no acepta la competencia declinada a su favor por este Juzgado de Distrito, asimismo, remite las constancias que integran el expediente 614/2023-VI de su índice, acúsese el recibo correspondiente. Conflicto competencial. Por otra parte, en atención al contenido del oficio de referencia, se advierte que el Titular del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, estimó que no se surte la competencia declinada a su favor, por las siguientes consideraciones: En el caso concreto, de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: La aprobación, efectos y promulgación del artículo 5°, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; los numerales 143, 144, 145 y 146, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua; la falta de difusión sobre el aborto electivo o voluntario, como un servicio de salud que se debe garantizar a las mujeres y personas gestantes; la falta de instrucciones, organización e implementación de servicios médicos para el acceso al aborto electivo o voluntario. Sin embargo, éstas refieren que acuden en demanda de amparo en base a un interés legítimo individual y colectivo, precisando no encontrarse embarazadas y no tienen conocimiento de que se encuentren sujetas a proceso penal por imputárseles la comisión del delito de aborto; y por ello, se advierte que de momento -estos actos- no llevan aparejado un inminente acto de ejecución. Por otra parte, refieren que el estigma generado a partir de la regulación del aborto les afecta en tanto que por un lado se promueve una visión de las mujeres y personas con capacidad de gestar como instrumentos reproductivos y por otro afecta el acceso a servicios de salud al instaurar en el personal médico la idea del delito como un referente sobre el aborto; continúan diciendo, que en ambos casos el temor a la privación de la libertad y a los estigmas hace que su vida sexual y reproductiva la vivan con culpa y temor. En este sentido, los actos precisados en el párrafo precedente estigmatización y temor a la privación de la libertad- no pueder considerarse como un acto de aplicación de las normas impugnadas, pues debe atenderse en primer lugar a que las justiciables acuden ante la instancia constitucional ostentando un interés legítimo, en virtud de su especial situación en el ordenamiento jurídico, lo cual hace que dicho interés sea cualificado, actual, real y jurídicamente relevante; sin embargo no existe una afectación particularizada en su esfera jurídica, al no encontrarse los actos reclamados conectados directamente con un trato específico que reciban o hayan recibido por parte del orden jurídico a partir de una norma, que a su decir, resulta estigmatizante. Aunado a ello, es criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la tesis con registro digital 2006964, del rubro LEYES AUTOAPLICATIVAS. CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO, que NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERES LEGITIMO, que tratándose de interés legítimo, autoaplicativas aquellas cuyos efectos ocurran en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando se constata la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y juridicamente relevante de la parte quejosa con la mera entrada en vigor de la ley, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. Conforme a esta definición de interés legítimo, las quejosas no deben ser destinatarias directas de la ley impugnada, sino que es suficiente que sean terceros que resientan una afectación incondicionada, pues se requiere un análisis integral de las relaciones jurídicas en que se encuentran los particulares, siendo en el contexto de este tráfico de relaciones donde se puede apreciar la afectación de la ley. Por tanto, las normas autoaplicativas, en el contexto del interés legítimo, sí requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; y c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas. Corolario de lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis con registro digital 2006962, del rubro INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. PERMITE IMPUGNAR LA PARTE VALORATIVA DE LAS NORMAS JURÍDICAS SIN NECESIDAD DE UN ACTO DE APLICACIÓN, CUANDO AQUÉLLAS RESULTEN ESTIGMATIZADORAS, estableció que los significados son transmitidos en las acciones llevadas por las personas, al ser producto de una voluntad, de lo que no se exceptúa el Estado, como persona artificial representada en el ordenamiento jurídico. Así, las leyes no sólo regulan conductas, sino que también transmiten mensajes que dan coherencia a los contenidos normativos que establecen, ya que no regulan la conducta humana en un vacío de neutralidad, sino que lo hacen para transmitir una evaluación oficial sobre un estado de cosas, un estado de cosas, un juicio democrático sobre una cuestión de interés general. En este sentido, las leyes no sólo contienen una parte dispositiva, sino también una valorativa. Esta última es el producto de ciertas tesis sobre las que concurren las mayorías legislativas. Lo anterior es especialmente relevante considerar cuando se trata de estereotipos, pues la percepción social que hace sobrevivir un prejuicio contra un sector discriminado se sustenta en una compleja red de leyes y normas que regulan los intercambios de las personas para promocionar el rechazo aestos grupos, cuyo efecto es preservar un determinado mensaje oficial en la sociedad independientemente de la eficacia de determinados contenidos dispositivos de esa legislación. Luego, la discriminación no sólo se puede resentir cuando la norma regula directamente la conducta de un grupo vulnerable, sino también mediante aquellas normas que promocionan y ayudan a construir un significado social de exclusión o degradación, que si bien pueden no tener a los miembros de cierto grupo vulnerable como destinatarios, los efectos de su aplicación mediante la regulación de la conducta de terceros sí les genera un daño de estigmatización por discriminación. Así, la Primera Sala estimó que junto a la afectación material o tradicional que puede generar la parte dispositiva de una norma, puede existir una afectación inmaterial que produce el mensaje transmitido por la norma, es decir, por su parte valorativa. En otras palabras, el estigma por discriminación puede ser una afectación expresiva generada directamente por una norma, la cual una serie de eventuales afectaciones comúnmente se materiales secundarias, con motivo de la puesta en práctica del contenido prescrito por la norma, como es la exclusión de beneficios o distribución inequitativa de cargas. Sin embargo, lo relevante es que independientemente de las partes heteroaplicativas que contenga la norma, si existe una afectación de estigmatización por discriminación generada directamente en su parte valorativa, se debe reconocer interés legítimo para impugnarla, sin esperar el acto de aplicación. Cabe precisar que este tipo de afectación no diluye el concepto de interés legítimo en interés simple, pues no puede considerarse como un estigma la afectación ideológica que produce una ley en ciertos miembros de la población en general, ni permite hacer pasar como interés legítimo la mera percepción dañina subjetiva del quejoso, es decir, la disidencia u oposición a la norma. La afectación por estigmatización es una afectación concreta y distinguible de la mera oposición o disidencia ideológica a una ley, generable por un mensaje tachado de discriminatorio por la utilización de una de las categorías sospechosas establecidas en el artículo 1° Constitucional, del cual el quejoso es destinatario por ser miembro de uno de los grupos vulnerables identificados mediante una de esas categorías. Así, la estigmatización por discriminación no sólo depende de las impresiones subjetivas del quejoso, sino de una evaluación impersonal y objetiva del juzgador, lo que se determina mediante la derivación de entendimientos colectivos compartidos, el contexto social en que se desenvuelve y la historia de los símbolos utilizados. Atento a lo criterios del Alto Tribunal del País, este Juzgador considera que el mensaje estigmatizante lo sufre cualquier persona que se identifique con ese mensaje discriminatorio; se trata pues de una afectación que incide de manera individualizada en cualquier persona que sienta temor a perder su libertad por elegir practicarse un aborto de manera voluntaria; sin que éste, se insiste, pueda considerarse un acto de ejecución. Por lo que se está en el supuesto de lo establecido en el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, pues la estigmatización que dicen sufrir las promoventes, no se trata de un acto de ejecución, de ahí que resulta irrelevante el sitio en que aquéllas residan, de ahí que al haberse presentado la demanda de amparo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, corresponde conocer al Juzgado Tercero de Distrito residente en esa ciudad. Atento a lo expuesto, este juzgador estima que no son correctas las consideraciones sostenidas por la jueza declinante y por ello, no se acepta la competencia planteada, lo que deberá hacerse de su conocimiento. En este sentido, no se soslaya que la oficiante cita la jurisprudencia con número de registro 820159 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 75, que establece que la competencia para conocer de amparos contra leyes federales autoaplicativas, corresponde al juez que ejerza jurisdiccion en el lugar en que los destinatarios deban acatarlas; sin embargo, debe acotarse que en la tesis en comento se llevó a cabo el estudio del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada. A su vez, el artículo 37 de la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece prevé lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Por lo que de una interpretación histórica de esta última disposición, se hace evidente la intención del legislador ordinario de modificar esa regla de competencia y, por ende, debe interpretarse literalmente, ya que el órgano legislativo sólo consideró como parámetro objetivo para fincar la competencia de los Jueces de Distrito, la naturaleza ejecutiva del acto impugnado, pues en estos supuestos el competente es aquel donde el acto debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; pero en caso de que el acto carezca de esa característica, el competente es el Juez de la jurisdicción ante quien se haya presentado la demanda. De suerte que es manifiesta la intención del legislador de facilitar a los gobernados el acceso al servicio de administración de justicia. Sin que se soslaye, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en el juicio de amparo, en virtud de que las interpretaciones realizadas fueron en relación con disposiciones de la Ley de Amparo abrogada y, por tanto, en términos del artículo sexto transitorio del decreto publicado en el citado medio de difusión el dos de abril de dos mil trece, al contraponerse a lo regulado por la legislación vigente, aquél es inaplicable. No obstante, con el debido respeto se discrepa de tal postura, pues se estima que el acto reclamado sí amerita ejecución y es precisamente en el lugar donde tiene su domicilio las partes quejosas en el juicio de origen, acorde con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. En principio, es pertinente recordar que las partes quejosas reclamaron lo siguiente: En esa tesitura, cuando el juicio de amparo indirecto se presentó para reclamar una norma con carácter autoplicativo, es evidente que constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. Así, la circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que carecen de ejecución material, dado que las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos. Por lo anterior, se colige que las normas de carácter autoaplicativo que reclaman sí amerita ejecución material, precisamente, en los lugares en los que los disconformes deban dar cumplimiento a sus prescripciones, entendiendo por éstos, aquellos en los cuales tienen su domicilio, por lo que resulta evidente que la competencia para conocer de los juicios de amparo en los que se reclame la inconstitucionalidad de esas normatividades, se surte a favor del Juzgado de Distrito que ejerza jurisdicción en la localidad en la que residan las quejosas, así manifestado bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo. Así, es pertinente aclarar que la protesta de decir verdad de la demanda de amparo, que en relación con los hechos o abstenciones que le constan a la parte quejosa y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de sus conceptos de violación, es un requisito formal y no una mera fórmula sacramental o solemne; así que, el juzgador de amparo no puede desconocer a priori lo manifestado por el promovente de amparo, ya que en esa fase del procedimiento -auto de admisión-, no pondera respecto de la certeza de los actos reclamados o su vinculación con las autoridades responsables. En consecuencia, al tratarse de normas generales reclamadas como autoaplicativas, como ya se adelantó en párrafos que preceden, constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material, precisamente, en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones; ello, porque la circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran vinculación, no debe conducir a la conclusión de que no necesitan ejecución material. Esto, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior intervención de la autoridad o de un tercero, a acatar sus mandatos. Por lo anterior, se deduce que los actos reclamados tienen ejecución en Ciudad Juárez, Chihuahua, en virtud de que las quejosas señalaron en su ocurso de amparo que tienen sus respectivos domicilios en aquella localidad; por lo que las normas generales que se combaten en su carácter de autoaplicativas, deben ser acatadas por las promoventes en el lugar en que residen; por lo que es claro que se actualiza la hipótesis que establece el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia 2ª. 11., emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 820159, de rubro y textos siguientes: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPAROS CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se les identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, quedan automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos." De igual manera, apoya lo anterior por analogía de razonamientos, la jurisprudencia PC.I.A. J/96 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación con el número de registro 2013597, de contenido siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE IMPONEN AL PRESTADOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS LA OBLIGACIÓN DE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO, CUANDO SE RECLAMAN EN SU CARÁCTER DE AUTOAPLICATIVAS. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN ALGUNO DE LOS LUGARES EN LOS QUE PUEDA TENER EJECUCIÓN EL ACTO RECLAMADO. De acuerdo con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer de los asuntos en los que se reclaman como autoaplicativos el Acuerdo por el que se emite el catálogo de los diferentes servicios turísticos cuyos prestadores de servicios turísticos deberán inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, el Acuerdo por el que se emite la Convocatoria Nacional de Inscripción al Registro Nacional de Turismo dirigida a los prestadores de servicios turísticos, así como el Acuerdo por el que se establece el formato único para los trámites del Registro Nacional de Turismo, todos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2016, que imponen una ejecución material, al obligar al prestador de servicios turísticos a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se presente la demanda, siempre y cuando ejerza jurisdicción en alguno de los lugares en que pudieran tener ejecución los actos reclamados, a saber, en la oficina estatal respectiva (donde la quejosa presta sus servicios turísticos), o bien, donde radica la ventanilla de registro central de la Secretaría de Turismo, esto es, en la Ciudad de México. Lo anterior es así, toda vez que el lugar o los lugares en que pueda efectuarse el registro de inscripción o el trámite correspondiente debe estimarse como el factor determinante para tal efecto, pues al tratarse de disposiciones autoaplicativas, existe el desconocimiento del lugar donde se va a realizar el trámite respectivo en el Registro Nacional de Turismo, de manera que lo relevante es que el quejoso tiene la posibilidad de efectuar la inscripción ante la oficina de turismo estatal, o bien, en la oficina central." Además, por similitud de razonamientos, la tesis III.4o.A.69 A, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercero Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, con el número de registro 165860, de contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA NORMA OFICIAL MEXICANA "NOM046-SSA2-2005. VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES. CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN". CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLA. Si al tramitarse el juicio de garantías contra la Norma Oficial Mexicana "NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2009, se aprecia que el quejoso tiene su domicilio en una jurisdicción diversa a la de la autoridad que emitió dicha norma, la competencia para conocer del amparo contra ésta corresponde al Juez de Distrito en Materia Administrativa que ejerce jurisdicción en el lugar en que los destinatarios deban acatarla, ya que al ser una disposición autoaplicativa que obliga al particular a hacer o dejar de hacer desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para generar su obligatoriedad, es evidente que no es una resolución que requiera ejecución material en términos del artículo 36, último párrafo, de la Ley de Amparo, de las cuales conoce el Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside la autoridad que las dictó, pues es claro que una norma autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que amerita ejecución material en los lugares en los cuales los destinatarios deban dar cumplimiento a sus prescripciones." Cabe señalar que, si bien dicha ejecutoria interpretó el artículo 36 de la anterior Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, lo cierto es que, esa definición resulta aplicable también para desentrañar el alcance del artículo 37 de la ley actualmente en vigor, pues ambos ordenamientos contemplan las reglas de competencia para que el Juez de Distrito conozca de la demanda constitucional; de ahí que, resulte plenamente aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Es por ello que, se insiste, este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, así como, en declinar la competencia a favor de la autoridad oficiante, por lo que fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el presenta asunto al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, a fin de que resuelva lo conducente. Luego, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 fracción XII, en relación con el 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se ordena a la Oficial Judicial A de la adscripción para que deje a disposición del Tribunal Colegiado que corresponda, las constancias del expediente electrónico. Comuníquese la presente determinación al Juez declinante para los efectos legales. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que el quejoso, no hizo manifestación alguna respecto de la vista concedida en auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." ( Efectos de la sentencia definitiva. El nueve de enero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia definitiva que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: ".para el efecto de que la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, con asiento en esta ciudad, dicte el laudo dentro del expediente laboral *****, lo cual deberá hacer del conocimiento de este Juzgado; ello en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional." ( Causa ejecutoria. El tres de febrero de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento a la autoridad correspondiente. ( Cumplimiento. Mediante oficio JAR/UAMP/749/23 el Presidente de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, residente en esta ciudad, remitió copia con firmas autógrafas del laudo dictado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, dentro del expediente **** de su índice, por el que resolvió en definitiva este último. Así que, por auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con el oficio y anexo aludidos, sin que hubiese realizado alguna manifestación al respecto. Por tanto, una vez analizado el efecto de la sentencia protectora, el oficio y anexo que remitió la autoridad, se considera que la autoridad acató en sus términos la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio. Ello es así, virtud a que como consecuencia del fallo pronunciado en este juicio, se dictó el laudo correspondiente dentro del expediente laboral ****** del índice de la Junta responsable. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida; además, una vez examinado el actuar de la autoridad, se concluye que no incurrió en exceso ni defecto en el cumplimiento, virtud a que se restituyó a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental transgredido. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ********************, se acuerda lo siguiente. Conservación íntegra del expediente principal, Transfiérase una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 17. Conservación íntegra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, y se encuentren en los siguientes supuestos: [.] III. En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: Juicios de amparo indirecto en los que se haya negado o concedido la protección constitucional;". Una vez cumplido el término a que se refiere la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, transfiérase el expediente al depósito documental que se designe para tal efecto, como lo prevé el artículo 26 del Acuerdo General en cita. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja. Además, se precisa que en el presente juicio no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese.

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