Fausto Silva Martínez

Expediente 652/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
652/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
09/07/2018

Partes del expediente

  • Fausto Silva Martínez
  • Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que el acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo ha causado estado. Se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de junio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve Fausto Silva Martínez, contra actos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno con el número 652/2018-lV. Ahora bien, este Juzgado Federal procede al estudio del escrito de demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En ese contexto, se considera que con relación al referido acto se surte de un modo manifiesto, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". El precepto trascrito consagra el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo. Este principio establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los promuevan, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que además de los anteriores extremos, la norma legal citada también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados. Así, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en estudio, son los siguientes: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que dicho acto reclamado deba ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal, que esté previsto en la ley y no reglamento alguno; c) Que por virtud de esa revisión oficiosa o de ese recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado; d) Que puedan suspenderse los efectos del acto reclamado; e) Que para que proceda tal suspensión no se exijan mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo; f) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación; g) Cuando no solo se aleguen violaciones directas a la Constitución; h) Que el recurso o medio de defensa no se encuentre previsto en un reglamento, sino que la ley aplicable contemple su existencia. Precisado lo anterior y de acuerdo al acto aquí reclamado, se procede a verificar si, en el caso, se encuentran reunidos los elementos antes destacados. Respecto al marcado con el inciso a), esto es, que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe decirse que se encuentra satisfecho, toda vez que el acto que se reclama lo emitió la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, autoridad evidentemente distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por lo que hace al elemento señalado en el inciso b), consistente en que el acto reclamado deba ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal, también se actualiza ya que el artículo 160, último párrafo de la Ley Agraria y 110 de su Reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, vinculados con el diverso numeral 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, establecen la procedencia del juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario, como medio de defensa legal contra las resoluciones emitidas por la Secretaría de la Reforma Agraria -ahora Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano-. En efecto, los preceptos establecen: Ley Agraria: "Artículo 160.- La Secretaría de la Reforma Agraria llevará a cabo las operaciones de deslinde que fueren necesarias, directamente o por conducto de la persona que designe. El deslindador formulará aviso de deslinde en el que señalará el lugar donde tenga instaladas sus oficinas, en las que deberá poner los planos relativos a los terrenos que se van a deslindar a disposición de cualquier interesado para su consulta. Dicho aviso será publicado por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico oficial de la entidad federativa en que se encuentre el terreno que se va a deslindar y en uno de los diarios de mayor circulación de la propia entidad federativa, fijándolo además en los parajes cercanos al mismo terreno. En este último caso, al aviso se agregará un croquis en el que se indiquen los límites y colindancias del terreno. Los propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que se consideren afectados por el deslinde, tendrán un plazo de treinta días hábiles para exponer lo que a su derecho convenga.[.] En caso de controversia respecto de las resoluciones que dicte la Secretaría de la Reforma Agraria, el interesado podrá someter el asunto al conocimiento de los tribunales agrarios, en un plazo de quince días hábiles siguientes al en que haya surtido efectos la notificación personal al interesado, o de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación en caso de que se desconozca su domicilio". Reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural: "Artículo 110.- En caso de controversia respecto de las resoluciones que dicte la Secretaría, el interesado podrá acudir a los Tribunales Agrarios, en un plazo de quince días hábiles siguientes al en que haya surtido efectos la notificación personal o al de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación". Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios: "Artículo 18.- Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: [.] IV.- De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; [.]." Se afirma lo anterior, dado que en el acto reclamado constituye un acuerdo de enajenación emitido por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; por lo que, es patente que tal requisito se encuentra satisfecho, pues en el acto reclamado, por virtud del juicio de que se habla, puede ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo requiere la causa de improcedencia que se estudia según lo dicho en el inciso c). Por lo que respecta al elemento consistente en que se puedan suspender los efectos del acto reclamado, es decir, el precisado en el inciso d), también se actualiza, pues el artículo 166 de la Ley Agraria, prevé: "Artículo 166.- Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III de la Ley de Amparo. En la aplicación de las disposiciones de ese ordenamiento para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso". De lo que es claro que si se pueden suspender los efectos del acto reclamado, sin que obste que la legislación de amparo a que se refiere sea la anteriormente vigente. En relación al requisito marcado con el inciso e) inmediatamente relacionado con el anterior, consistente en que proceda tal suspensión sin que la ley exija mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo; se cumple en el mismo tenor que el inciso anterior, en razón de que la suspensión que se otorga, se regula conforme a la Ley de Amparo, por lo que, se trata de los mismo requisitos. Ahora bien, el requisito marcado con el inciso f), también se cumple, pues de la lectura de la determinación reclamada, se advierte que es un acto en el que se citan diversos preceptos jurídicos, los cuales constituyen su justificación normativa, como lo son los artículos 27, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 fracciones I, inciso b) y II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Octavo Transitorio de la Ley Agraria; 131, 137, fracción III, 142, 143, 144, 146 y Quinto Transitorio del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural; 6, fracción XIII y 22, fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Por lo que hace al inciso g) se estima que se encuentra actualizado, dado que si bien en sus conceptos de violación aduce violaciones directas al derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional; también aduce violaciones indirectas cuando hace referencia a que el acto reclamado contraviene el contenido de los arábigos 116 y 163, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Rodamiento de la Propiedad Rural. Esto es, adujo violaciones no sólo directas, sino también indirectas a la Constitución, por lo que tampoco se actualiza ésta excepción al principio de definitividad que rige la materia de amparo. Resulta de puntual aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número IX.1º. J/9, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 1031, del Tomo XIV, Julio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL: El juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; sin embargo, tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan violaciones directas a la Carta Magna y no cuestiones de legalidad, pues entonces la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario procedente antes de acudir a la vía constitucional". Asimismo, la jurisprudencia número XX. J/1, localizable en la página 94, del Tomo I, Abril de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto es el siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD: Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente". Finalmente, por lo que se refiere al inciso h), teniendo en consideración que la procedencia del juicio de nulidad se encuentra prevista en una ley, no se actualiza la excepción relativa a que el medio de defensa o recurso se encuentre previsto en un reglamento. En esas condiciones, contra el acto reclamado la promovente debió agotar el juicio de nulidad establecido en el artículo 160, último párrafo de la Ley Agraria. Además que el acto que por esta vía se reclama no le importa a dicha promovente peligro de privación de la vida, deportación o destierro, así como ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, ni de los previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo. En tal virtud, la expresión conjunta de violaciones directas y de legalidad, cuando es procedente un medio ordinario de defensa que no prevé mayores requisitos para otorgar la suspensión que los consagrados en la Ley de Amparo, produce la improcedencia del juicio constitucional en términos del artículo 61, fracción XX, del ordenamiento citado, tal como puede apreciarse de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada a contrario sensu, publicada en la compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, página doscientos noventa y ocho, cuyo rubro indica: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN." Asimismo, cabe invocar la tesis número 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, del Tomo X, Página cuatrocientos cuarenta y ocho, que establece: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." Finalmente, también resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia por contradicción, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, en la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo II, página: 1425, que dispone: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN LA QUE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES, ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO: En términos de los artículos 160, último párrafo, de la Ley Agraria, y 110 de su Reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, vinculados con la fracción IV del diverso 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario contra la resolución dictada por la Secretaría de la Reforma Agraria, actualmente Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), en la que ordena el archivo del procedimiento de adquisición de terrenos nacionales, por estimar que no se cumplió con lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, esto es, actualizar la solicitud dentro del plazo previsto en dicho numeral, razón por la cual, en atención al principio de definitividad y al no actualizarse algún supuesto de excepción establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, debe agotarse el mencionado medio de defensa ordinario antes de promover el juicio de amparo indirecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA la demanda promovida por Fausto Silva Martínez, contra actos del Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México y otra autoridad, al surtirse de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia puntualizada. En el entendido de que las jurisprudencias que se invocaron, relativas a la interpretación de la abrogada Ley de Amparo, resultan aplicables al presente asunto, aún cuando no se haya integrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, al no oponerse a los principios y situaciones que deben atenderse en los temas que aquí se han tratado sobre la Ley de Amparo vigente, sino que propicia un tratamiento armónico con el sistema que debe regir en estos puntos procesales de la nueva ley, es evidente que tal criterio cobra cabal aplicabilidad conforme a lo dispuesto por el artículo "Sexto" transitorio del decreto invocado, que dispone: "Sexto. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley". Por otro lado, como lo solicita se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a José Luis Gutiérrez Menchaca y Alejandro Ruiz Reyes, en el entendido de que aun cuando la parte agraviada refiera autorizar a éste último sólo para imponerse de autos, de la interpretación de la última parte del párrafo segundo del citado artículo 12 de la Ley de Amparo, se colige que aunque solo se diga que es para esos efectos, ello conlleva la consecuencia lógica y jurídica de oír notificaciones; y como domicilio para tal fin, el que indica. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional practique las notificaciones que se originen durante la tramitación del juicio de garantías. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran tanto en este expediente como en el incidente que derive, siempre y cuando no se trate de aquéllas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, dejando constancia en autos de la copia realizada. En vista de lo anterior, dígase a la promovente que el uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad. Apoya lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Finalmente, se hace del conocimiento de la promovente, que en términos de los artículos 8° y 18°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y numerales 6, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual sigue vigente de conformidad con el segundo y tercero transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, de nueve de mayo de dos mil dieciséis, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación, así como de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información; asimismo, las partes podrán solicitar la supresión de sus nombres en las listas de notificación que se publiquen en medios electrónicos. Notifíquese personalmente a la promovente.

  3. Principal

    Se desecha la demanda. Notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal, el proveído de veintidós de junio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, la parte quejosa. Lo anterior en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

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