Fausto Samano Salcido
Expediente 820/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 820/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/09/2018
Partes del expediente
- Fausto Samano Salcido
Actuaciones
- Principal
Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos del cuerpo de leyes aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia.Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno.Se considera que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.En razón de lo anterior, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se desechó la demanda de amparo.Por así permitirlo el estado de autos, devuélvanse a la autoridad responsable los documentos que remitió a guisa de informe.
- Principal
aviso. por este medio de lista se notifica al quejoso el auto que dice: El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, Héctor Hugo Ordaz Arredondo, certifica: a) Que feneció el plazo legal de que disponía el promovente para que cumpliera con el requerimiento que se le formuló en proveído de quince de agosto de dos mil dieciocho, tal como lo refleja el siguiente cuadro ilustrativo: TÉRMINO LEGAL PARTES AUTO NOTIFICACIÓN INICIO COMPUTO CONCLUSIÓN TERMINO ¿INTERPUSO RECURSO? SI NO QUEJOSO: Fausto Samano Salcido 15 DE AGOSTO DE 2018 16 DE AGOSTO DE 2018 20 DE AGOSTO DE 2018 24 DE AGOSTO DE 2018 X Cabe señalar que no se cuentan en ese lapso los días dieciocho y diecinueve de agosto del año en curso, por ser sábado y domingo, por ende, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la invocada ley, en relación con el numeral 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Doy fe. Se da cuenta al juez con la certificación que antecede y el estado procesal de los autos. Doy fe. El secretario. Zapopan, Jalisco, veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. I. Se hace efectivo apercibimiento. Visto el estado que guarda el presente asunto, así como la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el lapso que tenía la parte quejosa Fausto Samano Salcido, para que diera cumplimiento a la prevención contenida en el auto de quince de agosto de dos mil dieciocho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de mérito y no se tiene con el carácter de autoridad responsable al Juez Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco. II. Decisión de la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a. Extemporáneo. Del examen de la demanda de garantías, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, por las razones que se expondrán a continuación. Los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.(.)" De los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días. También se evidencia que el legislador estableció las siguientes hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción del juicio de garantías, el cual comienza desde el día siguiente al en que: Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o de la resolución que reclame; o, El quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable al caso concreto, de los establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, por analogía la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SÓLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL CÓMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado" . De las constancias que integran el juicio de amparo 561/2016, del índice de este juzgado, lo que se invoca como hecho notorio en el que se actúa, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el aquí quejoso anteriormente promovió diverso juicio de amparo directo contra el acto consistente en sentencia interlocutoria de quince de abril de dos mil dieciséis, pronunciada por la Octava Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, en el toca de apelación 1093/2007, mediante la cual confirmó la interlocutoria de diecinueve de agosto de dos mil quince, emitida por el Juez Quinto de lo Mercantil del primer partido judicial del Estado, en el juicio ejecutivo mercantil 3377/2005, por la que reguló la planilla de liquidación de sentencia; demanda que correspondió conocer, al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el cual se declaró incompetente, al considerar que el acto reclamado en ese amparo, se ubicaba en la hipótesis de procedencia de juicio de amparo indirecto, toda vez que el acto reclamado en ese amparo no fue una sentencia definitiva o resolución que pusiera fin a juicio y, al efecto, ordenó la remisión del referido juicio a los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado, lo que se puede advertir del oficio 3507/2016 agregado al juicio de amparo 561/2016, del índice de este juzgado. Por tanto, el quejoso no puede eludir el conocimiento que ya tenía, respecto de cuáles son los únicos actos en un juicio contra los que procede amparo directo, siendo evidente que lo aquí reclamado no encuadra en alguno de esos supuestos; por ende, no es posible estimar que se trata de un error o de desconocimiento del impetrante del amparo, respecto del órgano ante el que debía presentar su demanda. En ese sentido, el quejoso tiene conocimiento pleno de que la vía procedente es la de amparo indirecto, merced a que con antelación ya había presentado diversa demanda uniistancial contra actos de igual naturaleza jurídica (que no constituyen sentencia definitiva o resolución que pone final al juicio) por lo que, si vuelve a promover en la vía directa, es obvio que ya no se encuentra en el dilema de saber qué tipo de amparo procede, y siendo así, la presentación de la demanda no interrumpe el plazo para la promoción del juicio de amparo. Sirve para justificar lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo. Así como la jurisprudencia de rubro siguiente: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA". De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión. Ahora, en el caso en concreto el acto reclamado se hace consistir en la sentencia interlocutoria de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, pronunciada por la Octava Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, en el toca de apelación 1093/2007, mediante la cual confirmó la sentencia interlocutoria de diez de noviembre de dos mil diecisiete y revocó la diversa de cinco de diciembre del mismo año, emitida por el Juez Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado, en el juicio ejecutivo mercantil 3377/2005. Luego, de las constancias que remite la autoridad responsable, documentales que merecen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por haber sido expedidas por una autoridad jurisdiccional en ejercicio de sus funciones, se advierte que le fue notificado el acto reclamado el treinta de mayo de dos mil dieciocho y la demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, el catorce de agosto de dos mil dieciocho, se advierte que entre ambas fechas transcurrió en exceso el plazo de quince días previsto el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover la demanda. Cabe aclarar que no pasa desapercibido que en la certificación secretarial correspondiente a la presentación de la demanda de amparo se asentó que le fue notificada el treinta y uno de mayo del año en curso, lo cierto es que se itera, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que ésta fue notificada mediante boletín judicial número noventa y cuatro, publicado el treinta de mayo del año en curso, surtiendo efectos el treinta y uno siguiente. El plazo de quince días a que se hace alusión, transcurrió del uno al veinticinco de junio de dos mil dieciocho, descontándose los días dos, tres, siete, ocho, nueve y diez de junio, por ser sábados y domingos, por ende inhábiles, en términos de lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 19 de la Ley de Amparo, tal y como se advierte del siguiente cuadro ilustrativo. (TEMPORALIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE DEMANDA) Mayo 2018 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Día inhábil. ART. 19 L. A. y 163 L.O.P.J.F. 2 Día inhábil. Vacaciones 3 Día inhábil. Vacaciones 4 Día inhábil. Vacaciones 5 Día inhábil. 6 Día inhábil. 7 Día inhábil. Vacaciones 8 Día inhábil. Vacaciones 9 Día inhábil. Vacaciones 10 Día inhábil. Vacaciones 11 Día inhábil. Acuerdo plenario 12 Día inhábil. 13 Día inhábil. 14 15 16 17 18 19 Día inhábil. 20 Día inhábil. 21 22 23 24 25 26 Día inhábil. 27 Día inhábil. 28 29 30 Se notifica 31 Surte efectos Junio 2018 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Día uno 2 Día inhábil. 3 Día inhábil. 4 Día dos 5 Día tres 6 Día cuatro 7 Inhábiles fuero común 8 Inhábiles fuero común 9 Día inhábil. 10 Día inhábil. aviso decima sesión extraordinaria de siete de junio de dos mil dieciocho 11 Día cinco 12 Día seis 13 Día siete 14 Día ocho 15 Día nueve 16 Día inhábil. 17 Día inhábil. 18 Día diez 19 Día once 20 Día doce 21 Día trece 22 Día catorce 23 Día inhábil. 24 Día inhábil. 25 Último día para presentar demanda de amparo 26 27 28 29 30 En consecuencia, si la demanda de garantías fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, el catorce de agosto de dos mil dieciocho, es evidente que es notoriamente extemporánea, porque transcurrió en exceso el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que ejerciera su derecho y, por ende, la parte quejosa consintió tácitamente los actos reclamados en estudio, razón por la cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia que se citan enseguida: "AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CUANDO DEBE EMPEZAR A CONTARSE SEGUN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El término para la interposición de la demanda de amparo es, por regla general, de quince días, a excepción de los casos determinados por el artículo 22 de la Ley de Amparo. Dicho término fijado en el artículo 21 del aludido cuerpo de leyes, se cuenta desde el día siguiente al en que surta efectos de notificación al quejoso el acto reclamado, atendiéndose a la ley que lo rige, al en que haya tenido conocimiento de aquél o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo, sin incluirse dentro del término referido los días feriados. Este criterio prevalece en la actualidad y no el que se sostenía en los siguientes términos: "AMPARO, TERMINO PARA LA PROMOCION DEL". Los términos para la interposición del juicio de amparo deben regirse por el artículo 21 de la ley de la materia y no por las disposiciones que regulan el procedimiento civil en el fuero común; y por tanto, dicho término empieza a correr desde el día siguiente al en que se notifica al quejoso la resolución judicial impugnada y no al siguiente del en que surte efectos la notificación correspondiente, de conformidad con las reglas procesales comunes, que no tienen aplicación dentro del procedimiento constitucional" . Así como la diversa tesis de rubro: "TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUÁNDO DEBE EMPEZARSE A CONTAR. Ni literal ni lógica ni jurídicamente puede estimarse, que en el caso de que el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, deba tomarse necesariamente como punto de partida, para hacer el cómputo del término para la interposición del amparo, la notificación del propio acto, en primer lugar porque la interpretación gramatical no permite hacer esa distinción, y en segundo, porque no existe precepto alguno en la ley que lo autorice. Por el contrario, es lógico admitir que el legislador estimó que el elemento principal a tomarse en cuenta, es el de que el afectado tenga conocimiento de los actos, de hecho, pues esto está de acuerdo con la teoría jurídica de los actos de autoridad, que si por una parte deben tener firmeza, por la otra, tienen la presunción de legalidad, mientras no se demuestre lo contrario, mediante el juicio constitucional y ello, dentro del término perentorio de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, no siendo otro el principio en que descansa el motivo de improcedencia que se contiene en la fracción XII del artículo 73 del propio ordenamiento, y cuya consecuencia es la de que no siendo combatidos en tiempo los actos de autoridad, queden éstos firmes y su legalidad no puede ser objeto de discusión. En tal virtud, debe concluirse que no es la naturaleza del procedimiento del que emana el acto reclamado, la que debe servir de base para determinar el momento a partir del cual debe empezarse a computar el término aludido, sino simplemente el hecho de que el quejoso conozca el acto y de esta manera esté en posibilidad de atacarlo, surgiendo esta posibilidad desde el momento mismo en que se entere del acto o legalmente se le tenga por enterado mediante una notificación, independientemente de la naturaleza del procedimiento del que se haya derivado." En las relatadas consideraciones procede desechar de plano la demanda de garantías. También sirve de apoyo al anterior razonamiento la siguiente jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". III. Intervención a las partes del juicio de amparo. a. Quejoso: Fausto Samano Salcido. i. Domicilio y autorizados. La designación de domicilio para oír y recibir notificaciones, así como los autorizados para tales efectos, fueron acordados en el auto de prevención, en el entendido que se tuvo a Alberto Montoya Romero, al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos del arábigo 24 de la propia norma, esto es para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Alan Alberto Montoya Barragán, por no contar con dicho registro. b. Tercero interesado. i. Designación. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la referida norma, se tiene con el carácter de parte tercera interesada a: 1. José Manuel Tejeda Preciado. ii. Forma de notificación. 1. Por conducto del actuario. Cabe destacar que el prenombrado, ya fue emplazado al juicio de amparo por conducto de la autoridad responsable, por ello, ya está incorporado a este sumario, tal y como se advierte del juicio de origen, agréguese copia certificada del emplazamiento en referencia a efecto de que obre como constancia en el expediente en que se actúa; en tal virtud, únicamente hágase de su conocimiento la radicación del presente juicio por medio de lista, toda vez que dado el sentido de la presente resulta innecesaria su notificación personal. IV. Se acusa recibo. Analizado el presente sumario, acúsese recibo del oficio 5142 y sus anexos del secretario del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual comunicó el proveído de trece de los cursantes, dictado en el juicio de amparo directo 445/2018 de su índice, en el que el tribunal de su adscripción determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de garantías promovida por Fausto Samano Salcido, para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y, personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Édgar Estuardo Vizcarra Pérez, Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, ante Héctor Hugo Ordaz Arredondo, secretario que autoriza y da fe. EEVP/HHOA/plm* 15998
- Principal
Se notifica por este medio de lista al tercero interesado JOSÉ MANUEL TEJEDA PRECIADO, el auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, el cual dice: Se DESECHA la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente.,
- Principal
Notifíquese personalmente.
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