FAUSTO SALINAS SANTIAGO y Otros.
Expediente 1116/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 25 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1116/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 20/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fausto Salinas Santiago
- FAUSTO SALINAS SANTIAGO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
MESA II San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintiuno. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 1116/2019, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los artículos 6, 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor el veintiséis de marzo siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, deberá realizarse su depuración en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo invocado, posteriormente, transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de marzo de dos mil veintiuno. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable Juez Control en Materia Penal del Distrito Judicial de Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Oaxaca, realizara lo siguiente: .En las relatadas condiciones, en suplencia de la queja y con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo procede conceder el amparo y la protección de la Justicia federal a Fausto Salinas Santiago, para que una vez que cause ejecutoria esta sentencia: El Juzgado de Control del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, deje insubsistente la orden de aprehensión emitida el siete de diciembre de dos mil diecinueve, en la causa penal 547/2019; únicamente en cuanto a Fausto Salinas Santiago; en tanto que no se justificó la necesidad de cautela solicitada por la Representación Social. Lo anterior no limita la facultad constitucional del Ministerio Público de, en su caso, si así lo estima pertinente, solicitar nuevamente el mandato de captura en los términos que correspondan, ya que en ese aspecto sus facultades quedan incólumes. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a las responsables ejecutoras, Vicefiscal Regional de la Costa, perteneciente a la Fiscalía General del Estado, y Fiscal General del Estado de Oaxaca, al no reclamarse por vicios propios sino en vía de consecuencia. Con motivo de ello, la precitada autoridad responsable mediante audiencia desahogada el dieciocho de diciembre de dos ml veinte, en los autos de la causa penal 547/2019 de su índice, con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dejó insubsistente la orden de aprehensión emitida el siete de diciembre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal de referencia, ello, únicamente por lo que hace al aquí quejoso FAUSTO SALINAS SANTIAGO, lo anterior tomando en consideración los argumentos vertidos en la citada audiencia, como la necesidad de la medida cautelar, misma que a criterio de la responsable no fue acreditada por la representación social dado que en la audiencia respectiva no se advirtió una motivación suficiente para acreditar la necesidad de la medida cautelar, incumpliendo en la parte argumentativa para cubrir el requisito de procedencia establecido en el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no es suficiente tener como base única la posible pena a imponer, por el hecho que se tuvo el delito, y que esté, según el criterio amerite prisión preventiva de carácter oficiosa, sin observar la necesidad de la cautela con base en las circunstancias particulares del caso, entre ellas, que exista duda razonable de que el inculpado no comparecerá voluntariamente o la posibilidad que se evada a la acción de la justicia, procurarse el desarrollo de una investigación, la protección a la víctima, de los testigos, de la comunidad, entre otras, pues esto es una carga obligatoria para que el agente del Ministerio Público, pueda solicitar una orden de aprehensión debidamente motivada; determinación que ordenó incorporar a la carpeta judicial, remitiendo la videograbación relativa para conocimiento de este Juzgado de Distrito, quedando legalmente notificada en ese acto de dicha determinación la representación social. Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que en la audiencia desahogada el dieciocho de diciembre de dos ml veinte, en los autos de la causa penal 547/2019 de su índice, dejó insubsistente la orden de aprehensión emitida el siete de diciembre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal de referencia, ello, únicamente por lo que hace al aquí quejoso FAUSTO SALINAS SANTIAGO, lo anterior tomando en consideración los argumentos vertidos en la citada audiencia, como la necesidad de la medida cautelar, misma que a criterio de la responsable no fue acreditada por la representación social, dado que en la audiencia respectiva no se advirtió una motivación suficiente para acreditar la necesidad de la medida cautelar, incumpliendo en la parte argumentativa para cubrir el requisito de procedencia establecido en el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no es suficiente tener como base única la posible pena a imponer, sin observar la necesidad de la cautela con base en las circunstancias particulares del caso, entre ellas, que exista de duda razonable de que el inculpado no comparecerá voluntariamente o la posibilidad que se evada a la acción de la justicia, procurarse el desarrollo de una investigación, la protección a la víctima, de los testigos, de la comunidad, entre otras, pues esto, es una carga obligatoria para el agente del Ministerio Público, a fin de solicitar una orden de aprehensión debidamente motivada; lo anterior como se puede advertir del disco DVD, que contiene la videograbación que hizo llegar la autoridad responsable. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno Devuélvase a la autoridad responsable Juez Control en Materia Penal del Distrito Judicial de Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Oaxaca, el anexo que adjuntó a su informe justificado (DVD). Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, el oficio signado por el Jefe del Centro de Atención al Público de Correos de México en la ciudad de Oaxaca de Juárez, por el que, en atención al requerimiento que se le hizo, remite copia del seguimiento del registro postal MN680101610MX, del que se advierte la entregada del mismo, sin embargo, solicita una prórroga, a fin de remitir el acuse de recibo correspondiente. Atento a lo anterior, dado que del anexo que remite la oficiante se aprecia que el citado registro postal fue entregado, sin que del mismo se pueda advertir que haya sido recibido por la parte tercera interesada, por tanto, estese a la espera del original del acuse portal a efecto de proveer lo conducente. En consecuencia, infórmesele a la autoridad oficiante que se le concede el plazo de cinco días para que esté en aptitud de remitir el aludido registrado postal, subsistiendo el apercibimiento que se le realizó en proveído de dieciséis de los corrientes.
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