Fausto Rosario Garnica

Expediente 425/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
425/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • Fausto Rosario Garnica

Actuaciones

  1. Principal

    ...VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS...SE DECLARA QUE EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA HA CAUSADO ESTADO...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...

  2. Principal

    ".Vista la demanda de amparo promovida por.Ahora, considerando que del estudio integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso se duele de los siguientes actos: a) La privación de la libertad fuera de procedimiento. b) La incomunicación y, c) La desposesión de bienes que alude de su propiedad (vehículo, ropa de paca, tennis y demás objetos). Actos que se verificaron el diez de febrero de dos mil veintidós, y que tuvieron su origen en la detención del quejoso realizada en esa fecha por parte de elementos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, Querétaro. Al respecto, si bien los dos primeros actos [a) La privación de la libertad fuera de procedimiento. b) La incomunicación] están prohibidos por los artículos 15 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y merece tratamiento urgente, lo cierto es que en ocasión a dichos actos se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque en ocasión a dichos actos el quejoso narra en su demanda que el día diez de febrero de dos mil veintidós, Elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, Querétaro, lo privaron ilegalmente de su libertad. Por lo que una vez transcurridas seis horas de su detención e incomunicación, una persona diversa a los policías captores pero que dijo pertenecer a dicha corporación, los dejó en libertad, señalando que no había delito que perseguir, y que podían seguir su camino, sin embargo al no haber acreditado la propiedad de los bienes ya señalados se quedarían los mismos a fin de ser investigada se legal procedencia. Siendo que de dicha desposesión, no se les entregó constancia alguna para con posterioridad poder reclamar los objetos de los cuales los despojaron sin motivo alguno. Como se ve, a pesar de que el quejoso reclama una privación fuera de procedimiento e incomunicación, de su demanda se aprecia que la misma se ejecutó el diez de febrero de dos mil veintidós, es decir desde el momento de la detención hasta la liberación del quejoso, en la inteligencia que el mismo quejoso señala haber sido incomunicado y privado ilegalmente de su libertad durante seis horas, de modo que el tiempo que duró dicha privación está ejecutado de modo irreparable, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal e incomunicación durante ese lapso, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos como el amparo restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado durante ese día. Ante lo cual, resulta improcedente el juicio de amparo, en ocasión al consabido acto identificado en los incisos a) y b) de este acuerdo, y por ende, acorde a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda al ser notoriamente improcedente respecto de tal acto. Asimismo, procede desechar la demanda de amparo en ocasión a los actos reclamados identificados en el inciso c) dado que en ocasión a él, se actualiza la causa de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Atendiendo al contenido de ese precepto, es claro que el legislador estableció que el juicio de amparo sería improcedente, si el amparo se promueve fuera de los plazos establecidos en la Ley de Amparo para tal efecto atendiendo al tipo y naturaleza de los actos reclamados, pues si la promoción del juicio de amparo se realiza en forma extemporánea, ello implica que el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado, precisamente por no haber reclamado su inconstitucionalidad en el plazo que la ley le otorga. En ocasión a los plazos para la presentación de la demanda de amparo y la forma en que deben computarse, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo. Esos numerales establecen como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados: 1) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclama, conforme a ley que rija el procedimiento del que emana el acto; o bien, 2) Al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, 3) Al día siguiente en que el impetrante de garantías se ostente sabedor del acto o de su ejecución. Ello, salvo que los actos reclamados encuadren en alguna de las hipótesis definidas en las fracciones I, II, III y IV del artículo 17, de la Ley de Amparo, esto es: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Hipótesis que en este asunto no se actualizan atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados en la demanda (desposesión o desalojo del inmueble y multa), pues no se está impugnando una norma general autoaplicativa, un procedimiento de extradición, tampoco se reclama una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, ni se trata de aquellos actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, ni mucho menos, se trata de un acto reclamado que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Por ende, para determinar si la demanda origen de este asunto, es oportuna, debe atenderse al plazo genérico de quince días a que alude el primer párrafo del artículo 17, de la Ley de Amparo; y el cual debe computarse, conforme a la primera de las hipótesis a que alude el artículo 18 de la Ley de Amparo, es decir, a partir del día siguiente al en que tuvieron conocimiento del acto reclamado. A fin de determinar la fecha de conocimiento del acto reclamado, es relevante señalar que atendiendo a la narrativa que realiza la parte quejosa en la demanda de amparo, se aprecia que ésta bajo protesta de decir verdad, confesó que desde el diez de febrero de dos mil veintidós, se verificó la desposesión de los bienes que señala de su propiedad. Lo cual implica que, al menos desde esa fecha, es decir, el diez de febrero de dos mil veintidós, el quejoso conoció de la existencia de los actos reclamados por virtud de su ejecución, de modo que el plazo del cual disponía el quejoso para promover la demanda de amparo comenzó a computarse el día siguiente, es decir, el once de febrero de dos mil veintidós, y feneció el tres de marzo del mismo año, sin computarse en dicho periodo los días sábados y domingos correspondientes por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si el quejoso no promovió la demanda de amparo dentro del plazo de quince días del cual disponía el quejoso para reclamar en amparo biinstancial la desposesión de los bienes muebles (automotor, ropa de paca, tenis y diversos artículos que dice traía consigo); dichos actos deben entenderse consentidos para efectos de procedencia del juicio de amparo. Ello, porque la demanda de amparo origen del presente juicio, se presentó a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, hasta el tres de abril de dos mil veintidós, según se aprecia de la certificación Secretarial de cuenta, por lo cual es claro que su presentación es notoriamente extemporánea... En consecuencia, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados identificados con los inciso c) de este acuerdo, con fundamento en el artículo 113 de esa legislación, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Asimismo, considerando que el quejoso no está imposibilitado para firmar la demanda de amparo por sí, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, al no estar privado de su libertad, en ocasión a los actos reclamados identificados con el inciso c) de este acuerdo, este juzgado considera también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5, fracción I, párrafo primero, 6°, y 15, interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. De la lectura de los preceptos legales en cita, se advierten las formas para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada que, entre otros, rige el juicio de amparo, previsto en el artículo 6 de la Ley de Amparo, el que establece como regla general a seguir para la procedencia del sumario constitucional, que este únicamente puede promoverse por aquella persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado por sí, por representante legal o por su apoderado; apreciándose que en caso excepcional, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverse por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la ley reglamentaria lo permita expresamente. Así, de una intelección armónica entre lo establecido en los artículos 6 y 15, de la Ley de Amparo, se advierte que el principio de instancia de parte agraviada, puede cumplirse cuando es el agraviado el que directamente insta al órgano jurisdiccional o, excepcionalmente, en los siguientes supuestos de procedibilidad: 1.- Puede promover el representante legal o apoderado; 2.- Podrá promover por conducto de su defensor o de cualquier otra persona en los casos previstos en la Ley; 3.- Podrá promover cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción, o destierro, extradición, desaparición forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Explicado de mejor manera, de conformidad con las disposiciones señaladas, el juicio de amparo, constituye un medio de control constitucional, que se inicia mediante la acción de una persona por sí o en representación de persona diversa, quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o su legal representante; manifestación de la voluntad que se exterioriza, al asentar en la demanda de amparo o del documento respectivo, la firma autógrafa, o bien, la firma electrónica de conformidad con el ordinal 3o. de la multicitada ley. Atento a lo anterior, es necesario precisar que la demanda que se analiza fue presentada de manera electrónica por medio de las herramientas tecnológicas instauradas para ello (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx); ahora, dicha circunstancia no exime a la promovente de la obligación de manifestar su voluntad por medio de la firma, que será el medio por el cual se cumple con el requisito necesario de que la demanda sea promovida siempre a instancia de parte agraviada (principio de instancia de parte). La firma electrónica de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia, hará las veces de la firma autógrafa, es decir, será ésta la que acredite la voluntad de promover el juicio de amparo, en el caso de que sean presentadas vía electrónica... Asimismo, de conformidad con los artículos 59, 62, 64, 65 interpretado a contrario sensu, 72 y 76 todos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es el sitio web a través del que las partes podrán promover demandas de amparo, promociones y recursos; para acceder a dicho sistema se deberá estar registrado en el mismo y contar con un firma electrónica emitida y reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas. En la inteligencia que el registro de los usuarios en el sistema, así como la firma electrónica en el archivo que contenga la demanda de amparo, no serán exigibles únicamente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, es decir, que en los demás casos, será exigible dicho registro, así como que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. En el caso concreto, los actos señalados por la parte quejosa, como ya se precisó al momento de la presentación de su demanda no está privado de su libertad, por lo no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni en el precepto 22 de la Constitución Federal, tal como se hizo constar líneas arriba, razón por la cual resulta necesario para la tramitación del ocurso que se acuerda la firma electrónica correspondiente a quien promueve. Ahora, no se advierte que el archivo que contiene la demanda de amparo que se acuerda, haya sido firmado electrónicamente por el accionante de amparo.. Entonces, al no encontrarse la demanda de amparo firmada por la promovente no se encuentra manifiesta la voluntad de ésta y en consecuencia no se cumple con el principio de instancia de parte, previsto en la multicitada ley. Pues se insiste, es patente que el numeral 3º de la ley de la materia, dispone que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán contar con firma electrónica o autógrafa del quejoso o de su apoderado o representante legal; disposición de la que se obtiene que la firma resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma por parte del quejoso o de su representante o apoderado legal, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico y/o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibirse una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. En el caso concreto, el escrito de demanda que se atiende, se presentó de manera electrónica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, sin embargo, como se advierte de la certificación de cuenta, dicho escrito carece de la firma de su promovente, por consiguiente, no se le puede dar valor probatorio alguno por haber sido presentada sin la firma electrónica (evidencia criptográfica) de quien la promueve, aunado a que los actos reclamados en la demanda de amparo, -los identificados con el inciso c) como ya se dijo en líneas precedentes, no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo ni 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ya se precisó. Lo anterior, en virtud de que las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del promovente, y ante tal omisión dicho escrito no tiene ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del promovente, o como en el presente caso, a través de la firma electrónica correspondiente del quejoso, o bien de su representante o apoderado legal, y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. En ese orden de ideas, se concluye que ante la falta de firma electrónica de.. En consecuencia, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. Lo anterior, se insiste en atención al principio de instancia de parte agraviada, el cual implica que la acción de amparo constituye un derecho personalísimo que, por regla general, debe ejercerse directamente por el quejoso o por quienes legalmente los representen; pues la firma electrónica que establece el Poder Judicial de la Federación, es el medio de ingreso al Sistema Electrónico del citado Poder de la Unión, como opción para enviar y recibir demandas, promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales; de ahí, que la firma electrónica surte los mismos efectos que la firma autógrafa. Obteniéndose de la misma de manera substancial, que la demanda de amparo que es presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, firmada electrónicamente por parte del autorizado de la quejosa, no se está ante una irregularidad subsanable mediante prevención en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, siendo susceptible de ser desechada de plano, al carecer de voluntad de la persona que figura como promovente. Lo anterior, prevaleciendo el principio constitucional de instancia de parte agraviada contenido en la fracción I del artículo 107 Constitucional... Sin que sea omiso que la implementación de las tecnologías de la información en la tramitación del juicio de amparo, tiene como objetivo fundamental favorecer el respeto y pleno ejercicio del derecho a una justicia pronta y expedita, simplificando la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y otorgando validez a las promociones judiciales que se realicen a través de medios digitales (firma electrónica), con los mimos efectos para el caso de la firma autógrafa, sin que tal innovación presupueste soslayar los principios rectores del juicio de amparo(instancia de parte agraviada). Por ende es de concluirse que la demanda de amparo presentada electrónicamente mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no se encuentra firmada con la firma electrónica del quejoso, por lo que no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada, al no existir la voluntad del que aparece como promovente y directo agraviado. Entonces, si al promover la demanda de amparo, mediante el empleo de las tecnologías de la información, sin que se acompañara la evidencia criptográfica que evidenciara que cuenta con la firma electrónica correspondiente certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), procede entonces desechar de plano la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 113, de la Ley de Amparo vigente, en armonía con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XXIII, 5, fracción I, párrafo primero, 6°, y 15, interpretados a contrario sensu de la Ley de Amparo, pues no exteriorizó en la demanda de amparo su voluntad de dar inicio al presente juicio constitucional... Además, es hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la posibilidad de tramitar y obtener la firma electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación1, cumpliendo con diversos requisitos que pide el propio sistema sin necesidad de asistir a las instalaciones de manera presencial. Así como también la dirección electrónica2, donde se advierte que es factible como usuario la tramitación del juicio en línea. De modo que para acceder a los servimos que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario que las personas interesadas cuenten con dicha firma electrónica y se registren en el sistema, en donde sólo deberán indicar su nombre, correo electrónico y la clave de registro único de población, para después crear un nombre de usuario, y una contraseña; y vincular su firma electrónica al registro respectivo. De ahí, que si la demanda se presenta a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es requisito indispensable que cumpla con el requisito de la firma electrónica, al ser un mecanismo de identidad de la persona que está promoviendo y sobre todo que da certeza de su voluntad para promover en el juicio. Y si bien, es un hecho notorio la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y las medidas sanitarias, no se aprecia en el caso particular que el actor, se encontrara imposibilitada para realizar los trámites para la obtención de la firma electrónica o el registro en el portal aludido, a efecto de presentar la demanda que nos ocupa, es decir, que no contara con las herramientas tecnológicas para tal efecto; aunado a que de conformidad con el artículo 1 del citado Acuerdo General 13/2020, incluso podía firmar electrónicamente el ocurso haciendo uso no sólo de la "FIREL", sino también de la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), pues la "firma electrónica" las comprende a ambas. Como corolario de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que promueve."

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