Fausto Rivera Ramírez

Expediente 1966/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1966/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Fausto Rivera Ramírez

Actuaciones

  1. Incidental

    V I S T O S, para resolver el presente juicio de amparo indirecto 1703/2022, promovido por *********** por sí y en representación de las niñas B.G.O.M y J.O.M, en contra de los actos reclamados del Titular de la Oficina de Representación de la Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en el Estado de Puebla; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón judicial el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla el veintidós de septiembre de dicha anualidad, remitido el día siguiente por razón de turno a este órgano jurisdiccional, ********* por sí y en representación de las niñas B.G.O.M y J.O.M, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de la autoridad y acto siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Titular de la Oficina de Representación de la Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en Estado de Puebla; con domicilio en calle Aquiles Serdán número cuatrocientos dieciséis letra "c" interior uno colonia San Felipe Hueyotlipan, Puebla." "IV.- ACTO RECLAMADO. La omisión de la autoridad señalada como responsable de dar contestación al escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós; por el que se solicita emita contestación: si existe alguna baja definitiva del Programa o en su caso, que está pendiente por dispersar los apoyos monetarios económicos correspondientes a las becas escolares a que tiene derecho mis menores hijas B.G.O.M. y J.O.M." SEGUNDO. Prevención de demanda. Mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional registró la demanda con el expediente número 1703/2022; y requirió a ********* para que acreditara la representación de las niñas. TERCERO. Admisión. Por escrito recibido en este Juzgado de Distrito el tres de octubre de dos mil veintidós, la parte quejosa dio cumplimiento al anterior requerimiento, exhibió actas de nacimiento de las niñas y copia simple de la identificación de la promovente. Por tanto, en auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio a la entonces Fiscal Asistente Ejecutiva de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; y, señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. CUARTO. Reposición del procedimiento. Por auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo a la responsable rindiendo informe justificado y se sobreseyó en el juicio de conformidad con el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo (cesación de efectos de los actos reclamados). En contra de tal determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión que tocó conocer -por razón de turno- al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien lo radicó con el expediente ***********. En sesión de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, el citado órgano jurisdiccional revocó el auto recurrido y ordenó reponer el procedimiento para los efectos siguientes: ". (a) Dicte un acuerdo en el que ordene dar vista a la parte quejosa con el informe justificado y las constancias anexas; (b) Con fundamento en el numeral 26, fracción I, incisos c) y k), de la Ley de Amparo, ordene la notificación a la parte quejosa en forma personal del acuerdo emitido con motivo del informe justificado; y, c) Le requiera para que dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo manifieste si amplía la demanda de amparo en contra del oficio de respuesta CNBBBJ/RE/PUE/AC/1144/2022, de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, así como de la constancia de notificación de veintinueve siguiente, y formule los conceptos de violación correspondientes; (d) Hecho lo cual, continúe con el procedimiento en el juicio constitucional como en derecho corresponda.". En razón de lo anterior, en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional dejó sin efectos el auto recurrido, señaló fecha y hora para la audiencia constitucional y dio vista a la parte quejosa para que en el término de quince días ampliara la demanda de amparo respecto de los actos antes transcritos. QUINTO. Ampliación de demanda. Por escrito recibido el veintidós de septiembre del año en curso, la parte quejosa amplió la demanda; por lo que, por auto de veinticinco de septiembre siguiente, se admitió a trámite tal ampliación; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado relativo; se corrió traslado al Fiscal Asistente Ejecutivo de la Federación adscrito; y, se señaló hora y fecha para la audiencia constitucional la cual se llevó a cabo, en sus primeras etapas, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se reclaman actos atribuidos a una autoridad en materia administrativa que tiene residencia dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la Jueza de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman, por lo que, en la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo y ampliación, se advierte que la parte quejosa reclama del Titular de la Oficina de Representación de la Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en el Estado de Puebla: - La omisión de dar respuesta al escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós, por el que solicitó se le informara si existía baja definitiva del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, respecto de las niñas con iniciales B.G.O.M y J.O.M. - El oficio CNBBJ/RE/PUE/AC/1144/2022 de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, por medio del cual se dio respuesta al escrito antes referido el cual se le notificó el veintinueve de septiembre siguiente. Lo anterior se precisa de esa manera, toda vez que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente a lo formalmente expresado, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Consideraciones que encuentran fundamento en la jurisprudencia P./J. 40/2000, siguiente: "Época: Novena Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así como, en la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y determinar, en primer término, la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia de título y contenido siguientes: "Registro digital: 212775 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: XVII.2o. J/10 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 76, Abril de 1994, página 68 Tipo: Jurisprudencia ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." La autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación de la Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en el Estado de Puebla, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado en en escrito inicial de demanda, bajo el argumento de que el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dio respuesta al escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós, por el que la quejosa solicitó se le informara si existía baja definitiva del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez respecto de las niñas con iniciales B.G.O.M y J.O.M., lo cual se notificó el veintinueve de septiembre siguiente; por tanto, y en atención a que eso aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda, se tiene por cierto el acto reclamado en el escrito inicial de demanda. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "Registro digital: 206346 Instancia: Segunda Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 79, Julio de 1994, página 15 Tipo: Jurisprudencia ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En relación al diverso acto reclamado consistente en el oficio CNBBJ/RE/PUE/AC/1144/2022 de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, por medio del cual se dio respuesta al escrito antes referido; y su notificación de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, la responsable al rendir el informe de ley correspondiente a la ampliación, aceptó su existencia; por tanto, se tienen por ciertos. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de las constancias que remitió la responsable en apoyo a su primer informe justificado -las cuales tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su numeral 2º-, de las que se advierten el oficio CNBBJ/RE/PUE/AC/1144/2022 de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, por medio del cual se dio respuesta al escrito antes referido y su notificación de veintinueve de septiembre de dicha anualidad. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Por disposición expresa del artículo 62 de la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a analizar de oficio las causales de improcedencia que se adviertan en el juicio de amparo, aunado a que las partes aleguen o no la actualización de las mismas, esto por tratarse de cuestiones de orden público. La autoridad responsable al rendir sus informes justificados (demanda y ampliación), en primer término refiere que se actualizaba la causal de improcedencia contenida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por inexistencia de los actos reclamados. Al respecto, debe decirse que no le asiste la razón, pues contrario a lo que afirma, la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, no se trata de una causal de improcedencia, sino de un motivo de sobreseimiento. Además la existencia de los actos reclamados ha quedado evidenciada en términos del considerando tercero que antecede, se desestima. Por otro lado, la responsable estima que tocante al acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta al escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós, por el que la parte quejosa solicitó se le informara si existía baja definitiva del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez respecto de las niñas con iniciales B.G.O.M y J.O.M., se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; lo cual resulta fundado por las siguientes consideraciones. Es pertinente invocar el numeral referido 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Es decir, conforme al texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Resulta aplicable sobre el particular, la jurisprudencia de epígrafe y contenido siguientes: "Época: Novena Época Registro: 917637 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 103 Página: 81 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se actualiza con los siguientes elementos: Puede existir o ser insubsistente el acto reclamado; Todos sus efectos deben haber desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional; y, Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó huella alguna. Sirve de apoyo la jurisprudencia que se cita a continuación: "Época: Novena Época Tesis: 2a./J. 9/98 Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Página: 210 SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, se actualiza la causal de mérito, pues la quejosa reclama la omisión de dar respuesta al escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós, por el que la parte quejosa solicitó al Titular de la Oficina de Representación de la Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en el Estado de Puebla informara si existía baja definitiva del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez respecto de las niñas con iniciales B.G.O.M y J.O.M.; sin embargo, de las copias certificadas de las constancias que remitió la responsable en apoyo a su informe justificado -las cuales se valoraron previamente-; se advierte que mediante oficio CNBBJ/RE/PUE/AC/1144/2022 de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable atendió el escrito antes referido, el cual se notificó el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. En consecuencia, han cesado los efectos del acto reclamado, ya que la responsable se pronunció el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós; lo cual aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -diecinueve de septiembre de dos mil veintidós-, destruyendo los efectos de la omisión reclamada y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional. Es decir, como si la omisión no hubiere invadido los derechos del particular, o habiéndolos irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia de datos, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Tesis: 2a./J. 59/99 Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el diverso numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado del Titular de la Oficina de Representación de la Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en el Estado de Puebla consistente en la omisión de dar respuesta al escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós, por el que la parte quejosa solicitó se le informara si existía baja definitiva del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez respecto de las niñas con iniciales B.G.O.M y J.O.M. Por tanto, este órgano jurisdiccional se encuentra técnicamente impedido para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos al respecto y contra dicho acto, por la parte quejosa, dado que el sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que dice: "Época: Séptima Época Registro: 239006 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 24, Tercera Parte Materia(s): Común Página: 49 SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por otro lado, respecto del acto reclamado consistente en el oficio CNBBJ/RE/PUE/AC/1144/2022 de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, la responsable refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, bajo el argumento que el oficio reclamado es un documento meramente informativo o declarativo que al no causar alguna afectación, la quejosa carece de interés jurídico para reclamarlo. En la especie, no se actualiza tal causa de improcedencia, en virtud que quedó demostrado fehacientemente, que se ejerció el derecho de petición contenido en el artículo 8º constitucional mediante el escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós, al cual le recayó el oficio CNBBJ/RE/PUE/AC/1144/2022 de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós; por lo que debe desestimarse la causal de improcedencia invocada, al estar acreditado que la quejosa presentó un escrito ante la responsable y ésta emitió una respuesta dirigida a ella, con lo que se tiene justificado el interés jurídico. Además, ha sido criterio del Máximo Tribunal del país que procede el juicio de amparo al violarse un derecho fundamental como lo es el derecho de petición que protege el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, por lo que las autoridades responsables están obligadas a dar contestación a las solicitudes, con el fin de garantizar la protección efectiva de ese derecho fundamental y dicha respuesta forma parte integral de tal derecho de petición al consagrarse como principio fundamental de éste el de congruencia. También indica que el oficio reclamado no constituye ningún acto de autoridad al no crear, modificar o extinguir derecho alguno, lo cual de igual forma se desestima ya que en el caso específico se trata de un acto que trasgrede lo dispuesto por el numeral 8º constitucional (derecho de petición) y los principio que de él emanan. Aunado a que si es acto de autoridad pues se emitió en forma unilateral y obligatoria creando una situación jurídica, en perjuicio de la garantista, que la llevó a instar el juicio de amparo. Lo anterior se obtiene del criterio siguiente: "Registro digital: 199459 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P. XXVII/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Febrero de 1997, página 118 Tipo: Aislada AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Por tanto, en atención al derecho a la seguridad jurídica, tratándose del ejercicio del derecho de petición, contemplado en el referido numeral, el cual, por un lado, otorga a los gobernados la potestad de formular una solicitud por escrito, de manera pacífica y respetuosa y, por el otro, obliga a aquel a quien se dirige tal petición, el emitir el pronunciamiento actuando dentro del marco constitucional y legal que los rija ya que lo jurídicamente relevante es que la petición del interesado no quede sin respuesta, en la que se debe observar como principio toral el de congruencia, es factible el análisis de dicha respuesta. Finalmente, la responsable indica que el acto reclamado fue consentido tácitamente; el argumento toral que refiere por el que se actualiza tal causal gira en torno a que la quejosa no estaba eximida de promover el juicio de amparo indirecto en los términos legales bajo la consideración de que no sabía las razones de que se le suspendió el apoyo del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez; sin embargo, el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es la respuesta dada a su escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós, por el que solicitó se le informara si existía baja definitiva del Programa en cita respecto de las niñas con iniciales B.G.O.M y J.O.M., dicho acto se emitió una vez iniciado el presente juicio de amparo por lo que su impugnación fue oportuna. Al no advertir diversa causal o que alguna de las partes la haya hecho valer, se procede al estudio del fondo del diverso acto reclamado consistente en el oficio CNBBJ/RE/PUE/AC/1144/2022 de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, por medio del cual se dio respuesta al escrito antes referido; y su notificación de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. En este apartado se estudiara el acto reclamado en la ampliación de demanda que la parte quejosa hace consistir en el oficio CNBBJ/RE/PUE/AC/1144/2022 de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, por medio del cual se dio respuesta al escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós. Los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa en su escrito de ampliación de demanda resultan fundados y suficiente para conceder el amparo solicitado, por las razones siguientes. Debe destacarse que por cuestión de técnica los conceptos de violación se sintetizan, analizan y responden de manera conjunta y/o separada, dada la estrecha relación que guardan entre ellos, toda vez que el artículo 76 de la Ley de Amparo no impone la obligación al órgano jurisdiccional que conoce del asunto de seguir el orden propuesto por el amparista, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Registro digital: 2011406 Instancia: Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región Décima Época Materias(s): Común Tesis: (IV Región)2o. J/5 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 2018 Tipo: Jurisprudencia CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." Es menester puntualizar, de igual manera, que el alcance del principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que se reproduce a continuación: "Registro digital: 187528 Jurisprudencia Materias(s): Común Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Tomo XV, Marzo de 2002 Tesis: VI.3o.A. J/13 Página: 1187 GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES. La garantía de defensa y el principio de exhaustividad y congruencia de los fallos que consagra el artículo 17 constitucional, no deben llegar al extremo de permitir al impetrante plantear una serie de argumentos tendentes a contar con un abanico de posibilidades para ver cuál de ellos le prospera, a pesar de que muchos entrañen puntos definidos plenamente, mientras que, por otro lado, el propio numeral 17 exige de los tribunales una administración de justicia pronta y expedita, propósito que se ve afectado con reclamos como el comentado, pues en aras de atender todas las proposiciones, deben dictarse resoluciones en simetría longitudinal a la de las promociones de las partes, en demérito del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos verdaderamente exigen la máxima atención y acuciosidad judicial para su correcta decisión. Así pues, debe establecerse que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no, se reitera, a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas." En torno al oficio de referencia, la parte quejosa alega que con su emisión no se le restituyó en el goce del derecho constitucional que le fue violado, pues refiere que no se observó el principio constitucional contemplado en el numeral 8º. Que la responsable evade sus obligaciones al no acreditar alguna causal de baja de las niñas con iniciales B.G.O.M y J.O.M. del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, sin exponer los motivos por los cuales consideró que no tenía datos suficientes de la inscripción de dichas menores. Que la responsable no consideró que las pruebas ofrecidas demostraban que las niñas con iniciales B.G.O.M y J.O.M. estaban inscritas en el Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Al respecto, es menester señalar que el derecho contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica que la autoridad ante quien se formule cualquier tipo de solicitud o petición, siempre que ésta se haga por escrito, de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar respuesta congruente y en breve término, además, hacer del conocimiento de la promovente el resultado de su solicitud. Apoya lo anterior, la tesis aislada: "Registro digital: 268307 Instancia: Segunda Sala Sexta Época Materias(s): Constitucional Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXXIII, Tercera Parte, página 39 Tipo: Aislada PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse". Conforme a lo anterior, cabe considerar que la contestación que recaiga a la petición del gobernado que realizó al servidor público en su carácter de autoridad, conlleva el deber para ésta de dar a conocer al particular la respuesta, con independencia de que sea favorable o no a los intereses o fines que se persiguen en la solicitud formulada por escrito, toda vez que así se tiene conocimiento pleno y cierto del acuerdo, trámite o resolución que se acordó. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de epígrafe y contenido siguiente: "Registro digital: 218276 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo X, Octubre de 1992, página 396 Tipo: Aislada PETICIÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE PROBAR QUE DICTO LA RESOLUCION A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación del artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de probar un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación." Por cuanto a la congruencia, se entiende la relación inmediata y necesaria que debe existir entre las pretensiones esgrimidas por las partes y lo resuelto por la autoridad en el caso bajo análisis. Es entonces necesario que exista una adecuación y estrecha correlación entre lo pretendido por las partes y lo efectivamente resuelto. En el supuesto de apartamiento entre lo pretendido por las partes y lo resuelto por el órgano se violenta este principio procesal. Los casos de violación de este principio resultan aquellos en los que se ha fallado más allá de lo pedido (ultra petita), fuera de lo solicitado (extra petita) o por haberse omitido la resolución de cuestiones planteadas y articuladas (citra petita). Al respecto, la parte quejosa acreditó haber acudido a ejercer su derecho de petición consagrado en el numeral en estudio, pues el veintidós de agosto de dos mil veintidós, presentó ante la responsable un escrito, el cual es del tenor siguiente: ************** Por tanto, se encuentra acreditado que la parte quejosa dirigió una petición por escrito en forma respetuosa y pacífica, relativa a la solicitud de diversa información a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en Puebla Ayuntamiento, el cual se recibió el veintidós de agosto de dos mil veintidós. A dicho escrito, por oficio CNBBJ/RE/PUE/AC/1144/2022 de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable dio contestación, en los siguientes términos: "[.] Respecto de sus menores hijas de nombres B.G. y J., ambas de apellidos O.M., me permito informarle que no se obtuvieron los suficientes datos del documento que adjunta, ya que, por su tamaño, éste es ilegible, por lo que se le sugiere que para evitar mayores dilaciones en el proceso, consulte usted misma el nivel de priorización de la escuela o plantel en el que estudian sus hijas, éste puede ser: PRIORITARIA - La escuela se encuentra en una localidad prioritaria y sus alumnas y alumnos pueden acceder a una de nuestras becas. SUSCEPTIBLE DE ATENCIÓN - La escuela no se encuentra en una localidad prioritaria, la incorporación de las y los alumnos está sujeta a la suficiencia presupuestal del programa. NO SUSCEPTIBLE DE ATENCIÓN - Por el momento, la escuela no está considerada para que sus alumnas y alumnos tengan una de nuestras becas o se trata de una escuela privada. Es importante destacar que sólo en los primeros niveles, tendrás acceso a la Cédula de Solicitud de Incorporación en Línea, y que debes estar pendiente de las convocatorias para el otorgamiento de la beca y que se encuentra sujeta al cumplimiento de los requisitos y la disponibilidad presupuestal. No obstante lo anterior, me permito hacer de su conocimiento el procedimiento que deben seguir para la aplicación del otorgamiento de una posible beca, para sus familias: [.] Por último, le recuerdo que la aplicación y/o actualización de la Cédula Familiar no garantiza que la familia reciba la beca; ya que su incorporación depende de la confirmación del cumplimiento de los requisitos, así como de la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y de la cantidad de espacios disponibles en el padrón de beneficiarios. De igual manera le reitero las opciones de las que dispone para la atención de la demanda ciudadana: [.] En espera de haberle atendido oportunamente, sin más por el momento, reciba un cordial saludo. [.]" En efecto, acorde con la literalidad del oficio de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se aprecia que la responsable no dio respuesta frontal a los planteamientos formulados en el escrito de veintidós de agosto de dicha anualidad, por la garantista. Ya que como se adelantó, si el término "congruente" debe entenderse en el sentido de que la respuesta de la autoridad se emita atendiendo a lo efectivamente planteado, sin omitir ninguna cuestión, además de que en la contestación no deben existir consideraciones contradictorias o evasiva, lo antes transcrito no refleja el cumplimiento de la responsable de tal principio (congruencia). Precisado lo anterior, debe decirse que la quejosa, al controvertir el oficio que recayó a su escrito presentado ante la autoridad responsable el veintidós de agosto de dos mil veintidós, señala esencialmente que la autoridad responsable viola en su perjuicio el artículo 8° de la Constitución Federal, toda vez que carece de congruencia la respuesta, pues la autoridad no funda y motiva la resolución por la que dio contestación a su petición. Agrega que la responsable evadió sus obligaciones al no acreditar alguna causal de baja de las niñas con iniciales B.G.O.M y J.O.M. del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, pues no expuso los motivos por los cuales consideró que no tenía datos suficientes de la inscripción de dichas menores y que no tomó en cuenta las pruebas aportadas. Bajo tales premisas, es fundado lo afirmado por la quejosa, en el sentido de que la autoridad del conocimiento no fue congruente con relación a la solicitud planteada, esto es así ya que ésta consistió medularmente en que la garantista solicitó saber el motivo por el que se le dejó de dar el apoyo económico educativo por concepto de Becas Benito Juárez, a partir del bimestre de septiembre-octubre de dos mil veintiuno, ya que no sabía si la habían dado de baja definitiva de dicho programa. Escrito al que le adjuntó un formato del Banco del Bienestar del que se observa, en esencia, que cuenta con el nombre de titular o beneficiario ************, el programa (BECAS BENITO JUÁREZ), municipio y localidad *******, cuenta ************, un folio digital, fecha de entrega ********** bimestre operativo (SEP-OCT 2021), importe *************, entre otros, que si bien resulta un tanto ilegible, si presume que recibía un apoyo por el programa en cita. A tal petición, la responsable le respondió que el documento que anexó a su escrito no arrojabas datos suficientes por ser ilegible, por lo que a efecto de que obtuviera la información solicitada consultara ella misma, para lo cual le proporcionó cierta información, datos, requisitos, números telefónicos y páginas electrónicas. De manera que, la autoridad al estar imposibilitada a otorgar la información solicitada por la quejosa al no haberle proporcionado los datos suficientes, le indicó donde podría obtenerla. Por tanto, pese a que la autoridad refiere que si dio atendió el escrito de la parte quejosa, la respuesta es incongruente con lo solicitado, en todo caso debió recabar los datos que necesitaba para brindar la información que se pidió, máxime que se presume que existía un apoyo por Becas Benito Juárez a su favor; por lo que, si el nombre de las niñas beneficiarias o de la quejosa no era suficiente para indicarle si se le había dado de baja del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez o si estaba pendiente de recibir el apoyo, pues la obligación que el artículo 8° constitucional impone a la autoridad responsable es que emita una respuesta congruente y la haga de conocimiento a la solicitante. Estimar lo contrario, sería dejar a la voluntad del responsable la forma y tiempo en que las solicitudes de información deben responderse, y como carga de la persona que ejerce su derecho de petición, el estar supeditado a que no sea cabalmente atendido el principio de congruencia al no darle respuesta frontal a su cuestionamiento. Bajo esa óptica, es dable considerar que la autoridad tuvo el tiempo suficiente para dar respuesta a lo solicitado por la parte quejosa o recabar los datos necesarios para tales efectos. Resulta aplicable la jurisprudencia: "Registro digital: 165204 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VI.1o.A. J/49 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Febrero de 2010, página 2689 Tipo: Jurisprudencia PETICIÓN. MODALIDADES DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO. El derecho de petición previsto en el artículo 8º constitucional, como premisa normativa se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. De dicha premisa pueden advertirse distintos elementos o variables de los actos reclamados en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, dependiendo de la actuación omisiva o positiva que asuma la autoridad ante quien se presente una solicitud en los términos señalados en el precepto antes referido. Las variables fundamentales a que se alude son enunciativamente las siguientes: 1.- Si el quejoso reclama que la autoridad responsable no ha dado respuesta a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo tendrá inicialmente como finalidad obligar a la responsable para que en breve término emita una respuesta congruente a lo que le fue solicitado, y la notifique legalmente al quejoso. En este supuesto, en el juicio de amparo pueden derivar al menos otras dos situaciones complementarias: 1.1.- Que exista una solicitud presentada ante la responsable con la oportunidad debida y en la forma que prevé el artículo 8º constitucional, sin que ésta haya sido respondida por dicha autoridad, situación en que el acto reclamado es en sí mismo inconstitucional y amerita la concesión del amparo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. 1.2.- Que se demuestre la existencia de la mencionada solicitud, en los términos ya descritos, pero que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a dicha petición y su notificación, en cuyo caso, inclusive cuando la responsable aduzca que tales actuaciones son anteriores a la presentación de la demanda inicial, éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. 2.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida y notificada por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, es incongruente a lo realmente solicitado, el acto reclamado será de naturaleza positiva, siendo la materia de litis en el juicio de garantías el contenido propio del acto de autoridad, en cuyo caso el juzgador de amparo deberá analizar y calificar la congruencia de la respuesta frente a lo solicitado por el quejoso, y en el supuesto de concluir que no se respondió lo realmente pedido, el amparo deberá concederse para el fin de que se responda congruentemente y se notifique la nueva contestación. 3.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, no le ha sido notificada, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo buscará obligar a la responsable para que notifique al quejoso la respuesta emitida a su solicitud, y que éste desconoce. En este último caso, dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, pueden presentarse también en el juicio de amparo dos diversas situaciones complementarias: 3.1.- Que aun cuando se demuestre la existencia de la respuesta, ésta no se haya notificado al quejoso, en cuyo caso la concesión del amparo tendrá como finalidad notificar tal contestación al impetrante. 3.2.- Que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a la solicitud y su notificación, supuesto en el que éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. En consecuencia, el derecho de petición reviste características diversas que por su naturaleza práctica y casuista deberán ponderarse por el juzgador de amparo en cada caso concreto en que se promueva un juicio de garantías por violación al artículo 8º constitucional, pues será atendiendo a ellas que surjan en aquél diversas cargas y oportunidades procesales para las partes, que influirán en el trámite y resolución del juicio, en congruencia con los principios contenidos en el artículo 17 constitucional y con la finalidad de garantizar una debida capacidad de defensa del quejoso." D E C I S I Ó N: En consecuencia, al haber resultado fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, lo procedente es conceder el amparo y protección solicitados por ********** por sí y en representación de las niñas B.G.O.M y J.O.M, para el efecto de que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, el Titular de la Oficina de Representación de la Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en el Estado de Puebla: De respuesta inmediata, en forma congruente al escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós, por el que la quejosa solicitó se le informara si existía baja definitiva del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez respecto de las niñas con iniciales B.G.O.M y J.O.M.; y, Notifique a la quejosa en el domicilio señalado. Se cita por ilustrativa la jurisprudencia, cuyos datos se precisan a continuación: "Registro digital: 2024038 Instancia: Plenos de Circuito Undécima Época Materias(s): Constitucional, Administrativa Tesis: PC.XV. J/6 A (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Enero de 2022, Tomo III, página 2141 Tipo: Jurisprudencia DERECHO DE PETICIÓN. FORMA EN QUE SE CUMPLE CON LA EXIGENCIA DE RESPUESTA CONGRUENTE Y COMPLETA A LA SOLICITUD DE PENSIÓN DE UN TRABAJADOR. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios al determinar, uno de ellos, que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, para el efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) emita una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión, la negativa a continuar con el trámite ante la falta de un requisito, torna incongruente la respuesta por sustentarla en motivos que no se desprenden de los preceptos legales que se invocaron, mientras que el otro sostuvo que era suficiente la coherencia de lo contestado en relación con la petición para satisfacer esa exigencia, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expresado. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoquinto Circuito establece que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, vinculando a la autoridad a emitir una respuesta congruente y completa a una solicitud, la exigencia de congruencia se satisface con la emisión de argumentos coherentes entre sí y con lo solicitado, siempre que sea racional, mediante la exposición clara y directa de las razones de hecho y de derecho del porqué no es posible jurídicamente acceder a lo peticionado, siempre que no evidencie evasiva o renuencia a otorgar lo pedido, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expuesto en la respuesta, aun cuando con ello el peticionario no obtenga respuesta favorable, por ser esto último materia de otro medio de defensa, conforme lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 1/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificación: Si la protección constitucional se otorga para que la responsable dé una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión que le fue presentada, y al acatarla determina que ésta es improcedente porque resulta jurídicamente imposible remitir el expediente de solicitud de jubilación al resto de las áreas involucradas en su trámite, ante la falta de un requisito (en los casos a estudio, el comunicado por parte de la patronal en el que indique la propuesta para que se incorpore a la nómina de pensionados de este instituto y causa baja como trabajador en activo), el cual informa y sustenta jurídicamente, la respuesta es congruente con lo solicitado porque, por un lado, no contiene afirmaciones contradictorias entre sí y, por otro, es coherente con lo peticionado al dirigirse a la pretensión efectuada y, además, es racional, porque informa al peticionario qué es lo que falta para la continuación en el trámite, lo que sustenta, además, en disposiciones legales que estima aplicables, sin que pueda calificarse la legalidad de esto último según la jurisprudencia 2a./J. 1/2001 citada." En consecuencia, al haber resultado fundado el concepto de violación aquí analizado, resulta innecesario el estudio de los restantes motivos de disenso, pues cualesquiera que fuere su resultado no variaría el sentido de este fallo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 107, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "Época: Séptima Época Registro: 1003214 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos Materia(s): Común Tesis: 1335 Página: 1498 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja". Sin perjuicio de que sean relacionadas al cumplimiento de la presente sentencia, todas las autoridades que dentro del ámbito de sus facultades sean vinculadas al cumplimiento de la misma, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia que es del tenor literal siguiente: "Registro digital: 172605 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 57/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007, página 144 Tipo: Jurisprudencia AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Por otro lado, se precisa que algunos de los criterios invocados en la presente ejecutoria, integrados bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, se citaron en acatamiento a la regla prevista en el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, en que se expidió la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente en vigor, dado que el razonamiento contenido en ellos no se opone a la nueva legislación. Lo anterior encuentra asidero jurídico en la jurisprudencia de título y contenido siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2010982 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2016 (10a.) Página: 705 JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1703/2022, promovido por ******** por sí y en representación de las niñas B.G.O.M y J.O.M, en contra del acto reclamado y por la autoridad precisados en la primera parte del considerando segundo, por las razones expuestas en la primera parte del diverso considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ************ por sí y en representación de las niñas B.G.O.M y J.O.M, respecto del acto reclamado y por la autoridad responsable precisados en la parte final del considerando segundo, por las razones y para los efectos plasmados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, asistida de Bertha Patricia Ramírez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

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