Fausto Reveles Gurrola

Expediente 1662/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1662/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Fausto Reveles Gurrola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales; en su carácter de Integrante de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas; mediante el cual informa que requirió al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado de Zacatecas, para que dé cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de derechos. Atento a su contenido, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto la totalidad de las autoridades den cumplimiento total al fallo protector de amparo. Notifíquese. ....

  2. Principal

    .... Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios de cuenta, signados por el Secretario de Economía, secretario de Finanzas y de la Coordinadora Estatal de Planeación, todos ellos del Gobierno del Estado de Zacatecas; en su carácter de Integrantes de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas; mediante el cual informa que requirió al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado de Zacatecas, para que dé cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de derechos. Atento a su contenido, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto la totalidad de las autoridades den cumplimiento total al fallo protector de amparo. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Coordinador General Jurídico, representante legal del Gobernador del Estado de Zacatecas, en su carácter de superior jerárquico, mediante el cual informa que requirió a las autoridades responsables, para que dé cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de derechos; circunstancia de la cual se toma conocimiento. En la inteligencia que una vez fenezca el término que el mismo le otorgó a las autoridades responsables, y en caso de no haber cumplido, deberá hacer efectivo el apercibimiento que efectúa a las mismas; en el entendido de que no hacerlo, se hará acreedor a la multa con la que se le apercibió en autos. Notifíquese. ...

  3. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presente autos, de los cuales se desprende que al momento procesal no obra constancia alguna de que la autoridad responsable haya dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 194 y 197, de la Ley de Amparo, se requiere a los integrantes de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas: Verónica Yvette Hernández de Lara Presidenta de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Ricardo Olivares Sánchez. Consejero Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado Rodrigo Castañeda Miranda. Consejero Titular de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado Ruth Angélica Contreras Rodríguez. Consejera Titular de la Coordinación Estatal de Planeación José Israel Chávez Leandro. Secretario General y Consejero Titular del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Estado, Municipios y organismos Paraestatales Óscar Castruita Hernández. Secretario General y Consejero Titular de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Héctor Manuel Fernández Medina. Secretario General y Consejero Titular del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria en el Estado de Zacatecas Para que, dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe el total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia de que los efectos de la ejecutoria son los siguientes: "-De inmediato dicte resolución al recurso de inconformidad interpuesto por el aquí quejoso en fecha diecisiete de junio de dos mil veintidós." Asimismo, remitan las constancias que así lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se les impondrá una multa de CIEN unidades de medida y actualización (UMA) y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. En el entendido de que se deben agotar todos los medios y bienes que tenga a su alcance para cumplir con el fallo protector. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo requiérase a David Monreal Ávila, Gobernador del Estado de Zacatecas, en su carácter de superior jerárquico, en términos de los artículos 4, 7, 14 y 25, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, a efecto de que ordene a los miembros de la Junta Directiva y Director General de dicho instituto el cumplimiento total de la ejecutoria dictada dentro del juicio de amparo en que se actúa. Con el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el 258 de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización vigente. En el entendido de que no bastará con el hecho de que como superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente; sino, que deberá demostrar haber hecho uso de todos los medios de apremio a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a sus subordinados a fin de lograr el debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo. De lo contrario, este órgano jurisdiccional considerará insuficiente su intervención de superior jerárquico y, por tanto, también se hará acreedor a las mismas sanciones correspondientes a las autoridades obligadas a cumplir con la sentencia. Lo anterior, es así, toda vez que el régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo, conduce a considerar que la persona que se desempeña como superior jerárquico de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento por parte de las autoridades que supervisa. Por tanto, el actuar del superior jerárquico implica el despliegue de todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento cabal del fallo protector y no solamente actuar como autoridad recordatoria, expectante o intermediaria, sino que debe ir más allá, toda vez que se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrar que realizó todo lo posible a su alcance para vencer la renuencia de sus subalternos. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 108/2022, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Agosto de 2022, Tomo III, página 2495, registro 2025145, del texto y rubro siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. PARA CONSIDERAR COLMADAS SUS OBLIGACIONES, ES INSUFICIENTE QUE LA PERSONA SUPERIOR JERÁRQUICA DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO SE CONCRETE A INFORMAR QUE ENVIÓ UN OFICIO PARA INSISTIRLES EN EL ACATAMIENTO. Hechos: En un juicio de amparo una autoridad de la Ciudad de México fue requerida en reiteradas ocasiones como superior jerárquica, tanto de la responsable como de la vinculada al cumplimiento; la cual se concretó a informar reiteradamente al Juzgado de Distrito que les envió un oficio a sus subalternos para insistirles en que cumplieran con la ejecutoria de amparo. Criterio jurídico: No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, pues debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo. De lo contrario, la persona juzgadora de amparo debe considerar insuficiente la intervención de la superior jerárquica y, por tanto, que es acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Justificación: Del régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo, destaca lo previsto en el segundo párrafo del artículo 194 de la indicada ley, relativo a que la persona que se desempeña como superior jerárquica de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de la ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento que las que supervisa. En consecuencia, su actuar debe implicar el despliegue de todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento de la sentencia y no solamente como una autoridad recordatoria e insistente, ya que su intervención debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrarse que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de sus subalternos." En la inteligencia que la multa con la que se apercibe a la autoridad responsables en la etapa de ejecución del fallo protector en primera instancia, debe ser impuesta al servidor público en su carácter de persona física para que sea cubierta de su propio peculio y de esta forma la medida de apremio adquiera efectividad, y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate, pues de ser así no se lograría vencer la renuencia que se actualiza. Incluso, en términos del artículo 267 de la Ley de Amparo prevé la imposición de la multa y si persiste la renuencia, evasiva, procede la destitución e inhabilitación; y en último extremo, la consignación ante el juez penal, para la imposición de la pena de privación de la libertad de la persona física que incurra en los supuestos descritos en las fracciones que lo integran; en tanto que el diverso 269 de la misma ley, precisa que la pérdida de calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento. Véanse también las jurisprudencias 1a./J. 43/2022 (11a.), 2a./J. 103/2014 (10a.) y 2a./J. 142/2017 (10a.) de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, de título y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. EL JUZGADO DE DISTRITO QUE LO REQUIERA DEBE IDENTIFICAR A LOS INTEGRANTES DE UN ENTE COLEGIADO PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE SANCIONE A LAS PERSONAS FÍSICAS QUE LO INTEGRAN. Hechos: En un juicio de amparo indirecto se otorgó la protección constitucional para que un cuerpo colegiado de naturaleza administrativa emitiera una determinación al que se requirió el incumplimiento, y ante su omisión, fue sancionado sin identificar a las personas que lo integran. Criterio jurídico: Cuando la autoridad obligada al cumplimiento de una sentencia de amparo sea un cuerpo colegiado, es insuficiente que se le requiera de manera genérica a su conjunto, y aún es menos idóneo que por su incumplimiento se imponga multa al cuerpo colegiado y no a las personas físicas que lo integran. Justificación: El artículo 267 de la Ley de Amparo establece la imposición de penas de prisión, multa y, en su caso, destitución e inhabilitación a la persona que incurra en los supuestos que describen sus fracciones; en tanto que el artículo 269 de la misma ley precisa que la pérdida de la calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento. En ese orden de ideas es claro que la responsabilidad en torno al cumplimiento y las consecuencias de su inobservancia recae en personas físicas y no en entes de gobierno, ya que no es lógico sancionar a un ente por la conducta de las personas que lo integran, pues de ser así no se lograría vencer la renuencia que se actualiza. Es por ello que el juzgado que lo requiera debe identificar a los integrantes de un ente colegiado para que en caso de incumplimiento se sancione a las personas físicas que lo integran." "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE IMPONE MULTA A UN SERVIDOR PÚBLICO POR NO CUMPLIR UNA EJECUTORIA DE AMPARO. El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede contra las resoluciones emitidas después de dictada la sentencia de amparo indirecto que no admitan recurso de revisión y por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las partes. Por su parte, los artículos 192, 193 y 258 de la propia ley prevén que los juzgadores federales deberán imponer multa al titular de la autoridad responsable que incumpla una ejecutoria de amparo. Ahora, la multa en cuestión constituye una sanción para la persona física que desempeña el cargo respectivo, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate. Así, las personas morales oficiales carecen de legitimación para interponer el citado recurso de queja, contra la resolución emitida en un juicio de amparo indirecto que impone multa a un servidor público por no cumplir una ejecutoria de amparo, toda vez que dicha resolución no afecta sus derechos patrimoniales, pues la multa debe cubrirla la persona física a quien le fue impuesta en su carácter de servidor público y, por tanto, sólo éste es quien, por derecho propio, está legitimado para controvertir tal decisión. "SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE IMPONE UNA MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECURRIRLA A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES O DELEGADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO. La multa impuesta a la autoridad responsable con motivo del juicio de amparo no repercute en el patrimonio de la dependencia en la que presta su servicio, sino que es una sanción para la persona física derivada de sus conductas u omisiones, por lo que es ésta quien debe cubrirla con sus propios recursos; sin embargo, la multa referida se origina con motivo del cargo público del funcionario y del ejercicio de sus funciones públicas, de manera que no existe impedimento jurídico para que sea representado por los abogados encargados de la defensa jurídica de la institución conforme a las disposiciones aplicables, toda vez que la figura de la representación responde a la finalidad de no distracción de las labores de los titulares de las dependencias públicas, a la no interrupción de sus funciones y, en el caso específico, a evitar que se entorpezcan las labores de las personas morales oficiales mientras los servidores públicos multados ocupan su tiempo en defenderse de la sanción. Además, el legislador no distinguió respecto del alcance, términos, situaciones o etapas procesales en que la representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo podría verificarse, sino que fue tajante al prever en el artículo 9o. de la Ley de Amparo que sería "para todos los trámites en el juicio de amparo", lo que se corrobora con las facultades con que se dota a las unidades de apoyo jurídico de las distintas dependencias gubernamentales, a quienes se autoriza generalmente para representar a la persona moral oficial, a su titular y a los demás servidores públicos. Lo anterior no implica que la persona moral tenga legitimación como parte en el medio de impugnación que cuestiona la multa mencionada, así como que el funcionario deje de ser responsable por los actos u omisiones contumaces o ilícitos que la originaron, y que si el medio de defensa no es exitoso, debe cubrir la multa con sus propios recursos en términos de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 103/2014 (10a.)." Por último, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en caso de ser contumaz, una vez que sean impuestas las sanciones económicas, se remitirán los autos del juicio en que se actúa, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en Turno, para el seguimiento relativo al trámite de inejecución, el cual puede terminar con la separación de su puesto y consignación. Por último, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por la parte quejosa, a lo anterior, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos anteriores. Notifíquese. ....

  4. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presente autos, de los cuales se desprende que al momento procesal no obra constancia alguna de que la autoridad responsable haya dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 194 y 197, de la Ley de Amparo, se requiere por ultima ocasión a la autoridad responsable para que, dentro del término de tres días hábiles legalmente computados informe el total cumplimiento al indicado fallo. En la inteligencia que de no cumplimentarla dentro del plazo otorgado y conforme a los lineamientos asentados en la sentencia constitucional, con fundamento en el artículo 258 de la ley de la materia, así como los numerales Primero y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, les será impuesta una multa de Cien Unidades de Medida y Actualización. Así también con fundamento en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, se remitirán los autos del juicio en que se actúa, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en Turno, para el seguimiento relativo al trámite de inejecución, el cual puede terminar con la separación de su puesto y consignación. Por último, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por la parte quejosa, a lo anterior, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos anteriores. Notifíquese. ...

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