FAUSTO MIGUEL PEREZ HERNANDEZ y Otros.

Expediente 106/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
106/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
06/02/2019

Partes del expediente

  • Fausto Miguel Perez Hernandez
  • FAUSTO MIGUEL PEREZ HERNANDEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio signado por el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional, mediante aduce dar cumplimiento al requerimiento efectuado en autos y al efecto remite diversas docuemntales. Sin embargo, a fin de satisfacer lo determinado en la ejecutoria de amparo emitida por el órgano colegiado revisor, requiérase nuevamente al Titular del Registro Agrario Nacional, en Querétaro, Querétaro, para que en el plazo de tres días hábiles, contado a partir de que se le notifique el presente proveído, remita la totalidad de las constancias del expediente registral, que se formaron y que originaron la emisión del certificado parcelario 00000077573, de veinticuatro de noviembre de dos mil tres, en el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en auto de ocho de enero del año en curso.

  2. Agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Centro II, en atención a su contenido y, a fin de que dicha autoridad responsable, de cumplimiento con la sentencia de amparo, devuélvanse las constancias que remitió, previo glose que se haga de la carátula del cuaderno que se formó por separado con las mismas; sin que sea menester el acuse de recibo, pues resulta suficiente la constancia de notificación elaborada por el actuario de la adscripción. Por otro lado, por lo que hace su diversa petición, dígase que el plazo concedido para cumplimentar el fallo protector, comenzará a contar a partir de que sea notificado del presente proveído.

  3. Principal

    RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda promovida por Fausto Miguel Pérez Hernández, Por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y otra autoridad EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 106/2019, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, de la intelección integral de la demanda de amparo y sus anexos, se extrae que el acto reclamado es la resolución de la Segunda Instancia Civil que consta en el toca civil 1672/2018 de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, que versa sobre el recurso de apelación interpuesto en contra del auto veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia Civil, del Distrito Judicial de la Ciudad de San Juan del Rió, Querétaro, en el expediente 559/207, por el que se pronunció con relación a diversos medios probatorios. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Precisado lo anterior, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley invocada, impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En términos del numeral invocado con antelación, se estima que la demanda de amparo que presentó la justiciable, es improcedente. En efecto, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, esta última porción normativa aplicada a contrario sensu. Lo anterior obedece a que los actos reclamados de acuerdo a su naturaleza no son de aquellos que producen efectos de imposible reparación por no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte. En efecto, los citados artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". En ese orden de ideas, el artículo 107 Constitucional, establece como regla general que tratándose de amparo directo, sólo procederá contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa a la quejosa, o bien, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de la ley aplicable cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa, hecha excepción de aquellos actos de autoridades judiciales cuando se emitan fuera de juicio, o bien, después de concluido, los que afectan a terceros extraños y los realizados en el juicio que tuvieran una ejecución de imposible reparación, que solamente podrán ser reclamados en amparo indirecto. En ese contexto, cabe precisar que por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte; es decir, aquéllos que lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien, haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter material e irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del cual se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en virtud de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Por otra parte, son violaciones procesales aquellas en las cuales los actos conculcan los denominados derechos adjetivos o procesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, ya que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del juicio con el objeto de lograr un fallo favorable; por lo que, en los casos en los que la parte agraviada logra el objetivo principal, tales efectos y consecuencias perecen sin ocasionar afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, si el acto reclamado por el impetrante en el presente juicio, tiene como génesis la resolución dictada por la Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro con la quien se pronunció con relación. Al desechamiento de la prueba de inspección y declaración de parte ofrecidas por la quejosa, es evidente que el medio de control constitucional intentado resulta improcedente, pues no es un acto de imposible reparación, al poder ser subsanado en sentencia. Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del numeral 107, aplicada a contrario sensu, así como los preceptos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, con fundamento en el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, como lo solicita la parte quejosa, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y como autorizada en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo a Jesús Pabel Encinas Garfias y Román Encinas Garfias, y en términos del artículo 24 del citado ordenamiento legal a la diversa persona que menciona pues al realizar una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no se encontró registrada su cédula profesional. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

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