Fausto Miguel Beltrán Velázquez

Expediente 729/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
729/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
13/02/2023

Partes del expediente

  • Fausto Miguel Beltrán Velázquez
  • Titular del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta, atento a su contenido, se tiene a la delegada de la autoridad responsable solicitando se declare ejecutoriada la sentencia pronunciada en el presente juicio, al respecto dígasele que mediante auto de cinco de julio de dos mil veintiuno se realizó tal pronunciamiento respectivo, el cual fue debidamente notificado mediante oficio a la autoridad responsable el ocho siguiente, lo que se ordena hacer de su conocimiento para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Se tiene por recibido el oficio 23501/2021 suscrito por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, por medio del cual, entre otras cosas informa el contenido del acuerdo dictado el catorce del mes y año en curso, en los autos del juicio de amparo 1167/2021 de su índice, en el que, en lo que interesa, se solicita la habilitación de la consulta electrónica del sumario de amparo en que se actúa. Por tanto, a efecto de que dicho juzgado conozca lo actuado en este sumario constitucional, hágase disponible el expediente electrónico para su consulta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, a cinco de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en la cual se sobreseyó el juicio, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo aplicado por analogía, archívese el presente expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. Asimismo, se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros electrónico y de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Notifíquese.

  4. Principal

    PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos de autoridades residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que lo es: La orden de omitir pagar la percepción económica por concepto de nómina especial y única del programa de mejoras de las condiciones laborales para personal operativo denominada Fortaseg, correspondiente a $4,900.00 (cuatro mil novecientos pesos 00/100 moneda nacional), lo que se reclamada del Titular del Ayuntamiento y del Comisario de la Policía, ambos de Guadalajara, Jalisco; y, La ejecución del acto antes precisado, lo que se reclama del Tesorero del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. TERCERO. Inexistencia del acto reclamados. No son ciertos los actos reclamados, pues así lo manifestaron las responsables en los informes de ley. Lo anterior, sin que el promovente comprobara lo contrario, toda vez que de la constancia que allegó a esta instancia, es decir, del Comprobante Fiscal Digital correspondiente al pago de nómina de quince de julio de dos mil veinte, se aprecie la obligación del del Titular y del Tesorero del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, así como del Comisario de la Policía de dicha entidad, de otorgar el beneficio económico del cual reclama su omisión. Ahora, en atención a los dispuesto en los numerales 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, que indican que el contenido negativo de los informes con justificación no es determinante de la inexistencia de los actos reclamados porque las partes, a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley pueden demostrar lo contrario o, incluso, su existencia puede ser advertida directamente de las constancias de autos, es por lo cual, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, a más de que quién promueve una demanda de amparo está obligado a acreditar directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto y a justificar con pruebas que el mismo es inconstitucional. Partiendo de lo recién expuesto, y dado que el quejoso no aportó prueba idónea con la que pudiera acreditar la existencia de la orden de omisión de pago de la prestación denominada "fortaseg", no se advierte la existencia de mandato y ejecución en ese sentido. Ello, toda vez que el promovente no desvirtuó la inexistencia del acto reclamado, dado que no aportó prueba alguna al presente sumario a efecto de acreditar su existencia, esto es, en principio que recibiera la prestación denominada "fortaseg", y posteriormente que haya una omisión en el pago, pues de la documental que adjuntó a su demanda de amparo no se observa la existencia de que se otorgue dicha prestación, menos aún de su futura omisión, por lo que se actualiza la causa de sobreseimiento, prevista por el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo.". (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 903, registro 187728) Máxime que los "Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2020", publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de enero de dos mil veinte, consistes en que de acuerdo con el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal dos mil veinte se previó cierta cantidad para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejercieran de manera directa o coordinada la función, que realicen un fortalecimiento destacado del desempeño en seguridad pública, de sus capacidades institucionales y policiales, a fin de destinarlos para los conceptos y conforme a los lineamientos que estableciera el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en con concordancia con los Programas con prioridad Nacional definidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el objeto de apoyar la profesionalización, certificación y el equipamiento de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, así como al fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública y a la prevención social de la violencia y delincuencia. Asimismo, en dichos lineamientos se incluyeron los requisitos y procedimientos para la gestión, administración y evaluación de los recursos, mismos que establecen, entre otros, los plazos para la solicitud y entrega de recursos, así como el porcentaje de participación que deberán cubrir los beneficiarios como aportación; la fórmula de elegibilidad y distribución de recursos, y la lista de municipios y demarcaciones territoriales beneficiarios del subsidio y el monto de asignación correspondiente a cada uno. Esto es, se trata de un subsidio que otorga el gobierno federal, por lo que la pretendida suspensión de la percepción "Fostaseg" no es atribuible, de manera directa, a las autoridades señaladas como responsables, pues de éstas no deriva propiamente el pago de la prestación que arguye fue suspendida. En esa tesitura, se concluye que son inexistentes los actos reclamados, dado que no se observa ni con los informes, ni con las pruebas allegadas en autos, que las autoridades hubieran emitido o tratado de ejecutar los actos que se le reprochan. Por tanto, se sobresee en el juicio, en concordancia con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1o, 73 a 79 y 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Único. Se sobresee en el juicio promovido por Fausto Miguel Beltrán Velázquez, respecto de los actos reclamados del Titular y del Tesorero del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, así como del Comisario de la Policía de dicha entidad, sintetizados en el considerando segundo, por las determinaciones expuestas en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese y personalmente.

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