Fausto Mauricio Silva Aguilar
Expediente 761/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 23 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 761/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 27/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Fausto Mauricio Silva Aguilar
- Fausto Mauricio Silva Aguilar y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de tres de junio del año en curso, en la cual se negó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las constancias relativas a su otorgamiento. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de tres de junio de dos mil dieciséis que dice: SENTENCIA Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 761-2015-III, y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil quince, ante el Juez de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en auxilio de este juzgado, turnado posteriormente a este órgano jurisdiccional por conducto de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el seis de noviembre de dos mil quince, xxxxxxxxxxxxxx solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el Juez de Garantía del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y otras autoridades, de quienes reclamó las órdenes de detención, arresto, privación ilegal de la libertad, aprehensión, incomunicación y presentación, así como su ejecución. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se consideran transgredidos. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintiocho de octubre de dos mil quince, dictado por el Juez de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Galeana, en auxilio de este juzgado ordenó tramitar la demanda en forma provisional, bajo el número 17-2015; por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil quince, este Juzgado radicó la demanda, se registró como juicio de amparo 761-2016-III, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado de las autoridades responsables, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó a juicio al tercero interesado así como al fiscal que actuó en la causa penal de origen. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3-2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y los diversos acuerdos que lo adicionaron; toda vez que este es un asunto en materia penal, que tiene ejecución dentro del territorio sobre el cual este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda así como de las constancias que informan el juicio se desprende que la parte impetrante reclama los actos siguientes: 1. Del Juez de Garantía del Distrito Judicial Galeana, la orden de aprehensión de veintisiete de octubre de dos mil quince, emitida en la causa penal 116-2015, seguida contra Fausto Mauricio Silva Aguilar, por los delitos de extorsión agravada y despojo agravado, cometido en perjuicio de xxxxxxxxxxxxxxxx. 2. Del Sub Coordinador Regional de la División de Investigación de Policía Estatal Única, Distrito Galeana, Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte y Fiscal General del Estado, del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, la ejecución de tal orden de captura. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente, de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI-2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, la autoridad responsable Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, negó la existencia del acto reclamado, pues adujo que no había emitido o recibido de autoridad competente mandamiento legal alguno tendiente a la privación de la libertad personal del peticionario del amparo (foja 36), sin que la parte quejosa ofreciera prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. En consecuencia, ante la negativa del acto reclamado vertida por la autoridad responsable en su informe justificado, tomando en consideración que la parte quejosa no aportó pruebas idóneas o argumentos eficaces en contrario tendentes a desvirtuar esa negativa, procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Primera Parte SCJN, Segunda Sección, materia común, página 305, del tenor: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Garantía, el Sub Coordinador Regional de la División de Investigación de Policía Estatal Única y el Fiscal General del Estado, todos del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, aceptaron la existencia de la orden de aprehensión que se impugna, así como la ejecución de tal determinación de captura. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas que la Juez de Garantía y el Fiscal General del Estado, ambos del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, remitieron de la orden de aprehensión de veintisiete de octubre de dos mil quince, dictada en la causa penal 116-2015, probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De manera que, se tiene como cierto el acto relatado, para los efectos de este juicio de amparo. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan alguna causa de improcedencia ni el suscrito juzgador advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58-2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. Expuesto lo anterior, cabe precisar que como el aquí quejoso xxxxxxxxxxxxx, le resulta el carácter de inculpado dentro de la causa penal 116-2015 del Juez de Garantía del Distrito Judicial Galeana, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, al analizar el acto reclamado se suplirá la queja de resultar deficiente, lo cual no implica que obligadamente deba concederse el amparo solicitado, sino sólo verificar que el orden constitucional no haya sido vulnerado por el acto reclamado, en aras del respeto al derecho de legalidad y certeza jurídica. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a.-J.26-2008, del tenor literal siguiente: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente. El quejoso aduce que se violó en su perjuicio el derecho de audiencia consagrado en el artículo 14 Constitucional, ya que las autoridades tratan de privarlo de su libertad, causándole un acto de molestia, sin juicio previo a la emisión de la misma, ante autoridad competente, en el que se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento. También argumenta que la orden de aprehensión es ilegal en la medida que no se encuentra debidamente fundada y motivada la causa legal del delito y su probable responsabilidad, como lo prevé el diverso numeral 16 de la Constitución General. Los referidos motivos de inconformidad resultan infundados. Cabe precisar que la orden de aprehensión, es un acto de molestia, como bien aduce el quejoso, y cuyo principal efecto jurídico es la afectación de la libertad, dicha facultad del Estado se encuentra acotada por el artículo 16 constitucional, el cual contiene los requisitos mínimos que debe de llenar todo mandamiento de autoridad restrictivo de dicho derecho fundamental. En esa tesitura, el estudio de la legalidad de la orden reclamada, se hará a la luz del aludido magno precepto, el cual textualmente dispone: 16. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Igualmente, conviene citar lo dispuesto por el numeral 161 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, que estatuye: 161. Detención por orden judicial. Cuando exista denuncia o querella, de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y la comparecencia del mismo pudiera verse demorada o dificultada, el Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar la aprehensión del imputado para ser conducido a su presencia, sin previa citación, a fin de formularle la imputación. También se decretará la aprehensión del imputado que legalmente citado, no compareciere sin causa justificada, siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos en el párrafo anterior, salvo el último de los ahí mencionados. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión informarán al imputado las razones de su detención y lo conducirán sin dilación alguna ante el Juez de Garantía, quien convocará de inmediato a la audiencia de formulación de imputación. La lectura del precepto constitucional, pone de manifiesto que para que una autoridad pueda librar un mandamiento de captura, deben reunirse los siguientes requisitos esenciales: a) Que la orden de aprehensión sea librada por autoridad de carácter judicial; b) Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; c) Que ese ilícito esté sancionado por la ley, cuando menos con pena privativa de libertad; y d) Que existan datos que acrediten que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Además de las referidas exigencias, deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe algún derecho constitucional contenida en diverso precepto; habida cuenta que la circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, dado que podrían darse los casos siguientes: 1. Que en la orden de aprehensión se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso. 2. Que la orden fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 3. Que las autoridades jurisdiccionales, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense. 4. Que la orden de captura no estuviere fundada y motivada. Así, pueden presentarse muchas más hipótesis respecto de la posible violación de derechos constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; por tanto, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo constitucional. Por ello, su emisión puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que los derechos de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, los derechos de seguridad jurídica valen por sí mismos, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan los derechos de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la jurisprudencia 225, localizable en la página 166, Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación 2000, registro 904206, que literalmente dice: ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la emisión de una orden de aprehensión. Dicho lo anterior, es necesario hacer el análisis de los requisitos constitucionales para el libramiento de una orden de captura, en confrontación con el acto que por esta vía se combate. El primero de ellos se encuentra plenamente cubierto, dado que, como ya se señaló, la orden de aprehensión motivo del presente juicio de amparo, fue librada por una autoridad judicial, como lo es el Juez de Garantía del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, según se desprende de las constancias que integran la causa penal 116/2015, de su índice. Por su parte, el segundo de los extremos se actualizó mediante querella interpuesta por la víctima de nombre XXXXXXXXXXXXXXXX, ante la representación social el doce de marzo de dos mil quince. En cuanto a que los injustos consistentes en extorsión agravada y despojo agravado se encuentren sancionados por la ley, cuando menos con pena privativa de libertad, se cumple también, toda vez que el dispositivo 204 Bis, del Código Penal del Estado de Chihuahua, castiga en su tipo básico a quien cometa el delito de extorsión con prisión de cinco a treinta años y el numeral 232 del citado código sanciona el tipo básico de despojo de seis meses a cinco años de prisión. Los restantes requisitos de forma y fondo se examinarán al tenor de las consideraciones que para tal efecto expresó la autoridad responsable al dictar la determinación que por esta vía se combate. Por principio, el juez del conocimiento sostuvo que el agente del Ministerio Público adscrito a la unidad especializada contra la comisión de los delitos, patrimoniales en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, le solicitó librar orden de aprehensión en contra de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por los delitos de extorsión agravada y despojo agravado, cometidos en perjuicio de xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ello al considerar que se cometieron los hechos siguientes: [.] Aproximadamente en fecha nueve de marzo del año 2015, siendo alrededor de las cinco de la tarde, mientras la víctima xxxxxxxxxxxxxxxxxx, se encontraba trabajando conjuntamente con su hijo Abner Pérez Canava, y un empleado de nombre xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en su rancho denominado "Laguna de Compadres", ubicado en la calle 2 de abril, sin número, en la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, inmueble que se compone por dos terrenos que están unidos conjuntamente formando uno solo pero con escrituras públicas independientes, según consta en las escrituras públicas número seis mil ochenta y cuatro, 04 de septiembre del 2007, donde consta que el señor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en carácter de comprador; sobre los derechos de copropiedad que en forma alícuota y pro indiviso corresponde al vendedor respecto al 50% de la finca y terreno rústico en el construida, que se identifica cono lotes 4 cuatro y cinco de la manzana 16 y lotes 1, 2, 3, y mitad del lote 8, de la manzana 27, de la colonia Dublán, en Nuevo Casas Grandes, con una superficie total de 80-00-00 hectáreas y que se encuentra inscrito bajo el número 54, folio 50 del libro 255 de la sección primera en el registro público de la propiedad y de Ciudad Nuevo Casas Grandes, así mismo, la segunda escritura con número seis mil ochenta y tres de fecha 04 de septiembre del 2007, donde aparece el señor Fidel Armando Heras Loya, en su carácter de comprador, sobre los derechos de copropiedad que en una forma alícuota y pro indiviso corresponden a los vendedores respecto del 50% del terreno rústico que identifica como lotes 7 y 8 de la manzana B-27 y los lotes 3 y 4 de la manzana B-28 de la Colonia Dublán, de Nuevo Casas Grandes, la superficie total de 48-00-00 hectáreas, inscrito bajo el número 70, folio 57 del libro 269 de la sección primera en el registro público de la propiedad de ciudad Nuevo Casa Grandes, Chihuahua. Cuando repentinamente llegó un vehículo cuyas características eran marca Taurus, color negro, con placas del estado de Texas y vidrios polarizados, dicho vehículo entro en su propiedad, hasta llegar donde se encontraba el hijo y empleado de la víctima, y una vez ahí ambos testigos se percataron de que dicho vehículo iba tripulado por cinco hombres de los cuales Abner Heras Pérez, identificó a uno de los tres sujetos que iban en el asiento trasero de dicho vehículo como el licenciado xxxxxxxxxxxxxxxx, a quien ya había visto anteriormente, y reconoció plenamente por su media filiación describiéndolo como una persona de tez moreno, de estatura baja, complexión robusto, de 20 a 50 años de edad, que usa lentes y su frente es muy pronunciada, entonces en ese momento se baja el copiloto, siendo este un hombre de estatura alta, complexión robusta piel blanca, de cabello negro, de barba corte, de 35 a 40 años de edad, que vestía pantalón de mezclilla y playera, mismo que no conocía, y el cual preguntaba por su padre Fidel, contestándole el trabajador "anda por halla" y le señaló su ubicación, posteriormente procedieron a trasladarse los tripulantes del vehículo hasta el lugar donde estaba la víctima siendo una distancia de aproximadamente 300 a 400 metros, donde la víctima reparaba un pivote y una vez que se apersonaron esos sujetos a bordo de dicho vehículo en el lugar donde se encontraba la víctima descendió de la parte trasera del carro un hombre de estatura media, complexión regular, tez morena, con cachucha, quien le apuntaba con una arma larga con cargador en forma de cilindro a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diciéndole "vengo a matarte hijo de tu ponche madre"; Luego se acercó y comenzó a golpear con el arma a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en todas partes del cuerpo. Acto seguido se bajan otras tres personas y uno de ellos le comenzó a propinarle cachetadas y le ordenaba que se agachara para que no le viera la cara, pero la víctima alcanzó a escuchar que un hombre que estaba dentro del carro en los asientos de atrás les daba órdenes de que le dieran, en ese instante la víctima reconoció la voz, ya que se le hizo conocida y cuando volteó miró que era el Licenciado Fausto Silva Aguilar, quien es abogado del pueblo de Casas Grandes; esto ocurría mientras Fausto Silva Aguilar, permanecía dentro del carro en el asiento trasero y desde ahí les daba instrucciones para que le dijeran a la víctima, que "se lo iba a llevar la chingada, como se llevó al otro hijo de la chingada, y que le daban hasta ese día en la noche para desalojar el rancho", por lo que, en base a dichas amenazas de muerte y agresiones físicas que recibió la víctima en su persona el día 9 de marzo del año 2015, se vio obligado a salirse de su propiedad por temor a que el imputado y las personas que lo golpearon fueran a regresar para cumplir sus amenazas de muerte, sin embargo la víctima fue precavido al dejar al cuidado del racho a xxxxxxxxxxxxxxxxxx y su esposa xxxx, posteriormente a los tres días, y aprovechándose el imputado xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de la intimidación violenta que le realizó a la víctima conjuntamente con otros cuatro individuos armados, para luego cerciorarse de la ausencia de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, y posteriormente aproximadamente el once o doce de marzo del año 2015, regresar nuevamente al rancho de la víctima sin oposición alguna con tres personas del sexo masculino de nombres xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxxxx, estas personas contratadas directamente por xxxxxxxxxxxxxxxxxx, para que trabajaran en dicho rancho regando las siembras, manejando tractores, dando mantenimiento a los vehículos que se encontraban en el interior del rancho, prometiéndoles mil pesos por semana, así como seguro médico y a las cuales el propio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, condujo hasta el rancho de la víctima, para luego darles acceso al interior del mismo sin consentimiento de quien realmente podía otorgarlo y una vez ahí los posesionó ilegalmente del rancho de la víctima con el ánimo de apropiarse ya sea de la totalidad del inmueble o las cosechas por lo que una vez que xxxxxxxxxxxxxxxx y su esposa xxxxx, se percatan de la presencia de estas personas extrañas y derivado de haber vivido en carne propia los acontecimientos violentos que se suscitaron tres días antes, es decir, el 9 de marzo de 2015, tanto xxxxxxxxxxxxxxxxxx y su esposa xxxxxxxxx, deciden retirarse inmediatamente del rancho de la víctima, por temor a que les hicieran algún mal, una vez hecho lo anterior, xxxxxxxxxxx, se aboca a pasar por el racho para ver los movimientos que se realizan dichas personas en la propiedad de la víctima desde afuera, proporcionando la información a su patrón de lo que acontecía en el rancho, por lo que transcurriendo alrededor de seis días en que los señores xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxx, permanecieron posesionados en el interior del rancho de la víctima por instrucciones de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sin saber dichas personas que realmente las utilizaba como instrumento para posesionarse ilegalmente de un bien inmueble que no le pertenecía, perturbando así la posesión legal de la víctima, así mismo, durante esos seis días empezaron a saquear el rancho y sacar objetos propiedad de xxxxxxxxxxxxxxxxx, apoderándose de dichos objetos muebles, para posteriormente venderlos tan es así que la víctima menciona que sufrió un quebranto en su patrimonio aproximadamente cuatrocientos veinte mil pesos moneda nacional. [.] Enseguida, relató los antecedentes de investigación invocados por el fiscal solicitante de la orden, para luego asegurar que el supuesto típico que prevé el hecho delictivo que debe ser acreditado, tal como lo exige el artículo 16 constitucional y 161 del Código de Procedimientos Penales, se encuentra previsto en el artículo 204 Bis, además de las agravantes previstas en las fracciones I, III, IV, y V, del Código Penal del Estado de Chihuahua, que al ser analizados, dichos elementos fácticos y confrontados con los supuestos típicos antes descritos se podía deducir que las notas distintivas del hecho delictivo de extorsión, en la etapa de investigación, debía componerse por lo menos de las siguientes: 1. La utilización de cualquier conducto; 2. Un elemento subjetivo distinto al dolo: con ánimo de lucro; 3. Un medio comisivo: a.- Violencia o Intimidación; 4. Una finalidad: Obligar a la víctima a realizar, omitir o tolerar un acto, en su perjuicio o de algún tercero. 1. La utilización de cualquier conducto En cuanto a la primera de las notas distintivas, esto es, la utilización de cualquier conducto para ejecutar el hecho delictivo, el juez expuso que existe un alto grado de certeza de que el nueve de marzo de dos mil quince, aproximadamente a las cinco de la tarde, xxxxxxxxxxxxxx al encontrarse en el Rancho denominado Laguna los Compadres, de su propiedad ubicado en laxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de esta ciudad sufrió un ataque verbal y físico por cinco individuos que arribaron a bordo de un vehículo lujoso de la marca Taurus, color negro, con placas del Estado de Texas, con vidrios polarizados, de la siguiente forma: [.] se bajó un hombre de estatura media, complexión regular, tez morena, con una cachucha, de la parte trasera del lado derecho del carro y le apuntó con un arma larga con cargador en forma de cilindro, diciéndole vengo a matarte hijo de tu pinche madre, asimismo, refiere el testigo que se le acercó y empezó a golpearlo con el arma en todas partes del cuerpo. Luego se bajaron otros tres individuos y uno de ellos le estaba dando cachetadas y le decía que se agachara para no verlos. Asimismo, el testigo afirma haber escuchado que un hombre que estaba dentro del carro en los asientos de atrás les decía qué le dijeran a la víctima y les daba órdenes. Se le hizo la voz conocida y cuando volteó vio que era el Licenciado Fausto Silva Aguilar, quien es abogado del pueblo de Casas Grandes, ellos le decían que le iba a llevar la chingada, como se llevó al otro jijo de la chingada, y al final le dijeron que le daban hasta ese día en la noche para desalojar su rancho, por lo que cuando se fueron decidió salirse de su rancho y se quedó cuidando el señor xxxxxxxxxxx y su esposa xxxxxxx. Asimismo, consideró el juez responsable que de tal suceso fueron testigos xxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxx, quienes son hijo y trabajador respectivamente del agredido xxxxxxxxxx, y quienes afirmaron haber visto dicha situación, pero la narran desde su perspectiva, es decir, desde la forma en que la vivieron, pues el primero afirma que cuando llegaron las cinco personas al racho de su Padre, en el que se encontraban trabajando tanto él como el testigo aludido y lógicamente su Padre, a bordo del vehículo tipo Taurus y quienes le preguntaron donde estaba su padre, y él les señaló en donde, destaca que notó la presencia del licenciado xxxxxxxxxxxxxxx, a bordo de dicho automotor, y explica: [.] y se fueron rumbo a donde estaba su Padre haciendo la reparación de un pivote, por lo cual el testigo inmediatamente y antes de que llegaran con su Padre le habló a su teléfono para decirle que lo buscaban, luego el testigo se subió en su moto y el trabajador en la troca que usaban en el rancho y fueron al área de la bodega y desde el exterior alcanzaron a observar a su Padre a borde de una cuatrimoto, dialogando con cuatro individuos frente a él que portaban armas de las que tienen el característica de un cargador de forma circular, y uno de esos sujetos ubicado a la espalda de su Padre, quien le daba golpes con la culata de un arma larga, por lo cual le dijo al trabajador que se acercara a donde estaban ellos y este se acercó en una moto de dos llantas, luego el testigo ingresó a la casa que se encuentra enseguida de la bodega y tomó unos mira lejos y se puso a observar a una distancia aproximadamente 300 a 400 metros, viendo que nuevamente golpeaban a su padre de la misma manera y también con la mano abierta, y otro sujeto también hacía lo mismo, agarrando a su Padre de la visera de la cachucha y tirándole jalones, además dándole golpes con sus manos, luego el testigo se fue a la bodega porque pretendía tomar un vehículo para auxiliar a su Padre pero tenía que bajar el gato, así que decidió regresar al exterior de la casa y se puso nuevamente a observarlos, viendo como se empiezan a subir al carro y se marchan del rancho, la agresión hacia su Padre refiere el testigo duró aproximadamente unos 10 a 15 minutos finalmente al poder dialogar con su Padre le dice que tenían que salir del rancho porque los iban a matar si no lo hacían, y esa misma tarde se fueron del rancho al que no han vuelto para vivir como lo estaban haciendo [.] Refirió el Juez que lo mismo afirmó el segundo de los testigos, Fabián Ramiro Cárdenas Quintana, quien dijo no conocer a alguna de las personas que viajaban en el Taurus, sin embargo, al referir que una vez que les dijeron en donde estaba el dueño del Rancho, acudió al lugar también para preguntarle si debía encender el riego, empero esto fue con lo que se encontró: [.] en cuanto llegó hasta donde estaba Fidel, dichos sujetos le dijeron que sí quien le habló, y lo hicieron hacía un lado y le voltearon de espaldas hacía Fidel, alcanzando a mirar que andaban armados, aclara el testigo dicha situación ya que, afirma haber visto que uno de ellos traía fajada en la cintura por encima de la ropa una pistola escuadra, color cromada y el otro de ellos traía cargando en sus manos una arma larga de las que traen el cargador en forma de cilindro, percatándose de dicha circunstancia cuando se acercó para preguntarle a Fidel, si quería que arrancará el pozo, ya que lo tenían cinco o seis metros de retirado de Fidel, alcanzó a escuchar que se quejaba porque le pegaban, así mismo, alcanzó a escuchar que le daban dos días para salirse del rancho, que si no se salía le iban a partir la madre, ya de ahí se arrancaron en el carro y se fueron, también aclara el ateste que de esas cuatro personas si los vuelve a ver no cree que reconozca a ninguno, ya que no los había visto anteriormente; así mismo, refiere que después de que se van estos sujetos del rancho, xxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxx también lo hicieron, pero como a las dos horas, ya que eso había ocurrido como a las cinco de la tarde y Fidel y Abner, se fueron como a las siete, no supo para dónde pero le encargaron el rancho. A tales datos de prueba, el Juez abonó el Informe médico emitido por el Legista José Francisco Lucio Mendoza quien certificó el día doce de marzo del presente año, que xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, presentaba: [...] mínima equimosis en región temporal derecha, mínima equimosis en parrilla, costal derecha, presenta edema en rodilla izquierda, así como mínima equimosis en borde interno de tobillo izquierdo [.] Luego el juzgador, concluyó que en conjunto, dichos datos de prueba crean certeza en cuanto a que Heras Loya mediante el arribo a su domicilio, fue amenazado de que desalojara dicha propiedad o bien se le causaría un daño, es decir, el conducto, que es la exigencia del hecho delictivo, fue precisamente el arribo a su domicilio y personalmente realizar la amenaza aludida, la cual reviste características de Extorsión. xxxx dijo el Juez, porque los dichos de los testigos y la víctima, coinciden entre sí, ya que los vierten en forma similar, empero agregan datos particulares que narran desde su propia óptica y que hacen aún más creíble la versión de cada uno; máxime que el Legista aludido, quien labora para el Gobierno del Estado, y que se encuentra autorizado para emitir Informes de ese tipo, certificó que Heras Loya presentó lesiones tres días después del suceso, que coinciden con la descripción que hacen los testigos y la propia víctima, de la agresión que sufrió el nueve de marzo, que si bien no fue de seriedad; sin embargo, en el contexto en el que se llevó a cabo, evidentemente arroja que puede amedrentar a cualquier persona, como en el particular sucedió; es así que cobró vida la primer anota distintiva del hecho que se estudia. 2. Un elemento subjetivo distinto al dolo: con ánimo de lucro. El juez consideró que el hecho delictivo de extorsión también requiere para su actualización un elemento subjetivo distinto al dolo; con ánimo de lucro, es decir, se requiere dado el nivel procesal tan insípido en el que nos encontramos, su acreditación, aún de manera probable, y en la especie tenemos que, según lo afirmó xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, las personas que fueron a atacarlo, mientras lo golpeaban, pudo apreciar lo siguiente: [.] Se le hizo la voz conocida y cuando volteó vio que era el Licenciado xxxxxxxxxxxxxxx, quien es abogado del pueblo de Casas Grandes, ellos le decían que le iba a llevar la chingada, como se llevó al otro jijo de la chingada, y al final le dijeron que le daban hasta ese día en la noche para desalojar su rancho, por lo que cuando se fueron decidió salirse de su rancho y que se quedó cuidando el señor xxxxxxxxxxx y su esposa xxxxxxxxxx. [.] Afirmó el juez responsable que dicho dato revela de manera indiciaria un ánimo de lucro, entendiendo éste como la ganancia o provecho que se saca de algo, y en la especie, la ganancia o provecho se acreditó, pero que dicho indicio arroja mayor credibilidad, al analizar los atestes y ampliaciones de éstos vertidos por xxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxx quienes señalaron que fueron contratados por el licenciado xxxxxxxxxxxxxxxx para laborar en el Rancho de referencia en el mes de marzo del presente año, que ambos eran dirigidos por xxxxxxxxxxxxxxxx, a quien además señalan como aquél que en diversas ocasiones sacaba objetos que se encontraban en el lugar. El juez del conocimiento refirió que para acreditar tal circunstancia, se encuentran los dichos que en presencia de su defensora emitieron xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxx, personas que ya fueron imputados por hecho relacionados con los que hoy se plantean y quienes refieren haber sido contratados el treinta y uno de marzo del presente año, por Fausto Silva para laborar en el citado lugar en las labores agrícolas propias de un lugar así, y que el mismo xxxxxxxxxxx les dio el pase al Rancho multi aludido. El juez arribó a la conclusión que con tales datos de prueba al ser enlazados con el dicho de la víctima Fidel Armando Heras y el hijo de éste, Abner Heras Canava, que quedo acreditado el ánimo lucrativo, tal como fue definido antes, pues al tener la intervención directa en la amenaza al pasivo, y al realizar actividades tales como alguien que se ostenta como propietario de un bien, es decir, contrataciones y disposición de objetos que se encontraban en el lugar, evidentemente arroja que el ánimo de sacar ganancia o provecho de algo, se suscitó en la persona de xxxxxxxxxxxxxxx, dado que precisamente la ganancia o provecho fue el Rancho Laguna los Compadres, propiedad de xxxxxxxxxxxxxx, según las escrituras públicas (seis mil ochenta y cuatro y seis mil ochenta y tres, ambas de cuatro de septiembre de dos mil siete) que fueron agregadas a la indagatoria por el Agente de la Fiscalía; con lo que ha quedado acreditado, no solo en forma probable, sino con un nivel alto de certeza el ánimo de lucro exigido por el hecho delictivo de extorsión. 3. Un medio comisivo: Violencia o Intimidación. En cuanto al hecho delictivo que también exige la acreditación de un medio comisivo: la Violencia o la Intimidación, el juez consideró que en la especie, se suscitaron ambos medios, y que esto se puede apreciar del dicho de la víctima quien al respecto dijo que cuando llegaron las cinco personas en el vehículo Taurus al lugar en donde se encontraba, entre ellos el licenciado xxxxxxxxxxxxxxxxx, lo amenazaron con un arma de fuego, le dijeron que lo iban a matar, y lo golpearon, y al final le dijeron que le daban hasta ese día en la noche para desalojar el rancho; de donde podemos apreciar claramente que el medio comisivo del delito de extorsión fue la violencia física y la intimidación pues lógicamente, al utilizar un arma de fuego, abordarlo cinco personas que además entraron a su propiedad sin ningún detenimiento y referirle que lo iban a matar, evidentemente, tales intimidaciones y golpes, provocaron que dicha víctima hullera del lugar y abandonara su propiedad, tal como lo refieren los testigos ya citados xxxxxxxxx y xxxxxxxxxxx, quienes vieron la violencia física de la que fue víctima xxxxxxxxxxxxxxx, y el segundo de los mencionados, pudo incluso escuchar la intimidación que le realizaron en el sentido de obligarlo a dejar el Rancho de su propiedad. Luego, correctamente el juez consideró que tales atestes, al coincidir entre sí, crean una certeza y convicción, y que a su vez se respaldan en el Informe Médico analizado, que arroja que efectivamente, la víctima fue lesionado en el mes de marzo, entre el nueve y el doce de dicho mes, lo cual resulta suficiente para acreditar el medio comisivo de referencia, como fue la violencia y la intimidación ejercida en contra del pasivo xxxxxxxxxxxx. 4. Una finalidad: Obligar al pasivo a realizar, omitir o tolerar un acto, en su perjuicio o de algún tercero. Finalmente, sostuvo el juez que para lograr mayor certeza jurídica es menester acreditar la finalidad del hecho delictivo, esto es, lograr que la víctima realice, omita o tolere un acto, en su perjuicio o de algún tercero; y en la especie claramente se puede apreciar que la víctima Fidel Armando Heras fue obligado a realizar un acto consistente en desalojar el Rancho de su propiedad, dado que según lo afirmó el propio denunciante, una vez que recibió la intimidación y la violencia por parte de las cinco personas que invadieron su propiedad, decidió dejar ésta junto con su hijo, xxxxxxxxxxx quien afirmó lo mismo, además del empleado del Rancho de nombre xxxxxxxxxxx, quienes afirmaron que luego de que dejaron el lugar las personas que viajaban en el vehículo tipo Taurus, Fidel Heras dejó el rancho y lo dejó encargado al propio xxxxxxxxxxxxx y a su esposa, a quienes sacaron las personas que contrató Fausto Silva para que ocuparan la propiedad, por ello se puede afirmar con alto grado de certeza que la finalidad de la extorsión se llevó a cabo en forma acabada, es decir, se cumplió con el objetivo ilícito que se plantearon las personas que golpearon e intimidaron a la víctima, como lo fue obligarla a realizar un acto consistente en dejar el Rancho de su propiedad para ocuparlo ellos, o por lo menos xxxxxxxxxxxxxxxx, valiéndose de otras personas. Los fundamentos legales y las consideraciones anteriores llevaron al juez penal a tener por acreditadas las notas distintivas del hecho delictivo previsto en el artículo 204 bis del Código Penal, y, por ende, acreditado el hecho que la ley señala como el delito de extorsión. V. Las agravantes En cuanto a las agravantes de las que habla el artículo 204 Bis del Código Penal, en su segundo párrafo, el juez consideró que se encuentran varias hipótesis que analiza el Agente de la Fiscalía, primeramente: I.- La fracción I establece: I. Se logre que la víctima o un tercero, entregue alguna cantidad de dinero o algún bien u objeto para evitar el daño con que se amenaza. En la especie, consideró el juez que quedó claro, según se analizó en las líneas anteriores, que la víctima, xxxxxxxxxxxxxxx, se fue del Rancho de su propiedad, en donde vivía, según el dicho de su hijo de nombre Abner Heras, quien también afirma que una vez que se retiraron del lugar las personas que arribaron en el Taurus de color negro, su Padre le dijo que se retirarían del Rancho en el que vivían y trabajaban, lo mismo afirmó Fabián Ramiro Cárdenas Quintana, testigo de los hechos, y empleado de la víctima, a quien en un principio se le dejó encargado del Rancho, empero las personas que laboraban para Fausto Silva, lo desalojaron también de lugar, esto, según lo afirmaron xxxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxx, personas contratadas por xxxxxxxxxxx para que cuidaran y laboraran en el rancho multi aludido. El juez responsable consideró que se logró la entrega del bien inmueble, como lo es el Rancho Laguna los Compadres propiedad de Heras Loya, quien acreditó su propiedad, con las actas protocoladas correspondientes, lo anterior para evitar el mal del que fue amenazado por las cinco personas que acudieron a su domicilio el nueve de marzo, entre ellos, precisamente Fausto Silva, de ahí la actualización de dicha calificativa agravante. 2. La fracción III establece: III. Intervengan dos o más personas. En la especie, el juez de la causa refirió que según lo describieron xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx y xxxxxxxxxxx, testigos de los hechos, quienes acudieron a golpear e intimidar el primero, iban a bordo de un vehículo color negro, moderno, de la marca Taurus, y viajaban cinco personas, que entre ellos iba xxxxxxxxxxx, dato que afirman xxxx y xxxx, lo que reviste un número considerable de personas, de las cuales cuatro golpeaban a la víctima y uno (xxxxxxxxx) daba órdenes, según lo pudo apreciar xxxxxxxxxx, lo cual resulta lógico según consideración del juzgador, pues según xxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxx, fue xxxxxxxxxx el que los contrató para que laboraran en dicha propiedad; luego, el revestir mayor facilidad para la ejecución del hecho delictivo, es por lo que el legislador evidentemente eleva la eventual punibilidad del mismo, de ahí que en la especie, el juez concluyera que quedó evidenciada tal circunstancia en cuanto al número de intervinientes en el hecho, que fueron más de dos, es decir, cinco. 3. La fracción IV establece: IV. El activo se encuentra armado o porte instrumento peligroso; En el particular, el juez precisó que según lo que apreciaron xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxx, el hombre robusto que se bajó del Taurus, portaba un arma de fuego larga, con cilindro (revolver), con la cual apuntaba a Fidel Armando Heras, mientras le profería amenazas e intimidaciones y asimismo le dio golpes con las cachas; luego, la existencia de tal artefacto bélico influyó tajantemente en la ejecución del hecho delictivo de estudio, pues provocó el que xxxxxxxxxxx, se retirara del lugar, dejando así libertad a sus atacantes de tomar posesión del bien de su propiedad, cobrando vida con ello, la calificativa agravante de estudio. 4.- La fracción V establece: Se emplea violencia física; El juez estimó que íntimamente relacionada con la anterior, se encuentra dicha agravante, pues deviene del mismo suceso aludido, dado que mientras era amenazado con el arma el pasivo, entre las cuatro personas lo golpeaban, y en conjunto tales acciones provocaron que xxxxxxxxxxxxxx, junto con su hijo xxxxxxxxxxxxx, dejaran el Rancho de su propiedad, tal como se los exigieron sus atacantes, de ahí que la violencia física, como lo fue el arma de fuego, fue determinante para lograr el objetivo o finalidad del hecho delictivo, el cual debe encuadrarse como agravado, debido a que según el criterio del juez responsable, por lo menos estas cuatro hipótesis cobraron existencia en el caso puesto a consideración. Así pues, el juez de la causa, concluyó que quedó acreditado el hecho que la ley señala como el delito de Extorsión previsto en el artículo 204, bis, agravado en los términos de las fracciones I, III, IV y V del Código Penal, vigente a partir del quince de noviembre de dos mil catorce, en que se suscitó la última reforma de trascendencia en la descripción típica de estudio. VI. Análisis de fondo del hecho delictivo que la ley tipifica como el delito de despojo. Por lo que respecta al análisis de fondo del hecho delictivo despojo, el juez argumentó que el supuesto típico que prevé el hecho delictivo que debe ser acreditado, tal como lo exige el artículo 16 Constitucional y 161 del Código de Procedimientos Penales, se encuentra previsto en el artículo 232 además de la agravante prevista en el artículo 233 ambos del Código Penal. Que al ser analizados, dichos elementos fácticos, y confrontados con los supuestos típicos antes descritos, se puede deducir que las notas distintivas del hecho delictivo de despojo, en la etapa de investigación en que nos encontramos deben componerse por lo menos de las siguientes: 1. Que el sujeto activo por los medios siguientes: a) La violencia sobre las personas; o b) sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo; o c) por engaño; 2. Ejecute las siguientes conductas: a) Se posesione materialmente de un inmueble ajeno; b) haga uso de este; o c) de un derecho real que no le pertenece. 1. Refirió el juez responsable que en el caso el medio a través del cual se ejecutó el hecho delictivo que hoy se estudia, fue la violencia sobre las personas y posteriormente, sin el consentimiento de la víctima. Asimismo, el juez consideró que resultaba oportuno dejar claro que el hecho delictivo de extorsión no subsume al de despojo, o viceversa, porque los Agentes del delito, es decir, quienes obligaron a salirse del Rancho a la víctima, pudieron apoderarse o no de dicha propiedad, y en la especie, solo uno de ellos probablemente lo realizó, es decir, xxxxxxxxxxxxx, luego, fácilmente se puede separar una conducta de otra, es independiente y no resulta ser un medio para la comisión del hecho delictivo y que orille a aplicar el contenido del artículo 13 del Código Penal. Una vez que aclaró lo anterior, el juez afirmó que el medio comisivo del hecho delictivo de despojo, se acredita con los mismos datos de prueba que acreditaron la violencia física en el hecho delictivo de extorsión, y que eso se podía apreciar del dicho de la víctima quien al respecto dijo que cuando llegaron las cinco personas en el vehículo Taurus al lugar en donde se encontraba, entre ellos el licenciado xxxxxxxxxxxxxx, lo amenazaron con un arma de fuego, le dijeron que lo iban a matar y lo golpearon, y al final le dijeron que le daban hasta ese día en la noche para desalojar el rancho, de donde se puede apreciar claramente que fue la violencia física y la intimidación o violencia moral para lograr que la víctima dejara el Rancho de su propiedad; pues lógicamente, al utilizar un arma de fuego, abordarlo cinco personas que además entraron a su propiedad sin ningún detenimiento y referirle que lo iban a matar, evidentemente, tales intimidaciones y golpes, provocaron que dicha víctima hullera del lugar y abandonara su propiedad, tal como lo refieren los testigos xxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxx, quienes vieron la violencia física de la que fue víctima Fidel Heras, y el segundo de los mencionados, pudo incluso escuchar la intimidación que le realizaron en el sentido de obligarlo a dejar el Rancho de su propiedad. Luego, la autoridad responsable consideró que tales atestes, al coincidir entre sí, crean una certeza y convicción, tal como fue explicado en líneas anteriores, y que a su vez se respaldan en el Informe Médico analizado, que arroja que efectivamente, la víctima fue lesionado en el mes de marzo, entre el nueve y el doce del dicho mes, con lo cual resulta suficiente para acreditar el medio comisivo de violencia física y moral ejercida en contra del pasivo xxxxxxxxxxxxxx. Lo anterior dijo el juez penal, provocó que, al quedar acéfalo el Rancho,xxxxxxxxxxxxx aprovechara y contratara personas para que permanecieran en el mismo, como lo fue xxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxx; además de los ya imputados xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxx, que confesaron en presencia de su Defensora, haber permanecido en el Rancho por haber sido contratados por xxxxxxxxxxxxxxx, lo cual arroja que se introdujeron sin consentimiento de la persona autorizada para ello, aun cuando dicho elemento de la voluntad ya había sido viciado por medio de la violencia en días anteriores a la introducción, sin embargo, queda claro que en ambos casos se carece del consentimiento expreso o tácito de xxxxxxxxxxxxxxxx, propietario del bien. El juez estimó que xxxxxxxxxxxxxxxxxx, es propietario del Rancho Laguna los Compadres debido a que en la indagatoria Fiscal, se agregaron dos Escrituras Públicas, que respaldan la propiedad del Rancho aludido cuya descripción es la siguiente: a. Escritura pública número seis mil ochenta y cuatro, de cuatro de septiembre de dos mil siete, ante la fe del Licenciado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxx, Notario Púbico Número Nueve del Distrito Judicial Bravos, donde aparece el xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, representado por la señora xxxxxxxxxxxxxxx, en carácter de parte vendedora, y por la otra parte el xxxxxxxxxxxxxxxxx, en su carácter de comprador, sobre los derechos de copropiedad que en forma alícuota y pro indiviso corresponde al vendedor respecto el 50% de la finca y terreno rústico en el construida, que se identifica como lotes cuatro y cinco de la manzana 16 y lotes 1, 2, y 3, y mitad del lote 8, de la manzana 27, de la colonia Dublan, en Nuevo Casas Grandes, con una superficie de 80-00.00 has, colinda y mide del punto número uno al dos rumbo al Se- 01° 07'00" mide 400.00 mts; del punto número dos al tres rumbo S0-88° 53'00,00" mide 200,00 metros, del punto número tres al cuatro, rumbo SE-O1° 07'00,00" mide 400,00 mts, linda por estos dos lado con el lote 8, del punto número cuatro al cinco rumbo S0-88° 53'00.00 mide doscientos metros; del punto número cinco al seis, rumbo SE-Ol° 07'.00 mide 410.00 metros linda por estos dos lados con lote 3, del punto número seis al siete rumbo SO-.88° 53'00.00" y mide 400 metros y linda con lote número uno del punto número siete al ocho rumbo Nw-Ol° 07'00,00" mide 810 metros; del punto número ocho nueve NE.- 88° 53'00" mide 200 metros lindando por estos dos lados con propiedad de Oliver S. Bluth, del punto número nueve al diez, rumbo NE-Ol° 01'00,00 mide 400.00 metros, y linda con propiedad de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, el punto número diez al uno rumbo NE-88° 53'00,00 MIDE 1,000.00 y linda con propiedad de xxxxxxxxxxxxxxxxxx; en donde la parte compradora xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, toma en calidad de dueño, el pleno dominio y la posesión jurídica y material del inmueble a su satisfacción; y; b. Escritura número seis mil ochenta y tres, de cuatro de septiembre de dos mil siete, ante la fe del notario público Licenciado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, donde aparece por una parte xxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, representados por xxxxxxxxxxxxxxxxx, en su carácter de vendedora y por la otra parte xxxxxxxxxxxxxx, en su carácter de comprador, sobre los derechos de copropiedad que en una forma alícuota y pro indiviso corresponden a los vendedores respecto el 50% del terreno rústico que se identifica como lotes 7 y 8 de la manzana B-28 y los lotes 3 y 4 de la manzana B-28 de la colonia Dublán, de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, y se describe como sigue Superficie 48-00-00 Has colinda y mide del punto uno al dos mide 400 metros, del punto número dos al tres mide 200.00 mts., lindando por estos dos lados con fracción del 7 manzana B-27, mide 400.00 metros, y linda con lote 5 de la manzana B-28; del punto número cuatro al cinco mide 800.00 y linda con el lote 8 dc la manzana B-28 y lote 7 de la manzana B-28, del punto número cinco al seis, mide 400.00 metros, y linda con el lote 8 de la manzana B-28, del punto número seis al siete, mide 200.00 metros; del punto número siete al ocho mide 400,00 metros, lindando por estos dos lados con fracción del lote 8 de la manzana B-27, del punto número ocho al uno, para cerrar la figuran mide 100.00 metros y linda con el lote 3 de la manzana B-28 y lote cuatro de la manzana B-28; El juez penal no soslayó que la compra venta fue sobre el cincuenta por ciento del bien vendido, es decir, se puede apreciar que el otro cincuenta por ciento no fue vendido a Fidel Armando Heras Loya; sin embargo, afirmó que quedaba claro que el lugar del que fue despojado el pasivo, fue de donde es propietario, pues tales escrituras datan de dos mil siete, lo cual resulta ser un indicio de posesión, que es el bien jurídico tutelado del hecho delictivo de despojo, y que según la jurisprudencia de rubro: "DESPOJO. EL DELITO DE, TUTELA A MÁS DE LA POSESIÓN, LA PROPIEDAD DE LOS BIENES RAÍCES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)". Si bien es cierto que el delito de despojo tutela la posesión o tenencia sobre los bienes inmuebles, también lo es que dicha figura hace referencia a la propiedad, pues la fracción I del artículo 191 del código punitivo vigente en el Estado establece que comete ese delito quien ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o bien de un derecho real que no le pertenezca, y en esa virtud, debía estimarse que el delito de despojo tutela, de manera fundamental, el derecho de posesión, pero también tutela cualquier otro derecho real, incluido entre éstos el de propiedad. Es así que, acertadamente el juez responsable dedujo que la propiedad también es jurídicamente importante en el hecho delictivo que nos ocupa, pues resulta ser un indicio de posesión sobre el mismo, como sucede en el particular, pues al detentar la propiedad desde hace más de ocho años, y haberse encontrado la víctima laborando en el predio cuando fue amenazado, según se precisó en líneas anteriores, queda claro que ese cincuenta por ciento que compró xxxxxxxxxxxxxxxx, a los vendedores Oscar Rentería Wong y el otro cincuenta por ciento a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxx, resulta ser el cien por ciento de su propiedad y posesión, máxime que se realizó una Pericial en topografía a cargo del Ingeniero xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de la cual nos arroja que los lotes aludidos ambos son propiedad del pasivo, y cuyo rumbos y colindancias hicieron concluir al juez responsable que se encuentran contiguos, es decir, puede deducirse que ambos componen el Rancho Laguna los Compadres, que fue el afecto en el hecho que hoy nos ocupa. 2. En cuanto a la nota distintiva consistente en que el activo ejecute las siguientes conductas: a) Se posesione materialmente de un inmueble ajeno; b) Haga uso de ese; o c) De un derecho real que no le pertenece, el juez penal concluyó que se suscitó la posesión material del inmueble, debido a que, según lo precisaron Fidel Armando Heras y su hijo Abner Heras, al decidir el primero retirarse del Rancho de su propiedad, dejó encargado a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, quien era su empleado, sin embargo éste en su declaración refirió lo siguiente: [.] le encargaron el rancho, posteriormente a los tres días de lo ocurrido volvieron a llegar tres masculinos, no eran los mismos ya que estos eran más jóvenes, nunca antes los había visto, se percató de ellos porque andaba espantando las grullas que se paraban en el trigo y cuando regresó al rancho ya estaban ahí esas tres personas, no supo en que llegaron, pero cuando se arrimó con ellos les preguntó que si quienes eran, uno le contestó que a ellos los llevaban a trabajar ahí a cuidar el rancho y a desocuparlo, y le dijeron que tenía una hora para irse del rancho, por lo que decidió irse del rancho y le avisó a xxxxx, por teléfono quien le dijo que estuviera solo al pendiente y que le diera vueltas, pero el testigo todo lo hacía posterior a que se salió únicamente pasaba por la calle de enfrente del rancho, y se percató que andaban usando las trocas que tenía Fidel, en el rancho, andaban cercas de los pivotes y una de las veces vio que una de las trocas que tenía ahí Fidel siendo marca Dodge, Diésel, color gris con redilas blancas, la usaron para cargar y sacar cosas del rancho vio que sobresalían de las redilas unos tambos vacíos que se ocupan para cargar diésel, mas no vio que había debajo de los tambos, ya que las redilas se usaban para cargar el grano y no había visibilidad de qué cargaban en la parte interior, desde entonces ya no volvió al rancho. Dicha manifestación refirió el juez responsable, guarda total armonía con lo declarado por xxxxxxxxxxxxxxx, persona que fue contratada por xxxxxxxxxxxxx, para laborar en el mismo Rancho y quien en ampliación de declaración refirió: [.] por lo que al estar comiendo se percató de que alguien gritó de afuera, he salte que estás haciendo ahí, así que miró de quien se trataba y miró que había un sujeto masculino de unos treinta años de edad, de tez morena, vaquero, chaparro, traía cachucha era delgado, mismo que traía un garrote en su mano y de manera amenazante les gritó que estás haciendo ahí así mismo les dijo que era el trabajador de dicho rancho, y les pidió que se saliera lo que el testigo le contestó tranquilícese vamos a sacar las maletas, venimos a trabajar al rancho, y en ese momento también miró a una mujer gordita, de tez blanca, pelo quebrado lo traía con rayitos, y quien manifestó ser la esposa de ese hombre, luego esta mujer dijo que iba hablarle a Fidel, así que sacó un celular y le comenzó a hablar a alguien, así que el testigo temeroso no supo qué hacer más que llamarle al rojo y le contó lo sucedido, en eso se percató el señor del garrote que el ateste hablaba por su celular y repentinamente dijo asustado, a quien le estás hablando, y le contestó a un amigo y esta persona asustada volvió a decir quien los sicarios, ahí vienen, luego salió corriendo junto con su esposa y ya no los volvió a ver en ese rancho. Correctamente el juez consideró que tales declaraciones arrojan que dicho inmueble fue ocupado, es decir, posesionado por un grupo de personas que fueron contratadas por xxxxxxxxxxxxxx, según lo declararon xxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxx; además de los ya imputados xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxxx, quienes afirman que fueron contratados por el mencionado para realizar labores propias de un rancho. Y por otro lado, xxxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxx, afirman haber visto a xxxxxxxxxxxxxx, a quien conocen desde antes de los hechos, como licenciado, que es moreno, de estatura baja, y que tiene la frente grande, el segundo refiere que tiene la cabeza grande, y dicen que lo vieron que iba en el vehículo tipo Taurus junto con los cuatro sujetos que agredieron al primero de los declarantes, quien incluso señala que Fausto era el que les decía qué hicieran; tales datos que fueron corroborados de manera indiciaria por el propio testigo xxxxxxxxxxxxxxxx y por el Informe de lesiones que presentó la víctima, el cual demuestra que xxxxxxxxxxxxx, que intervino en ambas acciones, fue quien, utilizando a otras personas se posesionó materialmente del inmueble propiedad de la víctima, satisfaciendo así los supuestos del hecho delictivo de Despojo previsto en el artículo 232 fracción I del Código Penal. VII. Agravante En cuanto a la agravante prevista en el artículo 233 del Código Penal que establece que si el despojo se realiza por dos o más personas, además de las penas señaladas en el artículo 232, se aplicarán a los autores intelectuales y a quienes dirijan la ejecución de uno a seis años de prisión, el juez la analizó en el apartado siguiente relativo a la probable responsabilidad, destacando que Fausto Silva fue un coautor cuando se inició la ejecución del hecho delictivo de extorsión, pues intervino activamente en la ejecución del hecho, que si bien no golpeó a la víctima; sin embargo en su presencia ordenaba que le golpearan y que le amenazaran y fue Fausto Silva, quien ocupo el bien que desalojó la víctima, a través de otras personas que él mismo contrató como más adelante se verá. VIII. La probable intervención El juez consideró que aun cuando en forma sesgada, ya se ha hecho referencia a esta, en la especie, fue acreditada en los términos del artículo 21 fracciones III y IV del Código Penal, ello en cuanto a la conducta que probablemente desplegó xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, esto es, en los hechos del nueve de marzo del presente año, encontramos que se acreditó la calidad de probable Co Autor material del hecho. El juez aclaró la diferencia entre un Autor y un Participe, y dijo que por coautores debemos entender aquellos que se dividen la realización del hecho en términos tales, que disponen del condominio del mismo, cuya consumación deciden en conjunto, porque su contribución es funcional a la ejecución total, de ahí el carácter de funcional al todo de cada uno de las contribuciones separadamente consideradas, y por tanto cada uno de los coautores es corresponsable de la totalidad del hecho, ello requiere de un acuerdo de voluntades, esto desde un aspecto subjetivo y desde un aspecto objetivo, se precisa la prestación de una contribución que sea funcional a la realización del hecho en común, así pues el acuerdo de voluntades es condición necesaria para la figura, acuerdo que incluso se puede dar previo o concomitante al hecho y de manea expresa o incluso tácita, de forma que resulta indispensable que los distintos intervinientes presten a la realización del hecho una contribución que haga funcionar el plan conjunto y de modo que los coautores puedan ejecutar en común la misma acción típica. En tanto que los partícipes refirió el juez que se considera como el que interviene dolosamente en un hecho ajeno sin concurrir a la ejecución de la conducta típica, ni contar con el dominio de ella, pero que realiza actos que revisten un carácter preparatorio o de colaboración anterior a la consumación o bien, ulterior a la misma, es la intervención pues de un hecho ajeno que se encuentra bajo el control de otro y por tanto el participe colabora a la consumación pero no está en condición de decidir sobre aquella, y solo concurre a la realización de la acción típica y antijurídica provocando el dolo de quien ejecuta el hecho cooperando mediante actos anteriores o simultáneos, y por ello conforma la actividad del cómplice, cuya cooperación implica una aportación consiente a la tarea que se sabe y se quiere en común, pues basta un auxilio que facilite o haga más expedita la ejecución del hecho. Y en la especie, el juez penal consideró que según la denuncia de xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx: afirma haber escuchado que un hombre que estaba dentro del carro en los asientos de atrás les decía qué le dijeran a la víctima y les daba órdenes. Se le hizo la voz conocida y cuando volteó vio que era el Licenciado xxxxxxxxxxxxxxxxx, quien es abogado del pueblo de Casas Grandes. Es decir, el pasivo pudo ver que xxxxxxxxxxxxxxxx fue el que dirigió la acción, no solo se le puede considerar intelectual (como lo prevé la fracción II del artículo 21 del Código Penal), como lo refiere el Fiscal, o bien el inductor, cuya figura la prevé la fracción V del artículo 21 del Código Penal, que en la especie es entonces un partícipe, sin embargo en la especie, a consideración de éste juez, se trata de un coautor, en los hechos del nueve de marzo, es decir, cuando se inició la ejecución del hecho delictivo de extorsión, pues, xxxxxxxxxxxxxxx, intervino activamente en la ejecución del hecho, que si bien no golpeó a la víctima; sin embargo, en su presencia ordenaba que le golpearan y que le amenazaran; máxime que evidentemente después de ese hecho, fue precisamente xxxxxxxxxxxxxxxx, quien ocupó el bien que desalojó la víctima, a través de otras personas que él mismo contrató. Es por ello que, puede establecerse sin duda, que la probable conducta, de la cual además precisó xxxxxxxxxxxxxx, que xxxxxxxxxxxxxxxxx intervino, pues asegura: [.] quedó situado casi por enfrente del carro Taurus, pudo observar que iban a bordo otros cuatro sujetos masculinos, alcanzando a ver al conductor a quien portaba una cachucha y atrás de las cejas como para no ser reconocido, así mismo en el asiento trasero observó a los otros tres sujetos, reconociendo a uno de ellos y que iba en medio de ellos, identificándolo como el licenciado xxxxxxxxxxxxxxxxxx, a quien ya había visto anteriormente en el mismo rancho por haber ido a buscar a su padre u que luego de preguntar supo su nombre, además refiere que es el mismo que le tocó ver caminando dentro del edificio de la fiscalía, describiendo su media filiación, como una persona moreno, de estatura baja, complexión robusta, de 20 a 50 años de edad, usa lentes y su frentes es muy pronunciada. [.] Dicha probable conducta se deduce de la presencia de xxxxxxxxxxxxxxxx en el xxxxxxxxxxxxxxxxxx, y que fue quien dirigió el ataque en contra de la víctima para provocar la salida del mismo del Rancho de su propiedad, de ahí que el juez concluyó que su probable intervención en los hechos del nueve de marzo del presente año, son en calidad de Co Autor. Ahora bien, respecto a los hechos del día posterior, que debió ser antes del doce de marzo, pues el testigo de nombre xxxxxxxxxxxxxxxx, refiere que tres días después del nueve de marzo, se encontró con el Rancho ocupado por los trabajadores contratados por xxxxxxxxxxxxxx, y ello da pauta para precisar que en cuanto a los hechos de la ocupación del bien inmueble, xxxxxxxxxxxxxxx detenta una calidad de probable Autor Mediato, según lo precisa la fracción IV del artículo 21 del Código Penal. Lo anterior, refiere el juez penal, porque lo llevó a cabo sirviéndose de otro como instrumento; y se basó para realizar dicha afirmación, en los atestes de xxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxxxx; además de los ya imputados xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxxx, quienes afirman haber sido contratados por Fausto Silva para realizar los trabajos característicos de un Rancho, como vigilar el riego, dar mantenimiento a los vehículos y a la maquinaria, entre otras actividades que describen; y queda claro que xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, se valió de dichas personas como instrumentos para ejecutar el ilícito, sobre todo el hecho delictivo de despojo, pues más que nada, la conducta que probablemente desplegaron fue la de ocupar el inmueble propiedad de xxxxxxxxxxxxxxxx, de ahí que en la especie, existen acreditadas ambas hipótesis de las formas de intervención penal, esto de manera probable, es decir, en calidad de Co Autor y en calidad de Autor mediato, exigencia constitucional mínima dijo la autoridad responsable, para librar una orden de captura; de ahí que la intervención probable quedó configurada, respecto a xxxxxxxxxxxxxxx. IX. Necesidad de la medida Finalmente, el juez al justificar la necesidad de la medida, manifestó que, el fiscal puso de manifiesto que la comparecencia de xxxxxxxxxxxxxxxx ante el Tribunal de Garantía, pudo verse demorada o dificultada, esto en atención a la naturaleza de la conducta desplegada por el activo, ya que la eventual sanción a aplicar puede llegar a ser severa; amén de que según el artículo 86 del Código Penal del Estado en relación con el numeral 70 en su fracción XIV de la Ley de Ejecución en Penas y Medidas Judiciales, en el Estado, el imputado no tendría derecho a gozar de la Condena Condicional, y por lo que, de ser sentenciado, dicha pena, tendría que ser compurgada en prisión, de allí que, por tales circunstancias, pueden provocar que dicha persona a imputar se inhiba de cumplir con las citaciones que el Tribunal le haga, que buscará sustraerse a la acción de la justicia, al ver al ver amenazada su libertad; es por lo que claramente se entiende que la presencia en el proceso de la persona a imputar, puede verse retardada o dificultarse. De lo anteriormente relatado, se obtiene que la orden de aprehensión reclamada satisface las exigencias formales y de fondo contempladas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, por lo que su dictado no resulta violatorio de derechos constitucionales. En efecto, resulta ineficaz el concepto de violación esgrimido por el doliente, respeto a que el acto reclamado contraviene el artículo 14 de la Carta Magna porque no existe juicio previo. Ello es así, pues el numeral citado sólo es aplicable tratándose de actos privativos, entre los cuales no se encuentran comprendidas las órdenes de aprehensión, habida cuenta que, como ya se dijo, éstas constituyen actos de molestia previstos en el cardinal 16 de la Norma Fundamental. Tiene aplicación la jurisprudencia 615, emitida por el entonces único Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible a página 382, tomo II, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación a mil novecientos noventa y cinco, con registro 390484, que establece: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES OBLIGATORIO OBSERVAR LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. La obligación de observar las formalidades esenciales del procedimiento es requisito previo para dictar actos privativos de aquellos a los que se contrae el artículo 14 constitucional, entre los que no se encuentran comprendidas las órdenes de captura, dado que las mismas constituyen actos de molestia a los que se refiere el 16 del mismo ordenamiento. Además, si bien es cierto que todo gobernado goza del derecho de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad, tratándose de una orden de aprehensión los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza no comprenden lo relativo a que previamente se le escuche, sino únicamente, como se expuso con anterioridad, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione cuando menos con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Ilustra lo anterior, la tesis IX.1o.33, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 1824, Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 180566, de rubro y texto siguiente: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Ahora, por lo que respecta a que la resolución reclamada atenta contra lo dispuesto por el artículo 16 constitucional ya que carece de fundamentación y motivación. No asiste razón al amparista, pues no puede afirmarse que el acto reclamado dictado en su contra carezca de fundamentación y motivación. Lo anterior, debido a que el juez natural citó los preceptos que consideró actualizados en cuanto a los delitos que nos ocupa; además, expuso que los hechos delictivos encuadraban en las disposiciones legales que al respecto expresó. También el juzgar del conocimiento estableció los razonamientos mediante los cuales llegó a la conclusión de que las probanzas recabadas en la investigación arrojaron datos que acreditaron el sector material del injusto referido y, de igual manera, precisó los argumentos con los que concluyó que existían datos que hacían probable la responsabilidad de la ahora impetrante en la comisión de tales antisociales. Consecuentemente, ante la ineficacia jurídica de los conceptos de violación, sin que se advierta algún motivo por el cual suplirlos, lo que procede es negar el amparo solicitado. Negativa del amparo que se hace extensiva respecto a los actos de ejecución impetrados al Sub Coordinador Regional de la División de Investigación de Policía Estatal Única, Distrito Galeana, Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte y Fiscal General del Estado, del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, toda vez que los mismos no se combaten por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad el quejoso la hizo depender del acto ordenador. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1, Informe de 1982, Parte II, que corresponde a la Séptima Época, con registro 387679, con el rubro y texto siguiente: AUTORIDAD EJECUTORA, INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO DE LA. Si la inconstitucionalidad del acto que se reclama de la autoridad ejecutora se hace depender de la atribuida al acto de la autoridad ordenadora y no por vicios propios, al negarse la protección y el amparo de la Justicia Federal respecto del acto de la autoridad ordenadora, debe negarse también la protección constitucional por el acto de ejecución. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, contra la orden de aprehensión que reclama del Juez de Garantía del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes Chihuahua, así como la ejecución que endilgó al resto de las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, al tercero interesado y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como, mediante oficio a las autoridades responsables y al representante social adscrito al juzgado de la causa. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, hasta el día de hoy, tres de junio de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de febrero de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, de autos se advierte que al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada contra la Comisión de Delitos Patrimoniales en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, de conformidad con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero interesado, por lo que deberá de emplazársele en términos de ley. Por lo tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia que habría de celebrarse el día de hoy, y se señala para su verificativo las diez horas con veinte minutos del dos de marzo de dos mil dieciséis. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.*lh
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de enero de dos mil dieciséis. Vista la constancia de notificación que antecede, de la que se desprende que el día de hoy, fue emplazado el tercero interesado ***************, por conducto de su defensor particular. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre únicamente como constancia el oficio signado por el Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del Estado de Chihuahua, toda vez que como se advierte del párrafo que antecede, el referido tercero interesado ***************, fue debidamente emplazado al presente juicio de amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ***************, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de dieciséis de diciembre de dos mil quince, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.*lh
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