Fausto Martin Ruiz Dominguez

Expediente 309/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
309/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
23/05/2018

Partes del expediente

  • Fausto Martin Ruiz Dominguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    HA CAUSADO EJECUTORIA RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL Y SE ORDENA ARCHIVO...

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas con veinte minutos del tres de mayo de dos mil dieciocho, hora y día programados para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, ante James Ronald Arriola Aguirre, secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, declara abierta la audiencia sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el Secretario hace una relación de las constancias del sumario, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda e informes justificados. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias. Abierto el período de pruebas, el Secretario certifica que la autoridad responsable Juez Primero de Ejecución de Sanciones, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado presentó pruebas documentales, las cuales obran agregadas en autos. El Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas relacionadas en la certificación que antecede. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el Secretario certifica que las partes no formularon alegatos, ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la certificación que antecede. Con lo anterior, se concluye la audiencia y se levanta la presente acta para constancia, procediéndose a dictar resolución en los términos siguientes: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 309/2018, promovido por Fausto Martín Ruiz Domínguez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Por escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, turnado a este órgano constitucional el mismo día, Fausto Martín Ruiz Domínguez, promovió juicio de amparo indirecto contra de actos del Juez Primero de Ejecución de Sanciones, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, que hizo consistir en la resolución de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (uno de febrero de dos mil dieciocho, como erróneamente refiere el quejoso), dictada dentro del expediente de ejecución de penas 432/2017, por la cual se le negó el beneficio de libertad preparatoria solicitado. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. En auto de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, se previno la demanda de amparo; y, por escrito presentado ante este juzgado el ocho de marzo del año en curso, se tuvo por aclarada la demanda y se admitió a trámite; se procedió a su registro con el número 399/2018;se dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito, quien no formuló pedimento alguno; se ordenó emplazar a los terceros interesados y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, es competente para conocer y resolver este asunto, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar cuál es el acto reclamado en este juicio de amparo, a la luz de una interpretación del escrito de demanda en su integridad. Así las cosas, tenemos que el acto reclamado consiste en: - La resolución dictada dentro del expediente de ejecución de penas 432/2017, el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (uno de febrero de dos mil dieciocho, erróneamente señalada por la parte quejosa), dictada por el Juez Primero de Ejecución de Sanciones, con sede en esta ciudad, en la que se negó el beneficio de la libertad preparatoria al quejoso Fausto Martín Ruiz Domínguez. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Agente Fiscal adscrito al Juzgado Primero de Ejecución de Sanciones y Director del Centro de Reinserción Social Hermosillo Uno, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados y el quejoso no aportó prueba alguna que demostrara lo contrario, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, tesis jurisprudencial número 284, consultable en la página 36, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Primero de Ejecución de Sanciones, con sede en esta ciudad, pues así se advierte de su informe con justificación y de las constancias certificadas que integran el incidente no especificado 432/2017, que obran agregadas en el expediente. Documentales a las cuales se les confiere valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia. En apoyo a lo anterior cabe citar la Jurisprudencia, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados deben examinarse las causas de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se advierte alguna causa de improcedencia que deba estudiarse de oficio, ni las partes precisaron la existencia de alguna de ellas. SEXTO. Conceptos de violación. Lo constituyen todos aquellos argumentos que aparecen en el escrito de demanda y no sólo en el capítulo respectivo, por medio de los cuales se expresan los agravios o lesiones que causa el acto reclamado o recurrido, y los motivos que lo originaron; es decir, lo que jurisprudencialmente el Máximo Tribunal de la Nación ha definido como "causa de pedir"; los cuales resulta innecesario transcribir, ya que la Ley de Amparo no obliga al juzgador a realizarla; sin que tal circunstancia se traduzca en una violación a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo, cuenta habida que dichos principios se satisfacen al realizar un estudio completo de la controversia que se plantea por las partes; tal como se sostiene en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente:"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Antecedentes del acto reclamado. De las constancias que acompañó a su informe justificado la autoridad responsable Juez Primero de Ejecución de Sanciones, con sede en esta ciudad, en lo que aquí interesa, se advierte lo siguiente:  El veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal, con sede en esta ciudad, dictó sentencia a Fausto Martín Ruiz Domínguez, en la causa penal 8-083/2014 TER, por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad y lesiones que tardan más de quince días en sanar y no ponen en peligro la vida, el primero de los ilícitos previsto el sancionado en los artículos 5, primer párrafo, 6, fracción I, 11, fracción I, 294 y 295 fracciones II y IV del Código Penal para el Estado de Sonora, el segundo en los artículo 5, primer párrafo, 6, fracción I, 11, fracción I, 242 y 243 fracción II, del Código Penal para el Estado de Sonora, cometidos en perjuicio de Sergio Covarrubias Morales, en la que se les condenó a cinco años, siete meses, diecisiete días de prisión ordinaria.  Decisión que se declaró ejecutoriada por auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, al no haber sido impugnada por las partes.  En este marco, el aquí quejoso Fausto Martín Ruiz Domínguez, mediante escrito presentado ante el Juez Primero de Ejecución de Sanciones, con sede en esta ciudad, el catorce de junio de dos mil diecisiete, solicitó por la vía incidental el beneficio de libertad preparatoria.  El doce de julio de dos mil diecisiete, el Juzgado Primero de Ejecución de Sanciones, radicó el expediente con el número 432/2017 y admitió el incidente respecto al beneficio de libertad preparatoria, solicitando los estudios de personalidad practicados al quejoso, así como el dictamen emitido por el Consejo Técnico Interdisciplinario del centro de reinserción social en donde se encuentra recluido.  Mediante auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, al no haber ofrecido las partes prueba alguna, se citó el expediente para el dictado de resolución.  Finalmente, el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se dictó la resolución definitiva en el expediente de ejecución de penas 432/2017, en la que se negó al quejoso Fausto Martín Ruiz Domínguez, el beneficio de libertad preparatoria. Tal determinación es la que constituye el acto reclamado por el quejoso. OCTAVO. Estudio de fondo. Es infundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso. En efecto, en el caso no se vulneraron los derechos fundamentales del quejoso a que se refieren los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues este Órgano Jurisdiccional al revisar el acto tildado de inconstitucional advierte que no se aplicó retroactivamente ninguna ley en su perjuicio; la resolución reclamada fue emitida por un Tribunal previamente establecido, competente además, conforme a la justificación de ese presupuesto procesal que quedó precisada en el considerando segundo de la resolución reclamada; se siguieron las fases normales del procedimiento judicial de ejecución, además de que se observaron sus formalidades esenciales; no se hizo una aplicación analógica de preceptos, menos de penas, puesto que no se impusieron las mismas ni se modificaron las establecidas en sentencia ejecutoria; y también se satisfacieron los requisitos de fundamentación y motivación, pues al respecto la autoridad responsable citó los preceptos legales que consideró aplicables al caso, tanto de naturaleza sustantiva como adjetiva (fundamentación), a saber; los numerales 18, párrafo segundo y 21 constitucionales, 1, 2, 4, fracción I y V, 7, 12, 13, fracción I y V, 21, 22, 25, 61, 63 y 64 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Estado de Sonora; además, vertió los argumentos jurídicos que dieron sustento a su resolución (motivación); por lo que la resolución reclamada, está suficientemente fundada y motivada como exige el artículo 16 Constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 162, del Tomo XXII, Diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Así como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis de Jurisprudencia número 266, publicada en la página 1239, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, al Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, constitucional 3. Derechos Fundamentales, Primera Parte -SCJN Décima Tercera Sección-, fundamentación y motivación, Materia Común, Séptima Época y Registro, que a la letra señala: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Lo anterior es así, pues del análisis del acto reclamado se advierte que la autoridad responsable determinó que en presente caso no se surten los requisitos establecidos en el artículo 61 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Estado de Sonora, numeral que a la letra dice: Artículo 61. Libertad preparatoria. La libertad preparatoria se podrá otorgar a los internos con sentencia ejecutoriada que satisfagan los requisitos siguientes: I. Que haya cumplido el sesenta por ciento de la pena de prisión impuesta en los delitos dolosos y cincuenta por ciento tratándose de delitos culposos; II. Que del análisis de sus estudios de personalidad, practicados durante su internamiento, haga presumir que se encuentra en condiciones de ser reinsertado a la sociedad de acuerdo al dictamen que emita el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social; III. Que durante el plazo establecido en la resolución del Juez de Ejecución, acredite un modo honesto de vivir; IV. Que haya reparado el daño causado; V. Ser primodelincuente; VI. Que haya participado en las actividades deportivas, educativas, culturales y de trabajo, además de los programas establecidos por la autoridad penitenciaria, asimismo haber observado durante su internamiento buena conducta; y VII. No estar sujeto a otro Proceso Penal en el que se haya decretado medida cautelar de prisión preventiva. De la anterior transcripción, se advierte que la parte quejosa no demostró las exigencias referentes, pues de las constancias que obran en autos no se presume que el peticionario de amparo está socialmente readaptado y en condiciones de no volver a delinquir, virtud a que no se acredita fehacientemente que haya participado en las actividades educativas impartidas en el centro de readaptación social en el que guarda reclusión; asimismo, no cuenta con los cursos y actividades complementarias no escolarizadas, en lo relativo a la capacitación para el trabajo y clínica de desintoxicación (CLIDEX), efecto de que el quejoso obtenga una correcta reinserción social, entonces al no acreditarse tales requisitos, se considera innecesario el análisis de las restantes fracciones, de ahí que no sea inconstitucional la decisión del juez de ejecución responsable. Lo anterior, tiene sustento jurídico en la Tesis 1a. CL/2015 (10a.), de la Décima Época, Registro 2009079, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, mayo de 2015, Tomo I, visible en la página 396, de rubro y texto: "BENEFICIOS PARA LOS SENTENCIADOS. SU OTORGAMIENTO AL ENCONTRARSE CONDICIONADO, NO VULNERA EL ARTÍCULO 18 CONSTITUCIONAL. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que el establecimiento de beneficios preliberacionales por el legislador, tiene una finalidad eminentemente instrumental, es decir, son medios o mecanismos para generar los resultados y fines que el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Federal, prevé para el régimen penitenciario, como son lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Desde esta óptica, es que no deben confundirse los fines del sistema penitenciario con la justificación para la obtención del beneficio de tratamiento preliberacional, puesto que el hecho de que los beneficios sean medios adecuados para incentivar la reinserción, no se sigue que su otorgamiento sea incondicional ni que deban ser considerados un derecho fundamental que asiste a todo sentenciado, ya que si bien el párrafo segundo del artículo 18 constitucional admite la posibilidad de que se otorguen beneficios a quien esté en posibilidad de ser reinsertado, de su texto no se aprecia que exista prohibición dirigida al legislador en el sentido de impedirle condicionar tal otorgamiento; por el contrario, la norma constitucional establece que será la ley secundaria donde se preverán los beneficios acordes al modelo de sistema penitenciario que diseña la Constitución Federal. Por tanto, el que se establezcan condiciones de necesaria concurrencia para el otorgamiento de los beneficios de tratamiento preliberacional, así como el otorgamiento de facultades de apreciación al juez para que, a la luz de los requisitos legales y del caso concreto, otorgue o no dichos beneficios, no resulta contrario al artículo 18 de la Constitución Federal, puesto que sólo denotan la intención del legislador de que ciertas conductas delictivas conlleven tratamiento más riguroso, en aras de proteger los derechos de la sociedad a la paz y a la seguridad sociales.". Lo anterior en razón de que, el beneficio de libertad preparatoria solicitado, consiste en la externación del sentenciado, siempre y cuando haya compurgado una parte significativa de la pena privativa de libertad a la que fue condenado y cumpla además con los supuestos establecidos en el artículo 61 de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Sonora, ya mencionados. Sentado lo anterior, conviene destacar que dentro de las exigencias para obtener el multicitado beneficio, de modo concurrente se encuentra que el sentenciado haya participado en las actividades educativas y programas de capacitación para el trabajo impartidos por el Centro de Reinserción Social Hermosillo Uno, de esta ciudad. Ahora, de las constancias que remitió el Director del Centro de Reinserción Social Hermosillo Uno, de esta ciudad, se advierte que la parte quejosa no acreditó el extremo del requisito previsto en el punto 5 de la transcripción hecha en párrafos que anteceden, pues únicamente obra documental en copia simple del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos, relativa a su educación secundaria, carente de firma autógrafa por parte del titular encargado del área que la expide; y por lo que se refiere a los cursos impartidos dentro del centro, únicamente ha cursado el Programa de Cambio de Actitud Penitenciaria PROCAP, FASE-2, según se advierte de la constancia de actividades y aprovechamientos del quejoso. Por otro lado, de la constancia relativa a la Coordinación del departamento laboral, se advierte que el quejoso no ha realizado ningún curso de capacitación para el trabajo durante su reclusión. En consonancia con lo anterior, se advierte que el régimen penitenciario instaurado en el arábigo 18 Constitucional prevé un tratamiento de carácter progresivo y técnico, aplicado individualmente a los internos con la finalidad de que se reinserten a la sociedad, se funda en los resultados de los estudios e informes del personal técnico de las diversas ciencias y disciplinas pertinentes para la reincorporación social del interno, cuyos representantes integran el Consejo Técnico Interdisciplinario, que a su vez realiza funciones consultivas necesarias para proveer de información al Juzgador para que decida en torno a los beneficios libertarios de los que se habla. De ahí que, por mandato expreso contenido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Sonora, recibida la solicitud del sentenciado que esté compurgando una pena privativa de libertad para que se le otorgue la libertad preparatoria, el Juzgador deberá pedir los informes a la autoridad ejecutiva del reclusorio en el que el sentenciado permanezca interno. De esa manera, los resultados de las consultas realizadas al citado Consejo Técnico sin duda tienen carácter preponderante para que la autoridad judicial esté en aptitud de establecer si un sentenciado está o no en situación de obtener el beneficio de libertad anticipada (libertad preparatoria), pues al menos en principio, las conclusiones a las que arriban los expertos que integran ese cuerpo consultivo, se encuentran revestidas de una presunción de legalidad y, por lo tanto, de peso convictivo determinante. No obstante lo anterior, del análisis de los arábigos 61, 62 y 63 de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad, se advierte que el juez de ejecución valorará en su conjunto todos los informes y conclusiones recabados; empero, el sentenciado se encuentra en aptitud de acompañar los certificados y demás pruebas que tuviere, además de que los informes que rinda la autoridad ejecutora no serán obstáculo para que se obtengan los datos necesarios por cualquier otro medio; pues ello se explica en mérito del derecho de defensa que asiste al sentenciado para acreditar que, como lo pretende, se encuentra en aptitud de acceder a un beneficio libertario. En el orden de ideas planteado, no obstante que la legislación instrumental establece un marco mínimo de constancias que la autoridad judicial debe recabar para formar tanto el expediente de ejecución como el incidente de libertad preparatoria, este juzgador considera que corresponde al actor incidental la carga de la prueba para establecer que cumple con los requisitos condicionantes para el otorgamiento de ese y otros beneficios libertarios en ejecución de sentencia; cuanto más si -como en el caso- los informes le son adversos, pues entonces corresponde a esa parte procesal el desvirtuar la presunción de legalidad y el peso convictivo que revisten tales elementos técnicos. Así las cosas, si la obtención del beneficio de libertad preparatoria precisa para su procedencia que el sentenciado haya participado en las actividades educativas y programas de capacitación para el trabajo impartidos por el centro de reclusión, es palmario que dicha demostración no es factible de establecerse a priori, pues en ese caso no existiría motivo para que el legislador hubiese previsto la necesidad del acreditamiento positivo de tal requisito. Es decir, al sentenciado le corresponde la carga probatoria para sustentar mediante las pruebas correspondientes que ha cursado los niveles educativos impartidos por el centro de reinserción social en el que guarda reclusión, así como los programas de capacitación para el trabajo, a saber, exhibir su certificado original, o bien, constancia otorgada por autoridad competente y, así acreditar que se encuentra en aptitud der ser incorporado a la sociedad. En ese contexto, la concesión del aludido beneficio no es un derecho ineludible del sentenciado, sino que se trata de una facultad reglada del Estado, que atiende a fines de política criminal, los cuales deben ser sopesados con los fines de prevención especial de la pena, mediante elementos objetivos que permitan avalar que en el caso resulta conveniente prescindir de la aplicación de la reclusión respecto de determinado sentenciado, lo que en el caso no acontece ante la noticia certera de que durante la ejecución de la sentencia el sentenciado no se ha incorporado a los programas de capacitación para el trabajo. Ahora, si se pretendía acreditar los requisitos previstos en el artículo 61 de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Sonora, se debió aportar al incidente, las pruebas que acreditaran que efectivamente el interno cursó los niveles educativos impartidos por el Centro de Reinserción Social Hermosillo Uno, pues los informes requeridos por la autoridad responsable, no serán obstáculo para que se obtengan los datos necesarios por cualquier otro medio, es decir, habla del impulso de las partes, que tiene que ver con los extremos que deben agotar a fin de que se resuelva de manera integral por parte del juzgador, de tal suerte que si se estiman suficientes los informes relativos para pronunciarse sobre la petición, no impone obligación al Juez de recabar otros datos, sino entonces, existe la posibilidad para que las partes impulsen en vista del resultado de los informes. En adición, se advierte que en el incidente de origen, no se aportaron pruebas que -con independencia del multimencionado informe enviado por el Director del Centro de Reinserción Social Hermosillo Uno, de esta ciudad, pues se advierte que durante la substanciación de la incidencia planteada, fue legalmente asistido por su defensor particular licenciado Gilberto Hernández Sandoval. Cabe acotar que no vulnera los derechos humanos y garantías del quejoso, ni constituye una violación a las leyes del procedimiento, que el juez responsable recabe incluso oficiosamente informe de la autoridad carcelaria, pues sin soslayar que el derecho de defensa es de naturaleza preponderante, tampoco es absoluto, por lo que el Juez ciertamente está obligado a conducirse conforme a los lineamientos que la ley establece al respecto, como son otorgar oportunidad a las partes procesales para realizar la aportación de los medios convictivos, así como a propiciar las condiciones para lograr su desahogo, ello dentro de un parámetro razonable. De modo que tratándose de un medio convictivo como el que nos ocupa, adicional a las constancias que la normatividad exige, y que tiene por objeto allanar un requisito procesal para obtener determinado beneficio o sustitutivo penal, es claro que la carga procesal relativa corresponde a la parte oferente, quien puede optar entre efectuar las gestiones pertinentes o abstenerse de ello, mientras que el Juzgador actúa como simple rector del proceso. En diverso tenor, no obstante que es legal la resolución del Juez responsable en el sentido de que en el incidente de origen no se cumplieron los requisitos legales para la obtención del beneficio libertario solicitado por el quejoso, es importante clarificar que se encuentran a salvo sus derechos para, en su oportunidad, promover lo correspondiente en términos de los artículos 61 y 62 de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Sonora, condiciones bajo las cuales esa parte procesal se encuentra en aptitud de aportar las constancias que considere oportunas para que en la vía incidental se elucide lo propio, perspectiva bajo la cual, tampoco existe vulneración de sus derechos fundamentales. Por lo que, el Juez Primero de Ejecución de Sanciones, de esta ciudad, no trastocó los derechos fundamentales del quejoso al apreciar lo informado por el Director del Centro de Reinserción Social Hermosillo Uno, sobre todo porque la legalidad de la actuación por parte de la autoridad administrativa, no se encontraba sujeta a la revisión de la judicatura, de tal manera que los informes relativos eran aptos para que el Juez responsable se pronunciara respecto de la petición de libertad anticipada, pues se insiste, el aquí quejoso, no obstante teniendo la oportunidad procesal de controvertirlos, no lo hizo, pues en el incidente sólo debía justificarse su existencia o no con base a los informes, porque su legalidad no está sujeta a la potestad de la instancia judicial. De ahí que este juzgador advierte que la autoridad responsable realizó una legal valoración y ponderación del material probatorio que obra en autos, que dio como resultado el incumplimiento de la mencionada exigencia a fin de conceder la libertad anticipada solicitada, que impacta en la reinserción del individuo a la sociedad; luego asiste razón a la autoridad responsable en negar la concesión de tal beneficio. Por consiguiente, al resultar infundado el concepto de violación que expone el quejoso, y sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal solicitada por Fausto Martín Ruiz Domínguez. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 309/2018, promovido por Fausto Martín Ruiz Domínguez, contra los actos precisados en el considerando segundo, de las autoridades mencionadas y por las razones expuestas en el considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege, a Fausto Martín Ruiz Domínguez, contra el acto del Juez Primero de Ejecución de Sanciones, de esta ciudad, consistente en la resolución incidental de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora y firma ante James Ronald Arriola Aguirre, secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SE SEÑALAN LAS ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, PARA SU CELEBRACIÓN...

  4. Principal

    "Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito presentado por el autorizado legal de la parte quejosa Gilberto Hernández Sandoval, por el cual en cumplimiento a lo requerido mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, refiere como domicilio particular donde pueden ser emplazados los terceros interesados Sergio Covarrubias Morales y Toribio Martín Torres Valenzuela, el ubicado en calle Santa Mónica número 81, del Fraccionamiento Los Ángeles en esta ciudad. En consecuencia, se comisiona al actuario de la adscripción, para efecto de que se constituya en el domicilio indicado y, con copia del escrito inicial de demanda, auto de admisión y del presente proveído, emplace a juicio a los referidos terceros interesados; asimismo, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, los requiera para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días siguientes, señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibidos que de no hacerlo así, las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal, les surtirán efectos por lista, en términos de los artículos 27, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. De igual manera, haga del conocimiento de la parte tercero interesada que se encuentran señaladas las diez horas con cuarenta minutos del cinco de abril de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio..."

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · 9,271 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano