Fausto Leal Maya

Expediente 683/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
683/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
07/07/2016

Partes del expediente

  • Fausto Leal Maya

Actuaciones

  1. Principal

    ...SE DECLARA QUE EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE DESECHO LA DEMANDA DE AMPARO HA CAUSADO ESTADO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.HÁGANSE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO RESPECTIVO. ANTE ELLO, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONLUIDO. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Pachuca, Hidalgo, diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Fausto Leal Maya, contra acto del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimapán, Hidalgo, consistente en: ? Resolución interlocutoria de uno de junio de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 514/2011, relativo al procedimiento de divorcio unilateral promovido por Silvia Reynoso Oropeza, en contra del quejoso, mediante la cual se aprobó la planilla de liquidación de pensiones alimenticias a que éste fue condenado. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, bajo el número 683/2016-3. Al respecto, se provee: Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, el juez de distrito examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto e indudable de la causa de improcedencia debe entenderse como aquella circunstancia que se advierte de primera mano, claramente y sin mayor raciocinio, por lo que se genera la certeza de que aun superadas las exigencias probatorias en el juicio de amparo, la causa de improcedencia pervive porque no puede ser desvirtuada. Sirve de apoyo, por identidad de sustancia jurídica, la jurisprudencia I.1º.A. J/4 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Los extremos apuntados se actualizan en el caso de nuestra atención, porque este juzgador considera que este juicio es improcedente contra el acto que se señala como reclamado, porque el quejoso omitió observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en tanto que no agotó el remedio procesal que la ley prevé en relación al acto reclamado en contra de una resolución interlocutoria de liquidación de pensiones alimenticias. En efecto, conforme al artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de la materia , el juicio de amparo biinstancial es procedente contra actos de tribunales jurisdiccionales emitidos dentro de juicio, fuera de él o después de concluido, siempre y cuando el quejoso haya observado el principio de definitividad; es decir, que haya agotado previamente todos los recursos o medios de defensa previstos en las leyes que rigen al acto reclamado y que tengan por objeto su revocación, modificación o nulificación. No obstante, esa obligación no es exigible cuando la parte quejosa se ostenta como persona extraña a juicio típica o por equiparación, siempre y cuando no haya tenido la oportunidad de hacer valer los recursos o medios de defensa que la ley secundaria pone a su alcance para lograr su intervención en el procedimiento, por haberse dictado la resolución definitiva, pues en caso contrario, se entiende que el afectado se encuentra en posibilidad de acudir ante la potestad común a interponer o promover los medios de defensa que la ley que rige el acto pone a su disposición. Ahora bien, en la especie el quejoso acude a esta instancia constitucional a impugnar la resolución interlocutoria de uno de junio de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 514/2011, relativo al procedimiento de divorcio unilateral promovido por Silvia Reynoso Oropeza, mediante la cual se aprobó la planilla de liquidación de pensiones alimenticias a que fue condenado el quejoso. Por ende, el quejoso es parte en sentido material dentro del procedimiento de origen y está vinculado a éste, lo que significa que no está exento de cumplir con el principio de definitividad. Ante esas circunstancias, resulta evidente que el quejoso, por ser parte en el controvertido de origen, se encuentra obligado a agotar los recursos o medios de defensa que el Código de Procedimientos Familiares le ofrece para defender sus intereses, si considera que se cometieron irregularidades en su contra; pues no debe soslayarse que el juicio de amparo, como medio de defensa metaprocesal únicamente procederá como último remedio de las violaciones cometidas en contra de alguna persona que figure como parte dentro de un procedimiento, es decir, cuando ya no exista ningún recurso ordinario que brinde la posibilidad de reparar el agravio. En ese tenor, este juzgador federal estima que si de lo que se duele el solicitante del amparo es de la resolución interlocutoria de liquidación de pensiones alimenticias, entonces, antes de acudir a la tutela constitucional a impugnar dicho acto de autoridad debió agotar el recurso de queja que el artículo 290 del Código de Procedimientos Familiares prevé contra actos de esa naturaleza. Esto, porque el recurso aludido tiene como finalidad que, en caso de ser fundado, se revoque la resolución interlocutoria de liquidación, pues la procedencia de ese medio extraordinario de defensa es expresa. Incluso, su procedencia se reitera en el artículo 417, fracción II, de la misma codificación , que establece como supuesto de procedencia de la queja las resoluciones interlocutorias dictadas en ejecución de sentencia. Por tanto, se reitera, si en el caso a estudio el quejoso es parte en sentido material en el procedimiento de origen, es inconcuso que estuvo en posibilidad de acudir ante la potestad común a impugnar las irregularidades que aseguran se cometieron en su contra, mediante el recurso de queja. En esa tesitura, al contener la ley que rige los actos reclamados un medio de impugnación que puede subsanar las irregularidades que se asegura fueron cometidas por la autoridad responsable, el mismo debió ser ejercido por el peticionario del amparo, en acatamiento al principio de definitividad, y si no lo hizo así su omisión genera la improcedencia del presente juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que no es optativo para el gobernado cumplir o no con dicho principio, máxime que como se analizó, no se está en presencia de la hipótesis de excepción que contempla dicho numeral. Apoya esta determinación, la jurisprudencia I.6o.C.J/37 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Por lo tanto, lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia a que se hizo alusión en este acuerdo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Por otra parte, se tiene como domicilio de su parte el que indica en su escrito de mérito y como autorizados para su recepción a las personas que refiere. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. Notifíquese.

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