Fausto José Hernández Barbosa
Expediente 365/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 365/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 17/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Fausto José Hernández Barbosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
PRAL 365/2023 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. 1. Sobre devuelto. Agréguese el sobre cerrado que devuelve el servicio de mensajería acelerada Estafeta, que contiene el oficio 13746/2023, dirigido al juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca, en el cual se transcribió la sentencia de nueve de junio de dos mil veintitrés. 2. Se reexpide oficio. A fin de que la autoridad tenga conocimiento de la sentencia mencionada, reexpídase el oficio 13746/2023 por conducto del Servicio Postal Mexicano, esto es, por correo en pieza certificada con acuse de recibo, de conformidad con lo establecido en el numeral 28, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, con las facultades derivadas de la interpretación del numeral 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/3773/2023, de la misma fecha; y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. SE INSERTA OFICIO 13746/2023 EN CUMPLIMENTO A LO ORDENADO ANTERIORMENTE: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En el juicio de amparo indirecto 365/2023, promovido por *****, contra actos de usted, en esta fecha se dictó la sentencia siguiente: ".Sentencia: Visto para resolver el juicio de amparo número 365/2023; y RESULTANDO Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el doce de abril de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, registrada en dicha Oficina y turnada en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, *****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca y otras autoridades. La parte quejosa narró los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado; invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. En acuerdo de trece de abril de dos mil veintitrés se radicó la demanda de amparo bajo el registro 365/2023, se admitió a trámite; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado. Tercero. Requerimiento de ampliación de demanda. En acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en atención al informe justificado del juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca, por el que señaló que el quejoso no era parte en el juicio ejecutivo mercantil *****, pero si en un diverso juicio ejecutivo mercantil *****, del índice de dicho juzgado, se requirió al quejoso la ampliación de su demanda. En proveído de siete de junio del año en curso se tuvo por no ampliada su demanda de amparo y se hizo efectivo el apercibimiento con el que se le conminó al requerirle su ampliación, esto es, se precisó que este órgano jurisdiccional resolvería este juicio en la forma planteada en la demanda de amparo. Cuarto. Cita para audiencia. En proveído de diez de mayo de dos mil veintitrés se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos que anteceden; y, CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza civil, y el acto de ejecución se reclama a autoridades residentes en el lugar en los que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Ahora, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo y demás constancias que integran el juicio, se desprende que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: Ordenadoras: I. Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca. a) El auto de radicación dictado en el juicio ejecutivo mercantil *****, de su índice, en el que emitió auto de mandamiento en forma. II. Juez Civil Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca. b) La orden que emitió de comisionar al ejecutor y/o actuario para notificar el auto de radicación emitido en el juicio ejecutivo mercantil *****, así como requiriera de pago y embargara bienes. Ejecutoras: III. Ejecutor y/o notificador del Juzgado Primero Civil de Huajuapan de León, Oaxaca. c) La ejecución de la orden de embargo contenida en el citado auto de radicación, emitido en el juicio ejecutivo mercantil *****, del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades 1) juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca y 2) actuario adscrito a dicho Juzgado, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia del acto que se les reclama. Sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe esas negativas. Además, informaron que no diligenciaron actos del juicio ejecutivo mercantil *****, del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca y que dicho juzgado de distrito remitió a dicho juzgado civil despacho pero derivado del diverso juicio ejecutivo mercantil *****, mismo que no fue diligenciado porque el traslado a las partes fue remitido de manera incompleta y no se especificó si se tenía que realizar a una personas o a dos el emplazamiento; por ello, se devolvió al Juzgado de Distrito. En esas condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados, procede sobreseer en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El 3) juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, al rendir informe justificado, negó la existencia del acto que le atribuye el quejoso. Asimismo, manifestó y acreditó que en su juzgado sí existe el juicio ejecutivo mercantil *****, de su índice, en el que emitió auto de radicación con mandamiento en forma o auto de exequendo, pero el quejoso ***** no es parte procesal en dicho juicio. Por tanto, al existir el citado juicio ejecutivo, se desvirtúa la negativa y se tiene por cierto el acto reclamado. Quinto. Causa de improcedencia. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De oficio, se advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5°, fracción I, de la ley reglamentaria invocada, toda vez que esta vía constitucional procede solamente contra aquellos que demuestren tener interés jurídico o legítimo, lo cual no sucede en el caso. Se transcriben los artículos mencionados a continuación: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ---- (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Conforme a esos preceptos legales, para la procedencia de la acción constitucional se requiere, como condición previa, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandado el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye la legitimación exigida por la Carta Magna y la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Es por ello que el ejercicio de la acción restitutoria de derechos fundamentales está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley, que lo legitima a instar la acción constitucional. Falta de interés legítimo y jurídico. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, como requisitos para promover el juicio de amparo indirecto, se pronunció en el sentido de que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo . Así, el gobernado en el juicio de amparo debe demostrar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Para demostrar tal extremo se requiere que se acredite la existencia conjunta de varios elementos: a) Una persona determinada (principio de instancia de parte). b) Un derecho legítimo de ésta. c) El señalamiento indudable de ese derecho (legitimación). d) Un acto de autoridad (principio de procedencia del juicio de amparo); y e) La afectación del citado derecho, de manera personal y directa, con ese acto. En este último aspecto, se invoca en apoyo la tesis de datos de localización, texto y rubro siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2012855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: II.1o.23 K (10a.) Página: 2942 INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. De la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo se obtiene que el quejoso es quien aduce ser titular de algún derecho subjetivo o interés legítimo (individual o colectivo) y, a su vez, plantea que alguna norma de observancia general, acto u omisión conculca algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por México en la materia, a condición de que se trate, desde luego, de alguna afectación real y actual en su esfera jurídica, sea de manera directa o indirecta con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, el concepto de interés legítimo, como medida para acceder al juicio de amparo (tanto en lo individual como en lo colectivo), se satisface cuando el quejoso alega ser titular de algún derecho subjetivo (en sentido amplio) y reclama normas, actos u omisiones autoritarios que afectan a su esfera jurídica, directa o indirectamente. Es decir, para justificar el interés legítimo tratándose del reclamo de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales jurisdiccionales, no se requiere del acreditamiento de alguna afectación personal y directa (lo cual se conoce tradicionalmente como interés jurídico), sino que basta con cierta afectación real y actual, aun de manera indirecta, según la situación especial del gobernado frente al orden jurídico. Sin embargo ¿cuál es la razón por la cual el surtimiento del interés legítimo (tratándose de la impugnación de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales) se requiere acreditar, necesariamente, que la materia reclamada produzca alguna afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso? La razón estriba en que, por un lado, el juicio de amparo es improcedente contra actos inexistentes, futuros o de realización incierta y, por otro, porque aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo, no basta con tener un interés simple para acudir al amparo, por ser condición necesaria demostrar, objetivamente, alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica del quejoso, en tanto que si no es cierta, real y actual, el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad que es ajeno al objeto y fin del amparo, porque en éste se requiere acreditar, forzosamente, la afectación jurídica en función de la existencia de la materia reclamada, a causa de la cual se plantee el perjuicio cierto, real y actual en la esfera de derecho. En efecto, para la procedencia del juicio de amparo, el interés simple o jurídicamente irrelevante es el que se puede tener acerca de lo dispuesto en alguna norma, actuación u omisión reclamable en amparo, pero que en realidad no afecta a la esfera jurídica o alguna situación especial del particular frente al orden jurídico cuestionado. De ahí que contra normas, actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, si bien no exige la existencia de algún agravio personal y directo, sí es condición el acreditamiento de cierta afectación real y actual en la esfera jurídica de quien lo promueve, aunque sea indirecta". Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la reforma al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aparte de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo; así como que, no obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, pues el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido . En la especie, la parte quejosa reclama al juez de Distrito en Materia Mercantil en el Estado de Oaxaca, con residencia en este Municipio: -Auto de radicación dictado en el juicio ejecutivo mercantil *****, de su índice, en el que emitió auto de mandamiento en forma. Por tanto, como el acto reclamado proviene de un órgano jurisdiccional, la parte quejosa debe demostrar su interés jurídico, esto es, acreditar ser titular del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecte ese derecho de donde deriva el agravio correspondiente. Ahora, de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil *****, que remitió el juez responsable en apoyo a su informe justificado, se advierten los siguientes: Antecedentes. -En auto de once de enero de dos mil veintitrés, el juez de Distrito en Materia Mercantil en el Estado de Oaxaca, con residencia en este Municipio, admitió a trámite demanda en la vía ejecutiva mercantil promovida por *****o ***** ***** contra *****, la cual registró con el número *****, de su índice, el cual se encuentra en trámite. De lo anterior se advierte que el quejoso no es parte en el citado juicio ejecutivo mercantil, por ello, los actos ahí emitidos no fueron dictados contra el quejoso *****, sino contra *****, en su calidad de demandado; de ahí que los actos que reclama el quejoso al juez responsable no afectan el interés jurídico del aquí quejoso. Es aplicable, la jurisprudencia del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." (Jurisprudencia: P/J. 23/2014 (10ª), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Página: 206, Libro 5 - Abril de 2014 - Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época ). Así también, la diversa: "AMPARO IMPROCEDENTE, CUANDO EL QUEJOSO NO ES PARTE EN EL JUICIO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si de las constancias de autos se aprecia que el quejoso no fue parte en el juicio del que deriva la sentencia reclamada, es evidente que ésta no afecta su interés jurídico y, por lo mismo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. A esto debe agregarse que de conformidad con el artículo 4°. del mismo ordenamiento legal, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo aquel a quien perjudica el acto reclamado, por lo que, en tal caso, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 4o., ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." (Tesis II.2°. CT. 20 K, del entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 648, Tomo VI - Septiembre de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). Por tanto, si el aquí quejoso no es parte dentro del juicio natural y no demostró la afectación que dice le irrogan los actos reclamados; se actualiza la causal de improcedencia analizada, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a sobreseer en el juicio. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación Por lo expuesto y fundado, además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por *****, contra los actos reclamados a las autoridades 1) juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, 2) juez Civil Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca y 3) ejecutor y/o notificador del Juzgado Primero Civil de Huajuapan de León, Oaxaca; precisados en el considerando segundo, en términos del diverso cuarto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe." .Dos firmas ilegibles. Rubricas.
- Principal
PRAL 365/2023 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. 1° Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de nueve de junio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en este juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho. 2° Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3° Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades responsables y agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 872 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4° Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 5° Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 20 y 23 de este último Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6° Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 20 fracción I y 23 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible, por lo cual será conservado durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, el órgano jurisdiccional, una vez al año, y previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7° Instrucción (certificación). En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verificara que en el expediente electrónico fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. 8° Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es DESTRUIBLE. 9° Incidente de suspensión. Como este asunto se tramitó con incidente de suspensión, en razón de la firmeza de la sentencia de amparo, provéase lo correspondiente en esa pieza incidental. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
INC 365/2023 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. 1° Estado de autos. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, mediante proveído dictado en esta fecha, en el juicio de amparo principal del que deriva este incidente, causó ejecutoria la sentencia dictada y se ordenó su archivo; de modo que es procedente ordenar lo relativo al archivo de este incidente de suspensión. Por tanto, se provee: 2° Archivo. Ante ello, como en este incidente de suspensión y en la caja de valores no existe asunto pendiente por diligenciar, ni documentos originales exhibidos por las partes, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 3° Destino (destruible). Y por haberse negado la suspensión definitiva, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el cuaderno de este expediente incidental será DESTRUIBLE una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha de este acuerdo, una vez destruido, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4° Instrucción a Secretaría. Se instruye a la secretaria que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula del expediente incidental obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y b) que en el expediente electrónico se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 365/2023 MESA 4* AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En el juicio de amparo indirecto 365/2023, promovido por *****, contra actos de usted, en esta fecha se dictó la sentencia siguiente: ".Sentencia: Visto para resolver el juicio de amparo número 365/2023; y RESULTANDO Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el doce de abril de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, registrada en dicha Oficina y turnada en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, *****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca y otras autoridades. La parte quejosa narró los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado; invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. En acuerdo de trece de abril de dos mil veintitrés se radicó la demanda de amparo bajo el registro 365/2023, se admitió a trámite; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado. Tercero. Requerimiento de ampliación de demanda. En acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en atención al informe justificado del juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca, por el que señaló que el quejoso no era parte en el juicio ejecutivo mercantil *****, pero si en un diverso juicio ejecutivo mercantil *****, del índice de dicho juzgado, se requirió al quejoso la ampliación de su demanda. En proveído de siete de junio del año en curso se tuvo por no ampliada su demanda de amparo y se hizo efectivo el apercibimiento con el que se le conminó al requerirle su ampliación, esto es, se precisó que este órgano jurisdiccional resolvería este juicio en la forma planteada en la demanda de amparo. Cuarto. Cita para audiencia. En proveído de diez de mayo de dos mil veintitrés se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos que anteceden; y, CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza civil, y el acto de ejecución se reclama a autoridades residentes en el lugar en los que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Ahora, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo y demás constancias que integran el juicio, se desprende que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: Ordenadoras: I. Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca. a) El auto de radicación dictado en el juicio ejecutivo mercantil *****, de su índice, en el que emitió auto de mandamiento en forma. II. Juez Civil Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca. b) La orden que emitió de comisionar al ejecutor y/o actuario para notificar el auto de radicación emitido en el juicio ejecutivo mercantil *****, así como requiriera de pago y embargara bienes. Ejecutoras: III. Ejecutor y/o notificador del Juzgado Primero Civil de Huajuapan de León, Oaxaca. c) La ejecución de la orden de embargo contenida en el citado auto de radicación, emitido en el juicio ejecutivo mercantil *****, del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades 1) juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca y 2) actuario adscrito a dicho Juzgado, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia del acto que se les reclama. Sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe esas negativas. Además, informaron que no diligenciaron actos del juicio ejecutivo mercantil *****, del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca y que dicho juzgado de distrito remitió a dicho juzgado civil despacho pero derivado del diverso juicio ejecutivo mercantil *****, mismo que no fue diligenciado porque el traslado a las partes fue remitido de manera incompleta y no se especificó si se tenía que realizar a una personas o a dos el emplazamiento; por ello, se devolvió al Juzgado de Distrito. En esas condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados, procede sobreseer en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El 3) juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, al rendir informe justificado, negó la existencia del acto que le atribuye el quejoso. Asimismo, manifestó y acreditó que en su juzgado sí existe el juicio ejecutivo mercantil *****, de su índice, en el que emitió auto de radicación con mandamiento en forma o auto de exequendo, pero el quejoso ***** no es parte procesal en dicho juicio. Por tanto, al existir el citado juicio ejecutivo, se desvirtúa la negativa y se tiene por cierto el acto reclamado. Quinto. Causa de improcedencia. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De oficio, se advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5°, fracción I, de la ley reglamentaria invocada, toda vez que esta vía constitucional procede solamente contra aquellos que demuestren tener interés jurídico o legítimo, lo cual no sucede en el caso. Se transcriben los artículos mencionados a continuación: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ---- (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Conforme a esos preceptos legales, para la procedencia de la acción constitucional se requiere, como condición previa, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandado el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye la legitimación exigida por la Carta Magna y la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Es por ello que el ejercicio de la acción restitutoria de derechos fundamentales está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley, que lo legitima a instar la acción constitucional. Falta de interés legítimo y jurídico. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, como requisitos para promover el juicio de amparo indirecto, se pronunció en el sentido de que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo . Así, el gobernado en el juicio de amparo debe demostrar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Para demostrar tal extremo se requiere que se acredite la existencia conjunta de varios elementos: a) Una persona determinada (principio de instancia de parte). b) Un derecho legítimo de ésta. c) El señalamiento indudable de ese derecho (legitimación). d) Un acto de autoridad (principio de procedencia del juicio de amparo); y e) La afectación del citado derecho, de manera personal y directa, con ese acto. En este último aspecto, se invoca en apoyo la tesis de datos de localización, texto y rubro siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2012855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: II.1o.23 K (10a.) Página: 2942 INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. De la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo se obtiene que el quejoso es quien aduce ser titular de algún derecho subjetivo o interés legítimo (individual o colectivo) y, a su vez, plantea que alguna norma de observancia general, acto u omisión conculca algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por México en la materia, a condición de que se trate, desde luego, de alguna afectación real y actual en su esfera jurídica, sea de manera directa o indirecta con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, el concepto de interés legítimo, como medida para acceder al juicio de amparo (tanto en lo individual como en lo colectivo), se satisface cuando el quejoso alega ser titular de algún derecho subjetivo (en sentido amplio) y reclama normas, actos u omisiones autoritarios que afectan a su esfera jurídica, directa o indirectamente. Es decir, para justificar el interés legítimo tratándose del reclamo de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales jurisdiccionales, no se requiere del acreditamiento de alguna afectación personal y directa (lo cual se conoce tradicionalmente como interés jurídico), sino que basta con cierta afectación real y actual, aun de manera indirecta, según la situación especial del gobernado frente al orden jurídico. Sin embargo ¿cuál es la razón por la cual el surtimiento del interés legítimo (tratándose de la impugnación de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales) se requiere acreditar, necesariamente, que la materia reclamada produzca alguna afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso? La razón estriba en que, por un lado, el juicio de amparo es improcedente contra actos inexistentes, futuros o de realización incierta y, por otro, porque aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo, no basta con tener un interés simple para acudir al amparo, por ser condición necesaria demostrar, objetivamente, alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica del quejoso, en tanto que si no es cierta, real y actual, el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad que es ajeno al objeto y fin del amparo, porque en éste se requiere acreditar, forzosamente, la afectación jurídica en función de la existencia de la materia reclamada, a causa de la cual se plantee el perjuicio cierto, real y actual en la esfera de derecho. En efecto, para la procedencia del juicio de amparo, el interés simple o jurídicamente irrelevante es el que se puede tener acerca de lo dispuesto en alguna norma, actuación u omisión reclamable en amparo, pero que en realidad no afecta a la esfera jurídica o alguna situación especial del particular frente al orden jurídico cuestionado. De ahí que contra normas, actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, si bien no exige la existencia de algún agravio personal y directo, sí es condición el acreditamiento de cierta afectación real y actual en la esfera jurídica de quien lo promueve, aunque sea indirecta". Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la reforma al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aparte de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo; así como que, no obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, pues el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido . En la especie, la parte quejosa reclama al juez de Distrito en Materia Mercantil en el Estado de Oaxaca, con residencia en este Municipio: -Auto de radicación dictado en el juicio ejecutivo mercantil *****, de su índice, en el que emitió auto de mandamiento en forma. Por tanto, como el acto reclamado proviene de un órgano jurisdiccional, la parte quejosa debe demostrar su interés jurídico, esto es, acreditar ser titular del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecte ese derecho de donde deriva el agravio correspondiente. Ahora, de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil *****, que remitió el juez responsable en apoyo a su informe justificado, se advierten los siguientes: Antecedentes. -En auto de once de enero de dos mil veintitrés, el juez de Distrito en Materia Mercantil en el Estado de Oaxaca, con residencia en este Municipio, admitió a trámite demanda en la vía ejecutiva mercantil promovida por *****o ***** ***** contra *****, la cual registró con el número *****, de su índice, el cual se encuentra en trámite. De lo anterior se advierte que el quejoso no es parte en el citado juicio ejecutivo mercantil, por ello, los actos ahí emitidos no fueron dictados contra el quejoso *****, sino contra *****, en su calidad de demandado; de ahí que los actos que reclama el quejoso al juez responsable no afectan el interés jurídico del aquí quejoso. Es aplicable, la jurisprudencia del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." (Jurisprudencia: P/J. 23/2014 (10ª), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Página: 206, Libro 5 - Abril de 2014 - Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época ). Así también, la diversa: "AMPARO IMPROCEDENTE, CUANDO EL QUEJOSO NO ES PARTE EN EL JUICIO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si de las constancias de autos se aprecia que el quejoso no fue parte en el juicio del que deriva la sentencia reclamada, es evidente que ésta no afecta su interés jurídico y, por lo mismo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. A esto debe agregarse que de conformidad con el artículo 4°. del mismo ordenamiento legal, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo aquel a quien perjudica el acto reclamado, por lo que, en tal caso, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 4o., ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." (Tesis II.2°. CT. 20 K, del entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 648, Tomo VI - Septiembre de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). Por tanto, si el aquí quejoso no es parte dentro del juicio natural y no demostró la afectación que dice le irrogan los actos reclamados; se actualiza la causal de improcedencia analizada, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a sobreseer en el juicio. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación Por lo expuesto y fundado, además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por *****, contra los actos reclamados a las autoridades 1) juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, 2) juez Civil Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca y 3) ejecutor y/o notificador del Juzgado Primero Civil de Huajuapan de León, Oaxaca; precisados en el considerando segundo, en términos del diverso cuarto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe." .Dos firmas ilegibles. Rubricas.
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