Fausto Javier Pacheco Vega

Expediente 1167/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 21 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1167/2017
Año
2017
Actuaciones
21
Última actuación
13/05/2019

Partes del expediente

  • Fausto Javier Pacheco Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haberle causado perjuicio, hubiese interpuesto recurso de inconformidad en contra del proveído de once de abril de dos mil diecinueve; en tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio constitucional que quedó sin materia al ser de imposible cumplimiento, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, once de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de tres de abril del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada, con lo informado por las autoridades responsables, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito, se realizó el cuatro de abril que transcurre, sin que a la fecha se desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia firmada el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, al resultar fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Juez responsable realizara lo siguiente: Dejara insubsistente la resolución reclamada de doce de septiembre de dos mil diecisiete y con libertad de jurisdicción, emitiera una nueva en la que al fijar de manera proporcional la cantidad de la garantía económica, como medida cautelar sustitutiva de la prisión preventiva impuesta a la parte quejosa, prescindiera del monto estimado para la reparación del daño, atendiendo para ello a lo establecido en los numerales 153 y 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y fijara un plazo razonable para su exhibición. Haciéndose extensiva dicha concesión al Director del Centro de Reinserción Social del Estado, residente en esta ciudad. Inconforme con lo anterior, el entonces agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, interpuso recurso de revisión, con el resultado de que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, al resolver el toca 154/2018, confirmó la sentencia impugnada. Ejecutoria que se tuvo por recibida el veintiocho de marzo del año en curso, por lo que se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En observancia a lo anterior, la Juez Cuarto de Distrito en el Estado, mediante oficio 8808/2019, manifestó estar imposibilitada jurídicamente para dar debido cumplimiento a la ejecutoria. Ello en atención a que mediante acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, en autos de la causa penal 22/2015, de su índice, recibió comunicación por parte del Tribunal Unitario del Decimocuarto Circuito en la Entidad, quien en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en San Francisco de Campeche, en autos del juicio de amparo 381/2016, dejó insubsistente su determinación de tres de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca 5/2016, revocando la resolución impugnada de veintitrés de diciembre de dos mil quince, emitida en la referida causa penal, para en su lugar, decretar auto de libertad con las reservas de ley, a favor del procesado y aquí quejoso Fausto Javier Pacheco Vega, por falta de elementos para procesarlo, como probable responsable de los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable. De lo anterior, se advierte que la Juez responsable se encuentra imposibilitada materialmente para acatar la ejecutoria de amparo, pues tal como se demuestra con las constancias que remitió a este Juzgado, la situación jurídica cambió durante la tramitación del juicio de amparo, con motivo de la determinación de falta de elementos para procesar con las reservas de ley, que fuera dictada a favor del quejoso en su calidad de procesado en la causa penal de origen; lo que incluye desde luego sus consecuencias legales, entre ellas, la libertad del peticionario del amparo. Pues a nada práctico conllevaría que emitiera una nueva determinación en los términos que se le fijaron en la sentencia de amparo, para analizar cuestiones inherentes a la medida cautelar sustitutiva de la prisión preventiva que en su momento se le impuso, pues a consecuencia de la resolución pronunciada en el referido juicio de amparo 381/2016, del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en San Francisco de Campeche, el quejoso obtuvo su libertad, fin último que perseguía con la promoción de la medida cautelar referida que fuera materia de análisis en este juicio de amparo y a la postre objeto de protección constitucional. Por lo anteriormente expuesto, se colige que el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada por este órgano jurisdiccional es imposible al haber quedado sin materia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, debe estimarse de imposible cumplimiento para los efectos legales correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. DEBE ESTIMARSE DE IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO (SIN QUE ELLO IMPLIQUE CONTUMACIA O DESACATO ALGUNO), POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA RESPECTIVA, LA RESPONSABLE DA POR CONCLUIDO EL JUICIO DE ORIGEN Y ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO, POR EL PAGO TOTAL DE LO SENTENCIADO EFECTUADO POR LOS QUEJOSOS, CON LA ANUENCIA DEL ACTOR Y DE LA TERCERO INTERESADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 196, PÁRRAFO SEGUNDO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO). De conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo, cuando el tribunal de amparo advierta que no está cumplida la ejecutoria que otorgó la protección de la Justicia de la Unión, o que no está total o correctamente cumplida, o bien, se considera de imposible cumplimiento, entonces deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva lo que proceda. En esa medida, si el Juez responsable oportunamente informa al Juez de Distrito que tuvo a los quejosos por realizado el pago total de lo sentenciado en el juicio natural, con la anuencia de la parte actora y de la tercero interesada en el juicio de amparo, por lo que dio por concluido dicho procedimiento; mientras que el juicio de amparo se promovió por los quejosos, precisamente, contra irregularidades cometidas en la interlocutoria de liquidación de sentencia y la protección de la Justicia Federal, fue para el efecto de que se resolviera la planilla de liquidación de sentencia, en forma congruente con la totalidad de las constancias de autos y de manera motivada. En consecuencia, si la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen fue voluntariamente cumplida en su totalidad por los quejosos, con posterioridad a la concesión del amparo, es inconcuso que aun cuando ambas partes omitieran hacer alguna manifestación en cuanto a lo informado por el Juez natural en el sentido de que la actora se dio por satisfecha de las prestaciones reclamadas, tal cumplimiento voluntario de lo sentenciado, trae como consecuencia un cambio de situación jurídica, que implica que queden insubsistentes tanto la sentencia definitiva, como la interlocutoria reclamada y que deba tenerse a ambas partes por conformes con la determinación de existir imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo que concedió el amparo, puesto que es evidente que al quedar concluido el procedimiento natural por pago total de lo sentenciado, el Juez responsable está jurídicamente impedido para dictar una nueva interlocutoria para calificar la planilla de liquidación de sentencia, en razón de que ya no existe sentencia definitiva que liquidar y, por ende, tampoco existe la posibilidad legal de pronunciar una nueva interlocutoria, para los efectos que había determinado el Juez de Distrito; de ahí que, en el caso, no es jurídicamente posible cumplir la citada ejecutoria de amparo, por lo que no puede calificarse como contumaz, la actuación del Juez responsable." (Época: Décima Época, Registro: 2014616, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Materia(s): Común, Tesis: III.2o.C.19 K (10a.) y página: 2909). Finalmente, transcurrido el término de quince días que refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, de no interponerse recurso de inconformidad, dese nueva cuenta para acordar lo que legalmente corresponda en el presente asunto. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de abril de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos los oficios de cuenta y anexo que al primero de ellos se acompaña, que la Juez Cuarto de Distrito en el Estado y Director del Centro de Reinserción Social, ambos con sede en esta ciudad, remiten en relación con el cumplimiento de la sentencia firme dictada en estos autos. Por tal motivo, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista de lo anterior a la parte quejosa y tercero interesada, por el plazo de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Apercibidos que de no hacerlo, este Juzgador acordará lo procedente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio de cuenta de la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, con el que devuelve estos autos, junto con su anexo, y además, remite copia autorizada de la resolución dictada el veintidós de marzo del presente año, en el toca 154/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en este juicio. Ejecutoria de la que se aprecia la superioridad confirmó la resolución recurrida, en la que, en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, al quejoso Fausto Javier Pacheco Vega. Acúsese recibo. En ese sentido, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la Juez Cuarto de Distrito en el Estado, así como al Director del Centro de Reinserción Social, ambos con sede en esta ciudad, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, debiendo remitirse a la Juez responsable el testimonio enviado por el citado tribunal colegiado. Lo anterior, a fin de que restituyan a la parte agraviada en el goce de los derechos fundamentales violados, como lo dispone el artículo 77, fracción I, del propio ordenamiento legal, informándolo a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibido el Director del centro penitenciario en cita que de no hacerlo así sin causa justificada, con apoyo en el numeral 258 de la ley de la materia, se le impondrá multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al párrafo sexto, del Apartado B, del Artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, glósese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto en este asunto, dejando los autos originales que lo conforman y deséchense las copias certificadas que lo originaron para evitar la voluminosidad del presente expediente. Por último, no habiendo motivo legal alguno para que continúe al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el legajo de constancias certificadas relativas a la causa penal 22/2015 e incidente no especificado derivado de dicha causa -que obran en un solo tomo-, que la Juez responsable acompañó a su informe justificado (foja 49); en consecuencia, devuélvasele sin necesidad de recabar acuse de recibo alguno, ya que se trata de una certificación. Notifíquese y cúmplase.

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