Fausto Gomez Arias
Expediente 788/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 788/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Fausto Gomez Arias
Actuaciones
- Principal
Visto el estado del juicio en que se actúa y considerando la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de ley para que la parte promovente de amparo hiciera valer el recurso de queja en contra del auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda intentada; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal, se declara que dicho auto ha causado estado. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno del juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, fracción b), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Demanda Vista la demanda de amparo que aparentemente promovió Fausto Gómez Arias, la cual fue remitida vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), sin evidencia criptográfica de firma electrónica del promovente; fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número 788/2020-1, en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desechamiento de plano Ahora, conforme a lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso numeral 62, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que se trata, toda vez que de su contenido integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que en el caso, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 6º, ambos de la Ley de Amparo, preceptos que a la letra establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." El primer precepto, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando resulte de alguna disposición de la Ley; por su parte, el numeral 6 citado con antelación, expresa que el amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley. Esto es, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, que quien presente la demanda de amparo en su calidad de promovente deberá presentarla debidamente firmada o en su caso de no saber hacerlo, deberá plasmar su huella digital, ya que de lo contrario, no se insta al órgano de control constitucional para que conozca de la demanda de los solicitantes de amparo. Lo anterior, no puede ser corregido por este órgano federal mediante una prevención, ya que dicha omisión no se encuentra contemplada en las irregularidades establecidas en el artículo 114 de la Ley de Amparo; toda vez que la voluntad de las partes al exigir un derecho, debe hacerlo a través de su firma y cuando no pueda hacerlo, lo podrá hacer diversa persona. Ahora, si bien la demanda que se trata fue presentada a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), esta no cuenta con evidencia criptográfica de firma electrónica de Fausto Gómez Arias, por lo que al carecer de la misma de quien aparece como promovente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, como se adelantó, procede desechar de plano la presente demanda de amparo, al no advertirse la voluntad del quejoso para promoverla. No pasa desapercibido que al final de la demanda aun cuando se refiere haberse firmado de forma electrónica, ello no conlleva por sí mismo la demostración de que así haya sido, pues tal condición únicamente es susceptible de advertirse a través de la evidencia criptográfica que genera el propio sistema electrónico respecto de la clave y autentificación por el agente certificador de la misma, lo que en el caso no acontece respecto de la demanda, pero sí respecto de los anexos a la misma cuya firma corresponde a las autoridades judiciales que los emitieron. De igual manera, cabe señalar que el acto reclamado no encuadra dentro de los supuestos de excepción que prevén los artículos 15 de la Ley de Amparo y 42 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para efecto de que sea innecesaria la firma electrónica. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia P./J 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo I del libro 65, Abril de dos mil diecinueve, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2019715, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Domicilio procesal y autorizados Asimismo, se tiene al promovente señalando domicilio procesal para recibir notificaciones, así como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Leonardo Guillén Guerrero; con excepción del restante en tanto que no cuenta con cédula profesional registrada, cuya autorización se tiene en términos restringidos junto con las personas que así se precisan. Notificaciones y consulta electrónica de expediente Como se solicita, con fundamento en el artículo 3º de la Ley en cita, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio por conducto el usuario fauslic02; háganse los ajustes necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y las notificaciones por esa vía. Habilitación de días y horas Con base en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. Transparencia Asimismo, en apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la resolución que se emita para poner fin en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la citada ley general y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Finalmente, se instruye al actuario adscrito para que la notificación personal que se ordena en el presente auto se realice observando lo previsto en el segundo párrafo, de la fracción I del artículo 11 AG 8/2020, en relación con la protección de la integridad y salud de quienes realicen la notificación de las personas justiciables. Notifíquese por vía electrónica.
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