Fausto Felix Tigre Lucero

Expediente 313/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
313/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
31/07/2023

Partes del expediente

  • Kevin Paul Abad Espinoza
  • Fausto Felix Tigre Lucero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Recepción de oficio Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez; del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este juzgado y acusa de recibo del expediente remitido. Asimismo, visto el estado de autos se advierte que el nueve de marzo del año actual, se reservó proveer en relación al exhorto 49/2023-VIII, orden 70/2023-VIII, que se devolvió sin diligenciar; empero, no ha lugar a proveer al respecto, toda vez que por auto de veintitrés del citado mes y año, se puso a su disposición el expediente electrónico del presente asunto, realizándose la vinculación con el juicio de amparo 276/2023, del índice del juzgado oficiante Archivo. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se advierte que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración documental Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19, fracción I, incisos a y b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de SEIS MESES contado a partir del dictado del presente proveído. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de marzo. Se agrega oficio Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez; en atención a su contenido, se provee: Téngasele informando que reserva acordar lo relativo a la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, en virtud de que no fueron remitidas las constancias necesarias para ello. Por lo anterior comuníquesele que mediante proveído de seis de marzo del año en curso, se ordenó remitir los autos originales del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, lo que se efectuó a través del oficio 6541/2023. En relación a la solicitud que realiza, dígasele que por oficio 7785, la Secretaria del mismo juzgado oficiante, devolvió parcialmente diligenciado el exhorto 49/2023-VIII (orden 70/2023), en virtud de que el Actuario Judicial de su adscripción únicamente estuvo en posibilidad de entregar el oficio dirigido a la autoridad responsable Estación Migratoria de Ciudad Juárez Chihuahua y no localizó a los diversos quejosos 1) Fausto Félix Tigre Lucero, 2) Kevin Paul Abad Espinoza, 3) Galo Francisco Morocho Lema, 4) Viviana Janeth Sauce Tene, 5) Jorge Fernando Chicaiza Uyaguari, 6) Luis Alberto Ortiz Caceres y 7) Mariuxi Elisabeth Uchuari Maldonado, para que efectuaran la ratificación de la demanda promovida a su favor. Como lo solicita, remítansele las constancias que integran la mencionada comunicación oficial e instrúyase a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite la consulta del expediente electrónico del presente asunto, realizando la vinculación con el juicio de amparo 276/2023, del índice del oficiante. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Se reserva Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 49/2023-VIII, orden 70/2023-VIII; resérvese proveer lo conducente, hasta en tanto el órgano jurisdiccional al que le corresponda conocer del presente asunto con motivo de la competencia declinada por este juzgado, informe si se avoca al conocimiento del mismo. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Vista la demanda de amparo que promueve Eliseo López González, a favor de 1) Fausto Félix Tigre Lucero, 2) Kevin Paul Abad Espinoza, 3) Galo Francisco Morocho Lema, 4) Viviana Janeth Sauce Tene, 5) Jorge Fernando Chicaiza Uyaguari, 6) Luis Alberto Ortiz Caceres y 7) Mariuxi Elisabeth Uchuari Maldonado; contra actos de la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 313/2023-VIII; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Acto reclamado Del escrito de demanda se advierte que el promovente señaló como autoridad responsable a la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, de quien reclama: "I. LA EMISION DE UNA ORDEN DETENCIÓN ADMINISTRATIVA CON FINES DE ALOJAMIENTO EN UNA ESTACION MIGRATORIA, EN CONTRA DE LOS EXTRANJEROS DE NOMBRES: 1) FAUSTO FELIX TIGRE LUCERO, 2) KEVIN PAUL ABAD ESPINOZA, 3) GALO FRANCISCO MOROCHO LEMA, 4) VIVIANA JANETH SAUCE TENE, 5) JORGE FERNANDO CHICAIZA UYAGUARI, 6) LUIS ALBERTO ORTIZ CACERES, 7) MARIUXI ELISABETH UCHUARI MALDONADO, todos de nacionalidad ecuatoriana. (.) II. LA PRIVACION DE LA LIBERTAD, DERIVADA DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE DETENCIÓN ADMINISTRATIVA CON FINES DE ALOJAMIENTO DEL EXTRANJERO NOMBRES: 1) FAUSTO FELIX TIGRE LUCERO, 2) KEVIN PAUL ABAD ESPINOZA, 3) GALO FRANCISCO MOROCHO LEMA, 4) VIVIANA JANETH SAUCE TENE, 5) JORGE FERNANDO CHICAIZA UYAGUARI, 6) LUIS ALBERTO ORTIZ CACERES, 7) MARIUXI ELISABETH UCHUARI MALDONADO, todos de nacionalidad ecuatoriana. (...) Sobrepasando esta privación de la libertad en una detención administrativa, el límite de 36 horas contraviniendo la estación migratoria, el artículo 21 constitucional. III.- LA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO EN MATERIA MIGRATORIA, EN CONTRA DE LOS EXTRANJEROS: 1) FAUSTO FELIX TIGRE LUCERO, 2) KEVIN PAUL ABAD ESPINOZA, 3) GALO FRANCISCO MOROCHO LEMA, 4) VIVIANA JANETH SAUCE TENE, 5) JORGE FERNANDO CHICAIZA UYAGUARI, 6) LUIS ALBERTO ORTIZ CACERES, 7) MARIUXI ELISABETH UCHUARI MALDONADO, todos de nacionalidad ecuatoriana, Pues la Autoridad migratoria PRETENDE DAR POR FINALIZADO EL PROVEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO PERJUDICANDO EN OBTENER SU LIBERTAD PERSONAL Y DEPORTARLOS A SU PAÍS DE ORIGEN. (.) V.- LA INCOMUNICACIÓN, NO PERMITIENDO AL QUE SUSCRIBE EL AMPARO ELISEO LOPEZ GONZALEZ, TENER CONTACTO CON LOS EXTRANJEROS: 1) FAUSTO FELIX TIGRE LUCERO, 2) KEVIN PAUL ABAD ESPINOZA, 3) GALO FRANCISCO MOROCHO LEMA, 4) VIVIANA JANETH SAUCE TENE, 5) JORGE FERNANDO CHICAIZA UYAGUARI, 6) LUIS ALBERTO ORTIZ CACERES, 7) MARIUXI ELISABETH UCHUARI MALDONADO, todos de nacionalidad ecuatoriana. (.)". Declinación de competencia En atención a lo anterior, se estima que este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer y resolver del presente asunto; para demostrar esta premisa, es necesario trascribir el artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, que dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal del artículo citado, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: a) La primera regla que se encuentra contenida en el señalado numeral, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo trascrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución, como se observa, en este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. Ahora bien, en la demanda de amparo el promovente reclama diversos actos ya descritos en párrafos anteriores, de la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Así las cosas, es evidente que el supuesto de competencia relativo se ubica en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente; dado que la ejecución del acto reclamado se realiza en las referidas oficinas ubicadas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por otra parte, en el Acuerdo General 3/2013, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, proveyó lo relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número a la Jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; precisando que los Juzgados de Distrito en Ciudad Juárez, Chihuahua, ejercerán jurisdicción territorial en la misma ciudad. En consecuencia, quien resulta competente para conocer del presente juicio de amparo, es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción es competente para que se ejecute el acto reclamado; es decir, el Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en turno. En mérito de lo expuesto, este juzgado se declara legalmente incompetente para el conocimiento de la presente demanda de amparo, debiéndose remitir el juicio al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en turno1, por ser donde tiene jurisdicción para la ejecución el acto reclamado. Asimismo, se solicita de la manera más atenta, tenga a bien informar a este órgano jurisdiccional sobre la aceptación o no de la competencia planteada. Por separado fórmese cuadernillo de antecedentes con copia certificada de la demanda de amparo, en la inteligencia de que se decretará aperturado el citado cuaderno con el presente proveído; y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Suspensión de plano. El promovente manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los quejosos son extranjeros de nacionalidades ecuatoriana, que fueron llevados a la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se encuentran actualmente detenidos, sufriendo ataques a su libertad personal fuera de juicio, en virtud de estar privados de su libertad por más de treinta y seis horas. Detención administrativa con fines de alojamiento Ahora bien, respecto de la suspensión de plano que solicita, es pertinente establecer que el artículo 21, párrafo 1 Resulta aplicable lo determinado en la contradicción de criterios resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de diez de agosto de dos mil veintidós. cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si bien faculta a la autoridad administrativa para aplicar sanciones por infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, limita dicha atribución a la imposición de multas, arresto, o trabajo en favor de la comunidad; sin que, en ningún caso, el arresto pueda exceder de treinta y seis horas. I. Supuesto en el que ya han transcurrido más de treinta y seis horas de la detención de los quejosos. Establecido lo anterior, se estima que el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, no justifica por sí, al menos en términos constitucionales, una detención por un plazo superior a treinta y seis horas, de ahí que el acto reclamado, referente a la detención de los quejosos en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, de Ciudad Juárez, Chihuahua, en caso de haber transcurrido más de treinta y seis horas, deba considerarse como un ataque a la libertad personal pues, además de provenir de autoridades administrativas, como son las autoridades migratorias, y si rebasa el referido plazo de treinta y seis horas, no deriva de la probable comisión de hecho ilícito considerado como delito que merezca pena de prisión preventiva ni tiene participación en él, la autoridad judicial. Apoya a lo expuesto, por su contenido jurídico, la tesis I.16º. A.51 (10ª.), visible en la Página 1568, del Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en su Décima Época, que dice: "ORDEN DE EXPULSIÓN O DEPORTACIÓN. LA INMEDIATEZ EN SU EJECUCIÓN NO AUTORIZA SOSLAYAR EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO MIGRATORIO. Aun cuando la Ley General de Población -previo a la entrada en vigor de la Ley de Migración disponga que las órdenes de expulsión son de orden público y su ejecución es inmediata, ello no significa que estén exentas del debido proceso y, mucho menos, que puedan ejecutarse sin observar los derechos de los extranjeros legalmente previstos, destacadamente, el relativo a ser puesto y seguir el procedimiento migratorio en libertad bajo custodia. En efecto, la circunstancia de que dicho ordenamiento prevea la posibilidad de permanecer en libertad bajo custodia mientras se resuelve el procedimiento migratorio, permite afirmar que la inmediatez en la ejecución de la orden de expulsión se refiere a su ejecutabilidad directa -sin necesidad de ser autorizada por autoridad judicial u otra- pero no a que tenga o pueda llevarse a cabo de modo instantáneo, pues ello imposibilitaría observar los derechos que le asisten a la persona extranjera, además de que se anularían el objeto de la tramitación misma del procedimiento correspondiente y el derecho de audiencia que asiste a todo gobernado sujeto a él, lo que significa que, previo a la ejecución de tal medida, debe darse al extranjero la oportunidad de conocer el motivo de su eventual deportación, así como de alegar y probar en su defensa y poder seguir ese procedimiento en libertad. Esta intelección se robustece por el hecho de que las propias normas reconocen que las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo migratorio pueden impugnarse mediante el recurso de revisión o, cuando proceda, en la vía jurisdiccional correspondiente, y que, incluso, el artículo 228 del Reglamento de la Ley General de Población establece la posibilidad de ordenar discrecionalmente la reposición del procedimiento o, en su caso, la emisión de una nueva resolución, en la cual se le obliga a preservar los derechos de legalidad y al debido proceso y, por el hecho mismo de que, ante una expulsión, el extranjero tiene derecho a solicitar una salida voluntaria, lo cual le permitiría, en contraste con la orden de expulsión, regresar al país y, en ese entendido, reintentar regularizar su estancia. Así, aun antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en el régimen migratorio se reconocían, así sea de manera básica, los derechos de la persona extranjera a, previo a su expulsión o deportación, manifestar lo que a sus intereses conviniera, designar representante, aportar pruebas, o solicitar su libertad bajo caución, los cuales, junto con otros previstos en el marco del procedimiento y que se advierten de la normativa señalada, serían tan sólo aparentes, si se aceptara que la expulsión puede llevarse a cabo instantánea o discrecionalmente, sin observar las formalidades mínimas." Ahora, los artículos 162, párrafo primero, y 164, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 162. Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. (...)". "Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad.". De conformidad con tales preceptos, cuando se reclame la orden de privación de la libertad, el efecto de la suspensión será que no se ejecute y quedará el órgano jurisdiccional de amparo en aptitud de dictar las medidas que aseguren que la parte quejosa no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. Asimismo, cuando la detención no tenga relación con la comisión de un delito y sea efectuada por autoridades administrativas distintas del ministerio público, el efecto de la medida cautelar también es dejar en libertad a los quejosos. Lo anterior es acorde al principio de excepcionalidad de la detención, por ingreso irregular, previsto en el artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el diecisiete de abril de dos mil, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el uno de junio del mismo año, que dispone: "Artículo 31. REFUGIADOS QUE SE ENCUENTREN ILEGALMENTE EN EL PAÍS DE REFUGIO. 1. Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada en el sentido previsto por el artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales. 2. Los Estados Contratantes no aplicarán a tales refugiados otras restricciones de circulación que las necesarias, y tales restricciones se aplicarán únicamente hasta que se haya regularizado su situación en el país o hasta que el refugiado obtenga su admisión en otro país." Principio que también se encuentra previsto en los artículos 5°, fracción V y 7 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en los términos siguientes: "Artículo 5. En aplicación de esta Ley se observarán, entre otros, los siguientes principios y criterios: (.) V. No sanción por ingreso irregular, y (.)." "Artículo 7. No se impondrá sanción alguna por motivo de su ingreso irregular al país, al refugiado o al extranjero que se le otorgue protección complementaria. En caso de haberse iniciado procedimiento migratorio por ingreso irregular al territorio nacional a un solicitante, dicho procedimiento se suspenderá hasta que se emita una resolución sobre el reconocimiento de la condición de refugiado. En cualquier caso, los procedimientos migratorios serán concluidos considerando la resolución sobre la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado." Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso "Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 272. Párrafo 158.", precisó que diversos Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos han incorporado estándares en su normativa interna en materia de refugiados que se encuentran reconocidos en la aludida Convención de 1951 y su Protocolo de 1967 y que, en el caso de México, se cuenta precisamente con la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria de veintisiete de enero de dos mil once, así como su reglamento de veintiuno de febrero de dos mil doce, lo que refleja un creciente consenso en la región en cuanto a que la protección de los refugiados y solicitantes de ese estatuto a nivel interno, sea regulada de conformidad con las disposiciones del Derecho Internacional sobre Refugiados, de modo que deba realizarse a través de autoridades competentes y previamente establecidas, mediante procedimientos específicos y que respeten el debido proceso. Así, la irregularidad en el ingreso migratorio no debe ser vista como una conducta punible en el ámbito del derecho penal sino, en todo caso, como una falta administrativa, por lo que los derechos de las personas migrantes son aquellos propios de las personas sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. Lo anterior se robustece con la instrumentación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación al Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas migrantes y sujetas de protección internacional, como un mecanismo auxiliar que sirva como orientador para una mejor y más adecuada toma de decisiones en el ámbito jurisdiccional, en pro de la salvaguarda de los derechos fundamentales; documento que, en su capítulo octavo, intitulado "Reglas Específicas de Actuación", entre otros aspectos, expone ampliamente el tópico relativo a excepcionalidad de la detención, en los términos literales siguientes: "(.) La despenalización de la irregularidad en el ingreso migratorio es una decisión legislativa que conlleva un cambio sustancial en su tratamiento. Esta irregularidad en el ingreso es considerada una falta administrativa. En consecuencia, los derechos y las garantías que deben observar quienes juzgan son aquellas propias de las personas que son sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. (...). Lo anterior constituye una excepción a las disposiciones migratorias del país. Para quienes se ubican en este supuesto, la detención administrativa es una medida altamente indeseable. La privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger. El Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes ha recomendado abolir progresivamente la detención de personas migrantes y sujetas de protección internacional por razones administrativas. Sin embargo, hasta en tanto este objetivo se logre, la detención administrativa sólo estará justificada por motivos excepcionales, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. Por otra parte, el artículo 21 de la CPEUM establece como término máximo de la privación de la libertad personal, como sanción administrativa, el de treinta y seis horas. Diversos precedentes lo adoptan también como término máximo para las medidas de apremio. En consecuencia, la tutela judicial debe considerar la especial relevancia de la libertad personal a efecto de garantizar la eficaz protección a los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. Sería un contrasentido que la despenalización fuera sustituida por una intervención judicial que tuviera resultados más lesivos para la libertad de esta población, o bien, que colocara a las personas migrantes y sujetas de protección internacional en condiciones de mayor vulnerabilidad en la defensa de sus derechos frente a cualquier persona procesada en un juicio penal. (...) La privación de la libertad no debe tener una finalidad punitiva. Por ello, debe realizarse únicamente cuando fuere necesaria, en apego al principio de proporcionalidad y de persecución de un fin legítimo e idóneo, así como asegurar que sea realizada durante el menor tiempo posible. Existe jurisprudencia sobre las restricciones a los derechos humanos que se encuentra acorde con la normativa de origen internacional, estableciendo que deben cumplirse los siguientes requisitos:4 i) ser admisibles bajo el ámbito constitucional; ii) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos humanos; iii) ser proporcionales, esto es, que la persecución de un objetivo constitucional no se haga a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. En el mismo sentido, se ha pronunciado la Corte IDH en el caso Vélez Loor contra Panamá, en donde se especifica que, de incumplir con estas características, se está frente a una detención arbitraria. Lo anterior se complementa con la normativa de origen internacional aplicable en México, en la que se encuentra la prohibición de la detención arbitraria, así como el principio de excepcionalidad en la detención, por lo que resulta necesario recurrir a medidas alternativas. (...) Por otro lado, las personas detenidas (alojadas) en las estaciones migratorias deben ser tratadas con respeto a la dignidad inherente del ser humano. Se debe supervisar que se cumpla con lo previsto en las Normas para el Funcionamiento de Estaciones Migratorias, así como con el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas. Esto quiere decir que se debe proporcionar condiciones dignas de detención como evitar el hacinamiento, asegurar que la población se encuentre dividida en hombres y mujeres, garantizar los derechos a la alimentación y a la salud, y propiciar actividades de recreación. (...) Las medidas cautelares surgen para evitar que la intervención judicial tenga resultados más lesivos o coloque a las personas migrantes y sujetas de protección internacional en situación de mayor vulnerabilidad, especialmente cuando están privadas de su libertad. Ahora bien, por la naturaleza de los actos que motivan a las personas migrantes y sujetas de protección internacional a acudir a tribunales, la medida jurídica más utilizada es la suspensión del acto con el amparo. Cuando el acto reclamado es la deportación - acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar del territorio nacional a la persona extranjera que no reúna los requisitos migratorios para su permanencia en el país- el Pleno de la SCJN ha emitido jurisprudencia en el sentido de la procedencia de la suspensión de oficio. La suspensión también puede solicitarse para el acto consistente en la privación ilegal de la libertad de personas migrantes y sujetas de protección internacional en estaciones migratorias. Al ser ésta una detención hecha por autoridades administrativas, el otorgamiento de la suspensión debe darse para efectos de que la persona quede en libertad provisional mediante las medidas de aseguramiento correspondientes. En este sentido se han pronunciado Tribunales Colegiados de Circuito, que reconocen que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional y quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez o Jueza de Distrito por cuanto hace a su libertad personal." De donde se obtiene que el Alto Tribunal establece que la privación de la libertad, aun cuando en principio persiga un objetivo legítimamente regulado, se trata de una medida de carácter excepcionalísimo que debe atender, en todo momento, al principio de proporcionalidad en relación con el fin perseguido y su aplicación debe estar constreñida al menor tiempo posible, y para ello, en tratándose de la detención impuesta como medida de seguridad dentro de un procedimiento administrativo -como en el asunto que se examina- el parámetro temporal al que como máximo puede quedar sujeta una persona lo es el previsto por el artículo 21 Constitucional, a saber, el de treinta y seis horas. En ese orden, la detención administrativa debe ser excepcional y encontrarse debidamente justificada, esto es, con un fundamento claro y establecido en la ley, sin que pueda tornarse indefinida, conforme al ámbito temporal de su imposición, bajo riesgo de transgredir derechos humanos tales como el de la seguridad jurídica y la protección a la libertad personal, entre otros. El artículo 11, párrafo segundo, de la Constitución Federal, establece que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo; y que el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizarán de conformidad con los tratados internacionales y las leyes, las cuales regularán sus procedencias y excepciones. El artículo 33, párrafo segundo, de la Ley Fundamental, dispone que el Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Luego, la Constitución reconoce el derecho al debido proceso de los extranjeros que por decisión administrativa se pretende expulsar de territorio nacional, en el entendido de que, en tal supuesto, la ley en que se regule el procedimiento administrativo correspondiente debe prever el lugar y tiempo que dure la detención. Se trata pues, de una cláusula de excepción a los principios previstos en los artículos 18, primer párrafo, 19 y 21 de la propia Constitución Federal, en la medida que, no permite la detención por autoridad administrativa y no judicial por más de treinta y seis horas, sin que se persiga delito que merezca pena privativa de libertad que amerite la prisión preventiva. Esto es así, porque el ejercicio de la atribución otorgada por el Poder Constituyente a las autoridades administrativas en tal supuesto, está supeditado al derecho al debido proceso (previa audiencia), la cual, por disposición expresa del propio texto constitucional, debe encontrarse establecida en la ley. Al respecto, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, establece en sus artículos 11 y 18, que todo extranjero que esté en territorio nacional tiene derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, para lo cual deberá presentar por escrito su solicitud ante la Secretaría de Gobernación dentro del término de treinta días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que haya ingresado al país o, en su caso, a aquel en que le haya sido materialmente posible presentarla. El artículo 21 del aludido ordenamiento legal dispone que cuando un extranjero se encuentre en alguno de los lugares destinados al tránsito internacional de personas, o sujeto a un procedimiento administrativo migratorio, sin importar la etapa de dicho procedimiento, o bien, carezca de documentación que acredite su situación migratoria regular en el territorio nacional, solicite el reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría deberá dictar las medidas que resulten estrictamente necesarias, en cada caso, de conformidad con el reglamento. Los preceptos 24 y 25 del mismo ordenamiento disponen que la Secretaría analizará y evaluará todas las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y deberá emitir, en cada caso, resolución escrita, fundada y motivada, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud, plazo que podrá ampliarse hasta por un período igual a juicio de la Secretaría, sólo en casos excepcionales; que la resolución deberá ser notificada por escrito al solicitante; en los casos de reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría deberá expedir el documento migratorio correspondiente que acredite su situación migratoria regular en el país, pero si la resolución fuese en sentido negativo, el extranjero podrá interponer recurso de revisión dentro de los quince días hábiles contados a partir de la notificación respectiva. La Ley de Migración establece, que es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional; la presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto Nacional de Migración, mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno (artículo 99). En el caso particular, de conformidad con el principio de excepcionalidad de la detención previsto en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, en relación con los principios constitucionales que reconocen el derecho fundamental a la libertad personal, en tanto no se haya cometido delito alguno que merezca pena privativa de libertad, robustecidos con el principio pro persona previsto en el precepto 1 de la Constitución Federal, conforme al cual las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia ley fundamental y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, se considera que en el caso particular debe privilegiarse la solución conforme con el derecho a la libertad personal de los quejosos, lo que no impide que la autoridad con competencia legal dicte las medidas que aseguren que los quejosos no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, entre ellas, la obligación de presentarse ante ella y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigido. Lo anterior, porque no existe disposición alguna que establezca que las personas migrantes que no logren comprobar su situación migratoria regular cometen por ese sólo hecho algún delito, sino en todo caso, una falta administrativa que, en cuanto al aseguramiento o alojamiento de los quejosos en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, no puede exceder de las treinta y seis horas a que hace alusión la Carta Magna. Por tanto, con fundamento en los artículos 126 de la ley de la materia, se decreta de plano la suspensión de los actos reclamados para el único efecto de que no se ejecute traslado a estación migratoria diversa a aquella en la que se encuentran, asimismo para que cese de manera inmediata la detención y/o retención y/o privación de la libertad y/o deportación y/o alojamiento de 1) Fausto Félix Tigre Lucero, 2) Kevin Paul Abad Espinoza, 3) Galo Francisco Morocho Lema, 4) Viviana Janeth Sauce Tene, 5) Jorge Fernando Chicaiza Uyaguari, 6) Luis Alberto Ortiz Caceres y 7) Mariuxi Elisabeth Uchuari Maldonado, esto es, que sean puestos en libertad de forma inmediata y como consecuencia, que no se retengan sus documentos de identidad (pasaportes, credenciales, entre otros), lo anterior, si en su caso ya pasaron más de treinta y seis horas sin que se hubiera emitido la resolución definitiva a que se refiere el artículo 101 de la Ley de Migración. En el entendido de que no surtirá efectos la suspensión de plano decretada únicamente por cuando hace a la retención de documentos para el caso de que se encuentre en el supuesto establecido en el artículo 172 de la Ley de Migración, es decir, que los documentos que le fueron retenidos sea apócrifos. En la inteligencia de que los quejosos quedan a disposición, en cuanto a su libertad, de este Juzgado, y a disposición de la autoridad responsable migratoria únicamente para la continuación del procedimiento administrativo respectivo. Resulta orientador, en lo conducente, el criterio que sustenta el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo contenido es el siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación 2 Artículo 17. Sólo las autoridades migratorias podrán retener la documentación que acredite la identidad o situación migratoria de los migrantes cuando existan elementos para presumir que son apócrifas, en cuyo caso deberán inmediatamente hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes para que éstas resuelvan lo conducente. irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional." Obligaciones de los quejosos. Dicha suspensión surtirá efectos, siempre y cuando se cumplan los lineamientos y medidas de seguridad siguientes: - Se requiere a los quejosos 1) Fausto Félix Tigre Lucero, 2) Kevin Paul Abad Espinoza, 3) Galo Francisco Morocho Lema, 4) Viviana Janeth Sauce Tene, 5) Jorge Fernando Chicaiza Uyaguari, 6) Luis Alberto Ortiz Caceres y 7) Mariuxi Elisabeth Uchuari Maldonado, que en el acto de la diligencia de notificación del presente acuerdo o en el término veinticuatro horas, señalen domicilio en el cual residirán dentro de Ciudad Juárez, Chihuahua. -Asimismo, hágase del conocimiento de los quejosos, que no podrán ausentarse sin previa autorización otorgada por este Juzgado. - Con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Amparo, comuníquese a los quejosos 1) Fausto Félix Tigre Lucero, 2) Kevin Paul Abad Espinoza, 3) Galo Francisco Morocho Lema, 4) Viviana Janeth Sauce Tene, 5) Jorge Fernando Chicaiza Uyaguari, 6) Luis Alberto Ortiz Caceres y 7) Mariuxi Elisabeth Uchuari Maldonado que deberán comparecer al Juzgado que acepte la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional, lo que se hará de su conocimiento en su momento a través de los datos proporcionados por el promovente, días viernes de cada semana o el siguiente si fuera inhábil. - También, se impone a los quejosos la obligación de comparecer ante la autoridad responsable, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuantas veces sean requeridos para la prosecución del procedimiento administrativo de migración. - Asimismo, deberán presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Bajo el apercibimiento que, de no cumplir con las obligaciones impuestas, quedará sin efectos la suspensión decretada en los términos anteriormente señalados. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que no surtirá efectos la medida cautelar decretada en caso de que se actualicen los supuestos siguientes: 1.- Que la persona extranjera cuente con alerta migratoria; 2.- Que no haya infringido en más de una ocasión la Ley y, 3.- Que no se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 43, fracción I, de la Ley de Migración. No pasa desapercibido que en diversos precedentes emitidos por este órgano jurisdiccional no se haya fijado como requisito de efectividad de la suspensión de plano decretada que el quejoso deba exhibir la carta responsiva antes señalada; sin embargo, en las ejecutorias de los recursos de queja 41/2023, 42/2023 y 43/2023 emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, se convalidó la fijación de dicha medida para efectos de asegurar la presencia del directamente agraviado en el procedimiento migratorio respectivo, por tanto, resulta procedente establecer el requisito aludido para tal efecto. II. Supuesto en el que no hayan transcurrido más de treinta y seis horas de la detención de los quejosos. Ahora bien, para el caso de que al momento de recibir la notificación del presente proveído, no hayan transcurrido más de treinta y seis horas, la responsable deberá decretar las medidas necesarias para evitar el hacinamiento de los quejosos con personas positivas a COVID-19, y deberán dar cumplimiento a las medidas de salud previstas en el Protocolo de actuación para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración. Los anteriores lineamientos surtirán efectos de inmediato sin requisito de garantía alguna. Sin que la suspensión de plano decretada con antelación, impida la continuación de los procedimientos establecidos en la Ley de Migración, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 80/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo."3 De igual manera, se requiere a la autoridad responsable, para que, al rendir su informe de la suspensión de plano, indique cuál es la situación legal que guardan los quejosos, a saber: 3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 15, Novena Época, registro 170578. a) El motivo de su detención o retención. b) La fecha y hora en que ello aconteció y demás información atinente a las circunstancias del caso. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que de conformidad con los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por tanto, debe cumplir con el diverso artículo 5° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Así como con los Principios Generales y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptados por la Comisión durante el 131° período ordinario de sesiones celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, entre ellos: a) Trato humano, el cual establece que deberán ser tratados humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales. b) Igualdad y no-discriminación, que prevé que todos serán iguales ante la ley, así como que bajo ninguna circunstancia se discriminará, así como que se prohíbe cualquier distinción exclusión o restricción que tengan como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionalmente reconocidos. c) Salud en lo relativo a que todos tienen derecho a la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada, disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial, acceso al tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos, así como la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole. d) Alimentación y agua potable, en el sentido de que toda persona tiene derecho a recibir una alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene y nutrición adecuada; así como que tendrán acceso en todo momento al agua potable suficiente y adecuada para su consumo. e) Albergue, condiciones de higiene y vestido, pues toda persona deberá disponer de espacio suficiente exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar en que se encuentren privados de su libertad; así como tener acceso a inhalaciones sanitarias higiénicas y suficientes que aseguren su privacidad y dignidad, así como a productos básicos de higiene personal y agua para aseo personal. Apoyo a lo anterior, la tesis P/LXIV/2010, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero 2011, Página 26, Materia Constitucional, Novena Época, de rubro y texto: "DERECHOS A LA INTEGRACIÓN PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DES LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD." En virtud a ello, dígase a la autoridad responsable que debe tomar las medidas necesarias para que se protejan los principios descritos, ya que la omisión a ello traería como consecuencia responsabilidad para el Estado Mexicano en relación a los derechos fundamentales de del quejoso. Máxime que, al encontrarse el país, en una situación de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, implica que deban necesariamente tomarse decisiones extraordinarias a fin de garantizar a la quejosa su derecho a la salud, como lo es seguir las medidas se sanidad necesarias para prevenir el contagio por Covid-19. Precedentes. Todo lo anterior encuentra apoyo en la consideraciones contenidas en las ejecutorias de los recursos de queja 235/2021, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, 182/2021 y 183/2021 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, ambos de este circuito. Incomunicación. Respecto del diverso acto reclamado que se hizo consistir en la incomunicación de que están siendo objeto los agraviados, con fundamento en el numeral 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión del mismo, así como todos aquellos actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que puedan poner en peligro su vida e integridad, para el efecto de que cesen de inmediato Requerimiento de informe en relación con la suspensión de plano decretada. De ese modo, requiérase a la responsable para que, en el término de doce horas, de conformidad con los preceptos 17 y 22 Constitucionales, rinda su informe respecto del cumplimiento a la suspensión de plano decretada, apercibida de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por el equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización vigente, en los términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la ley de la materia. Requerimiento autoridad responsable Dado que se impuso a la parte quejosa la obligación de comparecer ante la autoridad responsable, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuantas veces sea requerida para la procesión del procedimiento administrativo de migración, requiérase a dicha autoridad para que dentro del término de doce horas, informe a este órgano jurisdiccional de amparo si la parte quejosa, en su momento, incumple con dicha medida; bajo el apercibimiento que en caso de no realizar lo ordenado en el plazo indicado, se les impondrá una multa con base en lo estipulado en los artículos 237, fracción I, y 238, en relación con el 259 de la ley de amparo, equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente. Gira exhorto En virtud de que los quejosos 1) Fausto Félix Tigre Lucero, 2) Kevin Paul Abad Espinoza, 3) Galo Francisco Morocho Lema, 4) Viviana Janeth Sauce Tene, 5) Jorge Fernando Chicaiza Uyaguari, 6) Luis Alberto Ortiz Caceres y 7) Mariuxi Elisabeth Uchuari Maldonado se encuentran en Ciudad Juárez, Chihuahua, en aras de tutelar el artículo 17 constitucional, se faculta al actuario de su adscripción, testar de ser necesario la denominación incorrecta y, colocar, de su puño y letra, el nombre correcto de cada autoridad a fin de notificar a las autoridades vinculadas en el cumplimiento de la suspensión de plano, o la autoridad donde sea localizado el quejoso, con fundamento en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírense atentos exhortos con los insertos y anexos necesarios al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a personal de su adscripción para que se constituya en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, a fin de que localicen a los quejosos 1) Fausto Félix Tigre Lucero, 2) Kevin Paul Abad Espinoza, 3) Galo Francisco Morocho Lema, 4) Viviana Janeth Sauce Tene, 5) Jorge Fernando Chicaiza Uyaguari, 6) Luis Alberto Ortiz Caceres y 7) Mariuxi Elisabeth Uchuari Maldonado y, bajo su más estricta responsabilidad y en el acto de la diligencia realice lo siguiente: - Vocear o llamar a los agraviados en el lugar respectivo; -Notificarles el presente auto; -Requerirlos para que en ese acto o dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo instada en su nombre. -Los aperciba que, de no ratificar la demanda en el término concedido, se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efectos las medidas decretadas; -Dar fe del estado físico en que se encuentren. -Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Se faculta al actuario para que indague en caso de ser necesario a disposición de qué autoridad diversas a las señaladas se encuentran los agraviados y en caso de tener conocimiento le notifique este auto, y asiente la denominación de dicha autoridad. A fin de diligenciar el exhorto de mérito, se remite copia del escrito inicial de demanda y del presente proveído. Dado el carácter urgente de la medida suspensional decretada en autos y tomando en cuenta el requerimiento formulado a la responsable, se solicita atentamente al Juez Federal que por razón de turno conozca del exhorto que se remite, instruya al personal correspondiente para que haga entrega del oficio dirigido a la autoridad responsable Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que se adjunta a la comunicación oficial correspondiente. De igual manera, en aras de tutelar el artículo 17 constitucional, se faculta al actuario de su adscripción, testar de ser necesario la denominación incorrecta y, colocar, de su puño y letra, el nombre correcto de la autoridad a fin de notificar a la autoridad vinculada en el cumplimiento de la suspensión de plano, o la autoridad donde sea localizado el quejoso. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que la referida autoridad esté en aptitud de cumplir con la diligencia encomendada. Se remite comunicación oficial electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). El exhorto de mérito remítase a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como comunicación oficial electrónica, sin que haya necesidad de requerir al Juzgado exhortado el acuse de recibo respectivo, en razón de que éste se genera automáticamente una vez enviada la comunicación oficial por la referida vía (SISE). Para tal efecto, encomiéndese al Analista Jurídico SISE el envío de dicha comunicación que se validará con las firmas electrónicas del Suscrito y de la Secretaria que da fe de este acuerdo. En la inteligencia que no será necesario volver ingresar en la comunicación oficial generada, en el apartado de "autoridad a la que se envía" la firma electrónica del suscrito, dado que la misma será generada con motivo de la autorización del presente acuerdo a través del módulo "panel condensado" disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se hace del conocimiento al juzgado exhortado. Finalmente, se solicita la devolución de la presente comunicación oficial a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, en cumplimiento a la expedita impartición de justicia que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Autorizados. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jonathan Tadeo Josué Moya Ortiz, quien tiene cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que entró en vigor por Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de julio del dos mil cinco, y en términos restringidos del aludido numeral a Eliseo López González, toda vez que no se encontró debidamente registrada su cedula profesional. Consulta expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en el diverso 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a los usuarios "EliseoLopez" y "josuamoy", la consulta del expediente electrónico. Notificaciones vía electrónica. Asimismo, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, como lo solicita, se ordena que las notificaciones a la citada parte se realicen por vía electrónica, por conducto de los usuarios "EliseoLopez" y "josuamoy". Número telefónico de contacto. Por otra parte, como lo pide el promovente, se le tiene proporcionando correos electrónicos y números telefónicos que señala; lo anterior, a fin de que la actuaría establezca contacto con dicha parte para generar condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicarse, resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Exhortación al resto de las partes -juicio en línea-. Con apoyo en el segundo párrafo del artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo4, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. 4 Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Medios electrónicos. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese y personalmente a los quejoso mediante exhorto.

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