Fausto Enrique Miranda Gutiérrez
Expediente 758/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 758/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 21/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Fausto Enrique Miranda Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, con transcripción del proveído de dieciséis de febrero actual, a través del cual informa a este Juzgado que se admitió el recurso de revisión interpuesto por Fausto Enrique Miranda Gutiérrez, por conducto de su autorizado, el cual fue radicado bajo el número 56/2022, de su índice. Notifíquese.
- Principal
MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el telegrama de cuenta, remitido por Georgina Santos Almeida, Fiscal del Ministerio Público del Centro de Procuración de Justicia de Paraíso, Tabasco, mediante el cual solicita que se le reconozca el carácter de tercero interesada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, dígase que por auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se le reconoció el carácter de tercero interesada en el presente asunto a Rosa Melda Palacios Villegas, Fiscal del Ministerio Público adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Paraíso, Tabasco, quien funge como fiscal investigadora en los cuadernillos 44/2020 y 47/2020 acumulados. Por otra parte, al considerar que la Fiscalía es la institución que representa los intereses de las víctimas a través de la investigación de delitos por parte de cada uno de sus Fiscales adscritos, y que de cierta manera puede actuar más de uno en las diferentes causas penales, por lo que con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesada a Georgina Santos Almeida, Fiscal del Ministerio Público del Centro de Procuración de Justicia de Paraíso, Tabasco y se le tiene apersonándose al presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
SENTENCIA CONSTITUCIONAL VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 758/2021-10, promovido por Fausto Enrique Miranda Gutiérrez por conducto de su apoderado legal Mauricio Roberto Palazuelos Bard, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Cinco de Paraíso, Tabasco, por estimarlo violatorio de los artículos 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Villahermosa, Tabasco, el siete de julio de dos mil veintiuno, y turnado a este Juzgado, al día siguiente, Fausto Enrique Miranda Gutiérrez por conducto de su apoderado legal Mauricio Roberto Palazuelos Bard solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: AUTORIDAD RESPONSABLE 1. Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco. ACTO RECLAMADO ? La resolución dictada por la Juez responsable en la audiencia de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en el cuadernillo 47/2020, de su índice. SEGUNDO. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de nueve de julio de dos mil veintiuno (fojas 12 a 17), se radicó la demanda de que se trata bajo el expediente 758/2021-10, y se mandó a prevenir a fin de que la parte promovente dentro del término de cinco días, contado a partir de la legal notificación del citado proveído, acreditara la personalidad con que se ostentó, esto es, su carácter de apoderado legal de Fausto Enrique Miranda Gutiérrez, ya que omitió exhibir documento original o certificado para tal efecto; asimismo, aclarara cual era el acto concreto que reclamaba y que le causaba perjuicio; de igual forma, manifestara a quien le revestía el carácter de tercero interesado, si a Francisco Javier Camargo Salinas o Miguel Ángel Ucan Huchin, bajo apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo requerido dentro del término legal concedido para tal efecto, se tendría por no presentada la referida demanda. Fue notificada personalmente la parte quejosa el doce de julio del presente año, por lo que el término de cinco días transcurrió del catorce al veinte del citado mes y año (fojas 18 y 19). TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de catorce de julio de dos mil veintiuno (fojas 25 a 29), se admitió la demanda de que se trata, se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.?????????? CUARTO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. En proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno (foja 39 a 41), con fundamento en los artículos 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se le reconoció el carácter de tercero interesada a la licenciada Rosa Melda Palacios Villegas, Fiscal del Ministerio Público adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Paraíso, Tabasco, por lo que con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), y 116, segundo párrafo de la Ley de la Materia, se ordenó su emplazamiento, lo cual fue realizado mediante oficio 22064/2021, el cual fue recepcionado por esa autoridad el trece de septiembre de dos mil veintiuno. De igual forma, en proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno (foja 52 a 54), se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Francisco Javier Camargo Salinas; por lo cual se giró el despacho 141/2021-10 al Juez Civil de Primera Instancia de Paraíso, Tabasco, en turno, para que en auxilio a las labores de este juzgado realizara el referido emplazamiento; mismo que fue recibido por la Juez Primero Civil de Primera Instancia de Paraíso, Tabasco, quien por conducto de la actuaria de su adscripción realizó el emplazamiento del referido tercero interesado el trece de septiembre del presente año (foja 70). Finalmente, en acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo al tercero interesado Francisco Javier Camargo Salinas, apersonándose al presente juicio de amparo (foja 78 a 79). QUINTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Posteriormente, previos diferimientos, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.????????????? SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico.? La resolución dictada por la Juez responsable en la audiencia de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en el cuadernillo 47/2020, de su índice. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco (foja 36), al rendir su informe justificado, admitió la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias que anexó al mismo, consistente en un disco en formato DVD de audio y video, que contiene copia certificada de audio y video de la audiencia de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, desahogada en los cuadernillos 44/2020 y 47/2020 acumulados, el cual obra por cuerda separada, así como copia certificada del acta mínima de la citada audiencia (foja 37), a las cuales se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, hayan sido objetadas su autenticidad. Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO??????????? ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL."3 En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia4 del texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 625 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. En consecuencia, procede verificar el análisis de los conceptos de violación que se contienen en la demanda de amparo, los que no se transcriben, por no ser necesario, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 3 Décima Época. Registro: 2004362. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1. Materia(s): Común. Página: 703. 4 Publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia(s): Común, visible en la página 206, 5Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son infundados e inoperantes los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, como enseguida se verá. En el caso, el accionante del amparo señala como motivos de disenso: a) Que el acto reclamado violenta sus garantías constitucionales contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales al considerar que al emitirlo la juez responsable realizó una incorrecta motivación al realizar una interpretación de la condición????????????? objetiva de procedibilidad establecida en el segundo párrafo del artículo 286 del Código Penal para el Estado de Tabasco, que consiste en que para que proceda la denuncia o querella por el delito de presentación de querellas falsas la inocencia del imputado se desprenda de resolución ejecutoriada; sin que ello implique que sea necesario que se ejercite la acción penal o que en la resolución se especifique que la persona es inocente y que esa determinación solo pueda ser emitida por autoridad judicial y no por el Ministerio Público. b) Alega que contrario a lo considerado por la juez responsable el delito de presentación de querellas falsas es un delito de peligro y no de lesión. c) Considera que no es necesario que la falsedad produzca la consecuencia jurídica de sujetar a proceso a la persona falsamente denunciada sino que basta que el sujeto activo impute a otro un hecho falso para que con ello se consume el referido delito. d) Que conforme a lo establecido en los artículos 405 y 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales el juicio oral solo puede concluir con sentencia absolutoria o condenatoria y en el caso de la primera hipótesis, el referido precepto no establece que el tribunal pueda decretar la inocencia de la persona investigada. e) Resulta ilógico que el delito de presentación de denuncias o querellas falsas solo pueda actualizarse al emitirse sentencia de reconocimiento de inocencia, ya que ese delito se encuentra tipificado desde antes de la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales. f) Menciona que conforme al principio de presunción de inocencia como trato procesal, todas las personas deben considerarse inocentes salvo prueba en contrario por lo que sería absurdo que el tribunal tenga que declarar la inocencia de una persona si ello se desprende del texto de la ley; por tanto, el tribunal no puede determinar la inocencia de una persona porque eso lo determina la ley y solo se puede determinar la responsabilidad penal de una persona. g) Considera que el legislador estableció que no se puede proceder por el referido delito salvo que el expediente en donde se produjo la falsedad ya hubiere concluido de manera definitiva en beneficio de la persona falsamente denunciada, por lo que, en el caso concreto, al existir una determinación de no ejercicio de la acción penal firme en beneficio de Fausto Enrique Miranda Gutiérrez, dentro de la carpeta de investigación 435/2020, ya se reunió la condición objetiva de procedibilidad consistente en que ya se determinó la inocencia del imputado la cual ya se encuentra ejecutoriada por no haber sido recurrida en tiempo y forma por el tercero interesado, siendo que la referida determinación tiene los mismos efectos de una sentencia absolutoria en tanto que ambas actualizan la prohibición de doble enjuiciamiento en contra de esa persona. h) Manifiesta que le causa agravio que no se haya discutido que la fiscalía acreditó que los datos de???????????? prueba suficientes que el hecho imputado en la carpeta 435/2020 fue falso, por lo que en el caso si se configura el delito establecido en el artículo 286 del Código Penal del Estado de Tabasco. i) Alega que el acto reclamado carece de una incorrecta motivación, lo cual vulnera el principio de seguridad jurídica en su vertiente de exacta aplicación de la ley penal previsto en el artículo 14 Constitucional el cual consagra el derecho fundamental en beneficio de las víctimas e imputados a que se aplique de manera exacta la ley penal, lo cual no ocurrió ya que la responsable realizó una interpretación extensiva e incorrecta de los elementos del tipo penal. j) Alega que dentro de la carpeta de investigación 795/2020 se encuentra acreditado que Francisco Javier Camargo Salinas le imputó a Fausto Enrique Miranda Gutiérrez un hecho falso, con lo cual se originó la carpeta de investigación 435/2020, lo cual no fue materia de debate en la audiencia de control el que el hecho denunciado fuera o no falso, ya que se partió de la premisa de que era un hecho falso pero se dijo que no podía sancionarse porque no se había ejercido acción penal derivado de ese hecho falso imputado, por lo que se indicó al juez de control que en todo caso la conducta denunciada podría configurar un delito diverso de los previstos en el título sexto del código sustantivo aplicable que establece que los delitos "Contra la veracidad necesaria para la adecuada administración de justicia", pues lo relevante era que una persona había acudido en forma dolosa a imputarle a otra persona una mentira y eso debía considerarse como un delito. k) Aduce que le agravia que la juez haya considerado que no podía analizar si los hechos denunciados pudieran encuadrar en un delito distinto en virtud de que el fiscal no realizó el análisis respectivo, no obstante que considera que el imputar a otro un hecho falso, podría configurar el delito previsto en los artículos 287, 288 y 289 del Código Penal del Estado de Tabasco. l) Finalmente, alega que es inaceptable proponer como premisa válida que en el estado de Tabasco no se considere como una conducta delictiva el comparecer ante el Ministerio Público a denunciar hechos a sabiendas de que éstos son falsos, como ocurrió en el caso de concluirse que resulta necesaria la condición objetiva de procedibilidad establecida en el artículo 286 del código penal citado, sí requiere de un ejercicio de la acción penal, ello no significa que pudiera actualizarse algún otro delito. En principio, debe destacarse que el acto reclamado ya especificado, fue emitido bajo las reglas procedimentales que rigen el sistema de justicia penal de corte acusatorio, adversarial y oral, regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales; sistema de justicia penal que tiene como características generales las siguientes: 1. Los juicios se tramitan de manera oral; 2. Es adversarial;?????????????? 3. Las partes convergen en un nivel de igualdad procesal; y, 4. Se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con las características de acusatoriedad y oralidad; la primera, para asegurar una trilogía procesal en la que el Ministerio Público sea la parte acusadora, el imputado esté en posibilidades de defenderse y, al final, sea un Juez quien determine lo conducente; la segunda, que fomentará la transparencia, garantizando al mismo tiempo una relación directa entre el Juez y las partes, propiciando que los procedimientos penales sean más ágiles y sencillos. Del primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el sistema procesal penal acusatorio y oral, se sustenta en el principio de contradicción, que contiene, en favor de las partes, el derecho a tener acceso directo a todos los datos que obran en la carpeta de la investigación llevada por el Ministerio Público (claro está, exceptuando los expresamente establecidos en la ley) y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para refutarlos; participar en la audiencia pública en que se incorporen, presentando, en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de dichos datos de prueba; y, controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, de manera que tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor y en su caso la víctima u ofendido, puedan participar activamente. Por ello, la presentación de los argumentos y contraargumentos de las partes procesales, en relación con los datos de prueba en que sustenten sus respectivas teorías del caso (respecto de la vinculación o no del imputado a proceso), deben ser expuestos precisamente por el Ministerio Público y la víctima, así como por el inculpado y su defensor, de forma inmediata en la audiencia correspondiente (precisamente la de solicitud de vinculación a proceso), a fin de someterlos al análisis directo de su contraparte, con el objeto de realzar y sostener el choque adversarial ante el Juez, quien necesariamente hasta ese momento debe conocer los datos de prueba, precisamente emanado de la introducción que de éstos se realiza en esa audiencia. A mayor abundamiento, de los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el Constituyente, entre otras cuestiones, determinó, en principio, la no formalización de las pruebas en cualquiera de las fases del procedimiento penal bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones. De ahí que los Jueces del proceso oral estén en principio impedidos para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria y que forman parte de la carpeta de investigación, pues esto tiene la finalidad de evitar que prejuzguen, así como que se mantenga la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, preservando además el principio de igualdad y contradicción, dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso de los contendientes -por una parte del agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y, por otra, del imputado y la??????????? defensa-, en relación con un hecho que la ley señale como delito. Resulta ilustrativa la jurisprudencia de texto y rubro siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRA-ARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el Constituyente Permanente determinó, entre otras cuestiones, la no formalización de las pruebas en cualquiera de las fases del procedimiento penal acusatorio, salvo excepciones. Asimismo, que el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria fue con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; lo anterior, dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso de los contendientes, por una parte, las del Ministerio Público, víctima u ofendido del delito y, por otra, del inculpado y su defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y cuando exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; de ahí que en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial del Estado de Chihuahua, el Juez de control, al resolver sobre la procedencia del auto de vinculación del imputado, no debe estudiar los datos de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por dicha representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor. Igualmente es aplicable por su contenido, la jurisprudencia de texto y rubro siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda."???????????? En conclusión, en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el juzgador al resolver sobre las cuestiones planteadas ante su potestad, debe valorar la racionabilidad de los argumentos y contra-argumentación o refutación de argumentos, oralmente expuestos ante su potestad. Sentado lo anterior, debe decirse que si de acuerdo a lo estatuido por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el medio de control judicial a que se contrae dicho dispositivo, tiene como finalidad que la víctima u ofendido puedan reclamar jurisdiccionalmente aquellas determinaciones del Ministerio Público relativas a la abstención de investigar, el archivo temporal de la carpeta de investigación, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, para que, de ser el caso en que la autoridad jurisdiccional considere fundada la impugnación interpuesta, ordene que se practiquen los actos solicitados por el interesado que hubieran sido rechazados por el Ministerio Público, que se deje sin efecto la decisión de reserva de la carpeta de investigación y que se formule la imputación o se presente la acusación con los datos de prueba de los que ya se disponga o con respaldo en los nuevos actos de investigación específicamente determinados en la resolución, o bien la revocación de la aplicación de un criterio de oportunidad. Entonces, es jurídicamente factible concluir que en la audiencia oral a que se refiere el precepto legal en cita, la autoridad jurisdiccional, para resolver dicho medio de impugnación, debe concretarse a atender los argumentos que oralmente son vertidos por el impugnante ante su potestad, respecto de los cuales su límite se contrae a la forma en que, en términos de ley deben sustentarse los agravios que le son formulados y valorarlos en racionabilidad, en relación con la contra-argumentación o refutación de argumentos, que de igual manera sea expuesta ante su imperio en la audiencia de relación; pues sólo así se cumple con los principios de publicidad, contradicción, continuidad e inmediación, a que se refiere el primer párrafo del artículo 20 Constitucional, que de igual manera estatuye que el proceso penal será acusatorio y oral. Considerar lo contrario, implicaría romper el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio y oral, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, trastocando incluso el principio de inmediación, que sustancialmente estriba en que toda audiencia debe desarrollarse íntegramente en presencia del juzgador, quien resolverá lo expuesto ante su potestad, sin que pueda delegar su función. Ahora, la juez de control responsable confirmó la determinación de quince de octubre de dos mil veinte en la que la agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Paraíso, Tabasco, determinó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación CI-PR-I-795/2020. En efecto, la juez responsable en la audiencia de control al respecto expuso lo siguiente:???????????? (01:10:55 horas y subsecuentes) ".En términos generales yo quiero retomar de acuerdo a lo que he escuchado por parte del promovente así como de la fiscal del Ministerio Público que efectivamente se tiene probado hasta este momento que existe una resolución por parte de la autoridad investigadora en el sentido de no ejercitar acción penal en contra de una denuncia que se presentó por presentación de denuncias falsas ante una autoridad; de acuerdo con lo que dispone el artículo 286 del Código Penal del Estado de Tabasco este numeral señala que se aplicarán determinada sanción privativa de libertad al denunciante o querellante que impute a alguien un hecho delictuoso falso o verdadero a persona inocente que no se procederá contra el autor de este delito sino cuando el inocencia del imputado se desprenda de sentencia ejecutoriada. En este caso cuando el legislador sostiene en este artículo 286 que no se va a proceder contra el autor de un delito cuando la inocencia del imputado se desprenda de una resolución ejecutoriada no se debe perder de vista que aquí el requisito fundamental para la procedencia o la acreditación de la existencia del delito de presentación de denuncias o querellas falsas es precisamente que exista esa resolución por parte de un órgano jurisdiccional respecto del pronunciamiento de la inocencia de una persona y aquí lo que hasta este momento lo que se tiene es en todo caso un acuerdo de la autoridad investigadora respecto del no ejercicio de la acción penal relacionado con la denuncia de hechos que aparentemente podían encuadrar en el delito de fraude que a consideración de la fiscalía y de acuerdo con los argumentos que se han escuchado no se logró probar a criterio de la Fiscalía que aquellos hechos pudieran encuadrar jurídicamente en el delito de fraude y consideraron que muy probablemente pudiera entablarse un litigio de otra naturaleza pero no la penal, partiendo de este argumento se tiene que en todo caso al momento de hacer pronunciamiento del Fiscal del Ministerio Público en la diversa carpeta de investigación 435 no hizo nunca pronunciamiento respecto a la inocencia de una persona, ya que para empezar se abordó lo relacionado con la existencia de un hecho que puede jurídicamente encuadrar en un delito más no la probable participación o probable responsabilidad de determinada persona en ese hecho. -¿Porque?- Porque hay que tomar en cuenta que son dos aspectos distintos que son fundamentales para el ejercicio de la acción penal pero distintos y que tienen sus propios medios o formas de acreditación; en este caso, hasta dónde escuché tanto del promovente como de la Fiscalía lo único que se abordó en ese acuerdo de no ejercicio de la acción penal fue lo relacionado con la existencia del hecho en sí, del hecho que jurídicamente dijo la fiscalía no encuadra en ningún delito y no encuadra tampoco en el delito previsto en el artículo 286 del Código Penal; más no hubo pronunciamiento respecto a la inocencia de una persona y sí es pertinente destacar en este caso que para la legislación del estado de Tabasco sí es un requisito fundamental que se acredite esta circunstancia prevista en el segundo párrafo que deba determinarse la inocencia de una persona de una resolución ejecutoriada. La resolución ejecutoriada a la que hace alusión este artículo no es la resolución del no ejercicio de la acción penal; ¡para nada!, porque en el no ejercicio de la acción penal no hay pronunciamiento respecto de la inocencia de una persona, la inocencia de una persona siempre será motivo de estudio en una sentencia por un juez o por un tribunal, nunca un fiscal del ministerio público porque les recuerdo que el fiscal del ministerio público lo más que puede hacer de pronunciamiento es la probabilidad de participación de una persona en un hecho que pueda ser constitutivo de delito más nunca la plena participación de una persona y nunca la inocencia de una persona porque cuando el legislador quiso establecer esta situación, éste delito, ésta hipótesis en este delito de presentación de denuncias o querellas falsas, pues la intención fue precisamente esa que no por cualquier determinación por parte del órgano investigador pudiera considerarse que una persona pudiera estar conduciéndose de manera falsa ante la autoridad o pudiera estar presentando denuncias o querellas falsas es requisito fundamental que exista ese pronunciamiento de inocencia por parte de un órgano jurisdiccional para que se pueda considerar sin temor a equivocarnos que efectivamente la denuncia o la querella o el testimonio de una persona se refiere también el promovente que pudiera encuadrar otro tipo de conducta prevista en este título el testimonio de una persona pudiera considerarse falso es necesario el pronunciamiento de la autoridad correspondiente que en todo caso es el órgano jurisdiccional a efecto de que se pueda establecer validadamente con los medios de prueba necesarios y que quede firme esa resolución en el sentido que se pueda establecer la inocencia de una persona, incluso han habido muchas resoluciones o existen muchas resoluciones por parte de los órganos jurisdiccionales en los que no se hace ni siquiera pronunciamiento respecto de la inocencia de???????????? personas por el hecho de que se emita una sentencia absolutoria ello no significa que la persona sea inocente de ese hecho en muchas ocasiones simplemente el hecho no se pudo probar y de ahí que derive una sentencia absolutoria y en este caso podríamos decir que estamos en un caso similar porque no hubo un estudio respecto de la probable participación de Francisco Javier Camargo Salinas respecto de su participación en ese hecho que se le atribuye; además, de que tampoco existe una sentencia definitiva que determine la inocencia de determinada persona; al respecto, yo quiero citar un criterio de la décima época que considero aplicable y respecto del cual considero también se respeta la forma en la que cada una de las legislaciones de los Estados establecen como podría configurarse en un momento dado el delito de presentación de denuncias o querellas falsas. El criterio es de la décima época es el registro digital 2011551 y el rubro es: "DENUNCIAS FALSAS PARA QUE SE ACREDITE ESTE DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO Y POR ENDE PARA QUE COMIENCE A COMPUTARSE EL TERMINO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL NO SE REQUIERE LA EXISTENCIA DE UNA CONDICIÓN OBJETIVA DE PROCEDIBILIDAD"; pero es muy importante destacar lo que dice en su texto este criterio porque señala que de conformidad con el precepto citado aplicable obviamente al estado de Quintana Roo comete el delito de denuncias falsas quien presente denuncias o querellas imputando a otro un delito sabiendo que es inocente o que aquel no se ha cometido a partir de ese primer punto lo que se tiene es que a quien se le atribuya ese delito de denuncias o querellas falsas debe saber que lo que está diciendo es falso debe tener ese conocimiento; y como se puede probar esa situación?; como se puede saber que él tenía ese conocimiento de estar presentando una denuncia o querella falsa?; pues a través del pronunciamiento precisamente de la autoridad competente respecto a que esa persona se está conduciendo de manera falsa a través de los respectivos medios de prueba que justifique que se condujo de esa manera falsa o quien para que un inocente aparezca culpable de un delito ponga sobre o en un lugar adecuado para ese fin elementos que puedan dar indicios o presunciones de responsabilidad. Ahora de esa descripción típica se advierte que dicho delito es de acción pues solo requiere realización de la conducta perseguible de oficio porque no existe disposición que indique como condición para su persecución la querella o un acto equivalente ya que el bien jurídico tutelado es la administración de la justicia e instantáneo porque se consuma en el momento en que se realiza alguna de las conductas descritas por lo que para su actualización no se requiere la existencia de alguna condición objetiva de procedibilidad a diferencia de otras legislaciones penales del país que si la contemplan como la sentencia ejecutoriada o el auto de sobreseimiento dictado por el órgano jurisdiccional del conocimiento antes bien dicho precepto en su último párrafo establece si el imputado es declarado penalmente responsable por razón de las falsas denuncias se impondrá al denunciante o querella de dos a cinco años de prisión." bueno eso es lo que relata el texto del estado de Quintana Roo lo que debe entenderse como una agravante de la sanción en caso de que el imputado resulte responsable por hechos que se le han incriminado pero no una condición objetiva de procedibilidad que deba actualizarse para tener por acreditado el delito y de ahí que se considere que bueno de manera excepcional y bajo los argumentos que esgrimió en todo caso el promovente pues sí existe en un momento dado o podría existir en un momento dado la posibilidad de que pudiera a lo mejor haberse ejercitado acción penal por ese hecho que el consideró constitutivo del delito que sería el de la presentación de denuncias o querellas falsas pero no precisamente aplicable al estado de Tabasco en donde como requisito fundamental sí se requiere acreditar lo establecido en el segundo párrafo del artículo 286 en el sentido de que debe existir una resolución ejecutoriada en la que se determine la inocencia de una persona tendría que tratarse de la inocencia de una persona y hasta este momento lo que se tiene es que no se ejercitó siquiera acción penal en la carpeta diversa 435 y por lo tanto al no haberse ejercitado acción penal y no haber un pronunciamiento respecto a la inocencia o no de la persona a quien se le atribuye ese delito de fraude pues evidentemente se hace imposible que puede emerger a la vida jurídica el delito de presentación de denuncias o querellas falsas por el cual denunciaron el promovente Mauricio Roberto Palazuelos Bar en su calidad de asesor jurídico del señor Fausto Enrique Miranda Gutiérrez; retomando lo que mencionaba el promovente en el sentido de que si bien no se pudo haber denunciado hechos pero en todo caso pudiera darse o constituirse un delito diverso a consideración de esta juzgadora, y si el fiscal del ministerio público no consideró que con esos elementos que tenía o datos que tenía en esa carpeta de investigación en la que determinó no ejercitar acción pena????????????? por el delito de presentación de denuncias o querellas falsas no consideró que habían elementos que pudieran en todo caso poder encuadrar jurídicamente en un delito diverso de los establecidos en el título sexto del Código Penal del Estado de Tabasco, a consideración de esta juzgadora y no habiendo escuchado tampoco mayor argumento al respecto por parte del promovente se considera que tampoco ha lugar a que pueda considerarse que al no existir en todo caso los elementos o los requisitos para que se pudiera considerar acreditados el hecho que la ley señala como delito de presentación de denuncias o querellas falsas pues tampoco es permisible para esta juzgadora hacer un estudio más allá respecto de los otros delitos que se contemplan en este título sexto del Código Penal del Estado que en el caso resultan ser los delitos de imputación falsa de hechos y simulación de pruebas no se considera puedan encuadrar jurídicamente en alguno de esos supuestos el fraude procesal y la falsedad ante autoridad que pues evidentemente este último delito también requeriría de que hubiera pronunciamiento por parte de una autoridad un órgano jurisdiccional respecto de que una persona se conduzca falsamente no es suficiente no es únicamente requisito fundamental el hecho de que se le proteste a una persona de que se conduzca con verdad ante una autoridad sino que además por parte de la autoridad correspondiente también haya un pronunciamiento de que se pudo probar que la persona se condujo de manera falsa de ahí que esta juzgadora considere que no le asiste la razón al promovente y por lo tanto determina que se ratifica el no ejercicio de la acción penal que emitió el fiscal del ministerio público en la carpeta de investigación 795/2020, relacionado con la denuncia que se presentó de hechos que pudieran encuadrar en el delito de presentación de denuncias o querellas falsas previsto en el artículo 286 del Código Penal en vigor y de lo resuelto por esta juzgadora quedan notificadas las partes." De lo anterior, se tiene que la juez de control medularmente señaló que habiendo escuchado a las partes advertía la existencia de una resolución emitida por la Fiscal investigadora quien determinó no ejercitar acción penal respecto a la denuncia respectos a hechos consistentes en la presentación de denuncias falsas ante una autoridad en razón de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 286 del Código Penal del Estado de Tabasco establece que se aplicarán pena privativa de libertad al denunciante o querellante que impute a alguien un hecho delictuoso falso o verdadero a persona inocente; pero no se procederá contra el autor de este delito sino cuando el inocencia del imputado se desprenda de sentencia ejecutoriada. Por lo que consideró que el legislador de la norma en el citado precepto legal sostiene que no se procederá contra el autor de un delito cuando la inocencia del imputado no se desprenda de una resolución ejecutoriada; ya que estimó como requisito fundamental para la procedencia o la acreditación de la existencia del delito de presentación de denuncias o querellas falsas la existencia de una resolución por parte de un órgano jurisdiccional respecto del pronunciamiento de la inocencia de una persona; siendo que hasta ese momento, únicamente se contaba con un acuerdo de la fiscal investigadora respecto del no ejercicio de la acción penal relacionado con la denuncia de hechos que aparentemente podían encuadrar en el delito de fraude que a consideración de la fiscalía no se logró probar ya que consideró que los hechos denunciados no encuadran en el delito de fraude, no obstante que podría constituir un litigio de otra naturaleza pero no penal. De lo anterior, advertía que la Fiscal del Ministerio Público en la diversa carpeta de investigación 435 no hizo pronunciamiento respecto a la inocencia de una persona, ya que en principio abordó el estudio de la existencia de un hecho que podría jurídicamente encuadrar en un delito???????????? más no analizó la probable participación o probable responsabilidad de determinada persona en ese hecho. De ahí que lo único que se abordó en el acuerdo de no ejercicio de la acción penal fue lo relacionado con la existencia del hecho en sí, el cual la fiscalía consideró no encuadra en el delito previsto en el artículo 286 del Código Penal del Estado de Tabasco y en ningún otro; demás, no hubo pronunciamiento respecto a la inocencia de una persona, lo cual en la legislación del estado de Tabasco sí es un requisito fundamental que se acredite el elemento esencial establecido en el segundo párrafo del citado dispositivo legal consistente en que se deba determinar la inocencia de una persona en una resolución ejecutoriada, la cual no lo constituye la resolución del no ejercicio de la acción penal; porque en esa determinación la fiscal no emitió pronunciamiento respecto a la inocencia de una persona, lo cual es motivo de estudio en una sentencia por un juez o por un tribunal y nunca por un fiscal del ministerio público cuyas resoluciones no tienen tal alcance ya que solo pueden pronunciarse sobre la probabilidad de participación de una persona en un hecho que pueda ser constitutivo de delito más nunca la plena participación de una persona y tampoco declarar la inocencia de una persona. Es por ello que el legislador estableció tal requisito de procedibilidad respecto al delito de presentación de denuncias o querellas falsas, pues su intención fue precisamente que no por cualquier determinación por parte del órgano investigador pudiera considerarse que una persona pudiera estar conduciéndose de manera falsa ante la autoridad o pudiera estar presentando denuncias o querellas falsas; por tanto, es requisito fundamental que exista el pronunciamiento de inocencia de una persona por parte de un órgano jurisdiccional para que se pueda considerar la falsedad de la denuncia o la querella, incluso por el hecho de que se emita una sentencia absolutoria no implica que la persona imputada sea inocente de ese hecho ya que en muchas ocasiones simplemente éste no se pudo probar y de ahí que derive una sentencia absolutoria. Por lo anterior, expuso que al advertir que no se ejercitó acción penal en la carpeta 435, en la que la parte denunciante aduce que se originó en base una denuncia o querella falsa por el delito de fraude y no haber un pronunciamiento en dicha indagatoria respecto a la inocencia o no de la persona a quien se le atribuye ese delito de fraude, resulta imposible que pueda emerger a la vida jurídica el delito de presentación de denuncias o querellas falsas denunciados por Mauricio Roberto Palazuelos Bard en su calidad de asesor jurídico de Fausto Enrique Miranda Gutiérrez; además, que la fiscal del ministerio público tampoco consideró que los elementos o datos que tenía en esa carpeta de investigación pudieran encuadrar jurídicamente en un delito diverso de los establecidos en el título sexto del Código Penal del Estado de Tabasco, por tanto, no resultaba permisible hacer un estudio más allá respecto a diversos delitos que no fueron materia de estudio por la fiscal investigadora en la determinación sujeta a su análisis de ahí determinó ratificar el no ejercicio de la acción penal dictado en la carpeta de investigación CI-PR-I-795/2020.?????????? Como se dijo, son infundados los conceptos de violación referidos en los incisos a) b) e i). En efecto, como lo indicó la juez responsable el artículo 286 del Código Penal del Estado de Tabasco, establece: "ARTÍCULO 286. Se aplicará prisión de dos a seis años y multa de trescientos a quinientos días multa, al denunciante o querellante que impute a alguien un hecho delictuoso falso, o verdadero a persona inocente. No se procederá´ contra el autor de este delito, sino cuando la inocencia del imputado se desprenda de resolución ejecutoriada." De lo anterior, se advierte que la norma penal sanciona como delito al denunciante o querellante que impute a alguien un hecho delictuoso falso, o verdadero a persona inocente; sin embargo, en el segundo párrafo del precepto legal trascrito establece como requisito de procedibilidad que exista resolución ejecutoriada en la que se desprenda la inocencia del imputado; por tanto, debe existir una denuncia o querella en la que se haya imputado a alguien un hecho delictuoso falso o bien que el hecho sea verdadero pero a persona inocente. Asimismo, que la inocencia del imputado se desprenda de una resolución ejecutoriada, lo cual implica que se haya ejercido acción penal en contra del indiciado, se le haya vinculado a proceso y se hayan llevado a cabo todas las etapas procesales concluyendo con una sentencia absolutoria, en la cual se desprenda la inocencia del imputado la cual haya causado ejecutoria o en caso de haberse impugnado esta haya sido confirmada por el órgano revisor incluso habiéndose agotado el juicio de amparo correspondiente. De ahí que como bien lo estimó la juez responsable el no ejercicio de la acción penal dictado en la causa penal 435/2020, con el cual la parte quejosa considera que se materializó el hecho consistente en la presentación de denuncia o querella falsas, tal determinación no es suficiente para satisfacer el requisito de procedibilidad antes mencionado, ya que es necesario que se emita resolución judicial en la que se desprenda la inocencia del imputado; lo que en el caso no aconteció ya que únicamente en esa determinación se decretó el no ejercicio de la acción penal sin que la parte quejosa haya acreditado lo contrario. Además, contrario a lo aducido por el quejoso conforme a lo establecido en el precepto legal en estudio el no ejercicio de la acción penal no constituye una resolución ejecutoriada en la que se desprenda la inocencia del imputado ya que como bien lo estableció la juez responsable la naturaleza de esa determinación consistió en considerar que no se acreditaron los elementos del hecho constitutivo del delito al no acreditarse el requisito de procedibilidad antes referido sin que se analizara la probable autoría del imputado en la comisión del hecho; por tanto, no era posible que determinara su inocencia; además, de que esa determinación no constituye una resolución ejecutoriada la cual es propia de la actividad de un juez o un tribunal al momento en que emiten sus sentencias.???????????? Por otra parte, son inoperantes los argumentos expuestos por la parte quejosa en los incisos c), d), e), f), g) y h), en virtud de que estos constituyen consideraciones unilaterales del impetrante sin sustento legal alguno; además, que en ningún momento acreditan que sí acreditó el requisito de procedibilidad requerido por el numeral 286 anteriormente analizado, por lo que el estudio de las mismas resultan intranscendentes. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/5 (10a.), Décima Época, Materias(s): Común, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, página 1605, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, merecen el calificativo de inoperantes." De igual forma, es aplicable en lo conducente la Jurisprudencia III.2o.C. J/31 (9a.), Novena Época, Materias(s): Común, Civil, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, página 1126, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE LIMITAN A EMITIR JUICIOS DE VALOR DE TIPO MORAL EN RELACIÓN CON LA LEY O ACTO RECLAMADO. Los juicios de valor moral no pueden ser materia de estudio en el juicio constitucional, dado que en éste solamente se puede analizar si la autoridad señalada como responsable transgredió, en perjuicio del quejoso, alguno de los derechos sustantivos que a su favor se contemplan en la Constitución General de la República, sin que esté permitido a los tribunales federales emitir juicios de carácter axiológico, en relación con la conducta desplegada por la autoridad responsable o sobre alguna norma en especial, como en su caso sería si es buena, mala, justa o injusta, ya que ello contrariaría el mandato constitucional otorgado al Poder Judicial de la Federación, para que éste dirima, jurídicamente, a través de los distintos órganos que lo integran, las controversias que se susciten en términos de lo establecido en los artículos 103, 104, 105, 106 y 107 de la Constitución General de la República, el que además, como Poder Constituido, está obligado a acatar estrictamente lo preceptuado en el artículo 14 de la citada Ley Fundamental, en cuanto a que en los asuntos del orden civil la sentencia que ahí se dicte será conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho, de donde se deduce que la facultad jurisdiccional con la que cuenta el Poder Judicial de la Federación para decir el derecho, encuentra su límite en la ley y su justificación, exclusivamente en el derecho. De ahí que cualquier cuestión ajena a ello, como en su caso??????????? sería emitir un juicio de valor de tipo moral, rebasaría los límites de las facultades que la propia Constitución le confiere." Asimismo, son infundados los motivos de desacuerdo indicados en los incisos j), k) y l), ya que como bien lo expuso la juez responsable, atendiendo al principio de contradicción estaba impedida analizar si en el caso los hechos contenidos en la carpeta de investigación era constitutivos de diversos delitos ya que la fiscal no lo planteó en la determinación de no ejercicio de la acción penal, por lo que estaba impedida para analizar tal aspecto. Por las anteriores consideraciones y fundamentos, se niega a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal. Apoya lo anterior, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, con número de registro 231142, localizable en la página 186, tomo I, segunda parte-1, enero-junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INFUNDADOS. Los conceptos de violación son infundados cuando con los argumentos de carácter jurídico que se invocan en ellos, no se demuestra que los fundamentos del acto reclamado sean violatorios de garantías individuales." SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de catorce de julio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. Al respecto, la parte quejosa en su demanda de amparo manifestó su posición a lo anterior y la demás partes omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Fausto Enrique Miranda Gutiérrez, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el resultando primero y por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución.???????????? SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente y en forma electrónica a la parte quejosa y tercero interesada.
- Principal
mesa ILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en Villahermosa de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, el cual cuenta con evidencia criptográfica a nombre del tercero interesado Francisco Javier Camargo Salinas, atento a su contenido, se tiene a dicha parte apersonándose a juicio. Asimismo, la parte promovente solicita se le autorice la consulta y notificación del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, mediante el portal en línea con el nombre de usuario: "fjcamargos". Por lo anterior, se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como su notificación, esto, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción I, 31 fracciones II y III, de la Ley de Amparo, y los ordinales 36 y 57 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. En consecuencia, se comisiona al Actuario de la adscripción para que todas las notificaciones a la parte quejosa se hagan de manera electrónica. Por otro lado, instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. En relación al correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento del mismo, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carecen de eficacia jurídica para tales efectos. Finalmente, se le tiene designando como autorizado a Pedro Manuel López González, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud, de que éste no cuenta con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Notifíquese.
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