Fausto Daniel Elizondo Vega
Expediente 584/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 584/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Fausto Daniel Elizondo Vega
Actuaciones
- Principal
Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio de cuenta que signa el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual comunica que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ****************, expediente 584/2020, del índice de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y en su oportunidad archívese este expedientillo como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; precepto que establece que aquéllos expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado, los juicios en los que se haya decretado la incompetencia y en el presente asunto, se decretó la incompetencia de la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo general referido. Así, una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del acuerdo general en cita. Finalmente, es menester señalar que este juzgador no soslaya que la autoridad oficiante dirige el oficio de cuenta al juicio de amparo 548/2020, empero dicho error no obsta para que se provea lo conducente en el sumario correcto, pues de su contenido se advierte que el mismo corresponde al expediente en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la jurisprudencia 1a./J. 3/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, página 264, cuyo rubro es el siguiente: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN." Notifíquese por lista.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, téngase por recibido el ocurso presentado por el inconforme, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de cuatro de noviembre del año en curso. Atento a lo anterior, una vez que este órgano jurisdiccional se ha impuesto del contenido de la demanda promovida por *** por derecho propio, contra actos de la Fiscalía de Procesos en Juzgado Civiles, Agencias Investigadoras "SP", Unidad de Investigación "2" sin Detenido y del Juez Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de su estudio integral, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste toralmente en: La orden de desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía ordenada en la carpeta de investigación identificada con el número ***, relativa al delito de fraude procesal, seguido por la Agente del Ministerio Público de la fiscalía antes señalada, misma que se llevará a cabo respecto del contrato de compraventa de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, que obra como documento base de la acción en el juicio ordinario civil -recisión de contrato-, expediente *** del índice del Juzgado Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, promovido por *** -aquí quejoso- en contra de ***. Al respecto, debe decirse que el acto reclamado no justifica la competencia legal de este Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, para conocer del presente asunto, pues su conocimiento corresponde a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, en atención a las siguientes consideraciones: En primer lugar, debe dejarse establecido que por competencia ha de entenderse -en términos generales- como la facultad o capacidad que tienen las autoridades jurisdicentes para conocer o decidir sobre determinadas materias. La competencia jurisdiccional nace o se genera de las funciones propias de los tribunales, derivadas de la naturaleza del asunto controvertido, así como de las normas orgánicas y reguladoras de los distintos procedimientos que han de sustanciarse ante aquéllos, la cual se surte de acuerdo con las circunstancias de materia, de lugar, de grado o de cuantía que rodeen al litigio específicamente planteado. Por su parte, del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del diverso ordinal 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser analizado y observado por las autoridades encargadas de impartir justicia antes de pronunciar una resolución que dirima la cuestión controvertida, dado que lo decidido por un juzgador incompetente resulta ser nulo de pleno derecho. Determinación que debe tomarse en el momento pertinente, a efecto de garantizar a las partes contendientes sus derechos humanos a la seguridad y certeza jurídicas. Ilustra lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conceder el caso". En el caso, interesa la cuestión relativa a la competencia por materia, cuya finalidad consiste en que en el juzgado o tribunal especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, lo cual permite a los órganos jurisdiccionales un mayor conocimiento y versatilidad sobre el tema sujeto a su decisión y, por consiguiente, que se encuentre en posibilidad de resolverlo en menor tiempo con el objeto de observar la garantía de justicia pronta tutelada en el artículo 17 constitucional. Así, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales referidos a las ramas penal, administrativa, civil y de trabajo, respecto de lo cual, a cada uno corresponde decidir los asuntos relacionados con su especial conocimiento en lo particular. Conviene también agregar, que para decidir la competencia de un juez de distrito en alguna materia en particular, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de las autoridades responsables; derivado de ello, si dicho acto corresponde por sí mismo a una materia específica y emana de autoridades que tienen una especialización asignada por el legislador, tales circunstancias permiten determinar la competencia para conocer del juicio de amparo que se promueva en contra del referido acto. Es oportuno destacar que los lineamientos fijados por el legislador para determinar tal competencia, por lo que hace a los juzgados de distrito de amparo en materia civil, se encuentra regulada en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual prevé: "Artículo 54. Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: - - - I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; - - - II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; - - - III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de esta Ley; y - - - IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De una interpretación armónica del dispositivo legal reproducido, se advierte que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Civil, son competentes para conocer únicamente respecto de las demandas que se promuevan contra resoluciones, leyes y demás disposiciones de observancia general, así como de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil y de los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito no enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de la ley de mérito. Por su parte, el diverso numeral 51 del ordenamiento legal invocado, establece: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: - - - I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; - - - II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; - - - III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y - - - IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Dadas las características y su naturaleza, el acto reclamado encuadra en la hipótesis de competencia relativa a los asuntos que deban conocer los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, a saber de los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal, así como actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal -salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal- o importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden, como ya se dijo, en la demanda que se provee, de las autoridades señaladas como responsables, el quejoso reclama el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía ordenada la carpeta de investigación ***, seguido por la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Procesos en Juzgado Civiles, Agencias Investigadoras "SP", Unidad de Investigación "2" sin Detenido; probanza que se desahogara respecto del contrato de compraventa de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, que obra como documento basal del juicio ordinario civil -recisión de contrato-, expediente *** de la estadística del Juzgado Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por ende, los actos de autoridad encuadran en lo establecido por el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, la cual es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado." Por las razones expuestas supra líneas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, previa formación del expedientillo respectivo, remítase el juicio constitucional en que se actúa, así como las copias del escrito inicial al Juzgado Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a fin de que provea lo que conforme a derecho proceda, del cual se solicita atentamente, acuse el recibo de estilo y comunique si aceptó la competencia del presente asunto. Fórmese expedientillo de antecedentes.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ******************** por derecho propio, contra actos de la Fiscalía de Procesos en Juzgado Civiles, Agencias Investigadoras "SP", Unidad de Investigación "2" sin Detenido y del Juez Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a sus derechos contenidos en el artículo 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese expediente -tanto físico como electrónico-, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 584/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y provéase lo que en derecho corresponda. Al respecto, para estar en condiciones de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda interpuesta, con fundamento en los arábigos 108 fracciones III y IV, y 114, fracciones I y II, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente -dentro del plazo de cinco días- para que aclare su demanda respecto del punto que se enlista a continuación. Toda vez que el impetrante señala como acto "la orden" dada por la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Procesos en Juzgado Civiles, Agencias Investigadoras "SP", Unidad de Investigación "2" sin Detenido, en la carpeta de investigación CI-FICUH/CUH/CUH-8/UI-1S/D/00290/07-2020 -fraude procesal- de realizar una prueba pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía sobre el contrato de compraventa de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, que obra como documento base de la acción en el juicio ordinario civil -recisión de contrato-, expediente 1002/2019 del índice del Juzgado Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como el permiso por parte de la autoridad antes señalada para llevar a cabo dicha probanza. Sin embargo, aduce señalar como "autoridad ejecutora" al citado juzgador sobre la base de que en proveído de siete de octubre de dos mil veinte, en el procedimiento ordinario civil, se ordenó remitir a dicha representante social copia certificada de todo lo actuado en el mismo y autorizó la comparecencia al local de dicho juzgado de los peritos nombrados en la carpeta de investigación. En esa tesitura, el inconforme deberá señalar: Cuál es el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Esto es: ¿lo constituye la supuesta orden de desahogo de la prueba pericial que le atribuye a la agente del Ministerio Público de que se trata? O, bien, ¿el proveído de siete de octubre de dos mil veinte, emitido en el juicio ordinario civil, expediente 1002/2019 de la estadística del Juzgado Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México? Esto es así, pues los numerales 108 y 114, ambos de la legislación de la materia -fracciones III y IV respectivamente-, estipulan que en la demanda de amparo indirecto se expresará con precisión el acto reclamado, la autoridad responsable y cada hecho u omisión que de ella se reclame, ya que de ello depende la correcta integración de la Litis constitucional. Se precisa que deberá presentar su escrito aclaratorio de acuerdo con el artículo 110 de la Ley de Amparo, esto es, las correspondientes para correr traslado a cada una de las partes -dos para las autoridades responsables, una tercera interesada y una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita-, así como las correspondientes para la apertura del incidente de suspensión. Para el caso de que señale el proveído destacado en el punto anterior, deberá precisar si en contra del mismo interpuso algún medio de defensa ordinario, y para el caso afirmativo, indique la autoridad que conozca del mismo, el número de expediente asignado y el estado procesal que guarda el mismo. Asimismo, se hace del conocimiento del promovente que de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten, podrá ser sujeto a lo dispuesto en el numeral 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que pueden hacerse merecedores la parte quejosa, su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, incurren en las conductas anteriores. Y, es que la finalidad de una prevención es que se satisfagan los requisitos de ley -en amparos de estricto derecho como el de la especie- pues con independencia de la calidad que ostenten los agraviados -parte formal, tercero extraño en estricto sentido o en forma equiparada- no están eximidos de cumplirlos, sobre todo porque únicamente con base en su contenido preciso es factible verificar los presupuestos procesales de la acción constitucional y apreciar que no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este sentido, las exigencias contenidas en el artículo 108 de la legislación de la materia deben ser colmadas por quien se dice agraviado, por lo que este juzgado no puede soslayar que no se satisfagan las formalidades del numeral en comento. Lo anterior, con independencia de que el impetrante señale que el acto reclamado debe considerarse como de imposible reparación, pues los requisitos aludidos en el numeral señalado en el párrafo precedente, tiene como finalidad que el órgano de amparo integre debidamente la relación jurídica procesal y así, estar en posibilidad de pedir a las autoridades responsables los informes respectivos, emplazar a los terceros interesados, dar la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para exponer lo que a su derecho convenga, de ahí que la falta de prevención respecto de esos puntos, transgrediría las normas fundamentales del procedimiento de amparo. Por último, recuérdese al promovente que la materia de la prevención versa sobre aspectos conformadores de la litis constitucional y exigen declaratoria bajo protesta de decir verdad, lo que implica además que el desahogo de esta prevención debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda, o bien, por su representante legal. Sirve de apoyo por las razones que informa, la jurisprudencia, que cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Apercibido que de no dar cumplimiento a la prevención, su demanda se tendrá por NO PRESENTADA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la ley de la materia. En diverso aspecto dado que el promovente del amparo señaló como domicilio para y recibir notificaciones las listas de publicación de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, hágansele todas las notificaciones, aun las de carácter personal, por ese medio, hasta en tanto el inconforme realice la designación correspondiente. Además, se tiene por autorizado para oír y recibir notificaciones, así como para recoger documentos a ***************. Sin lugar a tener por facultados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ************, toda vez que no tiene inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que sólo se le tiene por autorizada para los efectos indicados en el párrafo anterior, sin perjuicio de que una vez que cumpla con lo anterior y previa designación que se haga en su favor por parte del quejoso, se provea lo conducente. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese por oficio al Juzgado Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno y por lista al inconforme.
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