Fausto Castellón Ortega

Expediente 1088/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1088/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
06/12/2022

Partes del expediente

  • Fausto Castellón Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    Firmeza del auto de desechamiento Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra la determinación de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en la que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo hubiese realizado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado de manera supletoria, se declara que causó estado esa resolución. Archivo y valoración del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Anotaciones Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Celaya, Guanajuato, el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós Recepción de la demanda Se tiene por recibida la demanda promovida por *********, quien se ostenta como autorizada en términos amplios del artículo 1069 del Código de Comercio vigente, por parte de *********, que aduce cuenta con el carácter de apoderado general judicial para pleitos y cobranzas, actos administración de la parte demandada en el juicio de origen *********, contra actos del juez del Sistema de Oralidad Mercantil en la región de Celaya, Guanajuato, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14 y 17 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y regístrese con número 1088/2022-6. Desechamiento De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y su aclaración. En caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Lo anterior, dado que, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes que crean falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, esta juzgadora advierte que se materializa el supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que está previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción I, 5, fracción I y 6, párrafo primero, todos de la ley. Tales numerales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De las porciones normativas transcritas se puede advertir el principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio constitucional, el cual se materializa en la figura procesal de la parte quejosa, que implica, en lo que interesa, que solamente aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo que considere afectado por el acto de autoridad, podrá instarlo ya sea por propio derecho, su representante legal o apoderado. Dicho lo anterior, en el presente asunto no se cumple con el requisito de instancia de parte agraviada debido a que a la promovente *********, le reviste el carácter de autorizada en los términos amplios del artículo 1069 del Código de Comercio vigente en el sumario de origen, del actor *********, que aduce cuenta con el carácter de apoderado general judicial para pleitos y cobranzas, actos administración de la parte demandada en el juico de origen *********." Sin embargo, tal autorización no tiene el alcance de tenerla como autorizada en los términos amplios del artículo 1069 del Código de Comercio vigente, porque dicha autorización sólo surte efectos para atender procesalmente el juicio natural, ya que el alcance de las facultades ahí otorgadas sólo se limita a la tramitación del proceso de origen, por ser una autorización de tipo procesal en la que el legislador no previó que el autorizado adquiriera el carácter de representante legal o apoderado; ello es así, porque debe advertirse el contexto en el cual se da dicha facultad, es decir, dentro de un juicio seguido bajo las reglas del código adjetivo de esta entidad federativa y, el presente juicio, constituye un medio de control constitucional de carácter extraordinario y no una instancia procesal más prevista por esa codificación. Además, porque tales facultades procesales deben armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, acorde con el cual se reserva al quejoso como directamente afectado la formulación de la demanda de amparo. Sirve de sustento, la jurisprudencia 1a./J. 108/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 327, registro 2005035, que establece: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis de jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", que para formular la demanda de amparo es necesario que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el 3 del mismo mes y año; de ahí que el quejoso no pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la vigente se advierte que dicha autorización surte efectos sólo para atender procesalmente el juicio mercantil de origen. Tales consideraciones sustanciales que fueron analizadas desde la perspectiva del trámite del juicio de amparo directo, al resolver la contradicción de tesis 135/2013, resultan de aplicación extensiva, en lo conducente, al caso del juicio de amparo indirecto, ya que en relación con la personalidad de quien promueve el juicio constitucional, la legislación de la materia establece reglas generales que permiten utilizar la solución de aquella contradicción. En consecuencia, en el amparo indirecto en materia mercantil, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio." Asimismo, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Segunda Parte-2, julio-diciembre de 1990, página 566, registro 225116, que dispone: "LEGITIMACION PARA PROMOVER EL JUICIO DE GARANTIAS. Si en el juicio constitucional comparece la quejosa por sus propios derechos, demandando el amparo y protección de la justicia federal contra la sentencia dictada en un procedimiento judicial, donde fue demandada la sucesión a bienes del arrendatario y en donde el actor dijo que ella era la representante de la sucesión, en la especie se estima que el acto reclamado no afecta a la quejosa, en virtud de que la sentencia que se reclama recayó sobre la sucesión, la cual resulta ser la directamente agraviada, y quien en un momento dado es la única que podría promover a través de su representante legal o albacea el juicio de garantías de acuerdo al artículo 4o. de la Ley de Amparo, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de la materia, en virtud de que la amparista compareció por sus propios derechos y no como representante ni albacea de la sucesión aunque el actor le haya señalado un carácter, pues no existe prueba al respecto." En estas condiciones, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción I, 5, fracción I y 6, párrafo primero, todos de la Ley de Amparo, de conformidad con el diverso numeral 113 de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda promovida por Vanessa Bernabé Ramos. No pasa inadvertido para la suscrita la posibilidad de formular la prevención respectiva en cuanto a la acreditación de la personalidad, por ser un presupuesto procesal que refiere a la capacidad o legitimación que deben tener las partes para actuar en un proceso, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo; sin embargo, a ningún fin práctico conduciría requerirle que acredite tal extremo con las constancias relativas, si al final de cuentas, al tener el carácter de autorizada en términos amplios en el juicio de origen, se desecharía este juicio biinstancial una vez que desahogue la prevención, en atención a lo que ha sido previamente expuesto. Domicilio procesal. En razón de que la promovente señaló el correo electrónico ********, se autoriza para consultar el expediente por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación al usuario "********", matriculado debidamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación, ello en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto y 31 fracción III, de la ley de la materia. Asimismo, desde ahora se tiene dicho usuario como sitio para recibir notificaciones personales, en razón de que la firma electrónica es el medio de ingreso al referido sistema electrónico, constituye una opción para recibir notificaciones y porque así lo solicitó el promovente. En razón de lo anterior, la oficial judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, deberá habilitar al usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. Designación de autorizados Se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica en el escrito inicial de demanda, en razón que no proporcionó mayores datos de los que se advierta que cuentan con cédula profesional federal registrada en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.

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