Fausto Argueta Prado
Expediente 111/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 111/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Fausto Argueta Prado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede a las partes para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2º, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA la sentencia en donde se negó la protección constitucional, comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables, para los efectos legales procedentes. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales; publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; al ubicarse en la hipótesis prevista en la fracción I del inciso b) del artículo 18 de dicho acuerdo, se considera que el presente juicio de amparo, es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que se negó la protección constitucional solicitada; asimismo, que no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en la caratula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, procédase a transferirse este juicio de amparo, así como el original del incidente de suspensión, previo aviso a la Dirección General de General de Archivo y Documentación. Posterior, procédase a la depuración del presente juicio de amparo, debiéndose generar previamente los documentos por duplicado que establece el artículo 29 del Acuerdo General de mérito, a efecto de tener plena identificación del expediente destruido. No obstante, lo anterior, el original del incidente relativo al presente juicio de amparo, de conformidad a la fracción I, inciso a), del artículo Décimo Octavo, es susceptible de depuración, toda vez que se negó la suspensión provisional y se concedió la suspensión definitiva. De conformidad en la fracción II inciso a) del ordinal vigésimo del multicitado Acuerdo General, destrúyase el duplicado del referido incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído, previa acta de la relación que se elabore para la identificación del incidente y anotaciones correspondientes en los libros respectivos.
- Principal
ÚNICO.- La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE, a Fausto Argueta Prado, contra los actos y las autoridades precisadas en esta esta resolución constitucional, por las razones aquí expuestas.
- Principal
Vista la cuenta, téngase por recibido y agréguese a los autos, los oficios signados por Director Comercial y la Jefa del Departamento de Rezagos, ambos del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales rinden sus respectivos informes justificados. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; con el contenido del referido informe justificado, dese vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga. Lo anterior es sin perjuicio de hacer la relación correspondiente del informe justificado en la audiencia constitucional.
- Incidental
En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a las CATORCE HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DELTRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, ante la presencia del licenciado Jorge Carrasco Rodríguez, Secretario en Funciones de Juez, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con fundamento en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo y de conformidad con la autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con número de oficio CCJ/ST/3781/2020, de fecha catorce de diciembre del dos mil veinte, asistido por la licenciada Daisy Yanira Romero Gamboa, Secretaria del Juzgado, que autoriza y da fe, inició la AUDIENCIA INCIDENTAL señalada en autos, sin la comparecencia de las partes, ni representante legítimo de ellas. En seguida, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran, la copia del escrito de demanda, y demás constancias que integran este incidente. El Secretario en Funciones de Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Acto continúo, se abre el período de PRUEBAS, la Secretaria hace constar que únicamente ofreció prueba documental la parte quejosa, misma que anexó a su demanda de amparo; Al respecto la Secretaria en funciones acuerda: ténganse por admitida dicha prueba y por desahogada sin más trámite en atención a su propia y especial naturaleza. Ello de conformidad con lo establecido en los artículos 143 y 144 de la Ley de Amparo; por tanto, se cierra dicho período. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la Secretaria certifica: que ninguna de las partes los formuló. Acto continuo, se dicta la siguiente resolución interlocutoria. Vistos, los autos del Incidente de Suspensión, deducido del juicio de amparo 111/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.- ********************, reclamó del:********************SEGUNDO.- Se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los artículos 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 125 de la Ley de Amparo. SEGUNDO.- Existencia del acto reclamado. El Director Comercial y Jefa de Departamento de Rezagos, ambos del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (COAPATAP) negaron el acto reclamado, sin embargo, no puede tenerse como inexistente, toda vez que de las razones y circunstancias que se exponen en los informes que el acto reclamado si existe (únicamente por lo que hace al cobro del adeudo y para efectos de este incidente), lo expuesto desvirtúa sus negativas y en base en el examen de dichos informes debe tenerse por cierto, además que también se desvirtúa con la documental que anexo la parte quejosa a su demanda de amparo, en el que se advierte la existencia del cobro del adeudo. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis aislada, con registro IUS 211004, visible en la página trecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, materia común, sustentada por el extinto Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." TERCERO.- La parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de cortar el suministro de agua potable. Ahora bien, cabe precisar que la suspensión en el juicio de amparo es una medida cautelar que tiene como objeto mantener un estado de cosas mientras se resuelve el juicio en lo principal y, cuando la naturaleza otorgamiento, debe también ponderarse la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, como presupuestos de la medida cautelar, a fin de resolver si tal afectación es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pudiere sufrir el quejoso. En diverso tenor, los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo establecen el deber de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, lo cual se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el amparo, de modo tal que, según el cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Así, del ejercicio de ponderación que exigen las normas antedichas, es posible concluir que le asiste a la parte quejosa la apariencia del buen derecho, pues de corroborarse el concepto de violación planteado en el juicio de amparo principal, en cuanto aduce que la autoridad responsable pretende restringir los derechos, sin que se respetaran sus prerrogativas constitucionales, denota la existencia de un posible acto arbitrario en relación con el cual, sería posible vislumbrar el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Expuesto lo anterior, igualmente se respeta la exigencia inmersa en fracción II de artículo en comento, toda vez que en la especie no se advierte que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, se siga perjuicio al interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, debido a que, al tener como efecto la medida de trato que las autoridades responsables no priven a la parte quejosa del suministro del servicio de agua, la concesión de la misma únicamente repercutiría en su esfera jurídica, por derecho está basado en las premisas de un acceso al bienestar de toda la población, sustentado por los mismos principios de igualdad y no discriminación, independientemente de las circunstancias sociales, de género, políticas, económicas o culturales propias de la comunidad en la que se opera. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de la Materia, lo procedente es conceder a la parte promovente la medida cautelar que solicita, para el único efecto de que las autoridades responsables no lo priven del suministro de agua potable que tiene contratado en el domicilio ubicado en ********************que ampara el contrato ********************, Ruta ********************, medidor número ********************, hasta en tanto se notifique la ejecutoria respectiva. Se hace la precisión, que la presente medida cautelar no implica que el usuario del servicio de agua potable deje de cubrir el monto por el consumo que realice respecto del acuerdo de voluntades que tiene celebrado con el ente del sector público que le suministra el líquido vital, en la medida de que, la providencia definitiva concedida no es constitutiva de derechos, por lo que el otorgamiento de la misma no podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. En consecuencia, si el quejoso deja de cubrir las cantidades que de acuerdo con el referido convenio debe pagar por concepto de consumo de agua potable, ésta suspensión tendrá como único efecto el no privarlo del servicio de mérito, sin perjuicio de que se le reduzca el suministro respectivo al mínimo necesario del líquido vital para su subsistencia, esto es, a cincuenta litros de agua diarios por persona; sin que esta reducción transgreda los derechos de la parte quejosa, porque dicha cantidad de líquido es la necesaria para cubrir las necesidades básicas personales y domésticas, conforme a lo definido por la Organización Mundial de la Salud. Sustenta lo anterior, la tesis número I.8º.A.132A, visible en la página 2605, Tomo IV, Octubre de ********************7, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA ORDEN DE RESTRICCIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CINCUENTA LITROS DIARIOS POR CADA HABITANTE DE UN INMUEBLE.- El orden constitucional mexicano reconoce el derecho al mínimo vital como el que, fundado en la dignidad humana, impone la necesidad de que los individuos cuenten con condiciones que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a fin de facilitar su participación activa en la sociedad, como garantía del Estado democrático de derecho. Dicha prerrogativa cobra plena vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su objeto abarca todas las medidas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano, que es la dignidad. Como lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta es condición y base del resto de los derechos fundamentales, en tanto que derivan de su reconocimiento como una norma jurídica fundamental y no como una mera declaración ética. En estas condiciones, la orden de restricción del servicio de agua potable que se limita a reducir el suministro a cincuenta litros diarios por cada habitante de un inmueble, no viola el derecho señalado, pues reduce el suministro conforme a lo definido por la Organización Mundial de la Salud, en lo que se refiere a la cantidad de dicho líquido, necesaria para cubrir las necesidades básicas personales y domésticas. Por tanto, contra la orden de restricción señalada es improcedente conceder la suspensión definitiva en el amparo, al no afectarse el derecho al mínimo vital". Lo anterior obedece a la necesidad de no soslayar el postulado consagrado en el ordinal 115 de la Constitución General de la República a favor de los Municipios, con relación a su facultad de administrar libremente su hacienda, respecto a los ingresos que obtenga derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo, entre los que se encuentra el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. La medida cautelar que se concede deberá de ser acatada por las autoridades responsables, con el apercibimiento de que en caso de desobediencia se actualizaría la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Sin que se advierta la necesidad de fijar garantía alguna para garantizar los efectos de la presente medida suspensiva, toda vez que no se desprende la existencia de algún tercero interesado que sufra algún daño o perjuicio con la misma. En consecuencia, con fundamento en los artículos 125, 130, 140 y 144 de la Ley de Amparo, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ********************, pues como quedó estipulado en párrafos que anteceden. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 138, 144 y 146 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede a ********************, la suspensión definitiva del acto reclamado a las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta interlocutoria y por los motivos expuestos en el tercer considerativo. Notifíquese.
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