Fausto Alvarado Castillejos
Expediente 513/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fausto Alvarado Castillejos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso Fausto Alvarado Catillejos, interpusiera recurso de revisión contra el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo 513/2021. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso B, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto sobreseído fuera de audiencia, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso B, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil veintiuno Visto el estado de autos, se advierte que la autoridad responsable Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial del Istmo, al rendir su informe justificado, informa que con fecha uno de octubre del año en curso, el Juez de Control del Distrito Judicial del Istmo, sede en Matías Romero -en cumplimiento a lo ordenado en el incidente de suspensión 255/2021 del índice de este Juzgado- le solicitó la devolución del auto de apertura a juicio dictado el veintidós de enero del año que transcurre, lo que realizó en esa misma fecha, mediante oficio 1844/2021, consecuentemente, la fecha señalada para el desahogo del juicio oral o debate, quedó sin efecto, y el acusado ya no se encuentra a disposición de ese Tribunal de Enjuiciamiento Ahora, Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo las causales de improcedencia deberán analizarse de oficio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo En el caso, quien esto provee estima que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; La causa de improcedencia prevista en el citado artículo, se actualiza cuando se advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en la cual éste se emitió, de manera que de estimarse fundada la violación alegada, tornaría jurídicamente imposible restituir al peticionario de amparo en el goce del derecho fundamental vulnerado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia protectora, pues modificado el acto reclamado, sin haber dejado huella en la esfera jurídica del gobernado susceptible de reparación, impide que ese acto y sus efectos trasciendan; y por ende, que el fallo protector cumpla con su finalidad. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, correspondiente al mes de Agosto del 2000, página 357, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De igual modo, la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el del Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo VII, abril de 1998, página 241, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". En ese sentido, como se advierte de las copias certificadas deducidas del disco DVD remitido por el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial del Istmo, en apoyo a su informe justificado, documental que por ser pública en términos delo establecido por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por el numeral 2° de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, merecen eficacia demostrativa plena según lo dispuesto por los numerales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados, consistente en el auto de uno de octubre de dos mil veintiuno, dictado en los autos de la causa penal 485/2019 del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Región Istmo, del que se advierte que ordena devolver mediante oficio al Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Matías Romero Avendaño, Oaxaca, el auto de apertura a juicio de veintidós de enero de dos mil veintiuno, así también ordena la cancelación inmediata de la audiencia de debate programada (para las diez horas del doce de septiembre del año dos mil veintidós). Ahora, es pertinente precisar que en esta instancia constitucional, el acto reclamado lo constituye el acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por el Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial del Istmo, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, en la causa penal 485/2019, donde se confirma la fecha fijada para la celebración de la audiencia de juicio oral (doce de diciembre de dos mil veintidós). Por lo tanto, en el caso, el suscrito advierte que en el presente asunto dejó de existir el objeto material del acto reclamado con motivo de la devolución del auto de apertura a juicio al juez de control, así como la cancelación de la audiencia de debate programada, la cual dio por consecuencia que la misma quedara sin efectos. En ese sentido, ningún efecto práctico tendría pronunciarse de fondo sobre una acto que no podrá materializarse (acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintiuno en el que se confirma fecha y hora de la audiencia de debate), ante la modificación de la situación jurídica que originó el acto reclamado, porque aun subsistiendo el citado acuerdo, existe la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto (fecha y hora programada para la audiencia de debate), lo que en el caso sucedió por causas ajenas a la voluntad de la autoridad responsable en este asunto. Por las consideraciones antes expuestas, al actualizarse la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. No representa obstáculo a la conclusión anterior, el hecho de que se haya admitido a trámite la demanda de amparo, dado que la simple admisión de la demanda de amparo, en modo alguno presupone la procedencia del juicio ni tampoco constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos y de la propia demanda, puesto que este juzgador está obligado a proceder en tales términos, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Sin que el sobreseimiento fuera de audiencia, cause agravio a la parte quejosa o la prive de defensa, pues ni aun celebrándose ésta, el agraviado podría desvirtuar con prueba alguna la causa de improcedencia de mérito, que se torna notoria, manifiesta e indudable; razones por las cuales el resultado del fallo tendría el mismo sentido; pues en todo caso, por tanto, en atención al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional, procede resolver fuera de audiencia1. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así también, conviene precisar que al considerar procedente sobreseer en el juicio por actualizarse una causal de improcedencia manifiesta y notoria, no se le restringe al impetrante del amparo un efectivo acceso a la justicia tutelado en el numeral 17 de la Constitución Federal, ni el diverso numeral 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues de su interpretación se advierte que garantizan el derecho fundamental a favor de los gobernados relativo al acceso efectivo a la justicia, que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas. Es así, ya que el acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan requisitos de procedencia y plazos para ejercer un derecho, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. Además, con la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diez de junio de dos mil once, implica la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el Juez de Amparo deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en la Ley de Amparo para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa Y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 699, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2004823 de rubro y texto siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo." De igual forma, cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 487, del tomo I, Libro 3, correspondiente al mes de febrero de dos mil catorce, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2005717, cuyo tenor literal es: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.- Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por lo antes expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las dieciocho horas con quince minutos del veinte de diciembre de esta anualidad. Finalmente, toda vez que fue agregado en el Libro de Comunicaciones Oficiales Enviadas el despacho orden 994/2021, origen 698/2021, al presente juicio, sin que se haya recaído en acuerdo alguno, dese de baja y hágase las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el Libro de Comunicaciones Oficiales Enviadas. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el informe justificado rendido el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial del Istmo, sede Salina Cruz, Oaxaca, glósese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que hagan valer lo que a su derecho convenga. Respecto al material de audio y video que el Juez responsable remite, por tratarse de una prueba documental pública, la misma se desahoga sin necesidad de una audiencia especial en la cual se reproduzca el contenido de dicho DVD, atento a lo establecido en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se invoca por identidad de razones jurídicas, publicada en la página 703, del Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2004362, que al rubro dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTIVOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Guárdese en la Secretaría de este Juzgado, el disco que la autoridad judicial adjuntó al oficio de cuenta. Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede, en la que se hace constar que el Juez de Control, adjuntó a su informe justificado un disco DVD certificado que contiene la causa penal 485/2019; en consecuencia, se ordena deducir copia certificada de la resolución contenida en dicho DVD, relativa a la orden aprehensión reclamada y glósese a este expediente para que surta sus efectos legales consiguientes. DIFERIMIENTO ANTICIPADO Ahora, como el informe justificado de cuenta, no fue presentado con ocho días de anticipación, como lo prevé el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el veintiséis de noviembre del año en curso, y en su lugar se fijan las dieciocho horas con quince minutos del veinte de diciembre de dos mil veintiuno, para su celebración; siendo factible que se lleve a cabo sin la asistencia de las partes, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica, de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto 16 de las preguntas y respuestas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, en torno al acuerdo mencionado; salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presentes. Máxime que en el caso, el acto reclamado, no se ubica en los supuestos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para poder alegar de manera oral en la audiencia, aunado a que no hay ofrecimiento de pruebas que requieran la presencia de las partes o de diversas personas conforme a la certificación secretarial que antecede. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 191995, cuyo tenor literal es: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, advirtiéndose que en proveído que antecede se ordenó reexpedir el oficio 20504/2021, con la denominación correcta a la autoridad responsable Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial del Istmo, sin que a la fecha obre acuse de recibo; en consecuencia, a efecto de no irrigar perjuicio alguno a la citada autoridad responsable, pueda rendir el informe justificado solicitado, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, reexpídase el mismo. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA En atención a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día; fijándose las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Notifíquese.
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