Faustino Zárate Rodríguez
Expediente 1557/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1557/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/08/2021
Partes del expediente
- Faustino Zárate Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Firmeza del acuerdo que concluyó el juicio constitucional. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta con fundamento en lo previsto por los ordinales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto en donde se desechó de plano la demanda de amparo, dado que no se atacó esa determinación. Archivo. Con apoyo en lo previsto por el numeral 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte archívese el expediente en el que se actúa como asunto concluido. Valoración de expediente. En cumplimiento a lo señalado en los numerales 21 y 35 del Acuerdo General aludido, como se desechó la demanda de amparo, se estima que este expediente es destruible. Se considera que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General invocado. De igual forma, se indica que -conforme a la certificación de cuenta- en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del dispositivo 3°, fracción XVIII, del Acuerdo General invocado. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al ordinal 21 del Acuerdo General referido, este órgano jurisdiccional conservará el presente expediente por el término de tres años, contados a partir del presente auto en que se ordenó su archivo como asunto concluido. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de dicho artículo, este órgano jurisdiccional -dentro de los treinta días siguientes- procederá a su destrucción y remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En el entendido, que no serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en el Acuerdo General. Anotaciones en libro de gobierno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE-.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa FAUSTINO ZÁRATE RODRÍGUEZ, la resolución de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en la que se determinó lo siguiente: "En atención a la certificación de la cuenta, y toda vez que a la fecha no se ha logrado materializar esa notificación, se comisiona a uno de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente a la parte quejosa el auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte y la presente determinación." Por su parte, el auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, dispuso: "Avocamiento. Ténganse por recibidos el comunicado proveniente del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, al que se adjunta copias certificadas de diversas actuaciones del juicio de amparo 1079/2020, en donde obra una demanda de amparo presentada por Faustino Zarate Rodríguez. Expediente electrónico y número de registro. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1557/2020. Ahora bien, de la comunicación de cuenta se advierte, en lo que interesa, que el referido órgano jurisdiccional con apoyo en lo previsto por el numeral 66 de la Ley de Amparo, determino´ separar los autos del juicio de amparo indirecto 1079/2020 respecto de los actos que el inconforme Faustino Zarate Rodríguez reclamo´ al Instituto Nacional del Suelo Sustentable, Delegación Jalisco y otras autoridades, consistente en el trámite derivado de la solicitud de contratación JAL0022300 y las consecuencias que de esa actuación emanen. Lo anterior, porque señaló que si bien el disidente en ese asunto impugnó los tramites de regularización de dos solicitudes, lo cierto es que técnicamente no resultaba valido que en una sola contienda constitucional pudieran ser analizados y resueltos actos pertenecientes a procedimientos autónomos y distintos entre sí, por lo que estimó procedente decretar de plano la separación de juicios y dispuso el envío de las constancias del referido juicio constitucional en copia certificada a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco para su registro y turno correspondiente, por tal motivo se recibieron esas actuaciones en cuanto al referido acto reclamado. Al respecto, en términos de lo previsto por artículos 35 y 113 de la Ley de Amparo; 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia e interpretado en sentido contrario, este Juzgado Federal se avoca al conocimiento del presente asunto promovido por Faustino Zarate Rodríguez en contra de los actos reclamados al Instituto Nacional del Suelo Sustentable, Delegación Jalisco, así como al Jefe de la Oficina del Registro Público y de Comercio y Director de la Oficina de Catastro, ambos de Ameca, Jalisco, consistentes en el trámite derivado de la solicitud de contratación JAL0022300 y las consecuencias que de esa actuación emanen, dado que comparte en lo esencial las razones que expuso el Tribunal de amparo señalado para separar los autos del juicio constitucional 1079/2020 respecto de las actuaciones atacadas por el mencionado justiciable. Consideración preliminar. Como cuestión previa es necesario establecer que de la demanda se advierte que el disidente Faustino Zarate Rodríguez reclama los actos siguientes: Del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, Delegación Jalisco: El trámite derivado de la solicitud de contratación JAL0022300, relativo a la regularización del predio ubicado en "la zona 2 de la manzana 39, Lote de Terreno 40 con superficie de 2,335.00 metros cuadrados e Identificándose con sus medidas y colindancias Al Noreste en 37.20 metros con límites de expropiación; Al Sureste en 58.85 metros con Lote 22; Al Suroeste en 33.10 metros con Lote 20; y Al Noroeste en 70.15 metras con Lotes 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39, ambos del ex Ejido de Ameca, Municipio de Ameca, Jalisco". Del Jefe de la Oficina del Registro Público y de Comercio y del Director de la Oficina de Catastro, ambos de Ameca, Jalisco: La inscripción catastral y el registro de la escritura pública que se llegue a emitir a favor de terceros, derivado del trámite de regularización antes indicado. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda, debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa, esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Precisa destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende de la demanda y sus anexos se dicta la determinación siguiente: Se desecha de plano la demanda. Con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda presentada por Faustino Zarate Rodríguez, porque en relación con los actos reclamados a las autoridades responsables señalados en los párrafos precedentes se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción VI, de la propia legislación, este último numeral interpretado en sentido contrario, dado que el disidente no tiene el carácter de persona extraña frente al procedimiento administrativo relativo al trámite derivado de la solicitud de contratación JAL0022300 del índice del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, Delegación Jalisco, en el que afirma que se pretende regularizar un predio a favor de Candelario Rodríguez Gómez y María Elena González Aranda, dado que como se desprende de la narración de hechos de su demanda, aún no se ha dictado una resolución definitiva en aquél y tampoco se ha materializado la orden de escrituración del predio que indica a favor de algún tercero. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]" El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Por otro lado, del precepto inserto en segundo orden se advierte que el juicio de protección de los derechos fundamentales procede contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas a él. En tal sentido, debe precisarse que tanto la doctrina como la jurisprudencia utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse al supuesto de procedencia del amparo indirecto previsto por el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; sin embargo, acorde con el criterio actual adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Con base en lo anterior es factible sostener que para los efectos del juicio de amparo, en términos del ordinal 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es en principio aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del asunto o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, y queda incluida en este concepto por equiparación la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 7/98 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: Por otro lado, es preciso indicar que si bien la disposición analizada se refiere a los actos dictados dentro o fuera de juicio, es aplicable, por analogía, a los actos dictados en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, al margen de que éstos se substancien por órganos que formalmente tienen una función distinta a la administrativa, porque las actuaciones de un procedimiento de la naturaleza indicada se asemejan, dependiendo del estadio procesal en el que se encuentren y por sus características, a los actos dictados dentro o fuera de un contradictorio. En diverso aspecto, es preciso indicar que el Alto Tribunal del País ha establecido en relación con la procedencia de este medio procesal de tutela constitucional cuando se promueve por una persona extraña al juicio por equiparación que ese carácter se pierde cuando el gobernado conoce de la existencia del procedimiento contencioso antes de que se dicte la sentencia, ya que basta ese conocimiento para dar por sentado que está en aptitud de integrarse a la relación jurídica procesal para hacer valer los recursos y los medios ordinarios de defensa previstos por la ley para ejercer su derecho fundamental de audiencia. La Superioridad también ha sostenido que cuando el afectado conoce de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparece al asunto a pesar de que no haya sido legalmente emplazado desvirtúa su carácter de persona extraña frente al procedimiento relativo, porque al acudir a la controversia tiene la posibilidad de defenderse dentro de ella, pero puntualizó que ese criterio no es extensivo a todos los casos, ya que no es válido afirmar que la calidad de persona extraña al juicio alegada por la parte formal en el contradictorio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del proceso contencioso y la comparecencia a él, porque basta que antes de que se dicte el fallo correspondiente el promovente del amparo tenga conocimiento de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda ese carácter, dado que en tal supuesto está en aptitud de integrarse a la relación jurídica procesal para hacer valer los mecanismos de defensa establecidos por la legislación aplicable a fin de defender sus intereses. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de contenido: También se cita por las razones que suministra la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación , que informa: Ahora, en la especie el disidente promovió este medio extraordinario de defensa ostentándose como persona extraña frente al procedimiento administrativo correspondiente a la solicitud de contratación número JAL0022300, que se tramita en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, Delegación Jalisco, con el que se pretende regularizar y adjudicar a favor de Candelario Rodríguez Gómez y María Elena González Aranda, un predio que aduce le pertenece y que ha tenido la posesión por más de veinte años, por lo que indica que de culminar ese procedimiento con la regularización y expedición de escrituras a favor de tales terceros se violaría sus derechos reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Para entender el procedimiento de regularización de predios ante el Instituto Nacional del Suelo Sustentable es necesario traer a contexto el contenido de los artículos 1, 3, 8, 31, 33, 34 y 44 de la Regla 1/07 Regla para la Regulación de la Tenencia de la Tierra, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de enero de dos mil ocho, que disponen lo siguiente: "Artículo 1. 1. El objeto de esta Regla es regular el procedimiento para la regularización de la tenencia de la tierra de lotes urbanos de origen ejidal, comunal, federal, estatal, municipal o de propiedad privada a favor de los avecindados, tanto para uso habitacional como para el desarrollo de opciones productivas sociales. Tratándose de predios de origen estatal, municipal, y del Distrito Federal, la Corett puede coadyuvar con los gobiernos de los Estados, de los municipios y del Distrito Federal en sus procedimientos de regularización cuando éstos así lo soliciten, en los términos de los convenios que al efecto se celebren. 2. El procedimiento para la regularización de la tenencia de la tierra tiene un carácter técnico-social y forma parte de las estrategias para el combate a la pobreza urbana. Su objetivo es otorgar certeza jurídica a los avecindados en situación de vulnerabilidad e incorporar las superficies regularizadas al desarrollo urbano, de conformidad con los planes y programas en la materia." "Artículo 3. El procedimiento para la regularización de la tenencia de la tierra de origen ejidal o comunal se divide en las siguientes etapas: a) Preparatoria o de integración del expediente; b) De tramitación de la expropiación o, en su caso, de adquisición de derechos de los inmuebles a regularizar, y c) De contratación y escrituración de lotes." "Artículo 8. La etapa de contratación y escrituración de lotes está a cargo de las Delegaciones; de la Dirección de Planeación y Sistemas, de la Dirección de Operación y de la Dirección de Asuntos Jurídicos y comprende las siguientes acciones: 1. Autorización ante la autoridad competente de la cartografía; 2. Verificación de uso, posesión y destino de lotes; 3. Elaboración del censo de uso, posesión y destino de lotes por parte de la Delegación correspondiente con el apoyo de la Dirección de Operación; 4. Promoción y sensibilización del trabajo de regularización; 5. Elaboración del presupuesto y costos de regularización; 6. Formalización de la regularización; 7. Verificación del pago, expedición y entrega de escrituras de regularización; 8. Integración del padrón de beneficiarios, y 9. Realización del cierre de poblados." "Artículo 31. 1. Una vez elaborado el presupuesto de los costos del procedimiento de regularización de lotes conforme a lo dispuesto en los artículos 23, 24 y 30, se procederá a notificarlo por personal acreditado de la Corett, llenando el "Cédula de Notificación del Costo de Regularización" (OR-2); al hacerlo, se invitará al avecindado a formalizar su solicitud de contratación en los términos de los artículos 33 y 34, señalándole el domicilio de la oficina de la Corett a la que deberá de acudir para realizar dicho trámite. 2. Las notificaciones deberán efectuarse personalmente al avecindado siguiendo el procedimiento establecido para las notificaciones en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; para los efectos de esta notificación, se entenderá por domicilio el lugar de la ubicación del lote a contratar. 3. En el caso de las superficies que se encontraban desocupadas en el momento de elaboración del censo de uso, posesión y destino de lotes y que, posteriormente fueran ocupadas, se notificará el presupuesto al tercero interesado en regularizar, en el momento en que acuda a la delegación de la Corett correspondiente." "Artículo 33. Notificados los presupuestos para cada uno de los lotes en los términos del artículo 31, los avecindados deberán acudir a presentar su solicitud de contratación en el domicilio señalado conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 31, llenando el formato "Solicitud de Contratación" (OR-3)." "Artículo 34. El avecindado deberá realizar personalmente la solicitud de contratación ante la Corett, la que tramitará de manera individual o, en su caso, por familiar autorizado mediante carta poder firmada por dos testigos o por representante legal. Tratándose de personas morales, se deberá de realizar la solicitud de contratación a través del representante legal, debidamente acreditado con poder notarial, debiendo adjuntar copia certificada del acta constitutiva. La solicitud de contratación deberá contener los datos establecidos en el formato a que se refiere el artículo 33 de esta Regla, así como incluir la obligación del avecindado de pagar el costo que le corresponda, documentado de la manera convenida con la Corett, establecido en los términos del artículo 24 de esta Regla, previamente a la entrega de su escritura. En caso de que la Corett no de respuesta a la solicitud de contratación en un plazo de tres meses, se tendrá ésta por denegada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. La Delegación deberá notificar al avecindado mediante el formato "Notificación para Subsanar Omisiones" (OR-6), dentro de los veinte días siguientes a la recepción de la solicitud de contratación, de cualquier omisión en que éste haya incurrido en el llenado de la solicitud y lo requerirá para que subsane la omisión, bajo apercibimiento que, de no hacerlo dentro de los 5 días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación, se tendrá por desechada su solicitud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo." "Artículo 44. 1. Cuando existan conflictos de posesión de lotes y las partes acrediten conforme a esta Regla, su calidad de avecindados, la Corett se abstendrá de aprobar la solicitud de regularización suspendiendo el procedimiento, hasta en tanto no sea resuelta la controversia vía judicial o extrajudicial, reanudándose el trámite una vez que se presente el documento que acredite la resolución del conflicto. 2. Extrajudicialmente se requiere de un convenio firmado por las partes, en el que se manifieste expresamente la voluntad de las mismas de que se regularice a favor de una de ellas, o de que se regularice a cada una de ellas en las medidas que así se acuerde." De los dispositivos insertos se advierte que el objeto de esa Regla es normar el procedimiento para la regularización de la tenencia de la tierra de lotes urbanos de origen ejidal, comunal, federal, estatal, municipal o de propiedad privada, a favor de los avecindados, tanto para uso habitacional como para el desarrollo de opciones productivas sociales. Asimismo, que ese procedimiento tiene un carácter técnico-social y forma parte de las estrategias para el combate a la pobreza urbana, y que su objetivo es otorgar certeza jurídica a los avecindados en situación de vulnerabilidad e incorporar las superficies regularizadas al desarrollo urbano, de conformidad con los planes y programas en la materia. Que ese procedimiento se divide en tres etapas: a) Preparatoria o de integración del expediente; b) de tramitación de la expropiación o, en su caso, de adquisición de derechos de los inmuebles a regularizar, y c) de contratación y escrituración de lotes. En ésta última etapa comprende las siguientes acciones: 1. Autorización ante la autoridad competente de la cartografía; 2. Verificación de uso, posesión y destino de lotes; 3. Elaboración del censo de uso, posesión y destino de lotes por parte de la Delegación correspondiente con el apoyo de la Dirección de Operación; 4. Promoción y sensibilización del trabajo de regularización; 5. Elaboración del presupuesto y costos de regularización; 6. Formalización de la regularización; 7. Verificación del pago, expedición y entrega de escrituras de regularización; 8. Integración del padrón de beneficiarios, y 9. Realización del cierre de poblados. Una vez elaborado el presupuesto de los costos del procedimiento de regularización de lotes se procederá a notificarlo por personal acreditado de la autoridad competente; al hacerlo se invitará al avecindado a formalizar su solicitud de contratación y éstos deberán acudir a presentar su solicitud de contratación en el domicilio que se les indique llenando el formato "Solicitud de Contratación" (OR-3). Los avecindados deberán realizar personalmente la solicitud de contratación ante la autoridad, esa solicitud deberá contener los datos establecidos en el formato antes indicado, así como incluir la obligación del avecindado de pagar el costo que le corresponda. Finalmente, en el numeral 44 transcrito se prevé que cuando existan conflictos de posesión de lotes y las partes acrediten conforme a esta Regla, su calidad de avecindados, la autoridad se abstendrá de aprobar la solicitud de regularización suspendiendo el procedimiento, hasta en tanto no sea resuelta la controversia vía judicial o extrajudicial, reanudándose el trámite una vez que se presente el documento que acredite la resolución del conflicto. No pasa inadvertido que la Regla aludida hace referencia a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), sin embargo, debe entenderse que se refiere a la responsable, ya que se trata de la misma autoridad, porque, si bien mediante el "DECRETO por el que se reestructura la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra para transformarse en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable" publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, se modificó su denominación, objeto, organización y funcionamiento, no obstante, conforme a su Transitorio Tercero , las referencias que las disposiciones legales y administrativas, como la Regla 1/07, que se invoca hagan a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra se entenderán hechas al Instituto Nacional del Suelo Sustentable, en lo que no se opongan a su naturaleza. Así, si en la especie el quejoso aduce que es poseedor del predio que se pretende regularizar con la presentación de la solicitud de contratación JAL0022300 a favor de Candelario Rodríguez Gómez y María Elena González Aranda es evidente que se actualiza la existencia de un conflicto de posesión de lotes; por tanto, si el propio quejoso manifiesta que no existe aún una resolución a esa solicitud de contratación, entonces está en posibilidad de acudir ante el Instituto Nacional del Suelo Sustentable para acreditar el derecho que ostenta como poseedor del predio ubicado en "la zona 2 de la manzana 39, Lote de Terreno 40 con superficie de 2,335.00 metros cuadrados e Identificándose con sus medidas y colindancias Al Noreste en 37.20 metros con límites de expropiación; Al Sureste en 58.85 metros con Lote 22; Al Suroeste en 33.10 metros con Lote 20; y Al Noroeste en 70.15 metras con Lotes 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39, ambos del ex Ejido de Ameca, Municipio de Ameca, Jalisco", a fin de que se suspenda el procedimiento hasta en tanto se resuelva esa controversia, acorde con lo dispuesto en el artículo 44 de la Regla 1/07 Regla para la Regularización de la Tenencia de la Tierra transcrito. Situación que incluso el propio disidente reconoce expresamente que ya realizó a través de su escrito presentado ante la responsable el quince de septiembre de dos mil veinte, por lo que esa situación implica que de alguna manera ya se incorporó al procedimiento administrativo de origen, en donde puede hacer valer sus derechos y los medios de impugnación que correspondan para su protección; así la comparecencia del justiciable ante la responsable implica que perdió la calidad de persona extraña frente al aludido procedimiento, porque su incorporación a éste le permite conocer los datos de ese asunto, los sujetos que intervienen en él y la autoridad que lo instruye, lo cual da pauta a establecer que pueda formular su defensa en ese procedimiento. Ante tal escenario es factible sostener que la calidad de persona extraña con la que el justiciable se ostentó al ejercer la acción constitucional está desvirtuada. En este punto, es necesario tener presente que el carácter de persona extraña al juicio por equiparación se pierde cuando el gobernado conoce de la existencia del procedimiento antes de que se dicte la sentencia o la resolución final, ya que basta ese conocimiento para dar por sentado que está en aptitud de integrarse a la relación jurídica procesal para hacer valer los recursos y los medios ordinarios de defensa previstos por la ley para ejercer su derecho fundamental de audiencia y formular una defensa frente al procedimiento administrativo instruido en su contra. Luego, si el quejoso tuvo conocimiento de la existencia del procedimiento antes de que se haya pronunciado la resolución final en ese, es inconcuso que tal circunstancia hace que el inconforme haya perdido el carácter de persona extraña con el que se ostentó al ejercer la acción de amparo, fundamentalmente porque al tener noticia de la existencia del aludido procedimiento con motivo de solicitud de contratación señalada quedó en aptitud de incorporarse a la relación procesal y hacer uso de los medios ordinarios de defensa previstos por la ley contra la falta de llamamiento a ese procedimiento, en el caso de que considerara que ese acto transgredía en su perjuicio los derechos fundamentales de debido proceso, de audiencia, de legalidad y de seguridad jurídica consagrados por los numerales 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, de la Carta Magna; aunado a lo anterior, en la especie no se advierte que esté impedido para integrarse a la relación jurídica procesal a fin de que pueda ejercer su prerrogativa de defensa, sin que en la especie haya ocurrido tal circunstancia. Las consideraciones expuestas evidencian que en el caso se actualiza de manera indudable y manifiesta la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción VI, de la propia legislación, este último dispositivo interpretado en sentido contrario, en relación con los actos reclamados a las autoridades responsables, dado que el justiciable no tiene el carácter de persona extraña frente al procedimiento administrativo que deriva de la solicitud de contratación JAL0022300; por tanto, este órgano de control constitucional determina desechar de plano la demanda de amparo en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia en cuanto a las actuaciones atacadas a las responsables. Por último, aun en el supuesto de que la intervención en el procedimiento administrativo que deriva de la solicitud de contratación JAL0022300, no resultara favorable a los intereses del quejoso, no debe perderse de vista que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 250/2013, concluyó que la acción de nulidad de una escritura otorgada por la entonces Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), ahora Instituto Nacional del Suelo Sustentable, debe ejercerse en un juicio civil, en virtud de que se trata de un contrato de compraventa ya que aun cuando la cédula de contratación pudiera tener una naturaleza administrativa en función de que constituye una actuación unilateral por parte del Instituto en cita, puede impugnarse en el juicio ordinario civil en el que se reclame la nulidad de la escritura pública otorgada por la autoridad citada, pues ello tiende a eliminar un obstáculo para el acceso a la justicia en tanto que el accionante no deberá acudir a una vía diversa a la civil a impugnar una nulidad absoluta, cuando ésta es una figura regulada por la legislación civil y que, por ende, quien debe dilucidarlo es un Juez especializado en esa materia. El criterio de referencia se encuentra plasmado en la jurisprudencia 71/2018, de la Primera Sala del Alto Tribunal que dice : Domicilio procesal y autorizado de la parte quejosa. Se tiene como domicilio procesal de la quejosa el que señala en su demanda y como su autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a Marco Arturo Aguallo Tapia, porque su cédula profesional está registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Exhortación a las partes. Con fundamento en lo estatuido por los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19 se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello soliciten la autorización para acceder al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones que en su momento se dicten, a fin de transitar hacia una actuación a través del portal de servicios en línea teniendo como eje rector del quehacer jurisdiccional la tramitación de expedientes por medios electrónicos. Atención al público. Por otra parte, infórmese a las partes que en el caso de considerarlo necesario, la atención al público en general se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 invocado, teniendo como eje rector la tramitación de expedientes vía electrónica, la generación de citas para la consulta de expedientes o comparecencias -con la medidas sanitarias respectivas- y mediante el uso de las herramientas tecnológicas que para ello se implementaron. Herramientas para la atención a las partes. Con fundamento en lo previsto por el ordinal 5 del Acuerdo General 21/2020 citado solicítese a las partes que proporcionen a este órgano jurisdiccional su correo electrónico y algún número telefónico a fin de que de ser necesario se pueda entablar comunicaciones no procesales para brindar atención a los justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Para no retardar el procedimiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en el presente expediente." Lo anterior, para su conocimiento y efectos correspondientes.
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