Faustino Valdez Pompa

Expediente 389/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 22 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
389/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • Faustino Valdez Pompa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diez de noviembre de dos mil veintiuno.... se declara que la resolución dictada por este Juzgado de Distrito el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar.... archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.... Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Administradora de las Salas de los Juzgados de Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, mediante el cual informa a que órgano jurisdiccional correspondió conocer de la causa penal JC/339/2019, asimismo, remitió copia certificada del juicio oral JO/067/2021, así como un disco óptico; por tanto, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintitrés de septiembre actual, por lo que se deja sin efecto el apercibimiento ahí decretado. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 119 y 123 del cuerpo normativo en cita, se tienen por admitidas las pruebas documentales que adjuntó la autoridad oficiante, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, vistas las constancias que integran el juicio de amparo en el que se actúa se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal 32/2021, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución pronunciada en audiencia de tres de septiembre de dos mil veinte, que negó decretar el sobreseimiento parcial de la causa penal JC/339/2019; sin embargo, resulta incuestionable que ha cambiado la situación jurídica del quejoso Faustino Valdez Pompa, en razón de que el tribunal de enjuiciamiento en el juicio oral JO/067/2021, en audiencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, resolvió dictar por unanimidad sentencia absolutoria en favor del quejoso, por el delito de robo calificado, contemplado en el arábigo 174, fracción III, en relación con el numeral 176, inciso a), fracciones I y V, de la Ley sustantiva penal en vigor. Documentales que merecen valor probatorio pleno de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703. Atento a lo anterior, debe concluirse que se actualiza un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado; ello es así porque, la autoridad judicial ya resolvió su situación legal dentro del juicio de origen. Por lo cual, no se puede analizar la constitucionalidad del acto que reclama, sin afectar esta última determinación. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2482, registro 2017544, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)". Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del ordinal 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;..." Esto es así, pues del primer párrafo de la fracción XVII, del precepto 61, de la ley en consulta, se desprende que son requisitos para que opere la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, que se actualice lo siguiente: "1.- Que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial ya sea en materia civil, familiar, penal o administrativo, o en un procedimiento seguido en forma de juicio.---2.- Que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquél acto procedimental haya definido su posición frente al órgano jurídico.---3.- Que después de admitida la demanda sobrevenga, en el procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte.---4.- Que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la legalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo.---5.- Que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de éste último.". Esta hipótesis se actualiza en el presente caso, por lo que se permite establecer que al producirse este nuevo acto, se dio un cambio de situación jurídica en relación con el acto que reclama el quejoso, lo que significa que ya pasó la oportunidad legal para estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de actos precedentes al mismo, y las posibles violaciones deben considerarse irreparablemente consumadas, al haber cambiado su situación jurídica con el dictado de una sentencia absolutoria a favor del quejoso, tal como se advierte de las documentales remitidas por la autoridad oficiante, así como del disco óptico que adjuntó como complemento. Tiene aplicación al caso, por analogía jurídica, la jurisprudencia del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional". En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, pues aun cuando el quejoso alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cambiado los efectos del acto que señaló como reclamado. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación la jurisprudencia identificada con el número 2ª./J/.10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo antes narrado, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    CITATORIO. CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA POR MEDIO DE LISTA: Cuernavaca, Morelos, a cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Administradora de las Salas de los Juzgados de Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, mediante el cual informa a que órgano jurisdiccional correspondió conocer de la causa penal *****, asimismo, remitió copia certificada del juicio oral ****, así como un disco óptico; por tanto, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintitrés de septiembre actual, por lo que se deja sin efecto el apercibimiento ahí decretado. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 119 y 123 del cuerpo normativo en cita, se tienen por admitidas las pruebas documentales que adjuntó la autoridad oficiante, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, vistas las constancias que integran el juicio de amparo en el que se actúa se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal ***, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución pronunciada en audiencia de tres de septiembre de dos mil veinte, que negó decretar el sobreseimiento parcial de la causa penal ***; sin embargo, resulta incuestionable que ha cambiado la situación jurídica del quejoso ***, en razón de que el tribunal de enjuiciamiento en el juicio oral ****, en audiencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, resolvió dictar por unanimidad sentencia absolutoria en favor del quejoso, por el delito de robo calificado, contemplado en el arábigo 174, fracción III, en relación con el numeral 176, inciso a), fracciones I y V, de la Ley sustantiva penal en vigor. Documentales que merecen valor probatorio pleno de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703. Atento a lo anterior, debe concluirse que se actualiza un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado; ello es así porque, la autoridad judicial ya resolvió su situación legal dentro del juicio de origen. Por lo cual, no se puede analizar la constitucionalidad del acto que reclama, sin afectar esta última determinación. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2482, registro 2017544, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)". Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del ordinal 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;..." Esto es así, pues del primer párrafo de la fracción XVII, del precepto 61, de la ley en consulta, se desprende que son requisitos para que opere la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, que se actualice lo siguiente: "1.- Que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial ya sea en materia civil, familiar, penal o administrativo, o en un procedimiento seguido en forma de juicio.---2.- Que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquél acto procedimental haya definido su posición frente al órgano jurídico.---3.- Que después de admitida la demanda sobrevenga, en el procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte.---4.- Que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la legalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo.---5.- Que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de éste último.". Esta hipótesis se actualiza en el presente caso, por lo que se permite establecer que al producirse este nuevo acto, se dio un cambio de situación jurídica en relación con el acto que reclama el quejoso, lo que significa que ya pasó la oportunidad legal para estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de actos precedentes al mismo, y las posibles violaciones deben considerarse irreparablemente consumadas, al haber cambiado su situación jurídica con el dictado de una sentencia absolutoria a favor del quejoso, tal como se advierte de las documentales remitidas por la autoridad oficiante, así como del disco óptico que adjuntó como complemento. Tiene aplicación al caso, por analogía jurídica, la jurisprudencia del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional". En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, pues aun cuando el quejoso alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cambiado los efectos del acto que señaló como reclamado. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación la jurisprudencia identificada con el número 2ª./J/.10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo antes narrado, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, en específico de la constancia de emplazamiento practicada a la tercero interesada Alma Beatriz Dorantes, en su calidad de Asesora Jurídica Pública adscrita a la Fiscalía General del Estado de Morelos, quien representa los intereses del finado Enrique Ortega Rosas, se advierte que se emplazó a dicha parte por medio de lista el diez de agosto actual; por tanto, a fin de que tenga la posibilidad de imponerse de los presentes autos, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

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