Faustino Trejo Hernández

Expediente 440/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
440/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Faustino Trejo Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que el término concedido a las partes por proveído de siete de noviembre de dos mil veintitrés, transcurrió del diez de noviembre al veinticuatro de noviembre del año en curso; siendo inhábiles en ese periodo los días: once, doce, dieciocho, diecinueve y veinte del mes y año en curso, sin que las partes hubieren hecho manifestación alguna al respecto, en consecuencia, díctese la resolución que corresponda. Notifíquese.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio STPSH/TECA/AMP/2025/2023, del Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, con el cual remite: copia certificada del nuevo laudo de tres de noviembre de dos mil veintitrés; téngase a la responsable informando sobre el cumplimiento que dice dar a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de diez días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto, el estado de autos del juicio de amparo directo laboral ********************, se advierte que la autoridad responsable, Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, mediante oficio ******************** de veintidós de agosto de dos mil veintitrés [foja 64], informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. En la ejecutoria emitida por este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, en sesión ordinaria virtual celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el veinte de julio dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa ********************, contra el acto que reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, dentro del juicio laboral ********************; para el efecto de que dicha autoridad responsable: "a).- Deje insubsistente el laudo reclamado de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio laboral ********************; b).- Reitere lo que no fue motivo de la concesión de amparo. c).- Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, ajuste el nuevo laudo tomando en cuenta el amparo relacionado ********************, resuelto en esta misma sesión, con el fin de que no existan consideraciones contradictorias; además: c). 1.- Por cuanto al reclamo de vacaciones, deberá abstenerse de considerar improcedente el pago de vacaciones, conforme al numeral 19 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo, porque la relación laboral cesó y existe imposibilidad material de que se disfruten. c). 2.- Considere que el actor sí precisó que los días festivos laborados son los que marca el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que deberá valorar todos los medios de convicción y determine si con estos el actor acredita los extremos de la prestación reclamada, sin olvidar que efectivamente, al actor le corresponde la carga de la prueba. c). 3.- En lo relativo a la prestación de seguridad y servicios sociales, fije la litis en el sentido de que la parte demandada contestó que siempre ha cubierto de forma oportuna sus obligaciones de seguridad y servicios sociales tal y como lo señala el artículo 32 fracción VI de la Ley de la materia, es decir, opuso la excepción de pago, razón por la que debe ceñirse a la demanda y contestación, observando al efecto, el criterio jurisprudencial invocado en la parte final del este fallo. d).- Con libertad de jurisdicción resuelva a verdad sabida y buena fe guardada, expresando las consideraciones en que funde su decisión." Asunto relacionado. Cabe precisar que el presente amparo directo laboral ********************, se encuentra relacionado con el diverso ********************, donde también se concedió la protección constitucional, para efectos de que la responsable: "a).- Deje insubsistente el laudo reclamado de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio laboral ********************; b).- En su caso (de acuerdo al sentido del nuevo fallo), reitere la cuantificación de las prestaciones condenadas en el laudo. c).- Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, determine de qué clase de trabajador se trata, es decir, si es de base o de confianza, para determinar si el despido alegado por el trabajador debe considerarse como justificado o injustificado, y, si conforme a la ley burocrática estatal dicho actor tiene derecho a las prestaciones reclamadas; d).- En caso de considerar que el puesto fue de base, deberá proveer sobre si hubo o no despido injustificado; y, e).- Con libertad de jurisdicción resuelva a verdad sabida y buena fe guardada, expresando las consideraciones en que funde su decisión." Así las cosas, se deberá ordenar no sólo el acatamiento de una ejecutoria en lo individual, sino también verificar los lineamientos protectores de la ejecutoria relacionada, por tanto, este órgano colegiado de amparo queda también obligado a vigilar la observancia común de sus fallos y a no hacerlo en forma independiente, pues si los deberes impuestos quedaron ligados en una mancomunidad de directrices por la íntima relación que guardan y por la instrucción expresa que en tal sentido dispuso este Tribunal. En consecuencia, se ordena agregar al presente expediente copia de la ejecutoria relacionada, para que este Tribunal Colegiado de Circuito analice el cumplimiento integral en ambos juicios por existir sentencias protectoras que ordenen su recíproca observancia. Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 5/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Enero de 2016, Tomo II, página 1016, Décima Época, Materia: Común, Registro digital: 2010883, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. DEBERES DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ANTE LA OBLIGACIÓN DE ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO INTEGRAL EN LOS JUICIOS RELACIONADOS CUANDO EXISTAN SENTENCIAS PROTECTORAS QUE ORDENEN SU RECÍPROCA OBSERVANCIA. Si bien no existe posibilidad legal de acumular los juicios de amparo directo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que resulta conveniente resolverlos en la misma sesión, en aras de tutelar los principios de seguridad jurídica, así como de justicia pronta y completa, pues con tal proceder se favorece el análisis sistemático de los conceptos de violación aducidos. En consonancia con lo anterior, cuando el Tribunal Colegiado de Circuito, con motivo de sendos amparos concedidos en los asuntos relacionados, ordene no sólo el acatamiento de una ejecutoria en lo individual, sino también verificar los lineamientos protectores de la ejecutoria relacionada, dicho órgano jurisdiccional queda también obligado a vigilar la observancia común de sus fallos y a no hacerlo en forma independiente, pues si los deberes impuestos quedaron ligados en una mancomunidad de directrices por la íntima relación que guardan y por la instrucción expresa que en tal sentido dispuso el propio Tribunal, éste debe asegurarse del cumplimiento recíproco para dar celeridad a la conclusión del litigio, y más aún, para evitar decisiones contradictorias durante el procedimiento de ejecución. En consecuencia, para que este Alto Tribunal, al conocer del recurso de inconformidad pueda valorar si se actualizan los anteriores supuestos, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá: 1) agregar al expediente copia autorizada de la ejecutoria relacionada, cualquiera que sea su sentido; 2) si se interpone recurso de inconformidad, adicionalmente certificar el estado procesal en que se encuentre, en su caso, el procedimiento de ejecución del amparo relacionado; y, 3) archivar los asuntos simultáneamente y no en forma individual, dejando constancia en cada expediente de lo así decretado en el diverso juicio relacionado." Lineamientos de la presente ejecutoria de amparo directo laboral ********************. "(.) Días festivos. Son fundados los argumentos precisados en los incisos b) y c), en el que aduce que la responsable valoró de manera deficiente la confesional a cargo de ********************, la prueba de inspección, y la testimonial a cargo de ******************** y ********************, porque no precisó el alcance probatorio de dichos medios de convicción; es decir, que no los relacionó con la prestación reclamada en el sentido de que laboró días festivos. En efecto, en el escrito inicial en la prestación marcada con el inciso j), reclamó el pago de días festivos a que se refiere el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, por todo el tiempo laborado. Por su parte, el demandado contestó que esta prestación es obscura porque no señaló las fechas exactas, y que el actor no laboró día festivo alguno. Al respecto la responsable consideró que el actor no acreditó la procedencia de dicha prestación con prueba alguna, aunado a que tampoco señaló cuáles son los días festivos que reclama que no le fueron pagados. Sin embargo, por una parte, el Tribunal responsable pasó por alto que el actor sí precisó que los días festivos laborados son los que marca el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, y por otro lado, pasó por alto que el actor ofreció la confesional a cargo de ********************, la prueba de inspección, y la testimonial a cargo de ******************** y ********************, con el objeto de acreditar que laboró dichos días festivos, siendo que la responsable omitió valorar estos medios de convicción y determinar si con estos el actor acredita los extremos de la prestación reclamada. Sin olvidar que, efectivamente, al actor le corresponde la carga de la prueba. Hace cita, la tesis emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen XXXVIII, Quinta Parte, página 24, Sexta Época, Materia(s): Laboral, Registro digital: 803590, de rubro y texto: "DÍAS DE DESCANSO, CARGA DE LA PRUEBA DE HABERLOS LABORADO. Jurídicamente al actor trabajador corresponde demostrar que laboró los días de descanso semanal o festivos." (.) Vacaciones. Es fundado el argumento precisado en el inciso d), en el que aduce que la responsable absolvió del pago de vacaciones con el argumento de que el artículo 19 de la Ley burocrática establece la prohibición para los trabajadores que laboren en dichos periodos a obtener un doble pago. Es así, porque dicha legislación únicamente establece la prohibición de pagar en dinero los períodos de vacaciones no disfrutados cuando se encuentre vigente la relación laboral; pues en el segundo párrafo dispone: "Cuando un trabajador no pudiera hacer uso de las vacaciones en los períodos señalados, por necesidades del servicio, disfrutará de ellas los diez días siguientes a la fecha en que haya desaparecido la causa que impidiera el disfrute de su descanso, pero en ningún caso los trabajadores que laboren en períodos de vacaciones tendrán derecho a doble pago de sueldo." Así, dicha porción normativa no es aplicable para este caso en el que la relación laboral cesó, con motivo de la separación, por tanto, existe imposibilidad material de que el actor las haya disfrutado a partir de la fecha del despido que alega, en consecuencia, deben pagarse las vacaciones no disfrutadas. Por ello, el Tribunal responsable deberá abstenerse de considerar improcedente el pago de vacaciones, conforme al numeral 19 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo, porque la relación laboral cesó y existe imposibilidad material de que se disfruten. Respalda esta consideración la jurisprudencia 4a./J. 33/94, resultado de la Contradicción de tesis 58/93, emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 81, Septiembre de 1994, página 20, Octava Época, Materias(s): Laboral, Registro digital: 207682, de rubro y texto: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. VACACIONES NO DISFRUTADAS POR LOS. CASO EN QUE ES PROCEDENTE EL PAGO DE." (Se transcribe texto). Además, la responsable se apartó de la litis porque la parte demandada en la contestación afirmó que dicha prestación "siempre ha cubierto de forma plena dicho concepto"; es decir, no se excepcionó en términos de dispositivo 19 de la Ley burocrática estatal. Seguridad social. Es fundado el argumento sintetizado en el inciso f), en el que aduce que es obligación de la parte patronal proporcionar seguridad social a sus trabajadores, por lo que la carga de la prueba le corresponde a éste, siendo que la responsable absolvió porque considera que tiene que existir convenio con las instituciones respectivas; sin embargo, también se apartó de la litis porque pasó por alto que el Ayuntamiento contestó que siempre ha cubierto las prestaciones reclamadas de seguridad social y servicios sociales, precisadas en los incisos f), g) e i) del escrito inicial, por lo que lo relativo a la acreditación del convenio no formó parte de la controversia. En efecto, en la demanda inicial el actor reclamó: "f).- El pago de la cantidad correspondiente de cuotas del ********************, sobre los salarios y que los ahora demandados dejaron de aportar a esa institución en mi favor, desde la fecha en que inicié la prestación del servicio hasta la fecha en que se cumplimente el laudo correspondiente o en su defecto le reclamo los comprobantes respectivos. g).- El pago de las cantidades que correspondan por concepto de las aportaciones que dejaron de hacer las demandadas al importe del S.A.R. o AFORE desde mi contratación hasta que se cumplimente el Laudo respectivo, o en su defecto le reclamo los comprobantes de dicha aportación. i).- La incorporación como derechohabiente ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como el pago retroactivo de ese derecho desde la fecha que me contrataron hasta el día que se cumplimente el laudo que en su momento se dicte, ya que fui despedido de manera injustificada de mi trabajo y jamás gocé de dicha prestación." Por su parte el demandado contestó: "f) y g).- Respecto de las prestación reclamadas consistentes en el PAGO de cuotas ********************, así como las supuestas cantidades por concepto de aportaciones al S.A.R., son improcedentes, lo anterior en virtud de que dichos Institutos y/o dependencias federales, no son los organismos competentes para brindar las prestaciones que señala la parte actora, además de que mi representada siempre ha cubierto de forma oportuna sus obligaciones de seguridad y servicios sociales, tal y como lo señala el artículo 32 fracción VI de la Ley de la materia. i).- La prestación reclamada consistente en la incorporación EN EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIO QUE IMPARTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO es IMPROCEDENTE, lo anterior en virtud de que dicho Instituto no es el organismo competente para brindar las prestaciones que señala la parte actora, además de que mi representada siempre ha cubierto de forma oportuna sus obligaciones de seguridad y servicios sociales tal y como lo señala el artículo 32 fracción VI de la Ley de la materia. Se hace notar que tal y como se reclama la prestación por parte actora, la misma no se encuentra regulada por la ley de la materia, por lo tanto, resulta improcedente su reclamo." El Tribunal responsable consideró improcedentes dichos reclamos porque si bien el numeral 32 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo, establece la obligación de los titulares de cubrir las aportaciones respectivas y que los trabajadores reciban los beneficios de seguridad y servicios sociales, necesariamente tiene que existir convenio con las instituciones a que hace referencia el actor, siendo que dicho actor no acreditó la existencia del convenio. La anterior forma de resolver no se ajusta a derecho, porque lo relativo a la existencia del convenio no fue la forma en la que la parte demandada se excepcionó; por otro lado, la responsable pasó por alto que la contestación fue en el sentido de que tanto el ISSSTE y el ********************, no son los organismos competentes porque siempre ha cubierto de forma oportuna sus obligaciones de seguridad y servicios sociales tal y como lo señala el artículo 32 fracción VI de la Ley de la materia, es decir, opuso la excepción de pago, por ello, la responsable se apartó de la litis que se forma con la demanda y contestación, razón por la cual de acuerdo al numeral 128 de la Ley burocrática estatal, deberá ajustar sus consideraciones tal como fueron sometidas a su potestad, resolviendo a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en su laudo las consideraciones en que funde su decisión. Pero además, el tribunal del conocimiento debe tener presente el criterio emitido por el Alto Tribunal de la Nación, que determina que la seguridad social en un derecho de rango constitucional que debe ser proporcionado por el estado a sus trabajadores, con independencia de si existe o no pactado un convenio al respecto. Dicha tesis es la 2a. LI/2019 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo III, página 2642, Materia Constitucional, Décima Época, con Registro digital: 2020457, de rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES DEBEN DEMOSTRAR LA INSCRIPCIÓN DE SUS TRABAJADORES EN ALGÚN RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL." (Se transcribe texto). En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable: a).- Remitió el oficio ******************** de veintidós de agosto de dos mil veintitrés [foja 64], mediante el cual remitió copia certificada del nuevo laudo de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, en consecuencia, dejó insubsistente el diverso reclamado de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, dictada en el juicio laboral ********************. Al respecto, El Tribunal de Arbitraje al emitir su nuevo laudo consideró: "[.] CUARTO.- En cuanto al fondo del asunto, analizadas que han sido las pruebas ofrecidas por las partes, incluyendo la Instrumental de Actuaciones y la Presuncional legal y Humana, de conformidad con el artículo 137 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipal, así como de los Organismos Descentralizados, del Estado de Hidalgo, a verdad sabida y buena fe guardada, se determina que tomando en consideración que la demandada H. ********************, se excepcionó bajo el argumento de la inexistencia del despido, al señalar que jamás despidió al actor ni justificada ni injustificadamente, por lo que al corresponderle a la demandada la carga de la prueba, y de las pruebas aportadas por este no se acredita con ninguna de ellas el abandono de empleo por parte del actor ********************, toda vez que no se encuentra exhibido en autos ninguna acta administrativa que se haya levantado en contra del actor por haber dejado de presentarse a laborar, aunado a ello, en cumplimiento a la ejecutoria de cuenta, se determina que el actor es trabajador de base de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, por lo que cuenta con estabilidad en el empleo y con la protección de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo, toda vez que de ninguna de las pruebas ofrecidas por el demandado se acredita que el actor realizara como funciones alguna de las previstas en el artículo 3 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo, asimismo, al no existir probanza alguna ofrecida por el demandado con la cual acreditara que el despido injustificado del cual se adolece el actor nunca existió, en consecuencia, se tiene por cierto el despido injustificado señalado por el actor, el cual ocurrió el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, al tenerse por acreditadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ocurrió el despido, de acuerdo a lo manifestado por el actor en el hecho 2 de su escrito inicial de demanda, razón por la cual resulta procedente condenar al demandado H. ********************, a reinstalar al actor ********************, en la plaza de ********************, con un horario laboral de 8:30 a 16:30 horas de lunes a viernes, con un salario de $6******************** para la primera quincena de cada mes y para la segunda quincena de cada mes el de $********************, previas deducciones de Ley, en los mismos términos y condiciones en que se venía desempeñando, hasta antes del despido injustificado del que fue objeto, prestación reclamada bajo el inciso a) del capítulo de prestaciones del escrito inicial de demanda, sirviendo de sustento de lo anteriormente expuesto, lo previsto en el artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados, del Estado de Hidalgo, que en su parte conducente señala: "ARTÍCULO 41.-" (Transcribe artículo) Por lo que hace, a la prestación reclamada bajo los incisos b) y o) del capítulo de prestaciones de la demanda, el actor reclama el pago de los salarios caídos y aumentos salariales por lo que, al resultar procedente la reinstalación del actor al haberse acreditado el despido injustificado, y al ser los salarios caídos una prestación de carácter accesoria a la reinstalación, resulta procedente su pago. Los salarios caídos tienen su fundamento en el artículo 32, fracción III de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipal, así como de los Organismos Descentralizados, del Estado de Hidalgo, mismo que señala en su parte conducente: Artículo 43. (Transcribe artículo) De la lectura del artículo antes transcrito, en la parte que nos interesa, se desprende que los salarios caídos serán procedentes cuando el titular de la dependencia esté obligado a reinstalar a los trabajadores. Asimismo, el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley de la materia, indica que no obstante la acción intentada (reinstalación o indemnización), los trabajadores tendrán derecho al pago de los salarios vencidos cuándo el patrón no comprueba la causa de la rescisión. Por lo antes expuesto, se procede a cuantificar el pago de los salarios caídos, los cuales se cuantifican a partir del dieciocho de enero de dos mil dieciocho, fecha del despido injustificado, al diecisiete de junio de dos mil veintiuno, (fecha de emisión del presente laudo), tomando como base para dicho cálculo los salarios quincenales integrados del actor de $6******************** y $********************, que una vez sumados dan un salario mensual integrado de ******************** el cual no fue desvirtuado por la demandada con probanza alguna, por lo que se tiene que en el periodo antes referido transcurrieron 41 meses, que multiplicados por el salario mensual nos da como resultado la cantidad de ********************, por lo que es de condenarse al demandado H. ********************, a pagarle al actor ********************, la cantidad de ******************** (QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.) por concepto de salarios caídos, por el periodo comprendido del dieciocho de enero de dos mil dieciocho (fecha del despido injustificado), al diecisiete de junio de dos mil veintiuno (fecha de emisión del presente laudo), dejándose a salvo los derecho del actor para reclamar los que se sigan generando con sus respectivos incrementos, toda vez que no existen los elementos necesarios para su cuantificación, hasta en tanto no sea reinstalado, los cuales serán calculados en el incidente de liquidación que al efecto deba abrirse. Por lo que hace al inciso c) del capítulo de prestaciones del escrito inicial de demanda, el actor reclama el cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo, por lo que resulta procedente absolver al demandado H. ********************, del cumplimiento de dicha prestación, toda vez que el actor no acredita con probanza alguna el derecho para que le sean aplicables las mismas ni su calidad de trabajador sindicalizado. En cumplimiento a la ejecutoria de cuenta, por cuanto hace a la prestación reclamada por los actores bajo el inciso d), del escrito inicial de demanda, consistente en el pago de vacaciones generadas por todo el tiempo de servicios prestados, resulta procedente condenar al demandado H. ********************, al pago de las VACACIONES generadas a partir de la fecha de ingreso del actor, siendo esta el dieciséis de enero de dos mil seis (fecha de ingreso a laborar del actor) y hasta el dieciocho de enero de dos mil dieciocho (fecha en la cual se dio el despido injustificado), sirviendo de sustento para tal determinación la tesis aislada 2a. XXXIX/2012 (10), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro VII, mayo de dos mil doce, Tomo 2, Décima Época, Materias: Constitucional-Laboral, página 1352, que a la letra dice: "VACACIONES. EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE SONORA, QUE PROHÍBE A QUIENES NO HAGAN USO DE ELLAS INVOCAR POSTERIORMENTE ESE DERECHO O EXIGIR PECUNIARIA ALGUNA, ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (Transcribe texto). Por lo antes expuesto, resulta procedente condenar al demandado H. ********************, a pagarle al actor ********************, la cantidad de $********************, salvo error u omisión de carácter aritmético, por concepto de vacaciones, del periodo comprendido del dieciséis de enero de dos mil seis (fecha de ingreso a laborar del actor) y hasta el dieciocho de enero de dos mil dieciocho (fecha en la cual se dio el despido injustificado), cantidad que se obtuvo de multiplicar el salario diario establecido para el actor de ********************, por 10 que son los días que le corresponde al actor le sean pagados por dicho concepto, respecto a un periodo vacacional, dando como resultado la cantidad de ********************, cantidad que se multiplica por 24, que son los periodos vacacionales a cuantificar del dieciséis de enero de dos mil seis (fecha de ingreso a laborar del actor) y hasta el dieciocho de enero de dos mil dieciocho (fecha en la cual se dio el despido injustificado), dando como resultado la cantidad antes condenada, prestación que resulto procedente le fuera pagado al actor en virtud de que se trata de una prestación de carácter legal y que al demandado le corresponde la carga de la prueba a efecto de acreditar su pago sin que de autos se acredite con probanza alguna el pago de la misma. Por lo que hace al inciso e) del capítulo de prestaciones del escrito inicial de demanda, el actor reclama el pago de AGUINALDO, por todo el tiempo que dure la tramitación del presente juicio. Ahora bien, por lo que respecta al pago de aguinaldo que reclama el actor por todo el tiempo que dure la tramitación del presente juicio, dicha prestación al ser una prestación de carácter legal accesoria a la acción principal, resulta procedente su pago el cual se cuantificara de manera anual a partir del año dos mil dieciocho, en virtud de que en dicho año el actor fue despedido y hasta el año dos mil veinte, dejándose a salvo los derechos del actor respecto de los que se sigan generando hasta en tanto sea reinstalado, los cuales deberán de ser cuantificados en el incidente de liquidación que al efecto deba abrirse. Asimismo, el aguinaldo tiene su fundamento en el artículo 31, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipal, así como de los Organismos Descentralizados, del Estado de Hidalgo, mismo que a la letra dice: "Artículo 31." (Transcribe artículo) Por lo antes expuesto, se procede a su cuantificación, tomando como base para dicho calculo el salario mensual del actor antes obtenido de ********************, el cual se divide entre 30, para efecto de obtener el salario diario de $******************** el cual se multiplica por 60 días, para efecto de obtener una anualidad, dando como resultado la cantidad de $********************, cantidad que se multiplica por 3, que son las anualidades transcurridas de dos mil dieciocho a dos mil veinte, dando como resultado la cantidad total de ******************** por lo que es de condenarse al demandado H. ********************, a pagarle al actor ********************, la cantidad de ******************** (OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.) por concepto de aguinaldo respecto de los años dos mil dieciocho a dos mil veinte, dejándose a salvo los derechos del actor respecto de los que se sigan generando hasta en tanto no sea reinstalado, los cuales deberán de ser cuantificados en el incidente de liquidación que al efecto deba abrirse. Por lo que hace a las prestaciones reclamadas bajo los incisos f) y g) del capítulo de prestaciones del escrito inicial de demanda, el actor reclama el pago de cuotas al ******************** y el pago de aportaciones al SAR, por lo que, dichos reclamos resultan improcedentes, ya que si bien el artículo 32, fracción VI de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo, contempla como obligaciones de los titulares cubrir las aportaciones que fijen las Leyes y Convenios que se celebren, para que en su caso, los trabajadores reciban los beneficios de Seguridad y Servicios Sociales, necesariamente tiene que existir convenio con las instituciones a que hace referencia el actor, siendo que en el caso que nos ocupa no existe medio de prueba alguno con el cual se acredite la existencia de convenio celebrado entre el Ayuntamiento demandado y la institución mencionada por el trabajador, siendo este un presupuesto necesario. En efecto, tratándose de los trabajadores que prestan sus servicios para la administración pública municipal en el Estado de Hidalgo, debe establecerse que los mismos no tienen derecho a ser incorporados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el simple hecho de la existencia de una relación de trabajo, sino que resulta indispensable demostrar que el Ayuntamiento de que se trate ha suscrito el convenio correspondiente con dichas instituciones. Cabe agregar que de la existencia del convenio mencionado, deriva el derecho que pudiera existir para el actor a ser sujeto de aportaciones ante las instituciones que menciona, de ahí que al no ser acreditado la existencia del convenio, presupuesto necesario, torna en improcedente su reclamo. Lo anterior se refuerza con el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Novena Época, Registro: 161599, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIV, Julio de 2011, Materia(s): Laboral, Tesis: 2a./J. 100/2011, Página: 583, cuya voz y texto rezan: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. INSCRIPCIÓN DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES." (Transcribe texto). En consecuencia de lo anterior, se absuelve al H. Ayuntamiento Municipal de Huichapan, Hidalgo, de las prestaciones reclamadas bajo los incisos f) y g) del capítulo de prestaciones del escrito inicial de demanda. En cumplimiento a la ejecutoria de cuenta, por lo que hace a la prestación reclamada por el actor bajo el incido i), consistente en la incorporación retroactiva como derechohabiente ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el demandado se excepciona respecto a esta prestación argumentando que siempre ha cubierto de forma oportuna sus obligaciones de seguridad social, sin que de autos se desprenda probanza alguna con la cual el demandado acredite el pago de las aportaciones de seguridad social, resulta procedente condenar al demandado H. ******************** a la incorporación retroactiva a algún régimen de seguridad social en favor del actor ********************, esto es a partir del dieciséis de enero de dos mil seis, que es la fecha en la cual ingreso a laborar el actor al servicio de la demandada y hasta la fecha en la que sea reinstalado, teniendo como tiempo efectivo laborable el tiempo que dejo de laborar el actor debido al cese injustificado, sirviendo de sustento, la jurisprudencia que lleva por rubro "DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES DEBEN DEMOSTRAR LA INSCRIPCIÓN DE SUS TRABAJADORES EN ALGÚN RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL." Por lo que hace a las prestaciones reclamadas por el actor bajo los incisos h), I) y m), del escrito inicial de demanda, consistentes en el pago de todas las prestaciones que dejó de percibir durante la tramitación del presente juicio, el pago de vales de despensa y el pago de aportaciones al fondo de ahorro, resulta procedente absolver al demandado al pago de dichas prestaciones, toda vez que por lo que hace a las prestación consistente en aguinaldo, ya se condenó al demandado respecto del pago de esta, toda vez que fue reclamada bajo el inciso e), asimismo, respecto del pago de vacaciones ya se señaló anteriormente que dicha prestación se disfruta mas no se paga, por lo que se absolvió del pago de la misma al haberse reclamado en el inciso d), por otro lado, respecto al pago de vales de despensa y aportaciones al fondo de ahorro, se hace del conocimiento del actor que dichos conceptos ya fueron pagados dentro del pago de salarios de caídos, en virtud de que dichos salarios se quantificaron con el salario integrado del actor, el cual lo conforman los conceptos de salario, vales de despensa y fondo de ahorro, por lo que resulta procedente absolver al demandado H. ********************, del pago de las prestaciones reclamadas bajo los incisos h), l) y m), ya que de lo contrario se estaría generando un doble pago. En cumplimiento a la ejecutoria de cuenta, por lo que hace a la prestación reclamada bajo el inciso j) del capítulo de prestaciones del escrito inicial de demanda, el actor reclama el pago de los días festivos laborados de acuerdo al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y en virtud de que al actor le corresponde la carga de la prueba a efecto de acreditar que los días a que refiere el artículo 74 antes citado los laboro y toda vez que de las pruebas aportadas por la parte actora, no se acredita con ninguna de ellas que hubiese laborado los días que refiere,, razón por la cual, resulta procedente absolver al demandado ********************, del pago de la prestación reclama bajo el inciso j), sirviendo de sustento la tesis con número de Registro: 204967, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, Tesis: XX.6 L, Página: 436, que a la letra dice: "DÍAS DOMINGOS Y FESTIVOS. CORRESPONDE AL ACTOR LA CARGA DE LA PRUEBA DE HABER LABORADO LOS. Si se reclama el pago de los salarios relativos a los días domingos y festivos laborados, corresponde al actor probar que los laboró..." Por lo que hace a la prestación reclamada bajo el inciso k) del capítulo de prestaciones del escrito inicial de demanda, el actor reclama el pago del Fondo de ahorro con sus respectivos incrementos, por lo que debido a que el actor acredito con los recibos de nómina exhibidos el derecho a que le sea pagada dicha prestación la cual corresponde a una aportación por parte del trabajador por la cantidad de ******************** y una por parte del patrón por una cantidad similar a ********************, dando como total la suma de dichas cantidades una aportación al fondo de ahorro de ******************** quincenales, ******************** mensuales, ahora bien, si bien es cierto, el actor acredito plenamente el derecho al otorgamiento de dicha prestación, pero también loes que debido al despido injustificado que sufrió el actor dicho pago no se efectuó por ninguna de las partes que integran el presente juicio desde la fecha en la que el actor fue despedido, por lo que obviamente no se generó ningún interés respecto a este concepto, razón por la cual, se absuelve al demandado ********************, del pago de intereses generados respecto de la prestación de fondo de ahorro y únicamente se le condena a pagarle al actor la cantidad de $********************, cantidad que corresponde al ahorro efectuado por el actor y el demandado respecto de los años dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, dejando a salvo los derechos generados por el actor, respecto de las que se sigan generando hasta en tanto no sea reinstalado, las cuales deberán de ser cuantificadas en el incidente de liquidación que al efecto deba abrirse. Por lo que hace a la prestación reclamada bajo el inciso n) del escrito inicial de demanda, consistente en el pago de salarios devengados, comprendidos del dieciséis de enero al dieciocho de enero de dos mil dieciocho (fecha del despido), al corresponderle al demandado acreditar que le pago al actor los salarios devengados que reclama, sin que exhibiera probanza alguna a efecto de acreditar dicho pago, en consecuencia resulta procedente condenar al demandado ********************, a pagarle al actor la cantidad de ********************), por concepto de salarios devengados del dieciséis y diecisiete de enero de dos mil dieciocho únicamente, toda vez que a partir del dieciocho de enero de dos mil dieciocho (fecha en la que se dio el despido), quedaron cuantificados el pago de salarios caídos. Por último, respecto de la prestación reclamada bajo el inciso p) del capítulo de prestaciones del escrito inicial de demanda, consistente en el reconocimiento de la antigüedad laboral del actor, se condena al demandado ********************, a expedir en favor del actor ********************, la constancia con la cual se acredite su antigüedad laboral, esto es deberá señalar la fecha de ingreso laboral del actor, siendo esta el dieciséis de enero de dos mil seis hasta la fecha en la cual sea reinstalado, debiendo de tener como tiempo efectivo laborado desde la fecha en la cual se dio el despido injustificado, siendo esta el dieciocho de enero de dos mil dieciocho y hasta la fecha en la cual se le reinstale. Por lo antes expuesto y fundado, y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipal, así como de los Organismos Descentralizados, del Estado de Hidalgo, es de resolverse y se: RESUELVE: PRIMERO. Se deja insubsistente el laudo de fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno, visible a fojas 196 a 201 de autos. SEGUNDO. La parte actora acredito la procedencia de su acción, el demandado, no justifico sus excepciones y defensas. TERCERO. Se condena al demandado H. ********************, a REINSTALAR al actor ********************, en la plaza de ********************, con un horario laboral de 8:30 a 16:30 horas de lunes a viernes, con un salario de $6******************** para la primera quincena de cada mes y para la segunda quincena de cada mes el de $********************, previas deducciones de Ley, en los mismos términos y condiciones en que se venía desempeñando, hasta antes del despido injustificado del que fue objeto, a pagarle las cantidades. de ******************** (QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.) por concepto de salarios caídos, por el periodo comprendido del dieciocho de enero de dos mil dieciocho (fecha del despido injustificado), al diecisiete de junio de dos mil veintiuno (fecha de emisión del presente laudo), dejándose a salvo los derecho del actor para reclamar los que se sigan generando con sus respectivos incrementos, toda vez que no existen los elementos necesarios para su cuantificación, hasta en tanto no sea reinstalado, los cuales serán calculados en el incidente de liquidación que al efecto deba abrirse, a la cantidad de $********************, salvo error u omisión de carácter aritmético, por concepto de vacaciones, del periodo comprendido del dieciséis de enero de dos mil seis (fecha de ingreso a laborar del actor) y hasta el dieciocho de enero de dos mil dieciocho (fecha en la cual se dio el despido injustificado), la cantidad de ******************** (OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.) por concepto de aguinaldo respecto de los años dos mil dieciocho a dos mil veinte, dejándose a salvo los derechos del actor respecto de los que se sigan generando hasta en tanto no se ha reinstalado, los cuales deberán de ser cuantificados en el incidente de liquidación que al efecto deba abrirse, $********************, por concepto de fondo de ahorro respecto de los años dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, dejando a salvo los derechos generados por el actor, respecto de las que se sigan generando hasta en tanto no sea reinstalado, las cuales deberán de ser cuantificadas en el incidente de liquidación que al efecto deba abrirse y ********************), por concepto de salarios devengados del dieciséis y diecisiete de enero de dos mil dieciocho únicamente, toda vez que a partir del dieciocho de enero de dos mil dieciocho (fecha en la que se dio el despido), quedaron cuantificados el pago de salarios caídos. Asimismo, a expedir en favor del actor ********************, la constancia con la cual se acredite su antigüedad laboral, esto es deberá señalar la fecha de ingreso laboral del actor, siendo esta el dieciséis de enero de dos mil seis hasta la fecha en la cual sea reinstalado, debiendo de tener como tiempo efectivo laborado desde la fecha en la cual se dio el despido injustificado, siendo esta el dieciocho de enero de dos mil dieciocho y hasta la fecha en la cual se le reinstale. Asimismo a la incorporación retroactiva a algún régimen de seguridad social en favor del actor ********************, esto es a partir del dieciséis de enero de dos mil seis, que es la fecha en la cual ingreso a laborar el actor al servicio de la demandada y hasta la fecha en la que sea reinstalado, teniendo como tiempo efectivo laborable el tiempo que dejo de laborar el actor debido al cese injustificado, Condenas que obedecen a lo expuesto y fundado en el último considerando de la presente resolución. TERCERO. Se absuelve al demandado H. ********************, de las prestaciones marcadas bajo los incisos c), f), g), h), j) k) únicamente respecto del pago de intereses generados por el concepto de fondo de ahorro, I) y m). Absoluciones que obedecen a lo expuesto y fundado en el último considerando de la presente resolución. CUARTO.- Notifíquese personalmente y cúmplase." Luego, de lo antes transcrito se reitera que el Tribunal de Arbitraje responsable al emitir el nuevo laudo, dejó insubsistente el diverso reclamado de nueve de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral ********************, con lo que cumplió con el requisito precisado en el inciso a). Además, en el nuevo laudo reiteró lo que no fue motivo de la concesión de amparo, con lo que cumplió con el requisito precisado en el inciso b). También, ajustó la nueva resolución tomando en cuenta el amparo relacionado ********************, del índice de este Tribunal, con el fin de que no existieran consideraciones contradictorias, por lo que, consideró que el trabajador es de base y que fue despedido de manera injustificada, por ello, condenó a las prestaciones reclamadas que estimó procedentes, entre ellas a la reinstalación, con lo que cumplió con el requisito precisado en el inciso c). Al respecto, por cuanto al reclamo de vacaciones, consideró que la carga de la prueba es del demandado, quien por no haber acreditado esta circunstancia, lo condenó al resultar una prestación de carácter legal; con lo que cumplió con el requisito precisado en el inciso c). 1. Por otro lado, aun cuando consideró que el actor sí precisó que los días festivos laborados son los que marca el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, absolvió al ayuntamiento demandado de la prestación reclamada, toda vez que de las pruebas aportadas por el actor no se acredita que hubiese laborado los días que refirió; con lo que cumplió con el requisito precisado en el inciso c). 2. Por cuanto a la prestación precisada en el inciso i), condenó al Ayuntamiento demandado a incorporar de manera retroactiva al quejoso, en algún régimen de seguridad social a partir del dieciséis de enero de dos mil seis, fecha en la cual ingresó a laborar y hasta la fecha en que sea reinstalado, ya que aun cuando el Ayuntamiento demandado contestó que siempre ha cubierto de forma oportuna sus obligaciones de seguridad y servicios sociales, no ofreció probanza alguna con la cual acredite el pago de dichas aportaciones. Con ello la responsable cumplió parcialmente con el lineamiento precisado en el inciso c). 3. Defecto en el cumplimiento de la ejecutoria. En lo relativo a la prestación de seguridad y servicios sociales, la responsable insistió en que las prestaciones relativas al pago de cuotas al ******************** y pago de aportaciones al S.A.R. reclamadas como prestaciones contenidas en los incisos f) y g), resultan improcedentes, porque necesariamente tiene que existir convenio con estas instituciones. Esta consideración incumple los lineamientos de la ejecutoria, porque lo relativo a la existencia del convenio no fue la forma en la que el Ayuntamiento demandado se excepcionó; pues en su contestación opuso la excepción de pago, afirmando que siempre ha cubierto de forma oportuna sus obligaciones de seguridad; razón por la que en caso de que dicho demandado no acredite esa excepción, la autoridad responsable deberá condenarlo a incorporar al quejoso en algún régimen de seguridad social, atendiendo al criterio jurisprudencial 2a. LI/2019 (10a.), Registro digital: 2020457, de rubro y texto: "DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES DEBEN DEMOSTRAR LA INSCRIPCIÓN DE SUS TRABAJADORES EN ALGÚN RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL. Tanto en el artículo 204 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado como en el 13, fracción V, de la Ley del Seguro Social se prevé la opción de incorporación voluntaria de los trabajadores de entidades y dependencias de los Estados y sus Municipios a esos regímenes de seguridad social. Para ese efecto, se prevé la celebración de convenios entre los institutos de seguridad social y las dependencias u organismos, locales y municipales. Asimismo, si el legislador de un Estado no sujeta a los Municipios y a los organismos municipales a inscribir obligatoriamente a sus trabajadores en el régimen de la ley de seguridad social local, se encuentran facultados para incorporarlos voluntariamente a ese régimen local, o a los regímenes de las citadas leyes federales. A pesar de que existen esas opciones de aseguramiento voluntario para los Municipios y entidades municipales, ello no significa que esos órganos públicos estén eximidos de incorporar a sus trabajadores a algún régimen de seguridad social. El mandato contenido en los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos únicamente faculta a los Estados para elegir el régimen de protección laboral de los apartados A o B de su artículo 123, pero no libera a las entidades federativas ni a los Municipios de garantizar el derecho a la seguridad social de sus trabajadores, quienes por el solo hecho de estar sujetos a una relación laboral tienen derecho a la seguridad social, y los tribunales deben velar para que la falta de previsión legislativa de un régimen obligatorio de los trabajadores municipales no los deje sin la protección de su derecho a incorporarse a un régimen de seguridad social. Ese mismo sentido debe darse a la aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 100/2011 de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se sostuvo que es indispensable ese convenio para que proceda la inscripción individual de algún trabajador municipal en el régimen especial del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pero ese criterio no exime a los Municipios u organismos municipales de la obligación de otorgar seguridad social a sus trabajadores y, en su caso, de celebrar esos convenios. Dicho criterio es claro en establecer que si bien la jurisprudencia 2a./J. 100/2011, sostiene que es indispensable la suscripción del convenio para que proceda la inscripción individual de algún trabajador municipal, esta circunstancia no exime a los Municipios u organismos municipales de la obligación de otorgar seguridad social a sus trabajadores, por lo que, se reitera, que en todo caso la responsable deberá condenar al Ayuntamiento a incorporar al quejoso en algún régimen de seguridad social, atendiendo a los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo, en la que se dijo que debería atender a dicho criterio. Por ello, requiérase al Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, para que se ajuste a lo ordenado en la ejecutoria de amparo en los términos ya precisados. Así las cosas, toda vez que el nuevo acto de autoridad de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, incurrió en un defecto al cumplir con la ejecutoria de amparo; con fundamento en el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, no se tiene por cumplida. Notifíquese.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que el término concedido a las partes por proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, transcurrió del veintiocho de agosto, al ocho de septiembre del año en curso; siendo días inhábiles en ese lapso los días: dos, tres, nueve y diez de los corrientes; sin que las partes hubieren hecho manifestación alguna al respecto, en consecuencia, díctese la resolución que corresponda. Notifíquese.

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