Faustino Olua Carbajal

Expediente 344/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
344/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
17/03/2017

Partes del expediente

  • Faustino Olua Carbajal

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta, evidencia que la parte quejosa no recurrió el auto de seis de marzo de dos mil diecisiete, por el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, vista la cuenta precedente y del estado que guarda el presente expediente, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emilio Carmona Diaz, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; seis de marzo de dos mil diecisiete. REGISTRO DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda promovida por Faustino Olua Carbajal, por propio derecho, contra actos del Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otra autoridad; fórmese el expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno como amparo indirecto 344/2017-I. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia previstas en el numeral 61 de dicha ley, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social, y de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia número II.1º.J/5, publicada en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación de Mayo 1991, del Tomo VII, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En esa tesitura, en conformidad con lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII, en relación con los diversos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se estima procedente desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Se expone tal consideración, porque el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica por haberse interpretado disposición de similar contenido, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, tomo VII, Novena Época, cuyo contenido es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Apreciada íntegramente la demanda de amparo, en relación con las constancias que exhibe como pruebas la parte quejosa, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la multa que le fuera impuesta por el Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, como consecuencia de no haber presentado a las víctimas de identidad resguardada en la causa penal 72/2016. Expuesto lo anterior, es pertinente precisar que la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." De la interpretación del artículo transcrito, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. Al ser el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o mecanismo previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto precisamente estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio que consagra la Carta Magna en el inciso a), fracción III de su artículo 107 en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del referido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas como último recurso. Este principio se traduce en una exigencia que afecta la procedencia de la acción de amparo, el cual se consagra esencialmente en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Por ello, se concluye que la sanción que corresponde al no cumplimiento del principio de la definitividad que se examina, consiste precisamente en el desechamiento del juicio intentado, merced a la improcedencia de la acción de amparo que en su caso se promueva. Por su parte, los artículos 405 y 405 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, aplicable al caso concreto, establecen lo siguiente: "Artículo 404. Son revocables por el órgano jurisdiccional los autos que haya dictado y contra los cuales no proceda el recurso de apelación, así como los que se dicten en segunda instancia antes de la sentencia." "Artículo 405. La revocación de las resoluciones pronunciadas en audiencia deberá promoverse tan pronto sean dictadas y sólo será admisible cuando no hubiere precedido debate. La tramitación será verbal y de inmediato, y de la misma manera se pronunciará el fallo. La revocación de las resoluciones dictadas fuera de audiencia deberá interponerse por escrito, en el acto de su notificación o al día siguiente, en el que se deberán expresar los motivos por los cuales se solicita. El órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír a los demás intervinientes, si se hubiere deducido en un asunto cuya complejidad así lo amerite." Ahora bien, de la narrativa de los antecedentes del acto reclamado, así como del contenido de las constancias que fueron exhibidas por la parte quejosa se advierte lo siguiente: El peticionario Faustino Olua Carbajal tiene el carácter de Policía de Investigación adscrito a la Unidad de Mandamientos Judiciales de la Dirección General de Administración de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Derivado de tal carácter (policía investigador), mediante oficio 8191, el Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, México, le encomendó que presentara a las víctimas de iniciales D.A.V.R. y J.L.H., así como a la ofendida K.G.G., a la audiencia de juicio prevista para celebrarse el veinte de diciembre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 72/2016; apercibido que en caso de omisión se le impodría una multa de treinta días de salario mínimo. El veinte de diciembre de dos mil dieciséis, Faustino Olua Carbajal rindió un informe en el que hizo del conocimiento de la autoridad judicial responsable, su imposibilidad para presentar las víctimas del delito y a la ofendida dentro de la causa 72/2016. En esta tesitura, cabe destacar que si bien el quejoso no tiene el carácter de parte formal en procedimiento judicial de origen, lo cierto es que ante la existencia de diligencia específica llevada a cabo en la causa penal de origen, el agraviado en su carácter de policía investigador, se encuentra vinculado ya a ese procedimiento y, por tanto, sujeto una relación jurídica directa e inmediata de supra-subordinación con la autoridad jurisdiccional, similar a la que se produce entre el propio Juez con cada una de las partes. Es preciso señalar que la sola notificación efectuada al quejoso mediante oficio 8191, para que llevara a cabo la presentación de las víctimas del delito dentro de la causa 72/2016, no es motivo suficiente para determinar la sujeción del peticionario con el Juez penal, por lo que en este caso, el peticionario no tendría la obligación de agotar los medios de defensa ordinarios en contra de la multa que le fue impuesta. Sin embargo, al haber comparecido el promovente ante la autoridad jurisdiccional en el momento de rendir su informe de imposibilidad, quedó materialmente vinculado ante la potestad del Juez responsable; de ahí que al tener una intervención en la causa penal de origen, aunque fuera transitoria, el agraviado se encontraba constreñido a agotar los mecanismos legales ordinarios previstos para modificar, revocar o nulificar, la determinación judicial que le produce perjuicio en su esfera jurídica, es decir, aquella que le fijó la multa que reclama en esta instancia constitucional. En este orden de ideas, si la parte quejosa reclama la multa impuesta por el Juez de Juicio Oral de Toluca, por no haber presentado a las víctimas del delito dentro de la causa penal 72/2016, dicha determinación la debió haber combatido previamente a la interposición del juicio constitucional, a través del recurso de revocación previsto en los artículos 404 y 405 del Código de Procedimientos Penales aplicable al caso concreto, en virtud de que tal resolución podía haber sido modificada, revocada o nulificada a través de ese medio de impugnación, para tener por satisfecho el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Lo anterior línea argumentativa, encuentra sustento en lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 84/2011, tal como se advierte de las consideraciones que, en lo conducente, se insertan a continuación: ".[S]i en virtud de una finalidad específica, útil al proceso (la citación de un testigo, la encomienda de una tarea al perito, la exhibición de alguna cosa o documento en el proceso, la rendición de un informe, etcétera), la autoridad jurisdiccional dicta un mandamiento legítimo, dirigido a un gobernado distinto a las partes, con tal acto si bien se crea una relación jurídica directa e inmediata de supra-subordinación entre la autoridad jurisdiccional y la persona a quien se dirige el mandato, similar a la que se produce entre el propio Juez con cada una de las partes; sin embargo, para tenerse vinculado al proceso debe concurrir al mismo. Es decir, el conocimiento que se tiene a través de la notificación del requerimiento es insuficiente por sí mismo para constituir la vinculación con el proceso, pues para ello es necesario que quien fue requerido comparezca o se apersone a éste, pues con motivo de dicho acto procesal surge la vinculación del juzgador hacia el tercero que fue llamado en forma transitoria para intervenir en una etapa del desarrollo del proceso, ya sea como testigo, como perito para proporcionar la información requerida, o bien, para realizar una conducta necesaria para proseguir con el procedimiento, etcétera; de ahí que en virtud de ello sólo podrán interponer los recursos contra las providencias que estén relacionadas con su intervención." Cabe hacer mención que la presente determinación no implica una denegación de la justicia, pues si bien en el presente asunto se reclama la imposición de una multa en contra del quejoso, tal actuar no se encuentra en los supuestos de excepción al principio de definitividad y por ende, en el caso particular no era opcional la interposición del recurso de revocación ante el Juez de Juicio Oral incidente, por lo cual, deberá estarse a las formalidades rectoras del procedimiento de la ley de la materia. Se estima aplicable, la jurisprudencia VII.2o.C.J/23, publicada en la página 921, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2006, Tomo XXIV, Materia Común, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por Faustino Olua Carbajal, contra actos del Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, y otra autoridad, de conformidad con los artículos 61, fracción XVIII, 112, y 113 todos de la Ley de Amparo vigente. DOMICILIO. De conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, practíquense las notificaciones aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija en este órgano de control constitucional, dado que el que indicó consistente en los "estrados de este juzgado" no se encuentra contemplado en la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rosa Nelly Rivera Robles, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas restantes, por no tener reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente al quejoso en los términos antes precisados. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario David Andrés Mata Ríos que autoriza, firma y da fe.

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