Faustino Lozano Ortiz y Otros.

Expediente 31/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
31/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
01/03/2019

Partes del expediente

  • Faustino Lozano Ortiz y Otros.
  • Faustino Lozano Ortiz
  • María Julia Rayo Tinoco y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio signado por la Actuaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan; por medio del cual acusa recibo del diverso por el que este órgano jurisdiccional le remitió el juicio de amparo 31/2019-V-Z; asimismo, comunica que aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del asunto, el cual se registró bajo su índice con el número 38/2019. En tales condiciones, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, y una vez que transcurran seis meses, deberá transferirse el presente cuaderno al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA V Agréguese el escrito firmado por Faustino Torres Villagomez, por medio del cual devuelve el aviso de veintinueve de enero pasado, el cual se dejó en su domicilio laboral, dado que no conoce a los quejosos. En ese sentido, del aviso que se agrega a la promoción de cuenta, se advierte que el domicilio donde se dejó fue el señalado por la parte quejosa; por tanto con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificarle el auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, así como, las subsecuentes determinaciones que sean de carácter personal, mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto designe nuevo domicilio para tal efecto.

  3. Principal

    MESA V. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, AUTO DE VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese el escrito firmado por los quejosos Faustino Lozano Ortíz y María Julia Rayo Tinoco, mediante el cual desahoga la prevención contenida en proveído de catorce de enero pasado (fojas 111 a 114); en tales condiciones, se provee: COMPETENCIA De inicio, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público; por tanto, preferentes. Se arriba a esa conclusión, ya que los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, imponen la obligación de los Jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja. Al caso es aplicable la jurisprudencia 679, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos cincuenta y seis, Tomo VI, del Apéndice de 1917-1995, Octava Época, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Sobre esa base, la lectura de la demanda de amparo, así como del escrito de desahogo de prevención, se aprecia que la parte quejosa reclama lo siguiente: El acuerdo de aseguramiento o inmovilización, emitido dentro de la averiguación previa ****, contenido en el oficio ****, relativo a las cuentas bancarias a nombre de Faustino Lozano Ortíz, 62989 y 09359010645, ambas de la institución bancaria BANAMEX, así como la cuenta bancaria a nombre de María Julia Rayo Tinoco, 1455926947, de la institución bancaria Bancomer. El oficio ****, de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, por el cual la autoridad ministerial determina que no es posible la desinmovilización de las citadas cuentas bancarias. En ese tenor, este Juzgado estima que carece de competencia legal para conocer del presente asunto por cuestión de territorio, en atención a lo siguiente: El contenido de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, establecen: "ARTÍCULO 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación funcional de los artículos transcritos, se obtienen los criterios básicos para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: 1. Con independencia de donde radique la autoridad responsable, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al Juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión requieren de ejecución por parte de la misma autoridad o una diversa. Al caso es aplicable el criterio emitido por la entonces Sala Auxiliar del Máximo Tribunal, Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Séptima Parte, Materia Común, página 88, cuyo rubro y texto dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". 2. Para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales residentes en esas localidades será competente el Juez ante el que se presente la demanda de amparo. 3. En el supuesto de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito diverso al que se presentó la demanda de amparo, será competente el Juez donde se presentó la demanda. 4. Cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De los supuestos indicados, puede apreciarse claramente que para determinar la competencia de un Juez de Distrito, en principio debe atenderse a los efectos producidos por el acto desde la perspectiva de la ejecución material. En el caso, el acto reclamado consiste en el acuerdo de aseguramiento o inmovilización, emitido dentro de la averiguación previa ****, contenido en el oficio *** relativo a las cuentas bancarias a nombre de Faustino Lozano Ortíz, 62989 y 09359010645, ambas de la institución bancaria BANAMEX, así como la cuenta bancaria a nombre de María Julia Rayo Tinoco, 1455926947, de la institución bancaria Bancomer; así como el oficio ****, de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, por el cual la autoridad ministerial determina que no es posible la desinmovilización de las citadas cuentas bancarias. Sobre esa base, se estima actualizada la primera de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37, de la Ley de Amparo, es decir, es competente el juez de distrito con jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Lo anterior es así, ya que la residencia de la autoridad emisora, no puede servir de base para fijar la competencia del juez de distrito que deba conocer de él, ya que debe atenderse al lugar donde el acto ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Así, tratándose del aseguramiento de cuentas bancarias, es competente para conocer del juicio al Juez de distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden, es decir, la localidad en que se aperturaron las cuentas bancarias. En ese sentido, del escrito de desahogo de prevención, se desprende que la cuenta bancaria a nombre de Faustino Lozano Ortíz, número 09359010645, de la institución bancaria BANAMEX, así como la diversa a nombre de María Julia Rayo Tinoco, número 1455926947, de la institución bancaria Bancomer, se aperturaron en la ciudad de Uruapan, Michoacán. En vista de lo anterior, resulta competente para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa el Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 74/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 369, Tomo XXXIV, Julio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir. No se soslaya que la autoridad ministerial que emitió el oficio reclamado tiene residencia en esta Ciudad; sin embargo, como se dijo, las cuentas bancarias fueron aperturadas en el Estado de Michoacán; por ende, es ahí donde se ejecuta materialmente el acto reclamado. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, remítanse a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, los presente autos, para que a su vez lo remita al Juez de Distrito en turno, que le corresponda, solicitándole a éste el acuse de recibo e informe si acepta la competencia declinada; fórmese el cuaderno de antecedentes.

  4. Principal

    MESA V.SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA V.- Agréguese el escrito firmado por los quejosos Faustino Lozano Ortíz y María Julia Rayo Tinoco, mediante el cual desahoga la prevención contenida en proveído de catorce de enero pasado (fojas 111 a 114); en tales condiciones, se provee: COMPETENCIA De inicio, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público; por tanto, preferentes. Se arriba a esa conclusión, ya que los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, imponen la obligación de los Jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja. Al caso es aplicable la jurisprudencia 679, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos cincuenta y seis, Tomo VI, del Apéndice de 1917-1995, Octava Época, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Sobre esa base, la lectura de la demanda de amparo, así como del escrito de desahogo de prevención, se aprecia que la parte quejosa reclama lo siguiente: El acuerdo de aseguramiento o inmovilización, emitido dentro de la averiguación previa ****, contenido en el oficio ****, relativo a las cuentas bancarias a nombre de Faustino Lozano Ortíz, 62989 y 09359010645, ambas de la institución bancaria BANAMEX, así como la cuenta bancaria a nombre de María Julia Rayo Tinoco, 1455926947, de la institución bancaria Bancomer. El oficio ****, de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, por el cual la autoridad ministerial determina que no es posible la desinmovilización de las citadas cuentas bancarias. En ese tenor, este Juzgado estima que carece de competencia legal para conocer del presente asunto por cuestión de territorio, en atención a lo siguiente: El contenido de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, establecen: "ARTÍCULO 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación funcional de los artículos transcritos, se obtienen los criterios básicos para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: 1. Con independencia de donde radique la autoridad responsable, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al Juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión requieren de ejecución por parte de la misma autoridad o una diversa. Al caso es aplicable el criterio emitido por la entonces Sala Auxiliar del Máximo Tribunal, Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Séptima Parte, Materia Común, página 88, cuyo rubro y texto dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". 2. Para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales residentes en esas localidades será competente el Juez ante el que se presente la demanda de amparo. 3. En el supuesto de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito diverso al que se presentó la demanda de amparo, será competente el Juez donde se presentó la demanda. 4. Cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De los supuestos indicados, puede apreciarse claramente que para determinar la competencia de un Juez de Distrito, en principio debe atenderse a los efectos producidos por el acto desde la perspectiva de la ejecución material. En el caso, el acto reclamado consiste en el acuerdo de aseguramiento o inmovilización, emitido dentro de la averiguación previa ****, contenido en el oficio *** relativo a las cuentas bancarias a nombre de Faustino Lozano Ortíz, 62989 y 09359010645, ambas de la institución bancaria BANAMEX, así como la cuenta bancaria a nombre de María Julia Rayo Tinoco, 1455926947, de la institución bancaria Bancomer; así como el oficio ****, de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, por el cual la autoridad ministerial determina que no es posible la desinmovilización de las citadas cuentas bancarias. Sobre esa base, se estima actualizada la primera de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37, de la Ley de Amparo, es decir, es competente el juez de distrito con jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Lo anterior es así, ya que la residencia de la autoridad emisora, no puede servir de base para fijar la competencia del juez de distrito que deba conocer de él, ya que debe atenderse al lugar donde el acto ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Así, tratándose del aseguramiento de cuentas bancarias, es competente para conocer del juicio al Juez de distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden, es decir, la localidad en que se aperturaron las cuentas bancarias. En ese sentido, del escrito de desahogo de prevención, se desprende que la cuenta bancaria a nombre de Faustino Lozano Ortíz, número 09359010645, de la institución bancaria BANAMEX, así como la diversa a nombre de María Julia Rayo Tinoco, número 1455926947, de la institución bancaria Bancomer, se aperturaron en la ciudad de Uruapan, Michoacán. En vista de lo anterior, resulta competente para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa el Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 74/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 369, Tomo XXXIV, Julio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir. No se soslaya que la autoridad ministerial que emitió el oficio reclamado tiene residencia en esta Ciudad; sin embargo, como se dijo, las cuentas bancarias fueron aperturadas en el Estado de Michoacán; por ende, es ahí donde se ejecuta materialmente el acto reclamado. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, remítanse a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, los presente autos, para que a su vez lo remita al Juez de Distrito en turno, que le corresponda, solicitándole a éste el acuse de recibo e informe si acepta la competencia declinada; fórmese el cuaderno de antecedentes.

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