Faustino Javier Estrada Gonzalez

Expediente 643/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
643/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
19/06/2023

Partes del expediente

  • Faustino Javier Estrada Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA III.- Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por********************por su propio derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. [...] Notifíquese. JRL

  2. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SINTESIS DICE.- Agréguese a los autos la comparecencia del quejoso, ***, por medio del cual ratifica el escrito presentado el veintidós de mayo en curso, registrado con el número de folio 9510 en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito. SE TIENE POR PRESENTADO ESCRITO Consecuentemente, se tiene por presentado el escrito de ****, por medio del cual da cumplimiento a la prevención formulada el doce de mayo de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO [...] Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La resolución de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, mediante la cual se declaró fundado el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada reconvencional, ****, como causahabiente de ***, contra el auto dictado el doce de septiembre de dos mil veintidós, en el que se admitió a trámite el incidente de falsedad de firma que interpuso el ahora quejoso, en relación con el escrito de contestación de demanda reconvencional y, por ende, se dejaron sin efectos las actuaciones del referido incidente. En ese sentido, en el caso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que se combate en esta vía constitucional corresponde a un acto dictado dentro del juicio natural que no tiene una ejecución de imposible reparación, es decir, que no afecta materialmente, de manera inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa protegido por la Constitución y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. En sustento a lo anterior, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicado a contario sensu, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: [...] Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos legales se sigue que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados dentro de juicio, siempre que estos sean de los considerandos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese orden, habrá un acto de imposible reparación cuando los efectos de la afectación que este produzca no se destruyan con el sólo hecho de que la persona que los resienta obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses; en cambio, no habrá imposible reparación si las consecuencias de las posibles violaciones sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, esto es, si los efectos de tales infracciones solo inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento. Por otra parte, es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que si bien durante la vigencia de la Ley de Amparo abogada el uno de abril de dos mil trece era posible controvertir a través del amparo indirecto las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, tal condición respondía a la ausencia de definición legal de los actos de "imposible reparación". Sin embargo, a partir de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece en vigor a la fecha el legislador federal estableció expresamente que los actos de imposible reparación serán exclusivamente aquellos que materialmente afecten derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales suscritos por México, sin comprender aquellos actos que impliquen violaciones procesales, aun de carácter predominante, razón por la cual es esta la concepción que deben entender e interpretar los órganos jurisdiccionales de amparo para efectos de la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta. [...] Sobre esa base, en el caso se advierte que el acto reclamado únicamente tiene efectos procesales, en la medida que sólo trae como consecuencia directa la no admisión del incidente de falsedad de firma planteado por el aquí quejoso, respecto del escrito de contestación de demanda reconvencional presentado por su contraparte y, por ende, que se tenga por contestada la reconvención entablada en los autos del procedimiento de origen, condición que se traduce en un aspecto meramente procesal, más no tiene el efecto de privar de manera inmediata a la parte aquí quejosa de algún derecho sustantivo previsto en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicanos es parte. En otros términos, el acto reclamado en esta instancia no produce una afectación inmediata y directa a los derechos fundamentales del promovente, en la medida que las eventuales violaciones producidas por este son susceptibles de quedar reparadas de manera total con el dictado de una sentencia definitiva favorable a sus intereses, en el caso, una sentencia condenatoria de la acción reconvencional que formuló en el juicio de origen, pues en ese caso la determinación adoptada por la autoridad responsable reclamada en este juicio de amparo no trascendería en modo alguno a su esfera de derechos, lo que corrobora los efectos procesales del acto controvertido. [...] Por tanto, se determina actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por ***, por su propio derecho.

  3. Principal

    MESA III.- Agréguese a los autos la comparecencia del quejoso, ***, por medio del cual ratifica el escrito presentado el veintidós de mayo en curso, registrado con el número de folio 9510 en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito. SE TIENE POR PRESENTADO ESCRITO Consecuentemente, se tiene por presentado el escrito de ****, por medio del cual da cumplimiento a la prevención formulada el doce de mayo de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO [...] Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La resolución de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, mediante la cual se declaró fundado el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada reconvencional, ****, como causahabiente de ***, contra el auto dictado el doce de septiembre de dos mil veintidós, en el que se admitió a trámite el incidente de falsedad de firma que interpuso el ahora quejoso, en relación con el escrito de contestación de demanda reconvencional y, por ende, se dejaron sin efectos las actuaciones del referido incidente. En ese sentido, en el caso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que se combate en esta vía constitucional corresponde a un acto dictado dentro del juicio natural que no tiene una ejecución de imposible reparación, es decir, que no afecta materialmente, de manera inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa protegido por la Constitución y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. En sustento a lo anterior, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicado a contario sensu, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: [...] Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos legales se sigue que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados dentro de juicio, siempre que estos sean de los considerandos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese orden, habrá un acto de imposible reparación cuando los efectos de la afectación que este produzca no se destruyan con el sólo hecho de que la persona que los resienta obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses; en cambio, no habrá imposible reparación si las consecuencias de las posibles violaciones sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, esto es, si los efectos de tales infracciones solo inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento. Por otra parte, es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que si bien durante la vigencia de la Ley de Amparo abogada el uno de abril de dos mil trece era posible controvertir a través del amparo indirecto las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, tal condición respondía a la ausencia de definición legal de los actos de "imposible reparación". Sin embargo, a partir de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece en vigor a la fecha el legislador federal estableció expresamente que los actos de imposible reparación serán exclusivamente aquellos que materialmente afecten derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales suscritos por México, sin comprender aquellos actos que impliquen violaciones procesales, aun de carácter predominante, razón por la cual es esta la concepción que deben entender e interpretar los órganos jurisdiccionales de amparo para efectos de la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta. [...] Sobre esa base, en el caso se advierte que el acto reclamado únicamente tiene efectos procesales, en la medida que sólo trae como consecuencia directa la no admisión del incidente de falsedad de firma planteado por el aquí quejoso, respecto del escrito de contestación de demanda reconvencional presentado por su contraparte y, por ende, que se tenga por contestada la reconvención entablada en los autos del procedimiento de origen, condición que se traduce en un aspecto meramente procesal, más no tiene el efecto de privar de manera inmediata a la parte aquí quejosa de algún derecho sustantivo previsto en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicanos es parte. En otros términos, el acto reclamado en esta instancia no produce una afectación inmediata y directa a los derechos fundamentales del promovente, en la medida que las eventuales violaciones producidas por este son susceptibles de quedar reparadas de manera total con el dictado de una sentencia definitiva favorable a sus intereses, en el caso, una sentencia condenatoria de la acción reconvencional que formuló en el juicio de origen, pues en ese caso la determinación adoptada por la autoridad responsable reclamada en este juicio de amparo no trascendería en modo alguno a su esfera de derechos, lo que corrobora los efectos procesales del acto controvertido. [...] Por tanto, se determina actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por ***, por su propio derecho. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. JRL

  4. Principal

    AVISO. SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DICTADO EL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SÍNTESIS DICE: MESA V.- Agréguese a los autos el escrito de ***, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual en atención al requerimiento de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, informa que el treinta y uno de marzo del año en curso se llevó a cabo el desahogo de la prueba testimonial dentro del juicio *** y en la misma diligencia se ordenó turnar los autos para dictar la resolución de la primera sección correspondiente al reconocimiento de herederos y designación de albacea, misma resolución que se dictó el once de abril de dos mil veintitrés. Asimismo informa que el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, **** compareció ante el Juzgado Octavo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, a efecto de aceptar y protestar el cargo de Albacea dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de ****-parte quejosa en la presente contienda constitucional-. Para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada de la sucesión intestamentaria ****, en la que el once de abril de dos mil veintitrés, se dictó la resolución correspondiente en la cual se declaró como único y universal heredero a ****, mismo que el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, aceptó y protestó el cargo de albacea de la sucesión a bienes de ***. Al respecto, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado en auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, ya que de las copias certificadas que exhibió a las cuales se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que efectivamente ***, fue declarado como único y universal heredero a bienes de ****, mediante resolución de once de abril de dos mil veintitrés, el cual el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, aceptó y protestó el cargo conferido. En ese sentido, se reconoce a ***, como albacea a bienes de ***, en virtud de la resolución de once de abril de dos mil veintitrés, emitida en el juicio sucesorio intestamentario ***, del índice del Juzgado Octavo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos del juicio en que se actúa, y toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, para este juzgado es un hecho notorio que en proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional. Entonces, toda vez que proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se reservó acordar respecto de la devolución de los billetes de depósito número *** y *** por la cantidad de ***, cada uno, hasta en tanto se tuviera conocimiento de quien representaba la sucesión testamentaria de la parte quejosa o el albacea de la misma, situación que ya aconteció, por tanto se provee como sigue: En primer lugar, se hace notar que a partir del catorce de noviembre de dos mil veintidós, la garantía de referencia debía subsistir hasta en tanto transcurriera el término establecido por el artículo 156 de la Ley de Amparo; sin embargo, a la fecha ha transcurrido el plazo de seis meses previsto en dicho numeral, sin que se hiciera valer el incidente respectivo. En consecuencia, tomando en consideración que han dejado de producir el efecto para el cual fue requerida la exhibición de la citada garantía y ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 156 de la Ley de Amparo, sin que se hiciera valer el incidente respectivo, máxime que dejó de producir el efecto para el cual fue requerido; hágase la devolución de los billetes antes mencionados, previo endoso a favor únicamente de ***, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria de la de cujus ***, dejando en autos constancia de su devolución. En el entendido que de no reclamarlos, se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, que establece que al término de dos años prescribirán a favor del fisco federal, los depósitos constituidos en dinero o valores al cuidado o a disposición del Gobierno Federal, contados a partir de la fecha en que legalmente puede exigirse su devolución por el depositante. JRL

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