Faustino Gutiérrez González
Expediente 1761/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1761/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/01/2023
Partes del expediente
- Faustino Gutiérrez González
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de enero de dos mil veintitrés. Vistos; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto que antecede de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Faustino Gutiérrez González. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por la quejosa susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Visto, el escrito de cuenta signado por la parte quejosa ***, mediante el cual desahoga la prevención decretada en auto de quince de diciembre del año en curso. Al efecto, se acuerda: IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora bien, antes de proveer respecto de la procedencia de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo y a la tesis de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. Por lo cual esta juzgadora procede a examinar, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. De lo anterior se explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este Órgano de Control Constitucional, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa combate: La integración de la carpeta de investigación y/o averiguación previa, iniciada en su contra. En la especia se advierte de oficio que respecto al acto reclamado consistente en la integración de la carpeta de investigación y/o averiguación previa iniciada en su contra, se actualiza de forma manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII en relación con el diverso 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo. En efecto, los citados dispositivos establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "ARTÍCULO 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De los preceptos transcritos se aprecia que el amparo resulta improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de los gobernados, es decir, en contra de aquéllos que no provocan, una afectación definitiva a la esfera jurídica, del impetrante de amparo. Por su parte, los numerales 16 y 21, de la Constitución General de la República disponen: "ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." "ARTÍCULO 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función." De los artículos constitucionales citados, se advierte que la persecución de los delitos es de interés público y que corresponde a los agentes del Ministerio Público investigar los hechos probablemente delictuosos, para determinar en su caso si ha lugar o no a ejercer la acción penal en contra del aquí quejoso, cuando encuentran que se reúnen los elementos necesarios; cabe señalar que durante esta etapa del procedimiento penal, el Ministerio Público, actúa como órgano acusador y los indiciados no tienen la calidad de partes, pues como se dijo el representante social investiga hechos, para tratar de determinar la identidad de los probables responsables, además que la determinación del Ministerio Público en el sentido de que se ha cometido un delito y de que los indiciados probablemente participaran, sólo constituye una opinión que no obliga a la autoridad judicial competente, a resolver en un sentido determinado. Con base en todo lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica de los gobernados, pues no les irroga un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se materializa hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad; dado que la integración de las carpetas de investigación y/o carpeta de investigación, son de orden público, pues la sociedad está interesada en la investigación de los hechos que pueden constituir un delito. De ahí que, la integración de la carpeta de investigación y/o averiguación previa, no son susceptibles de impugnación por la vía de amparo indirecto, pues no constituyen actos de imposible reparación, pues como quedó precisado líneas arriba, de conformidad con el artículo 21, constitucional, es facultad del Ministerio Público iniciar las carpetas de investigación que den como resultado hechos constitutivos de delitos. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia número 11, visible en la página 689, tomo V, segunda parte-2, enero a junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava época, con registro electrónico 226462, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso". Asimismo, tiene aplicación por analogía, la tesis 8 P, visible a fojas 264, tomo III, enero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, con registro electrónico 203374, de rubro y texto siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 21 Constitucional en lo atinente, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso integrar la correspondiente averiguación previa, de ahí, que el desahogo de diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio a la persona contra la que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el máximo ordenamiento legal del país; siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. En razón de lo anterior, es improcedentes el juicio de garantías en que se señalen como acto reclamado tales diligencias ministeriales." En efecto, de los antecedentes que manifestó la parte quejosa en su escrito de demanda se advierte que se encuentra en etapa de integración los hechos denunciados en la carpeta de investigación que refiere se sigue en su contra. Lo cual demuestra por sí, que no se le irroga perjuicio al quejoso y aún en el caso de que el fiscal determinara que los hechos en comento son probablemente constitutivos de delito y que el indiciado probablemente los cometió; ello, sólo constituye una opinión que no obliga al Juez de Control competente a resolver en determinado sentido. No se soslaya el hecho que los actos reclamados pueden tener vinculación con cuestiones relativas a la garantía de defensa, en razón de que éstos no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica de la parte quejosa, sino que sus efectos pueden ser reparados; sin embargo, aun partiendo del nuevo modelo de interpretación constitucional, no es posible determinar que la jurisprudencia del máximo tribunal del país pueda ser objeto de la decisión de un órgano de menor grado que tienda a inaplicarla, como resultado del ejercicio de control de convencionalidad ex officio, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica. Apoya a lo anterior, la diversa jurisprudencia. 64/2014, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8, del libro 13, tomo I, Décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2008148, correspondiente a diciembre de 2014, del tenor literal siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA. La obligación de las autoridades jurisdiccionales contenida en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de realizar un control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos y dar preferencia a los contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario contenidas en cualquier norma inferior, no contempla a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el artículo 94 constitucional establece que será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de conformidad con lo que disponga la ley y, en este caso, la Ley de Amparo así lo indica tanto en la abrogada como en el artículo 217 de la vigente; de ahí que no privan las mismas razones que se toman en cuenta para inaplicar una disposición emitida por el legislador cuando viola derechos humanos de fuente constitucional o convencional. Cabe precisar que en los casos en los que se pudiera advertir que una jurisprudencia del Alto Tribunal desatiende o contradice un derecho humano, cualquiera que sea su origen, existen los medios legales para que se subsane ese aspecto. En conclusión, aun partiendo del nuevo modelo de interpretación constitucional, no es posible determinar que la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país pueda ser objeto de la decisión de un órgano de menor grado que tienda a inaplicarla, como resultado del ejercicio de control de convencionalidad ex officio, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica. Así es, como uno de los criterios que da sustento a esta determinación constituye jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, es de observancia obligatoria en términos del artículo 217, de la Ley de Amparo, no es susceptible de someterse al control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex oficio, por órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, como lo es este juzgado de distrito, de ahí que no privan las mismas razones que se toman en cuenta para inaplicar una disposición emitida por el legislador común cuando viola derechos humanos de fuente constitucional o convencional. Por tanto, la integración de la carpeta de investigación y/o averiguación previa, no le ocasiona un perjuicio al promovente para la procedencia del juicio de amparo, ya que es necesario que el acto reclamado le cause una afectación en su esfera jurídica. Por lo que, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico o legítimo; puesto que la integración de una carpeta de investigación y/o averiguación previa para la judicialización de la misma constituye la labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan el derecho de oponerse a su función; pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Además, porque el numeral 21, constitucional, consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de investigar los delitos, dentro de la fase del proceso penal, denominada etapa preliminar o de investigación. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Por consiguiente, al surtirse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XVIII, de la ley de amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17, constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Por las razones que informa se invoca la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de diciembre de dos mil veintidós. Visto; el oficio de cuenta y anexos, signado por la Secretaria de Acuerdos de Juzgado en Funciones de Jueza Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por el que en atención al oficio ******************** de cinco de diciembre del presente año, transcribe el contenido del auto de nueve de diciembre del actual, dictado dentro del expediente ********************, de su índice, en el que ordena girar oficio a los integrantes del Ayuntamiento Municipal de Las Rosas, Chiapas, para que dentro del término de cinco días hábiles, informen el estado que guardan los oficios enviados en proveído de dieciséis de noviembre del presente año, dirigidos al Congreso del Estado de Chiapas, y Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, ambos con sede en esta ciudad, a efectos de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Al efecto, se acuerda: Conforme con el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2, glósense a los autos el oficio con anexo de cuenta para que obren como legalmente corresponda; y se tiene a la autoridad responsable en vías de cumplimiento parcial a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Tómese nota de lo informado, toda vez que en proveído de nueve de diciembre del presente año, se requirió a las autoridades vinculadas Congreso del Estado y a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, auxiliar al ayuntamiento de mérito para obtención de recursos económicos a fin de poder cumplir con la ejecución de la sentencia en el presente juicio de amparo, NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.
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SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Número de expediente: 1761/2022 Acuerdo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de diciembre de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del 1. Fiscal Regional de la Zona Fraylesca, con residencia en Villaflores, Chiapas, y otras autoridades. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. REGISTRO Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 1761/2022-VI, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN Ahora bien, previo a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda que nos ocupa, con fundamento en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días, por escrito: UNICO: Precise el acto concreto de autoridad que inmediatamente le causa perjuicio, y a que autoridad se lo atribuye, debido a que del contenido de su demanda, refiere diversos actos, entre ellos: 1.- "la neglicencia oficial de vigilar las actuaciones del personal a su mando los C. Fiscales del Ministerio Público adscrito a su Zona, principalmente en prácticas de corrupción en la monopolización de la integración de las carpetas de investigación por Fiscales de reconocido prestigio de corrupción." 2.- "la inconstitucional inactividad del registro de atención número 295-108-2906-2022." 3.- " la posible integración del registro de atención y carpeta de investigación con hechos relacionados y por los mismos actores jurídicos y antes denunciados en derecho en el registro de atención número 295-108-2906-2022." 4.- "el posible conocimiento de carpeta de investigación para audiencia de vinculación a proceso en contra del suscrito." 5.- "la posible orden de detención y/o posible orden bajo oficio girado por el Fiscal del Ministerio Público en turno para realizar entrevistas por hechos en contra del suscrito." Máxime que lo anterior, tiene como propósito se emitan las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de los únicos elementos con que inicialmente cuenta este juzgado, de ahí que sea necesario dicho requerimiento para proveer sobre la procedencia del juicio, pues el acto reclamado debe ser claro y preciso respecto del actuar de la autoridad responsable; porque de acuerdo al acto u omisión del que se duele es que, en su caso, debe analizarse el acto específico que cause perjuicio a la parte quejosa; lo que debe atenderse sin considerar los calificativos que en el caso se hicieran valer. Al efecto, apoya la anterior consideración el criterio: ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda. APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en sus términos y en el plazo señalado, acorde con el penúltimo párrafo del precepto 114, de la ley de la materia, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE CUENTA. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se menciona en el proemio de la demanda. Se tiene como autorizada en términos amplios a que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que tiene registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública; asimismo, como lo solicitó, se tienen como autorizados en términos de la parte in fine del referido artículo 12, con relación al numeral 24, de la Ley de Amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones a los profesionistas que indicó. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial adscrito a este juzgado pueda realizar las diligencias correspondientes. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.
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