Faustino Gonzalez Teresa
Expediente 505/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 505/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Faustino Gonzalez Teresa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de diez días previsto en el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio ha causado estado. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obren los acuses de recibo del oficio 17838/2023, con el que le fue notificado el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio al Juez de Control del Juzgado de Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Tantoyuca, Veracruz, pues la parte a quien le podría afectar el auto que sobreseyó fuera de audiencia sería al quejoso, quien no interpuso recurso de revisión en su contra. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se sobreseyó fuera de audiencia. Así, como lo dispone el primer párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 34 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé el numeral 20, párrafo segundo, del citado acuerdo general, que por sus características amerite ser devuelto.
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia el alegato ministerial del representante social adscrito a este Juzgado, toda vez que mediante proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, por lo que se dejó sin efecto la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional.
- Principal
Agréguese sin mayor acuerdo el oficio... en proveído de treinta y uno de octubre pasado, se recibió un oficio de idéntico contenido y se acordó lo conducente.
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a las presentes actuaciones el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad responsable rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con apoyo en el numeral 119, de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales públicas -incluido el disco compacto en formato DVD- que la autoridad responsable remite como justificación a su informe. Al respecto, se invoca la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL" No obstante lo anterior, de la documental recibida se advierte una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable que hace innecesario continuar con la tramitación del juicio, por las consideraciones que se exponen. En primer término, debe indicarse de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente y, de manera preferente las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, con registro 394770, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el entendido que cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto es notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de proseguir con la substanciación del juicio de amparo y llegar a celebrar la audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, toda vez que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no sería posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. Ahora, en el caso concreto, se estima actualizada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, en su fracción XIX, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior" En lo que interesa, conforme a lo previsto por dicho precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando se encuentre en trámite un medio de defensa interpuesto por el gobernado, previamente al juicio de amparo, que tenga por objeto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; situación que en la especie acontece, como se precisa enseguida: Tal supuesto trata de evitar la coexistencia de un medio ordinario de defensa con la instancia constitucional, en contra de un mismo acto, que traería como consecuencia la posibilidad de que se emitan dos resoluciones respecto del mismo planteamiento legal, que inclusive podría ser contradictorio. Para que dicha causal se actualice, es necesario que concurran las siguientes circunstancias: 1. Que sea la parte quejosa quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa; 2. Que dicho recurso o medio legal haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y 3. Que dicho medio de defensa constituya la vía idónea para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda y documentos exhibidos, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: El auto de vinculación a proceso, dictado el veintitrés de agosto pasado en contra de ******************** dentro del proceso penal anteriormente ******************** del índice de Juez de Control del Juzgado de Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Tantoyuca, Veracruz. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo" Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, el aquí quejoso ******************** interpuso ante la responsable recurso de apelación en contra de la aludida determinación de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, sin que se desprenda que dicho medio de impugnación haya sido resuelto. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno al encontrarse firmadas por un funcionario judicial en ejercicio de su encargo, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; lo anterior, por ser documental pública. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 226, que dice: DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena En ese orden de ideas, es dable precisar que el acto reclamado fue impugnado a través del recurso de apelación de conformidad con el artículo 467, fracción VII, del Código de Nacional de Procedimientos Penales, el cual literalmente establece: Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: [.] VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; Como se ve, el citado numeral establece la procedencia de la apelación sobre las resoluciones a que se refiere dicho capítulo, entre las que se encuentra, el auto de vinculación a proceso. Lo transcrito anteriormente, pone en manifiesto la coexistencia de la vía constitucional con un medio de defensa ordinario que aún se encuentra pendiente de ser calificado por la autoridad citada, por tanto, el actuar que el quejoso atribuye a la responsable es susceptible de ser modificado o revocado en favor de sus intereses, máxime que el recurso de apelación interpuesto es la vía idónea para combatir dicho acto. En tales condiciones, el juicio de amparo intentado respecto del acto reclamado precisado en párrafos que anteceden, deviene improcedente al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la ley de Amparo, en razón de que precisamente el acto aquí reclamado será materia del examen que se realice en el recurso de apelación instado por la aquí quejosa, de ahí que no pueda coexistir el juicio de amparo con dicho recurso. En consecuencia, lo procedente es SOBRESEER fuera de audiencia en el presente juicio, en términos de lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, del mismo ordenamiento legal. Al respecto, es aplicable al no oponerse a lo previsto en le Ley de Amparo, la tesis 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, y de rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Por consiguiente, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con treinta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones de rigor en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, comuníquese esta determinación a las autoridades responsable para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por el tercero interesado ********************, en atención al sobreseimiento fuera de audiencia decretado en líneas anteriores.
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