Faustino Gómez Hernández

Expediente 70/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
70/2014
Año
2014
Actuaciones
4
Última actuación
30/01/2015

Partes del expediente

  • Faustino Gómez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I A Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el plazo de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo, transcurrió sin que hubiesen hecho manifestación alguna; en consecuencia, se procede a pronunciar sobre su cumplimiento. Ahora bien, mediante sentencia dictada el seis de agosto de dos mil catorce, se concedió a FAUSTINO GÓMEZ HERNÁNDEZ, el amparo y protección de la Justicia Federal, para que el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, realizara lo siguiente: a) Emita acuerdo en el que dicte las medidas necesarias a efecto de que en la nueva fecha que señale, atendiendo los términos legales, para el desahogo de las pruebas pericial en psicología que deberá practicarse a la ofendida Carmela Martínez Gómez, así como los interrogatorios a Ausencio Cruz Martínez y a las peritos oficiales Balvina Alejandra Aguilar de la Cruz y María Guadalupe Teresita Madrid Ruiz, en el proceso penal 117/2013, no sea diferida y, en caso de desacato injustificado de aquellos señale nueva fecha y hora e imponga los medios de apremio con los que aperciba, hasta que logre el desahogo de dichas probanzas. En cumplimiento a lo anterior, el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, por auto de dos de septiembre de dos mil catorce, dictado en el proceso penal 117/2013, señaló fecha y hora para llevar a cabo los interrogatorios a los peritos Balvina Alejandra Aguilar de la Cruz y María Guadalupe Teresita Madrid Ruiz, y al testigo Ausencio Cruz Martìnez; asimismo, para que se realizara la valoración psicológica de la ofendida Carmela Martínez Gómez, realizando los apercibimientos respectivos (fojas 117 a 119); por acuerdo de trece de octubre de dos mil catorce, se agregó el escrito del aquí quejoso, por el que desistía de las pruebas antes citadas, escrito que fue ratificado el diecisiete siguiente, por lo que en esa misma diligencia se le tuvo ratificando en su perjuicio el citado ocurso (fojas 132 a 135). En tales condiciones el desistimiento del inculpado, aquí quejoso, del desahogo de las pruebas pericial en psicología que debería practicarse a la ofendida Carmela Martínez Gómez, así como los interrogatorios a Ausencio Cruz Martínez y a las peritos oficiales Balvina Alejandra Aguilar de la Cruz y María Guadalupe Teresita Madrid Ruiz, en el proceso penal 117/2013, que se instruye en su contra en el Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, imposibilita jurídicamente el cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que ningún caso tiene requerir el cumplimiento al juez responsable ya que el propio quejoso desistió de las probanzas que se ordenaron desahogar. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que el cumplimiento de la sentencia ha quedado sin materia por existir imposibilidad jurídica para cumplirla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.90/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cuarenta, tomo XXV, junio de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    POR LISTA MESA I A Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el plazo de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo, transcurrió sin que hubiesen hecho manifestación alguna; en consecuencia, se procede a pronunciar sobre su cumplimiento. Ahora bien, mediante sentencia dictada el seis de agosto de dos mil catorce, se concedió a FAUSTINO GÓMEZ HERNÁNDEZ, el amparo y protección de la Justicia Federal, para que el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, realizara lo siguiente: a) Emita acuerdo en el que dicte las medidas necesarias a efecto de que en la nueva fecha que señale, atendiendo los términos legales, para el desahogo de las pruebas pericial en psicología que deberá practicarse a la ofendida Carmela Martínez Gómez, así como los interrogatorios a Ausencio Cruz Martínez y a las peritos oficiales Balvina Alejandra Aguilar de la Cruz y María Guadalupe Teresita Madrid Ruiz, en el proceso penal 117/2013, no sea diferida y, en caso de desacato injustificado de aquellos señale nueva fecha y hora e imponga los medios de apremio con los que aperciba, hasta que logre el desahogo de dichas probanzas. En cumplimiento a lo anterior, el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, por auto de dos de septiembre de dos mil catorce, dictado en el proceso penal 117/2013, señaló fecha y hora para llevar a cabo los interrogatorios a los peritos Balvina Alejandra Aguilar de la Cruz y María Guadalupe Teresita Madrid Ruiz, y al testigo Ausencio Cruz Martìnez; asimismo, para que se realizara la valoración psicológica de la ofendida Carmela Martínez Gómez, realizando los apercibimientos respectivos (fojas 117 a 119); por acuerdo de trece de octubre de dos mil catorce, se agregó el escrito del aquí quejoso, por el que desistía de las pruebas antes citadas, escrito que fue ratificado el diecisiete siguiente, por lo que en esa misma diligencia se le tuvo ratificando en su perjuicio el citado ocurso (fojas 132 a 135). En tales condiciones el desistimiento del inculpado, aquí quejoso, del desahogo de las pruebas pericial en psicología que debería practicarse a la ofendida Carmela Martínez Gómez, así como los interrogatorios a Ausencio Cruz Martínez y a las peritos oficiales Balvina Alejandra Aguilar de la Cruz y María Guadalupe Teresita Madrid Ruiz, en el proceso penal 117/2013, que se instruye en su contra en el Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, imposibilita jurídicamente el cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que ningún caso tiene requerir el cumplimiento al juez responsable ya que el propio quejoso desistió de las probanzas que se ordenaron desahogar. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que el cumplimiento de la sentencia ha quedado sin materia por existir imposibilidad jurídica para cumplirla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.90/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cuarenta, tomo XXV, junio de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MESA I A Agréguese el oficio 176 signado por el Secretario Encargado del Juzgado Primero Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, por el que en vías de cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, y al requerimiento formulado en proveído de treinta de diciembre del año pasado, remite copia certificada del acuerdo de trece de octubre de dos mil catorce, así como, de la diligencia de ratificación de escrito por parte del aquí quejoso Faustino Gómez Hernández, de diecisiete de octubre de dos mil catorce, emitida en el expediente 117/2013 de su índice. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con dichas documentales y las agregadas en autos de cinco y dieciocho de septiembre de dos mil catorce, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada por el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación al respecto, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA MESA I A Agréguese el oficio 176 signado por el Secretario Encargado del Juzgado Primero Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, por el que en vías de cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, y al requerimiento formulado en proveído de treinta de diciembre del año pasado, remite copia certificada del acuerdo de trece de octubre de dos mil catorce, así como, de la diligencia de ratificación de escrito por parte del aquí quejoso Faustino Gómez Hernández, de diecisiete de octubre de dos mil catorce, emitida en el expediente 117/2013 de su índice. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con dichas documentales y las agregadas en autos de cinco y dieciocho de septiembre de dos mil catorce, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada por el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación al respecto, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos. Notifíquese personalmente.

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