Faustino Favila Montoya
Expediente 508/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 508/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Faustino Favila Montoya
Actuaciones
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta a la certificación secretarial de cuenta y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que****, hayan interpuesto recurso de queja en contra del proveído de tres de junio pasado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; ocho de junio de dos mil veintidós. Visto; se tiene por recibida la razón levantada por Xenia Castelán Parra, Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado de Distrito, en la que hace constar el motivo por el que no le fue posible notificar personalmente al quejoso Faustino Favila Montoya, el acuerdo de tres de junio del año en curso, emitido en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, y a fin de no dejarlo en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificarle dicho proveído, por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales procedentes, así como las subsecuentes actuaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio procesal en esta ciudad. Notifíquese. NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE TRES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN VIRTUD DE LO ORDENADO EN AUTO QUE ANTECEDE, EL CUAL REFIERE: Acapulco de Juárez, Guerrero; tres de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por FAUSTINO FAVILA MONTOYA, por su propio derecho, contra actos de la Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero, con residencia en la ciudad de Chilpancingo; y de otras autoridades responsables. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 508/2022-II y fórmese expediente. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto el artículo citado, impone la obligación a la Jueza de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 WordSISE manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1 y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo; lo RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 anterior se considera así en atención a las siguientes razones de orden legal. Los referidos artículos de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". En efecto, el numeral 1, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en dicho ordenamiento legal. Por otra parte, del artículo 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que, son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 WordSISE independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, el referido precepto legal indica que para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Al respecto, debe precisarse que el máximo Tribunal del país determinó que los rasgos que diferencian a una autoridad para efectos del juicio de amparo son los siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior encuentra sustento en la tesis jurisprudencial 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala del más alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, cuyo rubro y texto establecen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En ese contexto, para considerar que el acto realizado proviene de una autoridad y, por ende, sea reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que exista una relación de supra a subordinación, que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es decir, quien actúa en su carácter de autoridad responsable, se ubica en una relación de supra a subordinación respecto de un gobernado, por lo que ejerce una "fuerza pública", entendida ésta en el sentido de "imperio" y no poder coactivo material, cubriéndose de un ropaje estatal y actuando como si fuera una entidad pública; y sin hacerlo por un impulso arbitrario de su parte, sino en virtud de una autorización del propio Estado a través de una ley en sentido amplio. Así, puede advertirse con facilidad que la finalidad de ampliar el concepto de "acto de autoridad" que contiene la actual Ley de Amparo, fue dar prioridad a la naturaleza propia del acto por encima del carácter de quien lo emite. En consecuencia, por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de coordinación, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable. En el caso concreto, la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 WordSISE Por otra parte, al narrar los antecedentes de los actos reclamados literalmente manifestó: RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 En esa tesitura, de lo expuesto con antelación se aprecia que el quejoso reclama la presión para que firme su renuncia como servidor público de Gobierno del Estado de Guerrero, así como la falta pago de la indemnización correspondiente, y la omisión de dar respuesta a la solicitud por escrito y verbal fundada y motivada en que solicita el pago de la misma, al desempeñarse como Director General de la Secretaría de Juventud. Por lo que a juicio de esta juzgadora resulta evidente que a través de la promoción del presente juicio de amparo se intentan combatir actos que surgen de una relación laboral entre las autoridades señaladas como responsables y el impetrante, en la que las primeras hacen las veces de patrón RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 WordSISE y el quejoso se erige como empleado, por lo que esta instancia resulta improcedente, en virtud de que los actos reclamados dadas las características del caso, no provienen de entes de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, a las autoridades que la parte quejosa señala como responsables, no les reviste tal carácter para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que, se insiste, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 de la Carta Magna; 1 fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, la procedencia de esta instancia constitucional se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por aquélla la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; de igual forma, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, lo que en la especie no acontece, tal y como enseguida se explicará con base en los siguientes razonamientos. En primer término, resulta conveniente establecer que procesalmente hablando, "autoridad responsable" es la parte a la cual se demanda en el juicio de amparo; quien emitió o ejecutó el acto combatido a través de este medio de control constitucional; es decir, se connota como todo aquél órgano del estado o particular dotado de facultades que implican poder de decisión y ejecución, esto es, que realiza actos de naturaleza jurídica que afecten la esfera de los particulares e impone a estos sus determinaciones unilateralmente, modificando o alterando situaciones jurídicas concretas. Los órganos del Estado pueden actuar en dos tipos de relaciones de supra a subordinación y en relaciones de coordinación, en las primeras actúan como autoridad frente a particulares y sus actos contienen entonces, las características de unilaterales, coercitivos e imperativos, y en las últimas se RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 despojan de ese poder de mando y realizan actividades como cualquier particular. De tal suerte que, para identificar si un ente actuó en uso de sus atribuciones públicas es indispensable realizar un análisis casuístico. Cabe señalar que la relación Estado-empleado se representa por dos características que no deben perderse de vista al analizar su esencia y que se refieren, en principio, a la naturaleza soberana del Estado, uno de los sujetos de esa relación, cuya voluntad orgánica se integra con la de los empleados, en contraste con la relación existente entre el patrón y el obrero, donde ambos sujetos son particulares; y en segundo, la naturaleza del servicio prestado, que es el desenvolvimiento y ejecución de las atribuciones encomendadas al Estado por el régimen jurídico, lo que no existe en la relación laboral ordinaria. Lo anterior lleva a considerar que si la relación entre el Estado y el empleado se inserta en la estructura, organización y funcionamiento de aquél, su naturaleza jurídica debía estimarse como administrativa, pero la fuerza del derecho positivo ha dado a dicha relación un tratamiento peculiar que ha transformado su índole en la generalidad de los casos, aunque respetando a manera de excepción, algunos supuestos bien determinados en los cuales se conserva la naturaleza administrativa original de la relación. Luego, toda vez que del contenido de la demanda de amparo, se obtiene que el ahora quejoso es trabajador del Gobierno del Estado de Guerrero, con la categoría de Director General de la Secretaría de la Juventud, lo que demás se corrobora con la documental que exhibió, consistente en el escrito de dieciocho de enero de este año, presentado ante la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero. Por tanto, se concluye que en el caso, se está ante una relación de coordinación de tipo laboral entre el promovente y quienes señala como autoridades responsables, en torno a la cual RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 WordSISE no concurren los citados elementos ya enunciados, los cuales únicamente surgen en las relaciones de supra a subordinación, porque en este supuesto las partes no se colocan en el mismo plano como particulares, pues el ente de gobierno impone su voluntad sin el consenso de la afectada, es decir, se ejercen facultades de decisión que le están atribuidas en un ordenamiento legal y que por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de tal potestad, lo que revela que tal ente es una autoridad para los efectos del amparo; hipótesis que no se actualiza en la especie, al tratarse de una cuestión eminentemente laboral, (la que en todo caso podría dilucidar ante la autoridad laboral que resulta competente), porque aquí se les atribuyen actos que ejercen en calidad de patrón, como lo es la presión ilegal para firmar su renuncia como servidor público de Gobierno del Estado de Guerrero, así como el pago de la indemnización, y falta de respuesta a la solicitud por escrito y verbal fundada y motivada en relación al pago de sus prestaciones al desempeñarse con la categoría de Director General de la Secretaría de Juventud. De ahí que, a tales funcionarios no les resulta el carácter de autoridad para los efectos de la instancia constitucional, de modo que su proceder queda fuera de los supuestos que permitirían combatirlo por esta vía, al carecer de fuerza pública y facultades para ejercer actos de imperio y decisión de manera unilateral y coercitiva. En tales condiciones, una vez que fue demostrado que los actos reclamados en esta vía de amparo se originan en virtud de una relación entre particulares que deriva de una relación laboral, y no de autoridad a particular, es patente la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con los diversos 1, fracción I y 5, todos de la Ley de Amparo. Sin que ello implique, que se provoque un estado de indefensión, pues el quejoso puede acudir al juicio de amparo una vez que resuelva la legalidad de los actos que impugna ante las instancias comunes. RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 En la especie, no se exige el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, sino que los actos de reproche provengan de autoridad para los efectos del juicio de garantías, por lo que se deja expedito su derecho de comparecer ante la justicia ordinaria que estime conveniente a hacer valer sus derechos, por medio del cual puede reclamar la presión ilegal para que firmara su renuncia como servidor público de Gobierno del Estado de Guerrero, así como el pago de la indemnización, y falta de respuesta a la solicitud por escrito y verbal fundada y motivada, con la categoría de Director General de la Secretaría de Juventud, y su ejecución, mediante un juicio seguido ante los tribunales creados por la ley para ese fin. Debe agregarse que el hecho de que el acto reclamado no sea de autoridad para efectos del amparo y al efecto se actualice una causa de manifiesta e indudable de improcedencia, no significa que se le violen sus derechos, pues la procedencia del juicio de amparo también se encuentra sujeta a presupuestos procesales y reglas de procedencia. Además, permitir la admisión de la demanda de amparo hasta la celebración de la audiencia constitucional, crearía falsas expectativas a la quejosa, así como se retrasaría la expedites en el asunto pues derivaría igualmente en el sobreseimiento, ya que los actos reclamados no derivan de un acto de autoridad -de supra a subordinación-, en términos de lo dispuesto en los artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, sino que se trata de una relación de coordinación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. L/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Tomo IV, Octubre de 1966, página 315, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA LABORAL. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE EL ÓRGANO DESCONCENTRADO DE UNA SECRETARIA DE RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 WordSISE ESTADO, CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDE CONOCER AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. De lo dispuesto por los artículos 123, apartado "B", parte inicial, de la Constitución, 1o., 2o. y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1o., 2o. y 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se desprende que si los organismos federales no son descentralizados, sino desconcentrados y, por tanto, quedan comprendidos dentro de una Secretaría de Estado del Ejecutivo Federal, ha de considerarse que conforme al último de los preceptos invocados, corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje conocer de los conflictos laborales en que sea parte alguno de dichos organismos desconcentrados." Igualmente, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1956, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de suprasubordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR FAUSTINO FAVILA MONTOYA. RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 1224 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época, que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Téngase como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en la demanda de amparo; y como sus autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Otoniel Bernal Adame, Armando de Jesús García y Janni del Río Hernández, en virtud de que no tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredite como RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 WordSISE Licenciados en Derecho. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a las Actuarias judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de Rafael Ibarra Delgado, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; tres de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibido el escrito firmado por ****************, autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el doce de mayo del año en curso, en el sumario en que se actúa. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 88 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente acuerdo, exhiba nueve copias más del escrito de agravios para notificar a las demás partes; pues únicamente exhibió el original, y se requieren nueve ejemplares, para ser distribuidos de la siguiente manera: original y copia para remitir al Tribunal Colegiado; seis para notificar a las autoridades responsables; una para la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado; y una para que obre en el expediente en que se actúa, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesto el recurso intentado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,905 expedientes
- Fátima Franco Sadala y Otros.103/2019
- Fátima Franco Sadala981/2016
- Fátima Franco Sadala7/2017
- Fátima Franco Sadala1114/2016
- Fatima Franco Sadala y Otros.142/2017
- Faustino Cruz Basilio613/2016
- Faustino Jiménez Reyes168/2016
- Fausto Isaac Mendiola León759/2017
- Fausto Isaac Mendiola León912/2018
- Fausto Vicente Ramírez López844/2023
- Faviola Alvarado Moreno96/2017
- Federico Chávez Serrato1042/2015