Faustino Cruz Mora y Otros.

Expediente 675/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 38 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
675/2019
Año
2019
Actuaciones
38
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • Joaquín Grajales Santiago, en su caracter de Síndico Único y representante del Ayuntamiento de Tenochtitlán, Veracruz,. y Otros.
  • Joaquín Grajales Santiago, en su caracter de Síndico Único y representante del Ayuntamiento de Tenochtitlán, Veracruz,.
  • Faustino Cruz Mora
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Ciudad.
  • Faustino Cruz Mora y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    Delegado de la Policía Estatal Región V, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, acusa recibo del oficio 39480; Recurso de revisión integrado, remítase el original del juicio de amparo, original y copia del escrito de agravios a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer.

  2. Principal

    Parte quejosa interpone recurso de revisión; dese trámite; córrase traslado a las partes; fórmese cuaderno de antecedentes; una vez que las partes se encuentren debidamente notificadas, remítase el juicio en que se actúa, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito.

  3. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo, promovido por **********, contra los actos reclamados identificados con los arábigos 2 y 3 del considerando segundo, atento a lo señalado en el decisorio cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra las autoridades señaladas en el considerando tercero y por los actos reclamados identificados con los números 1 y 3 ejecución, por los motivos expuestos en el decisorio quinto. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando sexto de esta resolución. CUARTO. Como está ordenado en el considerando último, entréguese copia autorizada de este fallo a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "... " SENTENCIA VISTO para resolver el juicio de amparo número 675/2019, se determina lo siguiente. R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y turnado al día siguiente hábil diecisiete de ese mes y año, a este juzgado, JOAQUÍN GRAJALES SANTIAGO, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que serán indicados en el considerando segundo de esta sentencia, los cuales consideró violatorios de los artículos 1°, 14, 16, 21 y 22, Constitucionales y que reclama de las autoridades siguientes: AUTORIDADES SENTIDO FOJA Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad Cierto 1 82 y 83 Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, con sede en esta ciudad Niega 72 y 73 Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado, con sede en Misantla, Veracruz Niega 86 y 87 Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad Niega 2 61 Subsecretario "A" de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad Inexistente 7 78 Delegado de Seguridad Pública de la Quinta Región dependiente de la Subsecretaria "A" de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en Misantla, Veracruz Niega 124 Comandante de la Policía Preventiva Municipal de la ciudad de Misantla, Veracruz. No se pronunció 111 Segundo Comandante de la Policía Preventiva Municipal de la ciudad de Misantla, Veracruz Inexistente 94 Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, con sede en esta ciudad Niega 86 y 87 SEGUNDO. Previa prevención, por acuerdo de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, se radicó la demanda de amparo bajo el número 675/2019, en donde, por una parte se desechó la demanda de amparo, y por otra se admitió a trámite únicamente por el acto reclamado consistente en el auto de uno de abril de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral 15/2011/III, en el cual, se impuso al quejoso, una multa equivalente a quince días de unidad de medida y actualización y se le apercibió que de no dar cumplimiento a la reinstalación de los actores, se ordenaría su presentación con el auxilio de la fuerza pública a fin de dar cabal cumplimiento al laudo, así como la ejecución de esos actos. Asimismo, se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete a la Fiscal Federal de la adscripción quien no formuló pedimento; se ordenó emplazar a los terceros interesados; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 41 a 50). Luego, en acuerdos de dieciséis y veintinueve de agosto dos mil diecinueve, al no haber hecho manifestación alguna el quejos en relación a la denominación correcta, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, y se tuvo por autoridades inexistentes al Subsecretario "A" de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y Segundo Comandante de la Policía Preventiva Municipal de la ciudad de Misantla, Veracruz, por lo que se suspendió todas comunicación con ellas. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Este Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, es competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito y Acuerdo 15/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz y su transformación en el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en la referida entidad federativa y sede, así como a su competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones; y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito con residencia en Xalapa, Veracruz. SEGUNDO. Como cuestión preliminar, a fin de analizar con propiedad el tema jurídico que nos ocupa, es imperativo precisar el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, para determinar lo pedido por el quejoso y resolver, analizando en su integridad la demanda constitucional, y la información que obra en el expediente en que se actúa, tal como lo establece la tesis número P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Novena Época, abril 2004, de rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El acto reclamado consistente en el acuerdo de uno de abril de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 15/2011/III, en el que, en su parte conducente, se determinó lo siguiente: 1. Se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de quince de enero de dos mil diecinueve, por lo que se impuso a JOAQUÍN GRAJALES SANTIAGO, una multa de quince días de unidad de medida y actualización, que asciende a $1,209.00 (un mil doscientos nueve pesos con cero centavos moneda nacional) (foja 136, tomo de pruebas). 2. Se apercibió que de no dar cumplimiento a la reinstalación de los actores, se ordenaría la presentación del quejoso con el auxilio de la fuerza pública para que acudiera ante el Tribunal a dar cabal cumplimiento al laudo (foja 139, tomo de pruebas). 3. Y la ejecución de esos actos reclamados. TERCERO. Las autoridades responsables Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad (fojas 82 y 83), al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos reclamados. Lo que demostró con las copias certificadas del juicio natural 15/2011, conformado por un tomo de pruebas que obra por separado. Documentales públicas a las que se otorga valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable la jurisprudencia por reiteración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número doscientos setenta y ocho, consultable a fojas doscientos treinta y uno, Quinta Época, del tomo seis, número de registro digital 917812, materia común, Apéndice dos mil, que señala: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Por su parte las autoridades responsables Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz (foja 61), Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado y (fojas 72 y 73), Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (fojas 86 y 87), con sede en esta ciudad; Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado (fojas 86 y 87) y Delegado de Seguridad Pública de la Quinta Región dependiente de la Subsecretaria "A" de Seguridad Pública del Estado de Veracruz (foja 124), con sede en Misantla, Veracruz, al rendir su informe justificado negaron la ejecución de los actos reclamados, sin embargo, debe tenerse por cierto. Lo anterior, en razón de que al habérsele tenido por cierto a la ordenadora, indudablemente que al tener la calidad de ejecutoras, tiene obligación de darle cumplimiento a lo ordenado por aquella en cualquier momento. De la misma manera, aun cuando la autoridad responsable Comandante de la Policía Preventiva Municipal de la ciudad de Misantla, Veracruz (foja 111), al rendir su informe justificado no se pronunció de manera expresa sobre la existencia, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se le presume cierto, para todos los efectos legales procedentes. CUARTO. SE DEBE SOBRESEER EN ESTA PARTE DEL JUICIO DE AMPARO, en relación al acto reclamado consistente en el acuerdo de uno de abril de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 15/2011/III, en el que, en su parte conducente, se determinó lo siguiente: 2. Se apercibió al quejoso que de no dar cumplimiento a la reinstalación de los actores, se ordenaría su presentación con el auxilio de la fuerza pública para que acudiera ante el Tribunal a dar cabal cumplimiento al laudo (foja 139, tomo de pruebas). 3. Y su ejecución. En efecto, contra los citados actos, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la ley de la materia, estos dos últimos interpretados a contrario sensu. Los citados dispositivos, señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Asimismo, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.). De los artículos trascritos se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. Y que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecten sus derechos subjetivos, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no exista una afectación de la norma general o el acto reclamado y éste no vulneré los derechos reconocidos por la Constitución, por ende, no se afecten los derechos subjetivos del quejoso. Lo anterior, porque uno de los principios rectores del juicio de amparo es el de existencia de agravio personal y directo, lo que implica que para que en el amparo sea procedente es necesario que el acto reclamado efectivamente cause un perjuicio en sus derechos subjetivos del quejoso. El amparo es procedente contra actos que, aun cuando no se han realizado, existe plena certeza que se llevarán a cabo, es decir, que tiene el carácter de inminentes. Pero en tratándose de aquellos respecto de los cuales no existe la seguridad de que se producirán actos futuros probables o remotos, el amparo es improcedente. Pues dada su inexistencia material no producen agravios en los derechos subjetivos del solicitante, lo que acontece en el presente asunto, pues el apercibimiento decretado se encuentra condicionado a que no se dé cumplimiento a lo requerido mediante auto de uno de abril de dos mil diecinueve. Se cita en apoyo de lo anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (anterior integración), publicada a fojas 55, Semanario Judicial de la Federación, Tomo 66 Tercera Parte, Séptima Época, de rubro: MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDE LA ACTIVIDAD DE ÉSTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARÁCTER DE INMINENTES. Igualmente es aplicable la tesis emitida también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a fojas 1304, Semanario Judicial de la Federación, Tomo LI, Quinta Época, rubro: APERCIBIMIENTO, NO CAUSA PERJUICIO. También la tesis aislada sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a fojas 762, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XC, de rubro: ACTOS RECLAMADOS INDETERMINADOS Y FUTUROS, AMPARO IMPROCEDENTE. Cierto, lo conducente determinado en el acuerdo de uno de abril de dos mil diecinueve reclamado no causa un perjuicio personal y directo en este momento, en la medida que en dicho auto no se está haciendo efectivo el apercibimiento que en él se contiene. Pues es claro que el perjuicio ocurrirá en su caso, cuando se le haga efectivo el apercibimiento anunciado en caso de que el quejoso no de cumplimiento al auto dictado, y por tanto, se le presenté por conducto de la fuerza pública ante el Tribunal a dar cabal cumplimiento al laudo (foja 139, tomo de pruebas). En razón de que, no puede perderse de vista que no necesariamente tendría que hacerse efectivo el apercibimiento decretado, pues puede ocurrir que se dé cumplimiento. De ahí que, no exista la certeza necesaria de que se le impondrá sanción alguna, pues es claro que el perjuicio ocurrirá, como se precisó, en su caso, cuando se le haga efectivo el apercibimiento en caso de que no dé cumplimiento con lo requerido, pues como se ha indicado esa situación bien puede no actualizarse. Por otro lado, el derecho sólo tutela bienes jurídicos reales u objetivos, por lo que procede aceptar que cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir en sus bienes jurídicos no afectan real y objetivamente a éstos, entonces no puede decirse que exista un agravio en términos jurídicos. Así las cosas, si el acto reclamado que se combate consiste en la medida de apremio que decretó el Tribunal responsable el uno de abril de dos mil dieciocho, en el sentido de solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer comparecer al ahora quejoso JOAQUÍN GRAJALES SANTIAGO, en su carácter de Síndico del Ayuntamiento de Tenochtitlán, Veracruz, ante la sede del citado Tribunal responsable para cumplir con la condena decretada en el laudo. Se traduce en un acto futuro de realización incierta que no irroga agravio personal y directo al citado quejoso, que a su vez lo legitime para acudir a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Pues se reitera, el apercibimiento decretado en el acto reclamado está sujeto a la potestad de la autoridad de hacerlo o no efectivo, además, de que el quejoso tiene la posibilidad de acatar la orden decretada, con lo que puede evitar la aplicación de la determinación contenida en el apercibimiento. De ahí que dicho acto en sí mismo, no genere una afectación real a sus interés jurídico, pues no implica un perjuicio material, real y efectivo que atente contra los derechos sustantivos del solicitante del amparo. En esas condiciones, contra la parte conducente del acuerdo de uno de abril de dos mil diecinueve, en donde se apercibe al quejoso que se ordenara su presentación con el auxilio de la fuerza pública ante la sede del Tribunal, a fin de que dé cumplimiento con el laudo dictado en el juicio 15/2011, procede decretar el SOBRESEIMIENTO al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la ley de la materia, estos dos últimos interpretados a contrario sensu. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de las consecuencias de los actos de ejecución reclamados atribuidos a las autoridades ejecutoras, al no haberse combatido por vicios propios. Tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, Apéndice de 1995, tesis 231, tomo VI, Séptima Época, de rubro: EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Así pues, no ha lugar a examinar los conceptos de violación expresados en la demanda de garantías, atento a la jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 335, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, de rubro: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. QUINTO. SE DEBE NEGAR EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, en virtud de que el acto reclamado sí se encuentra fundado y motivado. Ahora, el quejoso JOAQUÍN GRAJALES SANTIAGO, alega substancialmente en sus conceptos de violación, que el acto reclamado contraviene el derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley, fundamentación y motivación. Pues considera contraviene lo establecido en los artículos 1°, 14, 16 y 22 Constitución, en relación con el numeral 198 de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz. Lo anterior, porque el numeral 198, fracción I, establece que el Tribunal para hacer cumplir sus resoluciones puede emplear la multa hasta quince veces el salario mínimo; la autoridad no puede aplicar una multa mayor a ella; de ahí que le impone aplicar quince salarios, lo que resulta excesivo. Apunta el quejoso que la autoridad sobrepaso dicho límite, por lo que incumplió con la ley y las formalidades del procedimiento; que la multa va enfocada a ejecutar directamente sus bienes patrimoniales. Los citados conceptos de violación son infundados, sin que opere en favor del quejoso, la suplencia de la queja deficiente en términos del numeral 79 de la Ley de Amparo, al ser la parte patronal en el juicio laboral de origen. En primer término, es conveniente referir que el párrafo primero del artículo 16 Constitucional, establece que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. Entendiéndose por lo primero que se debe expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso. Y por lo segundo, que se deben señalar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Una vez verificado que éste fue fundado y motivado (aspecto formal del derecho fundamental consignado en el artículo 16 constitucional) procede examinar la adecuada o debida fundamentación y motivación (aspecto material del referido derecho humano) de tal acto. Es decir, procede determinar si existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas (si se configuran las hipótesis normativas), requisitos indispensables para que los actos de imperio cumplan con los extremos de los derechos de legalidad y seguridad jurídica consagrados en el mencionado precepto constitucional. Pues tutela que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por ende, en estado de indefensión; señalando la ley elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que la autoridad no incurra en arbitrariedades. Por otra parte, en relación con las medidas de apremio -definidas como el conjunto de instrumentos jurídicos que el juez o tribunal puede emplear a fin de hacer cumplir sus resoluciones-. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que para que sea legal su aplicación, la autoridad debe emitir su mandamiento conteniendo un apercibimiento. Entendida esta figura jurídica como una prevención especial hacia la persona a quien va dirigido, que especifica un hacer o dejar de hacer, algo que debe cumplirse. Concretándose en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento. Mandamiento que debe producirse en los términos y bajo las condiciones establecidas por los referidos principios de legalidad y seguridad jurídica. A fin de que el gobernado tenga la certeza de que dicho acto está conforme con las disposiciones legales aplicables y las atribuciones de la autoridad respectiva. Con base en esas consideraciones, se determinó que tal clase de mandamientos deben reunir los siguientes requisitos mínimos: 1. La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio. 2. La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. Lo hasta aquí expuesto se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 20/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 122, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, junio de dos mil uno, Materia Civil, Novena Época, de rubro siguiente: MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Por otra parte, el artículo 198 de la Ley Estatal del Servicio Civil, establece: Artículo 198. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y las Salas en su caso, podrán emplear cualquiera de los medios de apremio necesarios, conjunta o indistintamente, para que las personas concurran a las audiencias en las que su presencia sea indispensable o para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Los medios de apremio que pueden emplearse son: I. Multa, hasta de 15 veces el salario mínimo general diario vigente en el lugar y tiempo en el que se cometió la infracción; (.). Del análisis del artículo transcrito se advierte que de manera genérica establece la facultad del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para imponer medidas de apremio a fin de asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Y precisa un catálogo de las que puede imponer para vencer la contumacia de los requeridos. Ahora, en el caso se advierte que previo a la imposición de la multa, la responsable emitió la determinación de quince de enero de dos mil diecinueve. En donde entre otras cuestiones, requirió a la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Tenochtitlán, Veracruz, a fin de que reinstalara de manera inmediata a los actores en los puestos y salarios ahí detallados. Y, apercibió que de no realizar la reinstalación a los actores, se le impondría por conducto del Síndico Único una multa de hasta quince días de unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 199 de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz y el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis (fojas 91 vuelta a 94, tomo de pruebas). Dicho proveído fue notificado de manera personal, en diligencia de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en donde el actuario adscrito al Tribunal responsable, a fin de dar cumplimiento a lo determinado en acuerdo de quince de enero del presente año, fue atendido de manera directa por JOAQUÍN GRAJALES SANTIAGO, quien en ese acto se identificó con credencial oficial y se le requirió para que en representación del Ayuntamiento demandado, procediera a la reinstalaciones de los actores en los puestos y con los sueldos ahí narrados. Asimismo, en esa diligencia se apercibió al Ayuntamiento demandado, que de no realizarse la reinstalación de los actores, se le impondría por conducto de su Síndico una multa de hasta quince días de unidad de medida y actualización. En seguida, al no haber dado cumplimiento bajo las razones que se expusieron, la parte actora solicitó se continué con la ejecución hasta su total cumplimiento (fojas 115 vuelta y 135, tomo de pruebas). Luego, por acuerdo de uno de abril de dos mil diecinueve, el Tribunal responsable, apuntó que la parte demandada no dio cumplimiento a lo ordenado, por lo que hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de quince de enero de dos mil diecinueve. Y en términos del artículo 198, fracción I de la Ley Estatal del Servicio Civil para el Estado de Veracruz, impuso al quejoso JOAQUÍN GRAJALES SANTIAGO en su carácter de Síndico Único del Ayuntamiento de Tenochtitlán, Veracruz, una multa equivalente a quince días de unidad de medida y actualización, que asciende a la cantidad de $1,209.00 (un mil doscientos nueve pesos con cero centavos moneda nacional). Asimismo, ordenó girar oficio a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz para su cobro (fojas 135 vuelta a 139, tomo de pruebas). De lo narrado se observa que, contrario a lo aducido por el quejoso, la autoridad responsable cumplió con el deber legal de fundar y motivar la multa impuesta en proveído de uno de abril de dos mil diecinueve, con motivo de la omisión de cumplir con el requerimiento realizado a fin de acatar el cumplimiento del laudo emitido en el juicio 15/2011/III, en términos del artículo 198 en comento. Ello es así, pues contrario a lo alegado por el quejoso, el artículo 198 de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, expresamente faculta al tribunal laboral a emplear cualquiera de los medios de apremio necesarios, conjunta o indistintamente, para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Entre dichos medios de apremio, la multa hasta de quince veces el salario mínimo general diario vigente en el lugar y tiempo en el que se cometió la infracción. De esa manera, dicha multa sí fue fundada y motivada, no es excesiva ya que se impuso la mínima, pues el tribunal responsable señaló en el acuerdo reclamado de uno de abril de dos mil diecinueve que al no haberse realizado la reinstalación requerida en acuerdo de quince de enero de dos mil diecinueve. Determinó que el Ayuntamiento demandado no dio cumplimiento al requerimiento, derivado de las manifestaciones del Síndico Único en diligencia de diecinueve de febrero del presente año. Por lo que, hizo efectivo el apercibimiento de multa que se le había efectuado mediante proveído de quince de enero de dos mil diecinueve. Que si bien aquél proveído lo fundamentó en el artículo 199 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, lo cierto es, que al imponer la multa reclamada la fundó en el precepto 198, fracción I, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz. Por ende, ante el desacato al mandamiento ordenado, hizo efectivo el apercibimiento ahí decretado e impuso la multa, lo cual es justificación suficiente ya que no se reinstaló en el momento de la diligencia practicada el diecinueve de febrero del presente año, a los actores en sus puestos de trabajo. Por lo que, se determina que la autoridad responsable cumplió con el deber legal de fundar y motivar la multa impuesta en proveído de uno de abril de dos mil diecinueve, por quince Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $1,209.00 (un mil doscientos nueve pesos con cero centavos moneda nacional). Por ende, se considera que dicho mandamiento no es arbitrario. Por otra parte, el diverso concepto de violación en el que manifiesta que la multa impuesta en el acuerdo de uno de abril de dos mil diecinueve, resulta excesiva. Sobre el particular debe decirse que no asiste razón, toda vez que como se mencionó anteriormente, el artículo 198 de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, expresamente faculta al tribunal laboral a emplear cualquiera de los medios de apremio necesarios, conjunta o indistintamente, para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Entre dichos medios de apremio, la multa de hasta quince veces el salario mínimo general diario vigente en el lugar y tiempo en el que se cometió la infracción. En ese orden de ideas, es evidente que la multa impuesta por la responsable consistente en quince Unidades de Medida y Actualización, cumple con lo previsto en la ley y no establece de manera arbitraria alguna otra cantidad no contemplada por el legislador, además, de que contrario a lo que expone el quejoso, resulta la multa mínima. Para lo cual, como se estableció en párrafos anteriores, ésta fundó y motivó su decisión con base al incumplimiento por parte del aquí quejoso al requerimiento que le fue realizado en proveído de quince de enero de dos mil diecinueve. De esa manera, se concluye que es infundada la manifestación del quejoso en el sentido de que se vulneraron las formalidades del procedimiento, pues de los antecedentes reseñados con anterioridad se advierte que el procedimiento de origen se encuentra en etapa de ejecución del laudo. El cual, a la fecha de emisión del acto reclamado aún no se ha cumplimentado, dado los múltiples requerimientos formulados a la parte demandada. Por tanto, desde el momento en que la demandada fue legalmente notificada del requerimiento de mérito así como del apercibimiento en caso de no cumplir con el mismo, tuvo la oportunidad de alegar y probar en su defensa lo que en derecho correspondiera, esto, antes de que se llevara a cabo la diligencia de requerimiento y posterior a la misma. Sin que de autos se advierta que haya presentado pruebas o demostrado las gestiones que hubiere realizado para dar cumplimiento a lo requerido por la autoridad responsable. Por lo que, al imponérsele la multa reclamada el uno de abril de esta anualidad, al no haber dado cumplimiento al requerimiento que se le efectuó, evidencia la conducta contumaz asumida, lo que justifica su imposición. Por lo tanto, contrario a lo aducido en sus conceptos de violación, el quejoso tuvo oportunidad de acreditar ante la autoridad responsable, antes de la emisión del acto reclamado, las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento con lo ordenado, así como de ofrecer las pruebas y alegatos conducentes. A más de que de las actuaciones del juicio natural, no se aprecia que la autoridad responsable haya ordenado a través de algún acuerdo o resolución, embargar cuentas bancarias ante el incumplimiento dado por el Ayuntamiento demandado, al laudo condenatorio, que obligue a abordar estudio diverso en favor del aquí quejoso. Al ser infundados los conceptos de violación, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN solicitada. Es aplicable, la tesis emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 186, tomo I, enero a junio de 1988, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INFUNDADOS. La negativa del amparo se hace extensiva al acto de ejecución reclamado y autoridades responsables ejecutoras, por no reclamarse su actuación por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender del auto respecto del cual se negó el amparo y protección. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 68, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, parte SCJN, de rubro: AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Finalmente, debe decirse que a lo largo de esta sentencia se citaron diversos criterios, los cuales, aunque fueron integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, siguen siendo aplicables, de acuerdo a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, en esas condiciones, lo que en ellos se interpreta no se opone a las disposiciones de la ley de la materia aplicable. SEXTO. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SÉPTIMO. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, deberá de entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo, promovido por JOAQUÍN GRAJALES SANTIAGO, contra los actos reclamados identificados con los arábigos 2 y 3 del considerando segundo, atento a lo señalado en el decisorio cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a JOAQUÍN GRAJALES SANTIAGO, contra las autoridades señaladas en el considerando tercero y por los actos reclamados identificados con los números 1 y 3 ejecución, por los motivos expuestos en el decisorio quinto. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando sexto de esta resolución. CUARTO. Como está ordenado en el considerando último, entréguese copia autorizada de este fallo a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante María Felícitas Ponce Durán, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe. JESA/MFPD/MPH

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