Faustino Benito Benito
Expediente 656/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 656/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 20/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Faustino Benito Benito
- No Existe
- Juez de Primera Instancia en el Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo. Ometepec, Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
Visto el estado jurídico procesal que guardan los autos del juicio principal del que deriva el presente incidente, en específico el proveído de esta fecha, en el que se decretó el archivo como asunto totalmente concluido; por tanto, deja de surtir sus efectos la medida cautelar decretada en interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, y a efecto de observar lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, se procede a la valoración de los cuadernos original y duplicado del presente incidente.
- Principal
Visto el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II, y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la ley de la materia, en términos del numeral 2º, se declara que la sentencia que negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria. Por lo anterior, y al no quedar cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que corresponda, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E"; y acuérdese lo procedente en relación al original y duplicado del cuaderno incidental respectivo, dado que éste se tramita por cuerda separada el juicio principal en que se actúa. Por otra parte, vistas las constancias de autos se aprecia que el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se advierta documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico; lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio. En tal virtud, y con fundamento en el artículo dieciocho, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser DEPURADO, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este auto, procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda, resoluciones recurridas, sentencia definitiva y del presente auto. Aunado a lo anterior, y con fundamento en el artículo 35 del multi mencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente. En virtud de lo aquí acordado, y toda vez que no es necesario seguir conservando el duplicado del expediente TCA/SRCH/068/2017, que acompañó la autoridad responsable Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa, residente en esta ciudad, mediante oficio 1493/2019, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el siete de enero de dos mil veinte, y con las que en auto de ocho de enero del mismo, se ordenó formar un tomo de pruebas; hágase la devolución de las mismas a su lugar de origen, solicitando a la autoridad aludida, el correspondiente acuse de recibo. Finalmente, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veinte de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero y turnado al día siguiente a este Juzgado de Distrito, Faustino Benito Benito, contra las autoridades y actos que a continuación se especifican. AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez de Primera Instancia en el Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo, residente en Ometepec, Guerrero; residente en Ometepec, Guerrero. Coordinador de la Región Zona Centro de la Policía Ministerial del Estado; residente en Chilpancingo, Guerrero. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado; con sede en Chilpancingo, Guerrero. ACTO RECLAMADO: "Lo constituye la orden de reaprehensión decretada por la ordenadora y de las ejecutoras su cumplimiento". Actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 656/2020, se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención que legalmente le compete, se emplazó a los terceros interesados, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince; además toda vez que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de garantías, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por el quejoso son los siguientes: La orden de reaprehensión girada en su contra, así como su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no ser así, resultaría ocioso, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio análisis de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el examen de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ello, el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables dado que así lo expresaron al rendir su correspondiente informe justificado. Acto que se tiene plenamente probado en términos de la tesis de jurisprudencia número 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la foja 830 del Tomo II, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, con registro 1002815 que a continuación se reproduce: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora, con las copias certificadas que acompañó el Juez de Primera Instancia, a su informe justificado, así como las allegadas mediante oficio 058/2021, recibido en la oficialía de partes de este Juzgado el ocho de marzo de dos mil veintiuno, respecto de la causa penal 123/2014-I, documentales que merecen valor probatorio pleno en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, por tratarse de documentos públicos, expedidos por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, además la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro Máximo Tribunal visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación), del Apéndice de 1995, con registro 394182, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. No obstante, al no existir causa de improcedencia invocada por las partes ni alguna que este órgano de control constitucional advierta de oficio, se pasa al estudio de la cuestión debatida. QUINTO. Análisis de fondo. En ese tenor, se procede a examinar el fondo del asunto, ello, a la luz del único concepto de violación vertido por la parte quejosa en su escrito de demanda, sin que hubiera ampliado los mismos, no obstante de haberse dado la correspondiente vista para ello. Es preciso destacar que el impetrante del amparo expresó en su escrito de demanda el agravio que consideró pertinente, cuya transcripción se omite en obvio de innecesarias repeticiones, y además, porque en la Ley de Amparo no existe ningún artículo que obligue a hacerlo. Encuentra apoyo lo anterior, en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Página 830, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Aunado a lo anterior, debe quedar establecido que en el presente asunto, al revestir el quejoso el carácter de inculpado en la causa penal de origen, opera en su favor la institución jurídica de la suplencia de la deficiencia de la queja de manera total, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: (.) III. En materia penal: En favor del inculpado o sentenciado;(.)" Al respecto cabe mencionar, que la suplencia de la queja, permite al juzgador analizar un problema que aunque no haya sido propuesto, puede resultar benéfico para el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de 2008, Novena Época, página 242). En ese orden, el peticionario de amparo se duele medularmente de que se le pretende privar de su libertad, aun sabiendo que no ha cometido ningún delito, además de que nadie puede ser molestado en su persona ni posesiones. Ahora, previo al análisis de fondo, es preciso señalar algunos de los antecedentes más relevantes que integran la causa penal de origen, para tener un mejor panorama del porqué el juez responsable decretó el libramiento de la orden de reaprehensión reclamada por el impetrante, ello, derivado de las copias certificadas que allegó el Juez de origen responsable. 1.- El treinta y uno de mayo de dos mil catorce, ejerció acción penal y de reparación del daño en contra de Faustino Benito Benito, por considerarlo probable responsable en la comisión del delito de Fraude, en agravio de Mario Hernández Álvarez, por lo que consignó la averiguación previa ABA/SC/01/0037/2014, y solicitó la correspondiente orden de aprehensión. 2.- Es así que por auto de diez de junio de dos mil catorce, la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, residente en Ometepec, Guerrero, radicó la recepción de la averiguación previa descrita en el punto anterior, quedando registrada la causa penal con el número 123/2014-I. 3.- Seguidamente el uno de julio de dos mil catorce, la Juez de origen emitió la orden de aprehensión solicitada y determinó: "Primero. Con esta fecha se libra orden de aprehensión en contra de Faustino Benito Benito, por el delito de Fraude, en agravio de Mario Hernández Álvarez." 4.- posteriormente el treinta de septiembre de dos mil quince, el Juez responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 178/2015, de la estadística del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, emitió nueva orden de aprehensión, quedando como sigue: "Segundo. Con esta fecha se libra orden de aprehensión en contra de Faustino Benito Benito, por el delito de Fraude, en agravio de Mario Hernández Álvarez." 5.- Es así que, el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, la coordinadora de la policía puso a disposición de la Juez de origen al referido inculpado -aquí quejos-, a fin de someterlo a la justicia; por tanto, se recabó su declaración preparatoria el cinco siguiente, diligencia en la que le fueron hecho de su conocimiento sus derechos, y de entre ellos, que tiene derecho a solicitar se le fije fianza, ya que el delito atribuido no es considerado como grave de acuerdo a la legislación local aplicable. 6.- Es así que en auto de esa misma fecha (cinco de diciembre de dos mil dieciocho), le fijó la correspondiente fianza a fin de que pudiera seguir el proceso en libertad. 7.- Seguidamente, el diez de diciembre de dos mil dieciocho, la Juez primigenia emitió el correspondiente auto de plazo constitucional, en el que dictó auto de formal prisión en contra de Faustino Benito Benito, por el delito de Fraude, en agravio de Mario Hernández Álvarez. 8.- El siete de febrero de dos mil veinte, mediante escrito presentado en la oficialía de partes del Juzgado responsable, el fiador del inculpado en la causa penal de origen, -aquí quejoso- solicitó ser relevado del cargo (fiador) por así convenir a sus intereses, solicitando hacer del conocimiento dicha petición al referido inculpado; ocurso que fue acordado por la Juez de primera instancia el doce de febrero del mismo año, en el que asentó lo siguiente: "Por recibido el escrito de cuenta, suscrito por el fiador licenciado Fredy Parra Luna, mediante el cual solicita se le releve de la obligación ya que otorgó la garantía para que el procesado Faustino Benito Benito, gozara de la libertad provisional bajo caución, notifíquese al procesado de mérito por medio del actuario del Juzgado para que dentro del término de treinta días constituya nueva caución para que continúe con el disfrute de la libertad caucional; mientras tanto subsiste la obligación del fiador que constituyó la garantía, apercibido dicho procesado que si no constituye nueva garantía en el término señalado, se revocará la libertad y se librará orden de reaprehensión. (.)" [Énfasis añadida] 9.- Acuerdo descrito en el párrafo anterior, que le fue notificado personalmente al inculpado -aquí quejoso-, por conducto de un intérprete en lengua Amuzgo, el veintiocho de febrero de dos mil veinte, según se aprecia del sello correspondiente, del que se aprecian estampadas tres firmas, y la leyenda "se notificó personalmente al procesado, a través del perito interprete, quien queda enterado y lo oye". 10.- Seguidamente el catorce de septiembre de dos mil veinte, la Primera Secretaria de acuerdos adscrita Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, residente en Ometepec, hizo constar que el inculpado -aquí quejoso-, no cumplió con lo requerido en auto de doce de febrero de dos mil veinte, consistente en depositar nueva caución en el término de treinta días, certificando el plazo para ello; por lo que, la Juez responsable en esa misma fecha acordó lo conducente, y ante el incumplimiento de la obligación aludida, con fundamento en los artículos 150, 152 fracción V, y 153 del Código Procesal Penal vigente en el Estado de Guerrero, determinó: "con esta fecha se libra orden de reaprehensión, en contra de Faustino Benito Benito, por el delito de Fraude, en agravio de Mario Hernández Álvarez. Comuníquese lo anterior a la Agente del Ministerio Público Adscrito, para que ordene a quien corresponda la búsqueda y captura del referido procesado, y hecha que sea la misma, de inmediato se sirva ponerlo a disposición de este Juzgado interno en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad, y así poder continuar en lo sucesivo con la secuela del proceso que se le instruye, en la inteligencia de que por sus generales el procesado dijo tener su domicilio ubicado en la localidad de Cochoapa, Guerrero, en calle Ignacio Zaragoza s/n barrio Tejería, cerca del panteón municipal. (.) " Actuación descrita en último término que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. Resulta infundado el único concepto de violación esgrimido, ello, aun suplido en su deficiencia, ya que por una parte, es inexacto que se viole el artículo 16 constitucional, pues no es necesario que una orden de reaprehensión como la reclamada, cumpla los requisitos establecidos en el párrafo segundo del citado artículo, por cuanto hace a la existencia de la denuncia, acusación o querella y demás requisitos previstos en dicho párrafo, en atención a su naturaleza y objetivos, los cuales son distintos a los de la orden de aprehensión, no obstante que ambas inciden en la privación de la libertad personal. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis 1a. CC/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1206, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2001985, de rubro y texto siguientes: "ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y REAPREHENSIÓN. SUS DIFERENCIAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN.", sostuvo que las órdenes de aprehensión y reaprehensión, si bien tienen como finalidad privar de la libertad a una persona, técnicamente son diferentes. Así, la aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye; mientras que la orden de reaprehensión constituye una determinación judicial emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer, o bien, con la sanción impuesta, en su caso; de ahí que para la emisión de este tipo de resoluciones no se requiere que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a diferencia de una orden de aprehensión, en la que se estima indispensable el análisis de ambas categorías procesales." Consecuencia de lo anterior, se afirma que la orden de reaprehensión debe apoyarse legalmente en las normas que rigen el procedimiento penal según el caso. Sobre el particular, es ilustrativa la tesis VI.1o.P.174 P del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la página 1399, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 187469, de la siguiente literalidad: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. SU FUNDAMENTACIÓN ES DIVERSA A LA DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN. Si la orden de reaprehensión reclamada deriva de que han cesado los efectos de la suspensión concedida al quejoso en el incidente relativo al juicio de amparo indirecto promovido en contra de la orden de aprehensión, es evidente que, para su emisión, no es necesario el cumplimiento de los requisitos estatuidos en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, ante la diversa naturaleza y objetivos que existen entre ésta y la orden de aprehensión, a pesar de que ambas incidan en la privación de la libertad personal, debiendo afirmarse que en estricto rigor, la orden de reaprehensión debe apoyarse legalmente en las normas que rigen el procedimiento penal, según sea el caso, y la orden de aprehensión en el citado precepto constitucional." No obstante, la orden de reaprehensión reclamada satisface lo establecido en el artículo 16 constitucional, (anterior a la reforma de dos mil ocho), que establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Del numeral constitucional citado se desprende que los requisitos que todo acto de autoridad debe reunir, son los siguientes: a) Debe constar por escrito; b) Debe provenir de autoridad competente; y, c) Debe estar fundada y motivada la causa legal del procedimiento. En el caso, el requisito identificado con el inciso a) se cumple, porque la orden de reaprehensión emitida el catorce de septiembre de dos mil veinte, reclamada consta por escrito, según se advierte de las constancias allegadas por la Juez responsable, y como ha quedado precisado en los antecedentes citados. Respecto al requisito señalado en el inciso b), debe indicarse que si bien en la resolución reclamada no se contiene un apartado específico en el que se justifique la competencia de la Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo, residente en Ometepec, Guerrero, para emitir la orden de reaprehensión; este Juzgado de Distrito estima que el citado órgano es competente para ello, de conformidad con lo dispuesto en artículo 6º, del Código de Procedimientos Penales, en relación con numeral 8º de la Ley Orgánica del Estado de Guerrero; además por ser la Juez instructora de la causa penal en que se le sujeto a proceso mediante auto de formal prisión. Por lo que hace al requisito señalado en el inciso c), debe indicarse que el mandamiento de captura reclamado se basó en el incumplimiento por parte del aquí quejoso, respecto al requerimiento hecho para garantizar su libertad provisional bajo caución concedida. En efecto, como quedo relacionado en los antecedentes del caso, por auto de doce de febrero de dos mil veinte, la Juez de origen requirió al -aquí quejoso-, para que en un plazo de treinta días constituyera nueva caución (fianza), en razón de que su fiador solicitó se le releve de dicha obligación, ello dentro de la causa penal 123/2014-I, de su índice, ello, para la continuación del procedimiento, y le apercibió que de incumplir con dicha obligación, revocaría su libertad provisional librando orden de reaprehensión; circunstancia que le fue notificada personalmente al aquí quejoso a través de interprete en lengua como se aprecia del sello de notificación que obra en las actuaciones allegadas por la responsable en copia certificada, alas que se ha otorgado valor probatorio. Por lo cual el catorce de septiembre de dos mil veinte, la Juez instructora, con fundamento en los artículos 150, 152 fracción V, y 153 del Código Procesal Penal del Estado de Guerrero, previa certificación secretarial de esa misma data, revocó la libertad provisional bajo fianza de la que gozaba el aquí impetrante, al no haber constituido nueva fianza en el plazo concedido para ello, faltando con ello la obligación contraída en la causa penal de origen, sin que de las constancias allegadas se aprecie que éste hubiera hecho manifestación alguna al respecto o solicitado prórroga para cumplir con dicho deber. De lo expuesto y con apoyo en los antecedentes narrados, se puede apreciar que el aquí quejoso, tuvo pleno conocimiento del requerimiento hecho por la Juez instructora así como del apercibimiento decretado en auto de doce de febrero de dos mil veinte, según consta del sello de notificación personal fechado el veintiocho de febrero del mismo año; asimismo, de la certificación secretarial de catorce de septiembre de dos mil veinte, se aprecia la falta de dicha obligación, lo que provocó la efectividad del apercibimiento decretado, culminando en la revocación del beneficio del cual gozaba y, por consiguiente, la Juez responsable ordenó su reaprehensión. Derivado de lo anterior, la resolución reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada, pues los motivos o razones expresadas en la misma, se encuentran adecuados a los preceptos legales en que se apoyó la autoridad, para emitir la orden de reaprehensión. En consecuencia, por las razones y fundamentos apuntados, al resultar infundado el argumento vertido por el impetrante del amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de federal a Faustino Benito Benito. SEXTO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, en la publicación a que se refieren los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. La anterior circunstancia se hizo del conocimiento de las partes mediante auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, mismo que fue notificado por lista de acuerdos el veintidós siguiente, como se constata de actuaciones. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74 y 75 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Faustino Benito Benito, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables señaladas en el resultando primero y por los motivos establecidos en el considerando sexto quinto de este fallo. SEGUNDO. Queda hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y que solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés pública y seguridad nacional o bien, como confidencial. Notifíquese personalmente a las partes; dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", y anótese en el libro de registro.
- Principal
R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Faustino Benito Benito, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables señaladas en el resultando primero y por los motivos establecidos en el considerando sexto quinto de este fallo. SEGUNDO. Queda hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y que solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés pública y seguridad nacional o bien, como confidencial. Notifíquese personalmente a las partes; dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", y anótese en el libro de registro.
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