Faustino Alcántara Pérez
Expediente 1031/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1031/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Faustino Alcántara Pérez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, se decretó el destino final del presente expediente, sin que se haya realizado pronunciamiento en relación con su archivo; ante ello, se provee en los términos siguientes: Visto el estado procesal que guardan los presente autos, se desprende que no existe diligencia o promoción pendiente de proveer o desahogar, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede y conforme el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días para que se interpusiera el recurso de queja, que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya hecho valer contra el proveído de veinticuatro de noviembre del año en curso, que desechó la demanda de amparo promovida por Miguel Sánchez Romero quien se ostenta como defensor particular de Faustino Alcántara Pérez, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese el asunto como totalmente concluido. Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente. Debido a que en autos obran los documentos de la acción, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 18 del referido Acuerdo General, requiérase a la parte actora, para dentro del plazo de noventa días acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlo, en la inteligencia de que no hacerlo, dichos documentos serán destruidos.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que en esta fecha en el juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se tuvo por recibida la ejecutoria que confirmó la sentencia que sobreseyó el presente asunto, por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto concluido. En cuanto a los autos del original del incidente de suspensión, en razón de que se concedió la medida cautelar solicitada, de conformidad con lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su depuración. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su destrucción, sin requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billete de depósito al no obrar estos en autos, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Sánchez Romero, quien se ostenta como defensor particular de Faustino Alcántara Pérez, en contra de actos del Secretario de Gobernación del Gobierno de la República (sic) y otras autoridades, por violaciones a sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Por tanto, fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1031/2020-I, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo y escrito de desahogo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, de la demanda de amparo, se desprende en lo que aquí nos interesa, que el quejoso reclama la orden de traslado del Centro Preventivo y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo, Estado de México, en donde se encuentra recluido a diverso centro penitenciario. Por tanto, después de analizar el citado acto reclamado, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el primer párrafo de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) Contra actos de autoridades distintas de los tribunales udiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. (.)". De la interpretación literal del precepto aludido, se observa que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en los siguientes supuestos: Cuando deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que lo rijan; Que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser revocados, modificados, o nulificados. No obstante, para que se surta la última de las hipótesis planteadas, se exige como condicionante para su aplicación, que no se actualice alguno de los siguientes supuestos: Que conforme a las leyes que rijan a los actos reclamados, sean susceptibles de suspenderse sus efectos de oficio o mediante la interposición del propio juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso. Que con la interposición del recurso o medio de defensa se obtengan iguales alcances que los que prevé la propia Ley de Amparo. Que no se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para conceder la suspensión definitiva. Que el recurso no contemple un plazo mayor que el que se establece en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. Lo anterior, con independencia de que el acto impugnado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la aludida legislación de amparo. En el caso, resulta necesario puntualizar, que el principio de definitividad atiende a la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, que consiste en la obligación del quejoso, a previamente instar la acción de amparo, de agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado. Implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Un medio ordinario de defensa, es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto, en el caso, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al respecto, la citada legislación en su artículo 1°, fracción II, prevé los procedimientos para resolver controversias que surjan con motivo de la ejecución penal; y en su ordinal 2°, el ámbito de aplicación de la normatividad en comento, que incluye a todas las personas privadas de la libertad, sin importar el estado procesal en que se encuentren. En lo que interesa, el capítulo V del Título Segundo, de la ley en consulta, relativo a los traslados, establece tres modalidades en que puede darse el diverso movimiento administrativo: El TRASLADO VOLUNTARIO, consiste en aquél que solicita el propio interno, ante la autoridad jurisdiccional competente. En este supuesto, la autorización será mediante resolución que en su momento emita la autoridad judicial ante quien se encuentre a disposición la libertad personal de la persona privada de la misma. El TRASLADO INVOLUNTARIO tanto de procesados como sentenciados, regulado por el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es aquél que debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el juez de control o de ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de APELACIÓN. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. El TRASLADO URGENTE O EXCEPCIONAL, tiene su origen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del juez, por cuenta propia y en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad. Sin embargo, el ordinal 52 de la citada ley, le impone la obligación de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado; quien a su vez, calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a su notificación, de modo tal que se está en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. Contra la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá la APELACIÓN, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una CONTROVERSIA JUDICIAL contra la determinación administrativa. En este caso excepcional la eventual autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. De lo anterior se obtiene que los traslados, cualquiera que sea su naturaleza, siempre tienen aparejado el control judicial por el órgano jurisdiccional competente; la regla general nos dice que la autorización debe ser previa y, de manera excepcional, posterior a la ejecución del traslado; en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado -misma que es recurrible vía controversia judicial, en los casos en que no se pronuncie sobre la calificación de su legalidad el juez competente-, y agotada dicha controversia, procede el recurso de apelación-, por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre deberá ser autorizada por un juez, por esa razón la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Bajo ese panorama, como se dijo, un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar el mismo. En el caso, la Ley Nacional de Ejecución Penal, brinda los medios de defensa a las personas privadas de su libertad, contra el traslado involuntario (controversia judicial), o bien, excepcional (controversia judicial o recurso de apelación, atendiendo al caso). En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, emitió el criterio jurídico inmerso en la jurisprudencia siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECT." Como se observa en la indicada jurisprudencia, de observancia obligatoria para este Juzgador, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, al interpretar la Sala emisora los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 concluyó que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a las condiciones de su internamiento cuando estimen que vulneran sus derechos humanos. Y si bien es cierto, que en la contradicción de tesis de la que derivó el criterio jurisprudencial transcrito, el tema dilucidado se constriñe a las peticiones administrativas, este órgano jurisdiccional considera que, por identidad jurídica sustancial de las razones que la conforman, en el caso de las órdenes de traslado también existen medios de defensa ordinarios, que deben agotarse previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad. En ese tenor, de un análisis integral al escrito de protección de derechos humanos que nos ocupa, se puede advertir que presuntivamente las autoridades administrativas penitenciarias iniciaron con el procedimiento que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal, respecto a un eventual traslado involuntario, previsto por el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por la razón expuesta, la parte quejosa previo acudir al amparo, debe agotar el recurso de apelación que prevé el numeral 51 de la Ley de Ejecución Penal; es decir, tiene a su alcance un medio de defensa ordinario, de ahí que al no haberlo agotado, genera como consecuencia necesaria la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Ahora bien, lo aquí expuesto, en apreciación de este Juzgado Federal se estima que no contraviene lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA." Lo anterior es así, pues cuando la referida Sala del más alto Tribunal del País, sostuvo en el criterio jurídico transcrito que la orden de traslado emitida por una autoridad administrativa, constituía un acto fuera de procedimiento que afectaba la libertad y, con ello, este juzgador pudiera concluir que ese tipo de actos se encuentran exentos de agotar los recursos que la ley otorga, la referida legislación de Ejecución Penal inexistía. En efecto, en el momento jurídico en que fue emitido ese criterio, se partía de la idea de que las autoridades administrativas ordenaban el traslado de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades y sin autorización judicial; supuesto que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, deviene ya inaplicable, pues dicha legislación, establece un procedimiento judicializado que regula los traslados, cuya regla general es la autorización judicial previa y, excepcionalmente, en casos urgentes, la autorización judicial es posterior, en este último caso la autoridad administrativa ordena y ejecuta el traslado para posteriormente solicitar la autorización judicial, quien podrá confirmar o revocar esa decisión administrativa. No sobra mencionar, que en el último supuesto mencionado, la ley de ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero también le impone la obligación de que posteriormente sea revisada por una autoridad judicial, y como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la ley, es evidente que ahora, se trata de actos dentro de un procedimiento, a diferencia de lo analizado por el Alto Tribunal, donde sólo se aludía al supuesto en el que los actos habían sido emitidos fuera de juicio, de ahí que en casos como el presente, ya no puede considerarse a la orden de traslado, incluso la de una autoridad administrativa, como un acto fuera de procedimiento y, por ende, que no se considera jurídicamente viable eximir al quejoso de agotar el recurso correspondiente. Similar criterio sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver los recursos de queja 347/2018 y 359/2018, en donde concluyó que en el caso de la existencia de una orden de traslado, al tener noticia de ella, la persona privada de su libertad tiene la posibilidad de reclamarla, con todas las prerrogativas legales que establece el mecanismo de control denominado "peticiones administrativas" y que se encuentra regulado por la Ley Nacional de Ejecución Penal, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo; por ello, el Tribunal de Alzada consideró que si el interno promueve la acción constitucional contra una orden de traslado a otro centro de reclusión, sin que previamente hubiera agotado el citado medio de control, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por inobservancia al principio de definitividad. Datos anteriores que se tienen a la vista en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Finalmente, lo anterior no contraviene lo dispuesto en el párrafo segundo del normativo 1° Constitucional, mismo que obliga a todas las autoridades del país a interpretar las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia. Ello es así, por dos razones fundamentales. La primera, porque la Ley Nacional de Ejecución Penal, que resulta ser la norma que rige el acto reclamado, cumple con la previsión constitucional de favorecer a los destinatarios de la misma la protección más amplia y, la segunda, porque la observancia del principio pro persona, no implica que la autoridad soslaye los requisitos previstos en la ley para hacer procedente lo que no lo es, también por disposición legal y que, en el caso concreto, la inadmisión del juicio de amparo, dada su notoria improcedencia, no constituye un acto restrictivo de derecho humano alguno, en concreto el de acceso a la justicia, pues como ya se explicó solo propende a que se agoten los recursos internos al alcance del gobernado y, en caso de estimar que agotados los mismos la determinación que ahí se emita la estime violatoria de Derechos Humanos, ahí si acudir a esta instancia constitucional. Sobre el particular, son aplicables los criterios jurídicos que enseguida se transcriben: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 3, Febrero de 2014, Página: 487). En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida en contra del traslado que se pretende realizar del Centro Preventivo y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo Estado de México al otro diverso la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la citada ley. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se pública en este Juzgado, por así haberlo solicitado expresamente. Por lo anterior, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de lo establecido en los artículos 26, 27, incisos b) y c), así como 29, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Es por ello, que atendiendo la naturaleza del presente acuerdo, notifíquese de manera personal a Faustino Alcántara Pérez, en el lugar en donde se encuentra recluido. Asimismo, se tienen por autorizadas en términos del dispositivo 12 del cuerpo leyes antes invocado, con todas las facultades que el mismo confiere, a las personas que menciona, siempre y cuando se encuentre registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, respecto del correo electrónico que indica, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia, por el virus COVID-19, se toma nota del mismo, toda vez que únicamente se utilizará para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales y en el evento de requerir establecer contacto en los casos en que se estime necesario
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