Fátima Yadira Burgos Calderón

Expediente 1389/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 25 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1389/2018
Año
2018
Actuaciones
25
Última actuación
24/05/2019

Partes del expediente

  • Fátima Yadira Burgos Calderón
  • Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado
  • Fátima Yadira Burgos Calderón y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el siete de mayo del año en curso, por la cual se sobreseyó en el presente juicio; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no haya constancia de notificación, ni trascurrido el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables cuya residencia se encuentra fuera de este Juzgado Federal, para que cause ejecutoria la sentencia dictada en autos, dado que no se les vulnera derecho alguno atendiendo al sentido en el que se resolvió el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, toda vez que en la resolución dictada por este Juzgado, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Por otra parte, se dispone desglosar de los cuadernos auxiliares uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis de este juicio de amparo el legajo de copia certificada relativa a la causa penal 174/2015 que el Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, oportunamente remitió como justificación de sus actos, para devolverlo a dicha autoridad, dejando constancia alusiva al respecto en autos. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Colli, que autoriza y da fe. En la misma fecha se libraron los oficios 10984, 10985, 10986, 10987, 10988, 10989, 10990, 10991, 10992 y 10993, en los términos de la minuta que al efecto se anexa. Conste. Jard&.

  2. Incidental

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción III del artículo Vigésimo y la fracción III del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, por lo que deberá conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictado el presente proveído. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Colli, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las once horas del siete de mayo de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1389/2018-VII-I, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la secretaria Juana Mecalco Colli, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Abierta la audiencia, la secretaría hace una relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, auto admisorio de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, constancias de notificación practicadas a las autoridades responsables, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, parte tercero interesada e informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables en este asunto. El Secretario en funciones de Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede, para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo de pruebas, la secretaria da cuenta con las constancias que anexó el Secretario de Acuerdos encargado del despacho del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, a su informe con justificación, a lo que el Secretario en funciones de Juez acuerda: con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo aplicable, se admiten las documentales de cuenta y se tienen por desahogadas, por su propia y especial naturaleza. Con lo que se cierra el periodo de pruebas. Posteriormente se abre el período de alegatos en el que la Secretaría da cuenta que la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado no formuló pedimento alguno; con lo anterior se cierra ese periodo. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 1389/2018-VII-I promovido por Fátima Yadira Burgos Calderón contra actos del Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida y otras autoridades, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: I. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Fátima Yadira Burgos Calderón Calderón solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida y otras autoridades, los cuales los hizo consistir en: "Las injustificadas órdenes de aprehensión, detención y presentación, dictadas en nuestra contra por dichas autoridades fuera de todo procedimiento y que tratan de llevar a cabo por medio de los agentes a sus respectivas órdenes." II. Admisión de demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, la cual se admitió en acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus correspondientes informes con justificación, mismos que en su oportunidad fueron puestos a la vista de las partes; se dio a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en el presente caso se reclama un acto cuya ejecución podría tener lugar dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Previamente a establecer lo relativo a la certeza de los actos reclamados, con fundamento en lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la nueva Ley de Amparo, es necesario precisar que el acto reclamado en el presente juicio lo constituye la orden de aprehensión dictada el siete de septiembre de dos mil quince, por el entonces Juez Séptimo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en autos de la causa penal 80/2015, en contra de la aquí quejosa Fatima Yadira Burgos Calderón como probable responsable del delito de falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad, migrado al Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, bajo el número de causa penal 174/2015. Tercero. Sobreseimiento por negativa de actos. Las siguientes autoridades rindieron sus informes justificados en estos términos: Número de Orden Autoridad Sentido del informe Foja 1 Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Niega 23 2 Juez en turno del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad. Niega 17 3 Juez en turno del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad. Niega 18 4 la Juez Interina del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, quien lo rinde por sí mismo y por los extintos Jueces Segundo, Tercero y Cuarto Penales de Primera Instancia, con residencia en San Francisco de Campeche Niega 30-32 Ahora bien, toda vez que las autoridades responsables antes relacionadas negaron expresamente los actos que se les atribuyen, sin prueba en contrario de la parte quejosa, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo aplicable. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia del acto reclamado. La Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial, encargado del Departamento Jurídico y el Comandante de Aprehensiones, Presentaciones, Detenciones Ministeriales y de Custodia de la Policía Estatal de Investigación, todas del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida (fojas 27, 19 y 20), autoridades señaladas como responsables en este asunto, al rendir sus informes justificados manifestaron que es cierto el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, dictada el siete de septiembre de dos mil quince, en contra de la aquí quejosa Fatima Yadira Burgos Calderón en el proceso penal 80/2015, del índice del Juzgado Séptimo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, ahora, 174/2015, del índice del Juzgado responsable, lo que se corrobora de las copias certificadas relativas a la propia causa penal, constancias que a las cuales, por ser documentos públicos, se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 2° parte final de la Ley de Amparo aplicable; por lo tanto, se tiene por existente el acto reclamado. Por su parte, el Director y el Primer Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche (en sus correctas denominaciones), autoridades señaladas como responsables ejecutoras (fojas 51 y 52), rindieron sus informes justificados en sentido negativo. Sin embargo, esta negativa se desvirtúa debido a que la autoridad responsable ordenadora Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, admitió la existencia del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dictada contra de la quejosa ya mencionado; por tanto, es inminente su participación en la ejecución del mismo, debido a que por las funciones que les están encomendadas son las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de esas órdenes en apoyo de la autoridad ordenadora; por lo que se tiene como cierto el acto que se reclamó a éstas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 839, Tomo CXVII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, EXISTENCIA DE SUS ACTOS. Aun cuando una autoridad haya negado el acto que se le atribuye, teniendo la misma el carácter de mera ejecutora, resulta cierto el acto indicado, si las ordenadoras admiten haber dictado las órdenes que se les atribuyen y la autoridad ejecutora, dentro de las atribuciones que le son propias, está obligada a velar por el cumplimiento de esas órdenes; pues es claro que la existencia de los actos ordenadores trae como consecuencia la de los de ejecución, tanto más si en los términos de la demanda, aunque futura, la ejecución reclamada es cierta e inminente". Quinto. Estudio oficioso de la causal de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito, estudia en primer término si en la especie se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. A criterio de quien esto resuelve en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo aplicable. El artículo 61, fracción XIV, de citado ordenamiento legal, dispone que el juicio de amparo es improcedente: "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por su parte, los numerales 17 y 18 de la legislación de la materia, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior, se advierte que el término para promover el juicio de amparo, es de quince días, teniendo como base tres oportunidades, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En caso contrario, el juicio de amparo interpuesto fuera de ese término será considerado extemporáneo y, por ende, el acto reclamado se entenderá consentido tácitamente actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Cobra aplicación por identidad de razón, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1931 del Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". Ahora bien, como quedó establecido en el capítulo respectivo, en el presente asunto se reclama la orden dictada el siete de septiembre de dos mil quince, en contra de la aquí quejosa Fatima Yadira Burgos Calderón en el proceso penal 80/2015, del índice del juzgado Séptimo penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, ahora, 174/2015, del índice del Juzgado responsable, por la comisión del delito de falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad. De lo expuesto se sigue que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia antes invocada, pues la quejosa Fatima Yadira Burgos Calderón omitió promover la demanda de amparo, dentro del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo aplicable, ya que según se advierte de la constancias que obran en autos del diverso juicio de amparo 556/2016 del índice de este Juzgado que se toma como una hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, del que se obtiene copias certificadas, que el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, se sobreseyó por ese mismo acto reclamado por la quejosa Fátima Yadira Burgos Calderón a las mismas autoridades responsables, ya que del diverso juicio de amparo 1204/2015-III del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán promovida por la propia peticionaria del amparo, mediante proveído de veintidós de octubre del dos mil quince, se observa que se puso a la vista el informe justificado rendido por el Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en donde se aceptó la existencia de la orden de aprehensión dictada el siete de septiembre de dos mil quince, por la entonces Juez Séptimo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en la causa penal 80/2015, ahora, 174/2015 del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado. Asimismo, se aprecia de las constancias que fueron remitidas con el informe justificado rendido por el Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, que fue promovido el juicio de amparo 1474/2015 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, por la aquí quejosa Fátima Yadira Burgos Calderón, del que se advierte que el cinco de enero dos mil dieciséis, se le notificó, por medio de estrados, el acuerdo de treinta de diciembre de dos mil quince, en donde se sobreseyó en el mencionado juicio al existir litispendencia, toda vez que, según se indicó, tanto en el juicio de amparo 1204/2015 y 1474/2015 se reclamaban las mismas órdenes de aprehensión. De ahí que se surta la causal de improcedencia establecida, ya que si la quejosa Fátima Yadira Burgos Calderón conoció de la orden de aprehensión dictada en su contra el siete de septiembre de dos mil quince, en el proceso penal 80/2015, del índice del Juzgado Séptimo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, ahora, 174/2015, del índice del Juzgado responsable, resulta incuestionable que resulta extemporánea la demanda de amparo respecto de dicho acto reclamado, pues al menos desde el veintidós de octubre del dos mil quince, en donde se puso a la vista el informe justificado rendidos por la juez responsable, tuvo a su alcance los datos necesarios que permitían identificar de manera clara el acto reclamado, ya que desde dicho auto tuvo conocimiento de la orden de captura que aquí se reclama, de la autoridad que lo emitió y de la causa penal de la cual deriva. Por tanto, si el término de quince días a que alude el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la interposición de la demanda de amparo, empezó a contarse al día siguiente en que tuvo conocimiento del acto reclamado (veintitrés de octubre de dos mil quince) concluyendo por consiguiente el trece de noviembre del mismo año excluyéndose los días veinticuatro, veinticinco, y treinta y uno de octubre, así como uno, dos, siete y ocho de noviembre de ese mismo año, por ser inhábiles; y si la demanda de amparo fue presentada el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, pues así se advierte del reloj checador de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, resulta dable concluir que fue presentada en forma extemporánea. Es aplicable el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XLI, página 658, que dice: "DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORÁNEA. Si la demanda se presenta después de quince días de que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio." Así como la diversa tesis de jurisprudencia, consultable en la página 235, Tomo XI-Junio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Resulta aplicable al caso en lo que interesa, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En virtud de lo anterior, al resultar extemporánea la demanda de amparo y en consecuencia actualizarse la causal de improcedencia de referencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras Director y Comandante de Aprehensiones, Presentaciones, Detenciones Ministeriales y de Custodia de la Policía Estatal de Investigación, todas del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, Director y Primer Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, por no reclamarse el acto por vicios propios. Sexto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 76 al 78 de la Ley de Amparo aplicable, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Fátima Yadira Burgos Calderón, en contra de los actos que reclama a las autoridades que han quedado relacionadas y por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Colli, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de abril de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que hasta la presente fecha no ha sido notificada y emplazada a juicio a la tercera interesada María Luisa Pérez Escamilla, lo cual fue ordenado por proveído de veinticinco de marzo acabado de transcurrir, por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan para su celebración las once horas del siete de mayo de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Colli, que autoriza y da fe.

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