Fatima Torres Pablo

Expediente 193/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
193/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
05/04/2019

Partes del expediente

  • Fatima Torres Pablo

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; cinco de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el doce de marzo del año en curso, causó estado el presente juicio de amparo, ordenándose el archivo por tratarse de un asunto concluido, sin que se haya girado el oficio correspondiente a la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad; por lo que, en obvio de mayores dilaciones, gírese el oficio respectivo a fin de que se imponga de su contenido. Asimismo, se advierte que la citada autoridad adjuntó como sustento a su informe justificado en un tomo de pruebas el original del juicio especial de alimentos 101/2007-II, y dado que el presente juicio se encuentra concluido, resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen. En virtud de que no existe actuación alguna por cumplimentar, devuélvase el expediente al archivo por tratarse de un asunto concluido. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; doce de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veintiséis de febrero del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; ocho de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto número 199/2019, que le fue enviado para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, notificara personalmente a la quejosa Fátima Torres Pablo, el proveído de veintiséis de febrero del año en curso; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y acúsese el recibo correspondiente. En mérito de lo anterior, téngase por notificada a la quejosa de referencia; y en virtud, de que de las constancias que integran dicha comunicación oficial, se advierte que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, además de que ha transcurrido el término de tres días otorgado para ello, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiséis de febrero anterior; por lo que, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, ordénese efectuarle por lista, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto designe domicilio para tal efecto. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio número 822/2019 signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, turnado a este órgano a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, mediante el cual remite por incompetencia la demanda de amparo promovida por Fátima Torres Pablo, con sus anexos y con un tomo de pruebas, contra actos del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 193/2019, y fórmese expediente. Por las razones que vierte el tribunal de alzada, infórmese que este juzgado federal, se avoca al estudio de la demanda. Acúsese recibo correspondiente. Por lo que respecta a las constancias que en original adjuntó como justificación a su informe el juez responsable, fórmese por separado el tomo I de pruebas relativos al juicio en que se actúa, previa certificación por parte del Secretario de este órgano jurisdiccional. IMPROCEDENCIA Previo a dilucidar sobre la procedencia de la demanda de amparo que nos ocupa, se tiene presente que, como lo destacó la superioridad, en esta instancia constitucional se reclama el acuerdo de catorce de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio especial de alimentos 1010-2/2007, mediante el cual el juez de la causa estimó improcedente la petición en el sentido de que, entre el descuento al que había sido condenado el demandado, debía incluirse el servicio médico, pues en el Hospital Naval Militar se negaron a atenderla por no ser derechohabiente de dicho demandado; lo anterior, sobre la base de que al resolverse el Toca Familiar 93/2018, en la que se modificó la sentencia emitida en primera instancia, se absolvió al demandado de tal prestación, además de que la Dirección del Hospital Militar tenía sus propias reglas para dar de alta a los derechohabientes. En este punto, conviene destacar que del contenido de la resolución emitida en el Toca Familiar 93/2018, se advierte que la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado estableció que en el monto fijado como pensión alimenticia decretada a favor de Fátima Torres Pablo debían considerarse los gastos erogados por aquélla por concepto de comida, vestido, habitación y asistencia médica en casos de enfermedad, ante la oposición expresa del demandado de seguirla teniendo como derechohabiente en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Una vez establecido lo anterior, se tiene que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Luego, del contraste del ordinal inserto con lo destacado en líneas precedentes, se obtiene la actualización de modo manifiesto e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 170, fracción I, 190 y 97, fracción II, inciso b), todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. (.)" "Artículo 190. La autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad. (.) Son aplicables a la suspensión en amparo directo, salvo el caso de la materia penal, los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 154 y 156 de esta Ley." "Artículo 97. El recurso de queja procede: (.) II. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos: (.) b) Cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue ésta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes." Conforme al texto legal preinserto en primer término, se obtiene que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en la intelección armónica de las diversas normas que integran la ley de la materia, o bien, en relación con los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, bajo la base de que el juicio de garantías constituye un sistema de control constitucional, de modo que es factible avizorar que los efectos de una sentencia de amparo otorgada conforme con lo pretendido por la parte quejosa, pueda llegar a trasgredir los principios que rigen el juicio y por ende, se torna improcedente la acción constitucional. Por otro lado, de la intelección de los restantes ordinales se obtiene en primer término, la procedencia del juicio de amparo directo contra, entre otras, las sentencias definitivas, entendidas como aquellas que decidan en el juicio en lo principal; que corresponde a la autoridad responsable ante la que se presente la demanda de amparo directo, proveer en relación a la suspensión del acto reclamado, y que contra dicha determinación -entre otras hipótesis- procede el recurso de queja. En ese orden de ideas, se estima que en el caso acontece la última de las hipótesis en comento, pues si este juzgado federal se avocara al análisis de la constitucionalidad del auto de catorce de enero de dos mil diecinueve dictado dentro del juicio especial de alimentos 1010-2/2007, se arribaría al extremo de analizar cuestiones que sólo son susceptibles de ponderar al tribunal que conozca del juicio de amparo uniinstancial que se hubiere instaurado en contra de la sentencia definitiva ahí emitida, toda vez que el aspecto a dilucidar orbita en torno al derecho reconocido a Fátima Torres Pablo como acreedora alimentaria de Felipe Molina Gutiérrez, en relación con la exclusión de la prestación relativa a la incorporación de la quejosa como derechohabiente en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Dicho de otro modo, de analizar la cuestión planteada en la demanda de amparo que nos ocupa, implicaría analizar por la vía biinstancial, aquello que es materia del juicio de amparo directo, es decir, cometería una infracción a las propias reglas de la ley de amparo, dado que la pretensión que formuló la quejosa y que le fue rechazada por el juez responsable, pende estrechamente de la consideración contenida en la resolución emitida en el Toca Familiar 93/2018, tan es así que de proceder en los términos solicitados por la parte quejosa, podría arribarse al extremo de que este juzgador reforme las consideraciones que sustentan aquella resolución definitiva. Lo anterior, revela entonces que el acuerdo de catorce de enero de dos mil diecinueve debe considerarse como una consecuencia de aquella sentencia definitiva, por lo que no es factible analizar su legalidad, sino en todo caso, sus efectos sólo pueden ser objeto de la medida cautelar en el juicio de amparo directo. Por analogía sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 1059 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Décima Época, que establece: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN LA TRANSGRESIÓN DE SUS NORMAS O PRINCIPIOS RECTORES. La técnica del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe el efecto de la eventual concesión de la protección constitucional en favor del quejoso, y así prever si la restitución en el goce del derecho violado resultaría alcanzable, pues carecería de lógica y sentido práctico analizar el acto reclamado, si de antemano se advierte que la declaración de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. El fundamento de este proceder se apoya, por regla general, en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con otras normas de ese mismo ordenamiento o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo enlace armónico ofrece una variedad de causas de improcedencia que impiden el dictado de sentencias estimatorias cuyo cumplimiento fuera inaccesible. En esos términos, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, el juzgador advierte que la restitución del derecho provocaría la infracción de normas o principios rectores del juicio de amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar. No pasa desapercibido el hecho de que la superioridad, al emitir el auto de veinte de febrero pasado, indicó que el acto reclamado por la quejosa, era de aquellos que por haberse emitido con posterioridad a la emisión de la sentencia definitiva, eran susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto; empero, si bien este procedimiento de control constitucional es procedente en ejecución de sentencias o de laudos, ello no sucede en todos los casos, ni tampoco conlleva a suplir las omisiones si el quejoso no advierte los incidentes, recursos o términos que rigen el juicio de amparo, aunado a que tampoco se observa que la superioridad haya acotado la facultad de este juzgador para proveer sobre la procedencia de la demanda que nos ocupa. Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda y sobre todo, con las actuaciones del juicio especial de alimentos 1010-2/2007, incluyendo la resolución emitida en el Toca Familiar 93/2018, con motivo del recurso de apelación instado en contra de la sentencia emitida por el juez de la causa; e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Ahora bien, como la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Ignacio Manuel Altamirano número 83, interior 2, Barrio de San Antonio, con sede en Chilpancingo, Guerrero; esto es, fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito; por tanto, en obvio de mayores dilaciones y con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b) y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, gírese atento EXHORTO vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en turno, en aquélla ciudad, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional se sirva ordenar a quien corresponda, se constituya en el domicilio antes indicado y le notifique el presente proveído; además la requiera para que, en el acto de la diligencia o bien en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación respectiva, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndole que de no hacerlo así dentro del plazo indicado, las subsecuentes notificaciones se le harán por lista, incluso las de carácter personal, en términos del multicitado numeral 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Hecho que sea, se sirva devolver el comunicado oficial con las constancias relativas. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se faculta a la autoridad exhortante para que habilite días y horas inhábiles, para la diligenciación de la comunicación oficial que con esta fecha se envía. AUTORIZADOS Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Ángel Ayala Tapia, Xochitlaly Leal Cruz y Yuridia Guerrero Martínez, quienes cuentan con sus cédula profesional registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a los pasantes en Derecho que señala. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

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