Fatima Susana Aguilar López
Expediente 1153/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2024.
Datos del expediente
- Expediente
- 1153/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 04/01/2024
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Fatima Susana Aguilar López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 1153/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Apersonamiento de la parte tercera interesada. En este acto, el Secretario hace constar: Que el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa en auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, para indicar si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Sala que confirmó la sentencia emitida en el juicio natural, transcurrió del trece al diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, sin que diera cumplimiento. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. En otro orden, tomando en consideración lo asentado en la certificación precedente, donde se advierte que la quejosa no desahogó el requerimiento formulado en auto de se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto mencionado, y no se tiene como autoridad responsable a dicha Sala, precluyendo su derecho para señalarla. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa ofreció como pruebas de su parte las presuncional en su doble aspecto, instrumental de actuaciones y documentales descritas en su escrito inicial de demanda. Al efecto, se acuerda: Se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, las pruebas referidas. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el periodo probatorio y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver el juicio de amparo 1153/2023, promovido por ..., por propio derecho, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo Segundo Civil de la Ciudad de México; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. La quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, aduciendo que se violentaron en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda y substanciación del proceso. La demanda se admitió, se dio intervención a la representante social de la Federación adscrita; requirió los informes justificados; señaló a la parte tercera interesada y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Las autoridades rindieron sus informes, y de las constancias allegadas por el Juez responsable se advirtió que el fallo definitivo emitido en el juicio de origen fue confirmado por la Séptima Sala Civil de esta ciudad, por lo cual se requirió mediante notificación personal a la quejosa para que manifestara si era su deseo señalarla como responsable; lo que no ocurrió. La Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, la parte tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. El suscrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción VI de la ley de la materia, pues se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido ante un tribunal común con sede en el ámbito territorial donde este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que la quejosa se ostenta tercera extraña por equiparación a la controversia de arrendamiento ...2, del índice del Juzgado Décimo Segundo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, y reclama la falta de emplazamiento, todo lo actuado, así como los actos tendentes a desposeerla del inmueble identificado como ..., Ciudad de México. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables negaron la existencia del reclamo; sin embargo, ello fue en cuanto a su legalidad, pues el A quo refirió que la quejosa sí es parte y fue emplazada al juicio natural, lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso de origen, remitidas en su apoyo, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. En ese sentido, se tienen por ciertos los actos reclamados. QUINTO. Improcedencia. La procedencia del juicio es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, el suscrito advierte que el presente juicio constitucional debe sobreseerse conforme a los artículos 61, fracción XXIII y 63, fracción V en relación con los diversos 5, fracción II y 108, fracción III de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.). Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley; y (.) Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá´ formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresara´: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá´ acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así´ bajo protesta de decir verdad; (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá´ señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá´ señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)." La disposición imperativa de la fracción XXIII del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 63 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación de lo previsto en el artículo 5 de la ley de la materia. Del análisis sistemático de los preceptos transcritos, se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos o garantías individuales de los particulares, considerados como tales. En este punto cabe destacar que la disposición constitucional en estudio, contiene una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que el poder constituyente y el legislador ordinario al establecer que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, únicamente mencionaron las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificó las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución Federal y de las disposiciones que de ella emanan, ha establecido diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo. Al respecto, es de mencionarse que de acuerdo con los criterios emitidos por el Alto Tribunal, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de orden público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí y ante sí, y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, evidentemente, en perjuicio de los gobernados, según se corrobora de la tesis PXXVII/97 emitida por el Tribunal Pleno, publicada en la página 118 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de 1997, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Es decir, los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5 de la Ley de Amparo (la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en los criterios citados del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que incidan en la esfera de los particulares. Por las consideraciones en que se sustenta, es aplicable al caso la jurisprudencia de la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 522 del Apéndice 1917-septiembre 2011, tomo II, procesal constitucional 1, Primera Parte, Cuarta Sección- Partes en el juicio de amparo, Novena Época, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO ES LA SALA QUE CONOCIÓ DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, CUANDO EL TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN RECLAMA EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE ORIGEN Y TODO LO ACTUADO EN ÉL. De los artículos 4o., 11 y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia P./J. 5/98 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR.", se infiere quiénes serán autoridades responsables en la demanda interpuesta por un tercero extraño a juicio por equiparación; luego entonces, es autoridad responsable la Sala que pronunció la sentencia de segunda instancia debido a que si como parte de los actos reclamados se señala el ilegal emplazamiento y todo lo actuado en el juicio a partir de aquél, entonces la Sala que pronunció el fallo de segundo grado que forma parte del juicio tendrá el carácter de autoridad responsable al haber intervenido en los actos posteriores al emplazamiento. Así, la Sala que conoció del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia cuando se reclama en amparo indirecto el ilegal emplazamiento y todo lo actuado en el juicio de origen es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que al tercero extraño por equiparación no sólo le afecta el ilegal emplazamiento a juicio sino también las determinaciones posteriores a éste, las cuales fueron tomadas durante todo el procedimiento como consecuencia de no haber sido legalmente emplazado." Ahora bien, la quejosa se ostenta tercera extraña a juicio por equiparación y reclama el emplazamiento a la controversia de arrendamiento ...., del índice del Juzgado Décimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y todo lo actuado, lo que incluye la sentencia definitiva, por lo que es inconcuso que si dicho fallo fue confirmado por la Séptima Sala Civil de esta ciudad, le resulta el carácter de autoridad responsable, pues las actuaciones que emite son de su exclusiva responsabilidad, al ser la encargada de los lineamientos legales que regulan tales actos. Lo que se justifica con mayor razón, porque el resultado del eventual examen que se realizara al acto reclamado respecto de las autoridades -que sí fueron llamadas al proceso- de ningún modo podría hacerse extensivo a otras, dado que sería jurídicamente imposible analizar la actuación de quienes no intervinieron en la contienda constitucional, que dejara insubsistente su acto, cuando no fue parte formal dentro del procedimiento. Máxime que por auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, se requirió a la quejosa para que señalara como autoridad responsable a la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México en el término de cinco días; sin embargo, como se advierte de la audiencia constitucional, la amparista no desahogó el requerimiento formulado, por tal motivo, se le hizo efectivo el apercibimiento con el que se le conminó y no se tuvo como responsable a la Ad quem, precluyendo su derecho para señalarla. Por lo tanto, si la quejosa reclama todo lo actuado dentro del proceso de origen, y en esas actuaciones está comprendido el fallo definitivo, es evidente que la sentencia de segunda instancia que confirmó la de primera, es atribuible única y exclusivamente a la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México. Así, ante la omisión de la parte quejosa de señalar a la autoridad que emitió esa resolución, procede sobreseer en el presente juicio con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 5 fracción II de la Ley de amparo. Se cita como sustento la jurisprudencia 108 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 69 del Apéndice de 1995, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Así como la diversa 2ª. CLXIV/98 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable la página 113 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre, página 195, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." En tales condiciones, al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 63, fracción V, en relación con los diversos 5, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, de agosto de 1998, página 414, en materia común, cuyo rubro "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE el juicio promovido por ..., por propio derecho, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo Segundo Civil de la Ciudad de México, por los razonamientos expresados en este fallo. NOTIFÍQUESE. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, el día en que tiene verificativo la audiencia constitucional. Doy fe.
- Incidental
Vista la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo de cinco días concedido a la quejosa para exhibir el monto fijado en la suspensión definitiva, a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada, sin que lo haya hecho; por tanto la medida deja de surtir efectos. Debe puntualizarse que si la ejecución del acto reclamado no se ha llevado a cabo, la peticionaria puede exhibir la garantía en cualquier momento y por ende, sería susceptible de paralizarse de inmediato su ejecución; por lo que, infórmese a las autoridades responsables que hasta la presente data, la parte quejosa no ha otorgado la garantía que se le fijó para que siga surtiendo efectos la suspensión definitiva. Por otro lado, agréguese el escrito de *****, autorizado de la parte tercera interesada en términos amplios, carácter que se le reconoce por tener su cédula profesional registrada en el sistema correspondiente; atento a su contenido, deberá estarse a lo acordado en esta determinación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el escrito del tercero interesado ...; atento a su contenido, se le tiene apersonándose al presente juicio y por autorizadas a las personas que refiere para oír y recibir notificaciones. Respecto de quien indica en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, gozará de las facultades amplias que prevé si tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario, únicamente podrá oír y recibir notificaciones. Se ordena realizar la autorización con el nombre de usuario proporcionado, para la consulta del expediente y obtención de notificaciones a través de la vía electrónica. Finalmente se tiene por invocada la improcedencia del juicio, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Agréguese el escrito del tercero interesado ...; atento a su contenido, se le tiene apersonándose al presente incidente y por autorizadas a las personas que refiere para oír y recibir notificaciones. Respecto de quien indica en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, gozará de las facultades amplias que prevé si tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario, únicamente podrá oír y recibir notificaciones. Se ordena realizar la autorización con el nombre de usuario proporcionado, para la consulta del expediente y obtención de notificaciones a través de la vía electrónica. NOTIFÍQUESE.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,575 expedientes
- Fabiola Romero Quezada696/2021
- Fabiola Zepeda Valdés455/2019
- Fabiola Zepeda Valdés795/2019
- Fabrizio Jair Nava Castillo1034/2019
- FACUNDO EZEQUIEL VARELA KALCKZYNSKI y Otros.719/2017
- Faride Nemer Manzur76/2016
- Faustino Arredondo Lozano434/2018
- Faustino Hurtado Chaparro580/2020
- Faustino Hurtado Chaparro190/2022
- Faustino Sánchez Santamaría625/2015
- Faustino Sánchez Santamaria678/2015
- Faustino Sánchez Villa334/2016