Fatima Romero Rivera

Expediente 2069/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2069/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
17/01/2019

Partes del expediente

  • Fatima Romero Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de enero de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el telegrama remitido por la presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, por medio del cual, informa los actos que ha realizado a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; al respecto téngase por hecha la comunicación que refiere para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificado del presente proveído, informe lo que proveyó respecto a la contestación del exhorto JE1/409/2018-YLGO, de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, derivado del juicio laboral 01/936/02, y remita las constancias que acrediten su dicho (se remiten copias simples del telegrama de cuenta para mayor conocimiento). Se apercibe a dicha autoridad responsable para el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de enero del año en curso, el nuevo titular de este órgano Jurisdiccional es el Licenciado Óscar Alejandro López Cruz. Notifíquese.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción III, inciso a) y 29, de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de dos de enero de dos mil diecinueve, mismo que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, a dos de enero de dos mil diecinueve. Por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad. Fórmese y regístrese el expediente con el número que corresponda. Ahora, se procede a examinar el escrito de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". Del numeral transcrito se aprecia que el juicio de amparo es improcedente, cuando los actos reclamados no afecten los intereses jurídicos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de esa ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Ahora bien, el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, en atención a que si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional y así, el peticionario debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que la ley o acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, por no oponerse a la ley de amparo, la tesis 1484, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: En este sentido, la procedencia del juicio de amparo contra un acto dictado por una autoridad, debe referirse a una parte agraviada; es decir, a la existencia de una afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto específicamente, puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas respecto de la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos de los artículos 5º, fracción I y 6° de la Ley de Amparo. ... Por tanto, sólo tiene interés jurídico aquel particular que cuenta con un derecho jurídicamente tutelado, que le da potestad de exigencia oponible a la autoridad. ... En el caso, el quejoso esencialmente reclama el acuerdo adoptado en la sesión ordinaria del catorce de diciembre de dos mil dieciocho, por el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de interrumpir el proceso de elección de Director del Centro de Investigación en Dinámica Celular, de dicho casa de estudios. Sin embargo, como la propia quejosa lo reconoce, bajo protesta de decir verdad, en su demanda de amparo, sólo tiene el carácter o categoría de alumna del Centro de Investigación en Dinámica Celular y no de aspirante a ocupar el cargo de Director de ese centro de investigación; de ahí que no se le cause una afectación a su interés jurídico o legítimo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ********************. Se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que propone. Finalmente, como la impetrante señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación de este auto, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se efectúe por medio de lista que se coloca en lugar visible y de fácil acceso a este órgano jurisdiccional; lo anterior, ... Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos cotidianos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.

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