Fatima Leonela Portilla Rojas
Expediente 829/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 829/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 28/03/2023
Partes del expediente
- Fatima Leonela Portilla Rojas
- Gianmarco Luis Larrea Rosado
- Fatima Leonela Portilla Rojas y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra del acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Ahora, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que, no existe promoción ni notificación pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano, con independencia de tenerse como no presentada la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, es susceptible de depuración, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General y en atención a lo señalado en el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, agréguese sin mayor proveído el oficio que remite el Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de México, a través del cual informa que el trece de febrero de dos mil veintitrés, instruyó al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el estado de Baja California, con sede en esta ciudad, a fin de que cumpliera el requerimiento formulado en autos; toda vez, que mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por el Administrador Desconcentrada de Recaudación, adscrita a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Baja California "2", con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención al auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, solicita el nombre, registro federal de contribuyentes con homoclave, domicilio e importe de la multa, de la autoridad responsable a quien se le impuso la multa señalada en el proveído citado. Ahora bien, toda vez que del estado de autos se desprende que mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidas las documentales solicitadas al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, en esta ciudad, por tanto, tomando en consideración que a la presente data se recibieron las constancias necesarias para resolver el asunto en que se actúa, se ordena cancelar la sanción pecuniaria impuesta. Por lo anterior, gírese oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Baja California 2, con sede en esta ciudad, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio, del cual se desprende que a la fecha no obran los oficios, 43883/2021 y 43884/2021, dirigidos a las autoridades responsables Congreso del Estado del Estado de Baja California y Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California ambas con sede en Mexicali, respecto del auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, en el cual se tuvo al quejoso interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos. En consecuencia, requiérase vía correo electrónico procuraduriafiscalsh@baja.gob.mx y seguimiento.juridicocongresobc@gmail.com a las autoridades responsables antes citadas, a efecto de que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, acusen recibo de los oficios a que se alude en párrafos precedentes, o bien, manifiesten la imposibilidad que tengan para ello. Apercibidas de que, de no hacerlo, se le impondrá a la contumaz una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, en conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio; se les comunica a las partes que a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, la denominación de este órgano jurisdiccional es Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/drm
- Principal
seis de marzo de dos mil veintitrés, quien suscribe licenciado Rufino Salgado Ramírez, actuario adscrito al juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, hago constar; que como esta ordenado en autos, notifiqué por medio de lista que se fijó en los estrados de este Tribunal Federal, el contenido del acuerdo de veintiocho de febrero dos mil veintitrés, a la parte agraviada Fatima Leonela Portillo y Gianmarco Luis Larrea Rosaldo, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, y se tiene por legalmente hecha la notificación del referido acuerdo, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta y anexos remitidos por la autoridad responsable Titular de Oficina del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, a través del cual en atención el requerimiento formulado en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, remite copia certificada del procedimiento administrativo migratorio iniciado en contra del directo quejoso Gianmarco Luis Larrea Rosado. De igual forma, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias anexadas al oficio que se atiende, a fin de que se impongan del contenido de éstas. Por otra parte, del estado que guardan los presentes autos se obtiene que se promovió, a favor de los quejosos Fatima Leonela Portillo y Gianmarco Luis Larrea Rosaldo, demanda de amparo contra actos del Sub Representante Federal del Instituto Nacional de Migración, con sede en Mexicali y de otras autoridades, que hizo consistir, esencialmente, en la expulsión, incomunicación y deportación. Luego, de las constancias que obran en autos, se advierte que la autoridad responsable anexó copias certificadas de los expedientes administrativos migratorios EM/BC/TIJ/7156/12-07-2022 y EM/BC/TIJ/7456/12-07-2022, correspondientes a Fatima Leonela Portillo y Gianmarco Luis Larrea Rosaldo, respectivamente, del índice del Titular de Oficina del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintidós y veinticinco de agosto de dos mil veintidós, esto es, posterior a la presentación de la demanda -tres de agosto de dos mil veintidós-, con motivo del inicio del procedimiento migratorio iniciado a los aquí quejosos emitió resolución definitiva, en la que la autoridad responsable les otorgó sin fijación de garantía alguna -señalada en el artículo 102 de la Ley de Migración- el documento provisional de "Documento Provisional de Visitante por Razones Humanitarias", concluyendo en esas fechas los citados procedimientos administrativos migratorios y por ende el alojamiento en la estancia migratoria. Por lo expuesto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado sus efectos, por las consideraciones siguientes. En principio, es pertinente destacar que -como lo reconoció el Máximo Tribunal del País al analizar la Ley de Amparo abrogada- de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 771 1 "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia invocada se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de los particulares, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Esto es así, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, registro 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Ahora bien, en el caso concreto, como se anticipó, el promovente reclama la expulsión, incomunicación y deportación. Sin embargo, de las constancias que obran en autos y que fueron previamente valoradas, se desprende que el veintidós y veinticinco de agosto de dos mil veintidós, la autoridad responsable con motivo de que se les inició los procedimientos administrativos migratorios EM/BC/TIJ/7156/12-07-2022 y EM/BC/TIJ/7456/12-07-2022, correspondientes a Fatima Leonela Portillo y Gianmarco Luis Larrea Rosaldo, respectivamente, la autoridad responsable emitió un acuerdo en los que, en atención a la situación de vulnerabilidad de los quejosos Fatima Leonela Portillo y Gianmarco Luis Larrea Rosaldo, por razones humanitarias, se le otorgó sin garantía alguna un "documento provisional", por lo que se autorizó su salida de la estación migratoria, concluyendo con ello el citado procedimiento. Por tanto, es dable advertir que, en atención a que los hoy quejosos pertenece a un grupo que se encuentran en situación de vulnerabilidad, se determinó que éstos no debía permanecer alojados en la estación migratoria de esta ciudad y, por ende, se le otorgó sin fijarle garantía alguna, un oficio de salida de dichas instalaciones, así como un documento provisional; hasta en tanto se resolviera sobre su situación migratoria. En consecuencia, si -como se anticipó- el reclamo del promovente, y, a la fecha, con motivo a que se les inicio a los directos quejosos los procedimientos administrativos migratorios EM/BC/TIJ/7156/12-07- 2022 y EM/BC/TIJ/7456/12-07-2022, se emitió resolución en la que se determinó su salida de la estación migratoria sin fijarle alguna cantidad como garantía - veintidós y veinticinco de agosto de dos mil veintidós-, en atención a que se ubican en una situación de vulnerabilidad y se permitió a los quejosos abandonar las instalaciones de la autoridad responsable entregándoles documentos provisionales, expedidos a su favor, debe concluirse que han cesado los efectos de los actos reclamados y sus consecuencias pues se han destruido todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que queda sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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