Fatima Isabel Ek Perez
Expediente 1104/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1104/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Fatima Isabel Ek Perez
Actuaciones
- Principal
MESA VI. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el veintinueve de octubre del presente año. Por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
MESA VI. Agréguense a los presentes autos los informes justificados rendidos por el Delegado Estatal en Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, Titular de la Jefatura de Salud en el Trabajo Prestaciones Económicas y Sociales de la Delegación Estatal en Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, Titular de la Subdelegación Mérida Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Yucatán y Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Mérida Sur Delegación Estatal en Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, todos con residencia en esta ciudad de Mérida. Ahora bien, se trae a colación que los actos que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, consistieron precisamente en la falta de ejecución en cuanto a lo resuelto en resolución de seis de junio de dos mil dieciocho, por parte de las autoridades responsables, en el sentido de otorgarle a la parte quejosa la pensión por viudez, así como la pensión por orfandad a favor de su hijo, a partir del diecisiete de marzo de la presente anualidad. En consecuencia, en el caso a estudio se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de actos que ya no afectan al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, como ya se ha dicho, se reclamó la falta de ejecución en cuanto a lo resuelto en resolución de seis de junio de dos mil dieciocho, por parte de las autoridades responsables, en el sentido de otorgarle a la parte quejosa la pensión por viudez, así como la pensión por orfandad a favor de su hijo, a partir del diecisiete de marzo de la presente anualidad. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Mérida Sur Delegación Estatal en Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que ordenó la cancelación de la resolución con folio N°31805021013 en virtud de que hubo un error en la transferencia de los montos constitutivos al momento del enlace con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; sin embargo, dictó una nueva resolución con folio N°31810017681, en la cual determinó que la quejosa podrá presentarse ante la aseguradora Bancomer para el pago de las pensiones reclamadas, resolución que le fue notificada el veinticuatro de octubre de la presente anualidad. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de las omisiones atribuidas a las autoridades responsables, al haberse demostrado que en el acuerdo de fecha veinticuatro de octubre de la presente anualidad, derivado del memorándum 339101900110/DPS/1812/2018, se atendieron puntualmente dichas cuestiones, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Sin que pase desapercibido para este Juzgador que, el Delegado Estatal en Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, Titular de la Jefatura de Salud en el Trabajo Prestaciones Económicas y Sociales de la Delegación Estatal en Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, Titular de la Subdelegación Mérida Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Yucatán, todos con sede en esta ciudad de Mérida, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que exista prueba en contrario de la parte quejosa, pues de las constancias que obran en autos no se advierte la certeza de los actos que se reclaman y tampoco hay alguna presunción legal o humana que evidencie la certeza de los actos; por ende, procede sobreseer en este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, y en la jurisprudencia número XXI.1°.102K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 349, Tomo XIV, septiembre 1994, materia común, Octava Época, del Seminario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
- Principal
MESA VI. Agréguense a los presentes autos los informes justificados rendidos por el Delegado Estatal en Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, Titular de la Jefatura de Salud en el Trabajo Prestaciones Económicas y Sociales de la Delegación Estatal en Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, Titular de la Subdelegación Mérida Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Yucatán y Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Mérida Sur Delegación Estatal en Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, todos con residencia en esta ciudad de Mérida. Ahora bien, se trae a colación que los actos que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, consistieron precisamente en la falta de ejecución en cuanto a lo resuelto en resolución de seis de junio de dos mil dieciocho, por parte de las autoridades responsables, en el sentido de otorgarle a la parte quejosa la pensión por viudez, así como la pensión por orfandad a favor de su hijo, a partir del diecisiete de marzo de la presente anualidad. En consecuencia, en el caso a estudio se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de actos que ya no afectan al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, como ya se ha dicho, se reclamó la falta de ejecución en cuanto a lo resuelto en resolución de seis de junio de dos mil dieciocho, por parte de las autoridades responsables, en el sentido de otorgarle a la parte quejosa la pensión por viudez, así como la pensión por orfandad a favor de su hijo, a partir del diecisiete de marzo de la presente anualidad. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Mérida Sur Delegación Estatal en Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que ordenó la cancelación de la resolución con folio N°31805021013 en virtud de que hubo un error en la transferencia de los montos constitutivos al momento del enlace con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; sin embargo, dictó una nueva resolución con folio N°31810017681, en la cual determinó que la quejosa podrá presentarse ante la aseguradora Bancomer para el pago de las pensiones reclamadas, resolución que le fue notificada el veinticuatro de octubre de la presente anualidad. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de las omisiones atribuidas a las autoridades responsables, al haberse demostrado que en el acuerdo de fecha veinticuatro de octubre de la presente anualidad, derivado del memorándum 339101900110/DPS/1812/2018, se atendieron puntualmente dichas cuestiones, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Sin que pase desapercibido para este Juzgador que, el Delegado Estatal en Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, Titular de la Jefatura de Salud en el Trabajo Prestaciones Económicas y Sociales de la Delegación Estatal en Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, Titular de la Subdelegación Mérida Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Yucatán, todos con sede en esta ciudad de Mérida, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que exista prueba en contrario de la parte quejosa, pues de las constancias que obran en autos no se advierte la certeza de los actos que se reclaman y tampoco hay alguna presunción legal o humana que evidencie la certeza de los actos; por ende, procede sobreseer en este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, y en la jurisprudencia número XXI.1°.102K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 349, Tomo XIV, septiembre 1994, materia común, Octava Época, del Seminario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
- Principal
MESA VI. Vista la demanda de amparo promovida por Fátima Isabel Ek Pérez, en representación de su hijo menor de edad Francisco Alejandro Uicab Ek, contra el acto que reclama del Delegado de la Delegación Estatal Yucatán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y de otras autoridades; con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo; SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo VI-1104/2018; y dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, las que deberán rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual las responsables deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibidas que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con artículo 251 de la Ley de la Materia, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DOCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas documentales que adjunta a su demanda de amparo, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, para ser relacionadas al celebrar la audiencia constitucional respectiva Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el predio señalado en su escrito de demanda; de igual forma, se tiene como autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Sergio Alberto Albornoz Cruz; y a Lorenzo Demetrio Peraza Cetina, con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del aludido artículo, hasta en tanto acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Finalmente, en lo que respecta a la solicitud de la parte quejosa de pedir a las autoridades sus respectivos informes previos, dígasele que no ha lugar a solicitarlos en virtud de que en el presente asunto no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó.
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