Fátima García Pérez

Expediente 1242/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 39 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1242/2021
Año
2021
Actuaciones
39
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • Fátima García Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Autoridad acusa recibo Agréguese el oficio signado por el Juez Quinto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, a través del cual acusa recibo del oficio 19824/2023 de catorce de junio del año en curso, a través del cual se le devolvieron las copias certificadas del expediente 3335/2020 de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Miriam Atonal Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, catorce de junio de dos mil veintitrés.  Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EL JUICIO. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el juicio principal dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En ese contexto, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, toda vez que en el incidente de suspensión fue concedida tanto la suspensión provisional como la definitiva, se establece que el original del incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Se ordena devolución de tomo de prueba a autoridad responsable. Finalmente, se ordena devolver a al Juez Quinto Civil de Procesos Escritos en la Ciudad de México, las copias certificadas del expediente 3335/2020, de su índice (obran por separado en un tomo de pruebas), mismas que acompañó como apoyo a su informe justificado e informe previo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Pamela Elizabeth Hernández López, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, tres de noviembre de dos mil veintidós. Se agregan oficios sin mayor pronunciamiento. Agréguense a los autos únicamente para que obren como correspondan los oficios de cuenta, signados por el Juez Quinto de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, por medio de los cuales informan que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores comunicó que ya fueron desbloqueadas las cuentas bancarias a nombre de la aquí quejosa Fátima García Pérez. Al respecto, no se hace mayor pronunciamiento, toda vez que por auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Priscila Rivera Valera, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional son: La inmovilización, suspensión, congelamiento o inhabilitación y embargo de la cuenta bancaria CHQ-MXN-SANTA ANA-05102347970. El oficio SIARATSJCDMXJC04CM/2021/000214 con fecha de identificación de requerimiento 3275 que ordena la inmovilización, suspensión, congelamiento o inhabilitación de la cuenta bancaria antes referida. El emplazamiento al juicio mercantil 3335/2020 del índice del Juzgado Quinto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México y todo lo actuado con posterioridad en el mismo. En la anterior tesitura, y toda vez que mediante proveído de veinticinco de octubre del año que transcurre se tuvo al Juez Quinto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, remitiendo diversas constancias relativas juicio mercantil 3335/2020, al respecto se provee: Sobreseimiento fuera de audiencia. Por cuanto hace a los actos reclamados, referidos con los numerales 1 y 2, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Así, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. En efecto, conforme a la causal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso. Ello, en razón de que al dejar de verse afectados los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio constitucional, carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora bien, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que de las documentales exhibidas por Juez Quinto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, recibidas en proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se desprende que el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 3335/2020, de su índice, se tuvo al aquí tercero interesado dándose por pagado de las prestaciones reclamadas, por lo que se ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que todas las cuentas de inversión o cheques a nombre de la parte quejosa fueran liberadas. Máxime que la parte tercero interesada Verónica Yolanda Campos Rangel y Eduardo Alvarado Cruz y, en su carácter de apoderados legales de la empresa DAIMLER FINANCIAL SERVICES MÉXICO S. de R.L. de C.V., informó lo anterior mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el siete de octubre del año que transcurre, por lo que solicitó el sobreseimiento del presente asunto. De lo anterior, se desprende la cesación de efectos de los actos reclamados, consistentes en la inmovilización, suspensión, congelamiento o inhabilitación y embargo de la cuenta bancaria CHQ-MXN-SANTA ANA-05102347970, así como el oficio SIARATSJCDMXJC04CM/2021/000214 con fecha de identificación de requerimiento 3275 que las ordenó. Toda vez que, al haber emitido el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, la autoridad responsable propició que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicionalmente, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no hubiese dejado huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto de los actos reclamados referidos, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, en relación al acto reclamado consistente en el emplazamiento al juicio mercantil 3335/2020 del índice del Juzgado Quinto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de la Materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.].". Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conforme lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conviene tener presente que generalmente, la emisión de determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados efectos materiales y jurídicos específicos que, en alguna medida, deben concretarse en la esfera jurídica del gobernado, razón por la cual lo legitiman para promover el juicio de amparo con el fin de obtener sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, siendo el juicio de amparo un medio de control constitucional, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de que se le restituya en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio, que lo condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre esos requisitos, se destaca la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley reglamentaria de la materia, en la cual se determina que aun cuando formalmente subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se reclama, a consecuencia de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional se tornaría jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce de los derechos que se estimen violados, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria de amparo que en su caso se dictara. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 173858, consultable en la página 189, del tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que no ha sido superada, que se transcribe a continuación: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad.". En el caso, respecto del acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento al expediente 335/2020 y todo lo actuado con posterioridad, de un análisis de las constancias remitidas por el juez responsable, se advierte que dichos actos reclamados, dejaron de existir al tener por concluido el juicio ejecutivo mercantil referido, ello porque como se precisó anteriormente el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, el tercero interesado Daimler Financial Services México Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, actor en el juicio de origen, se tuvo por pagado de las prestaciones reclamadas, por lo que se ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que levantara los embargos en las cuentas bancarias de la quejosa. Por tanto, da lugar a que opere la causal de improcedencia indicada, toda vez que, aunque subsista el acto reclamado dejó de existir el objeto o materia del mismo, lo que tornaría imposible restituir al aquí quejoso en el goce de las garantías que estimó vulneradas, pues sus consecuencias jurídicas ya no surten efectos legal o material alguno. Por tanto, los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de los derechos fundamentales que estima violados en su perjuicio, al haber quedado sin objeto o materia el acto de autoridad reclamado. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia analizada (fracción XXII, del artículo 61), respecto de los actos reclamados antes referidos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos treinta y cinco, tomo XII-Octubre, octava época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO SUBSISTIENDO EL ACTO RECLAMADO, ÉSTE NO PUEDE SURTIR EFECTO MATERIAL ALGUNO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando, subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Por tanto, cuando al promoverse el amparo directo en contra de la sentencia promovida por el Tribunal Fiscal de la Federación, el acto impugnado en el juicio de nulidad es cancelado, aun y cuando subsista la sentencia reclamada, ésta no puede surtir efecto material alguno por haber dejado de existir el acto impugnado en el juicio fiscal." Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por tanto, una vez que cause estado la presente determinación, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese; personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Priscila Rivera Valera, Secretaria que autoriza y da fe.

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