Fatima Delgadillo Ramírez

Expediente 2151/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2151/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • Tribunal de Arbitraje y Escalafon del Estado de Jalisco
  • Fatima Delgadillo Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio que suscribe la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, adjunto al cual remite los autos originales del juicio de amparo , así como copia certificada del testimonio de la ejecutoria de treinta de agosto de dos mil veintidós, de la que se advierte que la superioridad en el recurso de queja , resolvió: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por quien se ostentó como apoderado de contra el auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo indirecto del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco.". Lo anterior hágase del conocimiento del promovente. Acúsese recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes. Notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción, En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    Visto el oficio suscrito por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual, informa el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictado en el recurso de queja 95/2022, del que se advierte que lo admitió a trámite; al respecto, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 652/2020-VI, promovido por Rafael García García, por su propio derecho, contra actos de la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades, por considerarlos violatorios de derechos humanos y garantías otorgadas para su protección en los artículos 1, 4, 5, 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado vía electrónica el dieciséis de junio de dos mil veinte, en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal, Rafael García García, por su propio derecho, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de la Unidad de Inteligencia Financiera y otras autoridades, mismos que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia, y posteriormente, en acuerdo de cuatro de julio de dos mil veinte, el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, determinó que en el caso se actualizaba el conocimiento previo, y mediante oficio 10323/2020, remitió la demanda de amparo y demás constancias respecto al expediente número 607/2020, a este Juzgado Federal. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. La mencionada demanda de amparo, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, donde en acuerdo de cinco de julio de dos mil veinte, ordenó registrar la demanda de amparo bajo número 652/2020-VI, avocarse al conocimiento del asunto del asunto, y se validaron las actuaciones practicadas por el Juzgado Homologo; luego en diverso acuerdo de siete de julio de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo y se ordenó notificar personalmente a las partes, dar intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, fijar día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede y que forma parte de esta resolución. TERCERO. Ampliaciones de demanda. Primera Ampliación de Demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica el veintiocho de julio de dos mil veinte, la parte quejosa promovió la primera ampliación de demanda de amparo; y por auto de veintinueve de julio de dos mil veinte, se admitió la primera ampliación de demanda, por los actos que quedaron precisados en su ocurso de ampliación. Por lo que, se le requirió a la responsable por su respectivo informe justificado. Segunda Ampliación de Demanda. Luego, mediante escrito presentado vía electrónica el seis de agosto de dos mil veinte, la parte quejosa promovió segunda ampliación de demanda de amparo; y por auto de diez de agosto de dos mil veinte, se admitió la segunda ampliación de demanda, por los actos que quedaron precisados en su ocurso de ampliación. Por lo que, se le requirió a las responsables por su respectivo informe justificado. Tercera Ampliación de Demanda. En escrito presentado vía electrónica el veintiséis de agosto de dos mil veinte, la parte quejosa promovió tercera ampliación de demanda de amparo; y por acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veinte, se determinó admitir la tercera ampliación de demanda, por los actos que quedaron precisados en su ocurso de ampliación. Cuarta Ampliación de Demanda. Luego, mediante escrito presentado vía electrónica el ocho de septiembre de dos mil veinte, la parte quejosa promovió cuarta ampliación de demanda de amparo; y por auto de diez de septiembre de dos mil veinte, se admitió la cuarta ampliación de demanda, por los actos que quedaron precisados en su ocurso de ampliación. CUARTO. Desistimiento de la parte quejosa respecto algunas autoridades responsables. Mediante, escrito presentado vía electrónica el veintidós de agosto de dos mil veintiuno, el quejoso Rafael García García, se desistió de las ampliaciones de demanda; por lo que este Juzgado Federal en acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, tuvo al quejoso desistiéndose de los actos y autoridades responsables señaladas en sus escritos de ampliación de demanda. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por virtud de que se combaten actos de autoridades judiciales que tienen su residencia oficial dentro del territorio en que este juzgado Federal ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 3/2021. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: Del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: - La inclusión a la quejosa en la lista de personas bloqueadas. - La instrucción u orden de suspensión de todo acto, operación, servicio y disposición de recursos en donde el quejoso aparezca como titular, cotitular, firmante y/o autorizado, fideicomitente, representante legal y/o apoderado en alguna institución de crédito. - La emisión del oficio 110/F/B/3200/2020, de tres de junio de dos mil veinte. Del Presidente de la República, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión: - La promulgación, discusión, aprobación, expedición, refrendo y publicación del Decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil catorce, por medio del cual se adicionaron los párrafos noveno y decimoprimero del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, de acuerdo a sus respectivas competencias. - La instrucción u orden de suspensión de todo acto, operación, servicio y disposición de recursos en donde el quejoso aparezca como titular, cotitular, firmante y/o autorizado, fideicomitente, representante legal y/o apoderado en alguna institución de crédito. - La emisión del oficio 110/F/B/3200/2020, de tres de junio de dos mil veinte. Del Secretario de Hacienda y Crédito Público: - La discusión, aprobación, expedición y publicación de la 72ª Disposición de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. - La instrucción u orden de suspensión de todo acto, operación, servicio y disposición de recursos en donde el quejoso aparezca como titular, cotitular, firmante y/o autorizado, fideicomitente, representante legal y/o apoderado en alguna institución de crédito. - La emisión del oficio 110/F/B/3200/2020, de tres de junio de dos mil veinte. De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: - La ejecución o aplicación al quejoso de las disposiciones legales que implican estar en la lista de personas bloqueadas. - La ejecución e instrucción u orden de suspensión de todo acto, operación, servicio y/o disposición de recursos en donde el quejoso aparezca como titular, cotitular, firmante y/o autorizado, fideicomitente, representante legal y/o apoderado en alguna institución de crédito. - El cumplimiento, acatamiento y ejecución del oficio 110/F/B/3200/2020, de tres de junio de dos mil veinte. Del Banco Monex, Sociedad Anónima, Banco Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Scotia Inverlat Casa de Bolsa, Sociedad Anónima de Capital Variable: - La ejecución o aplicación al quejoso de las disposiciones legales que implican estar en la lista de personas bloqueadas. - La ejecución e instrucción u orden de suspensión de todo acto, operación, servicio y/o disposición de recursos en donde el quejoso aparezca como titular, cotitular, firmante y/o autorizado, fideicomitente, representante legal y/o apoderado en alguna institución de crédito. - El cumplimiento, acatamiento y ejecución del oficio 110/F/B/3200/2020, de tres de junio de dos mil veinte. Por lo mismo, respecto de dicho acto versará el estudio de la procedencia y, en su caso, de fondo del juicio de amparo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presidente de la República, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión, Secretario de Hacienda y Crédito Público, Banco Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, al rendir sus informes con justificación reconocieron la existencia de los actos que se les atribuyen. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1995, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fue omisa en rendir su informe de ley, no obstante de estar debidamente notificado para ello, según se advierte del acuse de recibo del oficio 12220/2020 (31641/2020) que obra agregado en autos; por tanto, en términos del cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por presuntivamente ciertos los actos que se les imputan, por lo que hace a tal autoridad. Comunicado en el que además de notificarle la admisión del juicio de amparo en que se actúa, se les requirió por el informe justificado en relación a los actos reclamados, sin que lo hubiera atendido. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 26, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DE ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO)". De igual forma, el Banco Monex, Sociedad Anónima, no se pronunció expresamente respecto de la existencia o inexistencia de los actos que se le atribuyen, los cuales quedaron precisados en el considerando segundo; por consiguiente, debe de tenerse como presuntivamente cierto. Tiene sustento a lo anterior, en la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 193- 198 Primera Parte, página 106, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO. DEBEN PRESUMIRSE CIERTOS LOS ACTOS SI NO SE EXPRESA SI SON O NO CIERTOS. De acuerdo con lo establecido por el artículo 149 de la Ley de Amparo, deben presumirse ciertos los actos reclamados cuando la autoridad responsable no rinde informe justificado, lo que no sólo se presenta cuando materialmente no se rinde dicho informe, sino también cuando, habiéndose presentado, en él simplemente se transcriben los actos reclamados en la demanda, sin manifestarse si los mismos fueron o no ciertos.". Además, atendiendo al contenido de los artículos 86 (aplicado stricto sensu) y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, la existencia de los actos imputados a dichas responsables, se corrobora con la publicación del propio ordenamiento legal, en el Periódico Oficial en el cual se advierte la participación de las autoridades mencionadas. Sobre este punto, resulta aplicable, por analogía, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 260, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.". También aplica, el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicado en el órgano de difusión ya indicado, Tomo 65, Primera Parte, Séptima Época, página 15, que es del tenor siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba.". Asimismo, la autoridad responsable Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su informe justificado, señaló que derivado del contenido del acuerdo 74/2020 de veintinueve de mayo de dos mil veinte, instruyó poner a disposición de las entidades financieras, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el nombre de la parte aquí quejosa, que fue introducida en la lista de personas bloqueadas, a efecto que procedieran a suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones y servicios con los clientes o usuarios, imposibilitando tanto de abrir nuevas cuentas como la cancelación de las vigentes, así como impedir la disposición de los recursos que éstas últimas contengan, incluyendo los casos en que la persona designada apareciera como titular, cotitular, firmante y/o autorizado, fideicomitente, representante legal y/o apoderado, instrucción que ordenó ejecutar mediante oficio 110/F/B/3200/2020. Debido a lo anterior, la autoridad responsable indica que el bloqueo de cuentas bancarias es consecuencia de su inclusión en la lista de personas bloqueadas, misma que se realizó como un mecanismo de cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prevención a la probable comisión y/o continuación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de estudio preferente y de orden público, por así disponerlo expresamente el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente, de conformidad con lo sustentado por la jurisprudencia número 814 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, Tomo VI, Parte TCC, Apéndice de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En ese sentido, el Presidente de la República, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, al rendir su informe justificado, manifestaron que debe sobreseerse en el presente juicio, porque el quejoso antes de acudir al juicio de amparo, debió hacer valer su garantía de audiencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera, en atención a lo dispuesto en la Disposición de Carácter Genera 73. Es infundada dicha causal, ya que el quejoso hace valer una violación directa al artículo 16 de la Constitución Federal que consagra el derecho fundamental de legalidad, lo cual actualiza el supuesto de excepción a que hace referencia el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que indica que no es necesario acudir a los medios ordinarios de defensa en el caso de que se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal. Consecuentemente, contrario a lo que manifiesta la autoridad responsable, en este caso no era necesario que el quejoso observara el principio de definitividad, dado que se actualiza la excepción que prevé el artículo en análisis. Lo dicho encuentra soporte en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca.". Además, también resulta infundada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 108, fracciones III y VII, hecha valer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque dice que la parte quejosa no controvirtió las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito Público; dado que del contenido del libelo constitucional, sí fueron formulados conceptos de violación en su contra, además de que dicha circunstancia será materia de análisis del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. Agotado el estudio de las causales de improcedencia invocadas por las autoridades responsables, y al no advertirse, de oficio, que opere otra diversa, procede examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada en los conceptos de violación, cuya falta de transcripción no transgrede las normas que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o de escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SEXTO. Estudio del acto reclamado. Son inoperantes los conceptos de violación consistentes en la promulgación, discusión, aprobación y expedición de la Ley de Instituciones de Crédito, en específico su artículo 115, párrafos noveno y decimoprimero por lo que respecto a dichos actos procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal; por otra parte, son fundados los conceptos de violación en sentido que el bloqueo de cuentas bancarias se emitió en contravención al derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica. En el entendido que por razón de técnica jurídica en primer lugar se atenderán los conceptos de violación inoperantes y posteriormente aquellos que resultan fundados. La parte quejosa reclama la promulgación, discusión, aprobación y expedición de la Ley de Instituciones de Crédito, en específico su artículo 115 párrafos noveno y decimoprimero, los cuales se estiman inoperantes, pues en el caso, existe criterio obligatorio para este órgano jurisdiccional, dado que la Suprema Corte declaró la validez del dispositivo cuestionado y, por ende, no procede someterlo a un nuevo control constitucional. Lo precedente en la jurisprudencia 2a./J. 46/2018 (10a.) del rubro y texto siguientes: "ACTOS, OPERACIONES O SERVICIOS BANCARIOS. SU BLOQUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE REALIZA PARA CUMPLIR COMPROMISOS INTERNACIONALES INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). El precepto referido al prever que las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas, contiene una medida cautelar de índole administrativa, la cual, para ser válida en relación con el principio constitucional de seguridad jurídica, de su regulación habrá de advertirse respecto de qué tipo de procedimiento jurisdiccional o administrativo se implementa. En consecuencia, debe realizarse una interpretación conforme del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito a efecto de que sea acorde con el principio constitucional mencionado, de la siguiente manera: a) La atribución únicamente puede emplearse como medida cautelar relacionada con los procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por nuestro país, lo cual se actualiza ante dos escenarios: i) Por el cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México, en la cual se establezca de manera expresa la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras; o ii) Por el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o por una agrupación intergubernamental, que sea reconocida con esas atribuciones por nuestro país a la luz de algún tratado internacional. b) Sin embargo, la atribución citada no puede emplearse válidamente cuando el motivo que genere el bloqueo de las cuentas tenga un origen estrictamente nacional, pues al no encontrarse relacionada con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, resultaría contraria al principio de seguridad jurídica.". En la ejecutoria de la que derivó dicha jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que la porción normativa, también aquí impugnada, sí presenta una problemática de validez constitucional, en tanto si bien contiene una medida de naturaleza cautelar lo cierto es que no precisa a qué procedimiento responde el bloqueo en cuestión. Sin embargo, dicho tribunal constitucional precisó que ello no implica que el marco normativo reclamado sea inconstitucional, pues consideró que es posible realizar una interpretación conforme del mismo. En ese sentido, concluyó que el artículo reclamado no será acorde con el principio de seguridad jurídica cuando el bloqueo de cuentas se realiza para cuestiones estrictamente nacionales, en tanto en estos supuestos, efectivamente la medida cautelar no se impondría en relación con un procedimiento específico y determinado, aspecto que trastocaría su validez constitucional. Por el contrario, indicó que el bloqueo es constitucional cuando se realiza para cumplir compromisos internacionales. De ahí que, se insiste, este órgano jurisdiccional estima que está imposibilitado jurídicamente para realizar un nuevo control constitucional del precepto legal impugnado, dado que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo una interpretación conforme, se pronunció respecto la validez del mismo en determinada hipótesis, pero sin considerarlo inconstitucional, sino limitando sus alcances y aplicación. Entonces, considerar lo contrario implicaría contrariar la naturaleza de sus resoluciones como "definitivas e inatacables", lo que resultaría adverso al orden constitucional. Siendo que dicha jurisprudencia sólo puede ser analizada en una contradicción de tesis, lo que en la actualidad se encuentra en trámite, esto es, en la contradicción de tesis 42/2020, misma que al momento que se emite la presente sentencia se encuentra pendiente de resolución por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo órgano de control de la regularidad constitucional y convencional de los actos emitidos por las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones y, como garante primordial del texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es susceptible de sujetarse a control constitucional por un órgano de menor jerarquía; desconocer lo anterior significaría ejercitar un medio de control de regularidad sobre otro más, esto es, si a través de un juicio de amparo o de un recurso de revisión se plantea la inconstitucionalidad de una jurisprudencia (o criterio obligatorio como es el caso) emitida por el Alto Tribunal, ello implicaría un contrasentido, ya que con el pretexto de analizar su supuesta inconstitucionalidad lo que en realidad se haría es modificar una decisión ejecutoriada, la cual goza además de las características de ser definitiva e inatacable. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 64/2014 (10a.), de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA.". En razón a lo anterior, procede declarar inoperantes los conceptos de violación encaminados a controvertir la porción normativa, al existir criterio obligatorio que da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado. Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 14/97, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.". Sin que en el caso se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la ley de la materia, para suplir la deficiencia de la queja, habida cuenta que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, a partir de un análisis de control constitucional realizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se declaró la hipótesis de su validez y en qué caso resulta inconstitucional el bloqueo de cuentas bancarias; de ahí que, resulta improcedente suplir la deficiencia en los agravios dado que la porción normativa, bajo una interpretación conforme, es compatible con el orden constitucional según criterio de observancia obligatoria para este juzgado. Debido a lo anterior, se estima procedente negar el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados al Presidente de la República, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión, y Secretario de Hacienda y Crédito Público, precisados en el considerando segundo de esta resolución. SÉPTIMO. Es fundado el concepto de violación formulado por la parte quejosa consistente en que el bloqueo de cuentas bancarias se emitió en contravención al derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica. La parte quejosa aduce esencialmente, que la autoridad responsable Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vulnera en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que para que la orden de bloqueo de cuentas bancarias reclamada sea constitucionalmente valida, habrá de contar con documentación que soporte la existencia de una petición expresa de realizar el bloqueo de cuentas, emitida por autoridades extranjeras u organismos internacionales de conformidad con un tratado bilateral o multilateral, que cuenten con atribuciones en la materia y competencia para realizar una solicitud de esa índole, lo anterior, con el objeto de cumplir con lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; asimismo, señala que lo que en realidad realizó la Unidad de Inteligencia Financiera fue una investigación dentro del ámbito nacional, facultades que únicamente le corresponden al Agente del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 21 del Pacto Federal. Lo anterior es fundado, pues el actuar de la responsable vulneró el derecho fundamental de legalidad, previsto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se explica. En primer lugar, como premisa legal se indica que el derecho fundamental de legalidad se encuentra previsto en el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". El derecho de la legalidad, consiste, independientemente de la seguridad jurídica que entraña, en la obligación que tienen todas las autoridades de ajustarse a los preceptos legales que norman sus actividades y a las atribuciones que la ley les confiere, al expedir cualquier orden o mandato que afecte a un particular en su persona o en sus derechos; es decir, el derecho de legalidad requiere sustancialmente que las autoridades se atengan precisamente a la ley, en sus procedimientos y en sus decisiones. Por su parte, la seguridad jurídica, es la prerrogativa dada al individuo de que su persona, sus bienes y derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y reparación. En general, los derechos de seguridad jurídica son limitaciones de procedimiento a la autoridad para afectar a un gobernado. En el entendido que se entiende por fundamentación como la cita precisa de las disposiciones legales aplicables al caso concreto y, motivación, la expresión de las razones o causas que se hubieren tenido en consideración para el pronunciamiento del acto combatido; además, debe existir congruencia entre los motivos expuestos y los preceptos aplicados. En apoyo se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Ahora bien, para que un bloqueo de cuentas bancarias, emitido en términos del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, por la Unidad de Inteligencia Financiera, sea legal -fundado y motivado- la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que de la interpretación conforme del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, se obtiene que dicho precepto, al prever que las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas, contiene una medida cautelar de índole administrativa, la cual, para ser válida en relación con el principio constitucional de seguridad jurídica, de su regulación habrá de advertirse respecto de qué tipo de procedimiento jurisdiccional o administrativo se implementa. En consecuencia, debe realizarse una interpretación conforme del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito a efecto de que sea acorde con el principio constitucional mencionado, de la siguiente manera: a) La atribución únicamente puede emplearse como medida cautelar relacionada con los procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por nuestro país, lo cual se actualiza ante dos escenarios: i) Por el cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México, en la cual se establezca de manera expresa la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras; o ii) Por el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o por una agrupación intergubernamental, que sea reconocida con esas atribuciones por nuestro país a la luz de algún tratado internacional. b) Sin embargo, la atribución citada no puede emplearse válidamente cuando el motivo que genere el bloqueo de las cuentas tenga un origen estrictamente nacional, pues al no encontrarse relacionada con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, resultaría contraria al principio de seguridad jurídica. En conclusión, a efecto que un bloqueo de actos, operaciones o servicios bancarios emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, es constitucional cuando se realiza con los siguientes requisitos: a) cumplir compromisos internacionales, como lo es, una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueron reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado mexicano. b) Al tratarse de un supuesto excepcional, dicha autoridad habrá de contar con documentación que sustente la existencia de una solicitud expresa de realizar el bloqueo de cuentas, formulada por una autoridad extranjera u organismo internacional que cuente con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole acorde justamente a un tratado bilateral o multilateral. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 87/2019 (10a.), del rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.". Hipótesis que no se encuentran actualizadas, pues al rendir su informe justificado, la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señaló que consideraba que sí se encontraba en los parámetros para que no surtiera efectos la suspensión del acto reclamado, pues informó que el acuerdo 74/2020 por el que se incluyó a la lista de personas bloqueadas a la parte quejosa, constituye una medida cautelar producto del trabajo conjunto de colaboración y cooperación internacional, que busca en el caso concreto, a través de las facultades que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, la detección y prevención del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; aunado a que tal facultad se relaciona directamente con la obligación que tienen el Estado Mexicano, a través de sus autoridades, de dar cumplimiento, en términos de la Convención de Viena, a las obligaciones de carácter bilateral y multilaterales asumidas, tal y como lo son la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena) la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada (Convención de Palermo), la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (Convención de Mérida) la Declaración Sobre Seguridad en las Américas y en términos de la aceptación de pleno de derecho del Estado Mexicano en junio del año dos mil, como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la obligación de cumplimentar las 40 recomendaciones y directrices que ésta ha emitido, en específico las relativas al decomiso y medidas provisionales para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del Sistema Financiero, estas últimas vistas como determinaciones emitidas por una agrupación intergubernamental. Es decir, la Unidad de Inteligencia Financiera explica que el origen del acuerdo 74/2020 responde a la solicitud de cooperación internacional que se le llevó entre la UIF y diversa agencia del Gobierno de los Estados Unidos, la cual se originó con el único objetivo de prevenir la comisión y/o continuación del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de las personas directamente investigadas por dicha agencia internacional, lo anterior, en pleno cumplimiento de lo que dispone el artículo 133 Constitucional, 26 y 27 de la Convención de Viena sobre los Tratados Internacionales; las recomendaciones 4, 38, 40 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); la Nota Interpretativa de las Recomendaciones 4, 38 y 40 del GAFI; 6, 7, párrafo 1, inciso b) y 12 párrafo 2 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada (Convención de Palermo); artículos 14, número 1, inciso b) y numeral 4, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida) y los planes de acción del grupo de expertos para el control del Lavado de activos (GELAVEX) específicamente el estudio de identificación de mecanismos de cooperación internacional (formales e informales). Por lo que la autoridad responsable Unidad de Inteligencia Financiera, indica que la emisión del acuerdo 74/2020 por el que se ordenó la inclusión de la parte quejosa a la lista de personas bloqueadas, deriva del cumplimiento a los estándares de colaboración internacional tratándose de la prevención del delito que tiene impacto en los Estados Unidos Mexicanos y fuera de las fronteras, de la legislación aplicable y de las obligaciones de carácter bilateral y multilateral asumidas por México, en las cuales se establece el deber compartido de implementar este tipo de medidas que coadyuven a la prevención y combate al delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En conclusión, la autoridad indicó que el origen del acuerdo 74/2020 respondió al cumplimiento de obligaciones de carácter bilateral y multilateral asumidas por México, razón por la cual expuso que estimaba que se encontraba dentro de la hipótesis de legalidad indicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del referido artículo. No obstante, este órgano de control constitucional, como bien lo señala la parte quejosa en su demanda de amparo, advierte que, contrario a lo señalado por la autoridad responsable Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su actuar no se encuentra dentro del supuesto de excepción de legalidad. Se afirma lo anterior, ya que del análisis realizado al oficio de veintiuno de mayo de dos mil veinte, únicamente se advierte que la Agencia de los Estados Unidos de América solicitó al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera su asistencia sobre una investigación sobre lavado de activos en contra de diversas personas, entre las que se encuentra la parte quejosa Rafael García García. Empero, no contiene ninguna solicitud de realizar el bloqueo de las cuentas bancarias de la citada quejosa o de personas relacionadas con ella. De esta forma, contrario a lo señalado por la autoridad responsable Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la inclusión de la parte quejosa en la lista de personas bloqueadas contenida en el acuerdo 74/2020, no se advierte que se encuentre en la hipótesis dotada de validez reconocida jurisprudencialmente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por ende, no se justificó el requerimiento contenido en el oficio 110/F/B/3200/2020 de cuatro de junio de dos mil veinte, por el cual comunica a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la lista de personas bloqueadas contenidas en el acuerdo 74/2020, entre las que se encuentran como investigados la parte quejosa, por lo que el actuar de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de ordenar la suspensión de forma inmediata de cualquier acto, operación o servicio relacionado, así como imposibilitar tanto de abrir nuevas cuentas como la cancelación de las vigentes, e impedir la disposición de los recursos que contengan, es violatorio del derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica, previsto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ende, la orden de bloqueo contenida en el acuerdo 74/2020 emitido por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, es contrario al derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica, consagrados en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que debe concederse el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. En ese contexto, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, contra la inclusión que fue objeto en la lista de personas bloqueadas a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, mediante acuerdo 74/2020; lo anterior, con motivo a la solicitud realizada por la Agencia de los Estados Unidos de América el veintiuno de mayo de dos mil veinte. Para restituir a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica, previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá: - Dejar sin efectos el acuerdo 74/2020, únicamente por lo que se refiere a la parte aquí quejosa, o personas relacionadas con ella y que con motivo de ello se hubieren bloqueados las cuentas bancarias materia de este juicio, así como el requerimiento contenido en el oficio 110/F/B/3200/2020. Comunicar tal circunstancia a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que ésta a su vez, lo informe a la institución de crédito que tiene el carácter de ejecutora en el presente juicio de amparo. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución del acuerdo 74/2020, consistente en el oficio 110/F/B/3200/2020, por el que el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el aseguramiento, inmovilización, intervención o bloqueo de todas las cuentas bancarias, de inversión, cajas de seguridad, así como de las inversiones en casa de bolsa y de cualquier depósito o saldo en cualquier institución de crédito en favor de la parte quejosa y su retransmisión de la citada Comisión a las instituciones bancarias correspondientes, únicamente por cuanto hace a la parte quejosa, para el efecto de que las autoridades responsables, dentro de su ámbito de competencia, los dejen sin eficacia jurídica. Lo precedente, pues dichos actos se reclaman como consecuencia de la ejecución de la orden de bloqueo emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no por vicios propios; de ahí que si se estimó actualizada una violación al derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica con la emisión de la orden de bloqueo de cuentas bancarias, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que tienden a su ejecución. Lo anterior, a fin de lograr una restitución total de los derechos que indebidamente le fueron afectados a la quejosa con la emisión de la orden de bloqueo reclamado que contiene la lista de personas bloqueadas, pues, es claro que todas las actuaciones con apoyo en el mismo considerado inconstitucional, son fruto de un acto viciado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial que aparece publicada a foja 280 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 121-126 Sexta Parte, que dice: "ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.". En el entendido que lo precedente, sólo es respecto a la inclusión a la lista de personas bloqueadas que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, realizado a la parte quejosa, con motivo a la solicitud realizada por la Agencia de los Estados Unidos de América, el veintiuno de mayo de dos mil veinte; sin embargo, si existe diversa inclusión o bloqueo realizado con motivo a distinta solicitud, la presente concesión no implicará su levantamiento, por no ser materia de análisis en este juicio de amparo. En virtud de la conclusión alcanzada, resulta innecesario el estudio de los demás argumentos planteados por la parte quejosa, en tanto que no obtendría mayor beneficio del aquí otorgado. Cabe aclarar que la totalidad de los criterios jurisprudenciales que se han invocado a lo largo de este fallo, no se oponen a la Ley de Amparo vigente, por lo que se aplicaron con sustento en el artículo sexto transitorio de dicha legislación actual. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a Rafael García García, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Rafael García García, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta resolución, por las razones expuestas en el considerando último de esta sentencia, para los efectos ahí precisados. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo remite copias certificadas de una constancia de emplazamiento y una de notificación emitida en el juicio de origen; al respecto, se provee: agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta y tomando en consideración que no remitió copias certificadas de todas las constancia de emplazamiento, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo Vigente, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en términos del tercero transitorio de dicho ordenamiento, se requiere nuevamente requiérase a la JUNTA ESPECIAL NÚMERO 17 FEDERAL DE CONCILIACCIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE JALISCO Y ACTUARIO NOTIFICADOR ADSCRITO A LA MISMA, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo, bajo apercibimientode ley cumplan con lo requerido

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