Fatima del Rosario Bojorquez Dzul

Expediente 2717/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2717/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
02/01/2023

Partes del expediente

  • Fatima del Rosario Bojorquez Dzul

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VIII.- Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por *** contra actos del Tribunal de los trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de Yucatán y otras autoridades, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en esta sentencia. SEGUNDO. En acatamiento a lo dispuesto en este fallo, captúrese el día se su publicación la presente sentencia en su versión pública, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. TERCERO. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal con rubro: DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". CUARTO. Se suprime la impresión de esta sentencia por los motivos expuestos en el considerando octavo de la misma. NOTIFIQUESE.

  2. Principal

    MESA I.- Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, transcribe el acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veintidós, en autos del incidente de revisión 455/2022, del que se advierte que ordenó el archivo del mismo por haberse desechado dicho recurso.

  3. Principal

    MESA II. I.SE RECEPCIONA DETERMINACIÓN DE RECURSO DE QUEJA. Agréguense a los presentes autos el oficio ********************de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, suscrito por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que remite la resolución emitida en sesión de veintisiete de octubre del año en curso, en el toca ******************** formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable Gobernador del Estado de Yucatán en contra el acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, resolución de la que se desprende que dicho Tribunal de Alzada, en su primer punto resolutivo declaró FUNDADO el recurso de queja interpuesto por la autoridad en comento, por las razones y motivos que en esa resolución expone. ACUSESE RECIBO AL TRIBUNAL DE ALZADA. II. SE LEVANTA SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO. En tal virtud, se procede a levantar la suspensión del procedimiento decretada en este juicio de amparo. Ahora bien, como se indica en la resolución de mérito, éste Juzgado provee lo conducente respecto al desechamiento de la demanda de amparo que dio origen a este juicio de amparo, en el cual se advierte que por una parte se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." De lo anterior, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos que o afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. En el presente asunto, se observa que la parte quejosa reclamó del Gobernador del Estado de Yucatán, en esencia: La omisión de aplicar reglas y criterios claros para establecer el perfil idóneo para la integración de las ternas de candidatos para ocupar el cargo de magistrado ene l Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, así como las propuestas de ternas para la elección de Magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, y el procedimiento de selección y designación de Magistrados. El quejoso adujo que ostenta el cargo de Juez de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, ratificado para un tercer período a partir del dos de junio de dos mil veintidós al primero de junio de dos mil veintiséis. Por lo expuesto en líneas precedentes referente a la causal de improcedencia, se advierte que la parte quejosa carece de interés legítimo para reclamar las propuestas de ternas para ocupar cargos de magistrados, pues aun cuando señaló que tiene el cargo de Juez de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, lo concreto es que su pretensión se asentó en una situación hipotética que no reproduce una situación distinta a la pretensión genérica del resto de los gobernados o incluso del resto de los funcionarios que conforman el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Por lo que, aunque el amparista pertenezca al Poder Judicial del Estado, lo correcto es que al igual que los demás gobernados y sus propios compañeros solo cuenta con una expectativa para que el Gobernador del Estado lo tome en consideración para formar parte de las personas que integran las ternas de candidatos que se someten a consideración del Congreso del Estado para poder ser designado Magistrado, pues conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, la selección de ternas es una facultad discrecional del Gobernador del Estado de Yucatán. De ahí que se actualiza la citada causal de improcedencia, debida a la carencia del interés legítimo del quejoso para reclamar del Gobernador del Estado de Yucatán los actos por los cuales se adolece. Sirve de apoyo, por identidad de razón la jurisprudencia 2a./J.24/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE, YA QUE EL QUEJOSO CARECE DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA CONTROVERTIRLO, AUNADO A QUE CONSTITUYE UN ACTO SOBERANO DEL CONGRESO DEL ESTADO. Los nombramientos de magistrado del Poder Judicial del Estado de Colima serán hechos por el Gobernador del Estado y sometidos a la aprobación del Congreso Local, de conformidad con los preceptos 34, fracción XXII, 58, fracción XI, 70 y 75 de la Constitución y el numeral 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos de dicha entidad federativa, siempre y cuando tales nombramientos cumplan con los requisitos previstos por el artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima. Ahora bien, si el quejoso promueve juicio de amparo contra tal nombramiento con base en que, a su decir, cumple con los requisitos establecidos por la Constitución local para ocupar dicho cargo, entonces, se advierte que el promovente carece de un interés legítimo para controvertirlo y, por ende, el juicio de amparo es improcedente contra tales actos, ya que su pretensión se basa en una expectativa o situación hipotética que no genera una situación distinta a la pretensión genérica del resto de los gobernados. En efecto, en el supuesto de cumplir con los requisitos para ocupar tal nombramiento, es condición necesaria que el Gobernador lo tome en cuenta para ocupar dicho cargo, sin que con el otorgamiento del amparo se garantice que sea nombrado como magistrado o que el Gobernador lo tome en cuenta para tal efecto. De ahí que se actualiza la causa de improcedencia contra tales actos prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, el juicio es improcedente contra el acto reclamado del Congreso del Estado relativo a la elección de magistrado del Tribunal Superior de Justicia, pues el mismo deriva del ejercicio de su facultad soberana, sin que tal decisión del órgano legislativo deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. Lo anterior es así, pues aun cuando el titular del Poder Ejecutivo Local intervenga en el citado procedimiento, lo cierto es que el Congreso del Estado es quien lleva a cabo la aprobación del nombramiento otorgado por aquél, sin injerencia de algún otro ente o poder público. De ahí que también se actualice la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción VII, de la legislación de la materia. Con base en los razonamientos expuestos, se considera que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el procedimiento de selección y nombramiento de magistrado del Poder Judicial de la entidad federativa mencionada." Nota: Lo subrayado es de este Juzgado. Ahora bien, se advierte una diversa causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que al impugnar actos relacionados con el procedimiento de selección y nombramiento de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, el Congreso cuenta con independencia para adoptar sus decisiones, por así disponerlo la Constitución Política del Estado de Yucatán, dado que tal decisión no tiene que ser sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona un organismo diverso, sino que la facultad le corresponde al Legislativo, esto es, con plena libertad para decidir acerca de la persona que será designada como Magistrada o Magistrado, con apoyo en la jurisprudencia de rubro: "MAGISTRADOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS. SU ELECCIÓN ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA." Por lo anterior, se concluye que atendiendo a la legislación del Estado de Yucatán, el acto reclamado actualiza el supuesto de acto soberano, al ser emitido en uso de las facultades discrecionales que la constitución local le otorga al Congreso del Estado; razón por la que, con independencia de que el quejoso carece de interés legítimo, de cualquier manera, el juicio resulta improcedente en atención a la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los dispositivos 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, aunado a que la designación de Magistrados y Magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Yucatán, es un acto soberano del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, contra el cual el presente juicio constitucional resulta improcedente. Los artículos previamente invocados disponen lo siguiente: Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente;" Constitución Política del Estado de Yucatán. Artículo 66.- Las propuestas para ocupar el cargo de Magistrada y Magistrado del Poder Judicial deberán considerar a personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la procuración o la impartición de justicia o en la carrera judicial o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, de conformidad con el siguiente procedimiento. La o el titular del Poder Ejecutivo formulará una terna que enviará al Congreso del Estado para que, una vez analizadas las propuestas y dentro del plazo de treinta días naturales, proceda a designar a una Magistrada o Magistrado con el voto de la mayoría de los miembros presentes en la sesión. Se deroga. Se deroga. Se deroga." (.) "Artículo 68.- El cargo de Magistrado y de Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, sólo es renunciable por causa grave calificada por el Congreso del Estado o en los recesos de éste, por la Diputación Permanente. Las ausencias accidentales, temporales o absolutas de los Magistrados y de los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, serán suplidas en la forma que establezca la ley. Es causa de retiro forzoso de las Magistradas y los Magistrados y de las Consejeras y los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, cumplir quince años en el cargo de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o treinta años al servicio del estado o padecer incapacidad, ya sea física o mental, que impida desempeñar el encargo, en la forma que dispongan las leyes. Las Magistradas y los Magistrados que se encuentren en el supuesto de retiro forzoso tendrán derecho al haber por retiro, en términos de la ley. Los Magistrados, Consejeros de la Judicatura, Jueces y Secretarios del Poder Judicial del Estado, no podrán, en ningún caso, aceptar o desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos en instituciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. Las personas que hayan ocupado el cargo de Magistrado, Consejero de la Judicatura o Juez del Poder Judicial del Estado, no deberán, dentro del año siguiente a la fecha de conclusión del cargo, cualquiera que fuere la causa del mismo, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con las excepciones que establezca la ley. Los impedimentos previstos en este artículo serán aplicables a los servidores públicos con licencia." De la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos soberanos del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen de las Legislaturas de las entidades federativas o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes entendiéndose por ellos las resoluciones o declaraciones emitidas en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones Correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Por su parte, los artículos 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Yucatán regula el proceso de designación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de esta entidad federativa y establece las características del cargo por cuanto hace a las causas de renunciabilidad, suplencias por ausencia accidental, temporal o absoluta, retiro forzoso, haberes de retiro, así como la imposibilidad de desempeñar otros empleos o funciones públicas o privadas e impedimentos para intervenir como abogados patronos o representantes en procesos judiciales de la entidad, hasta pasado un año a partir de la fecha de conclusión del encargo. De los numerales antes citados se advierte que la designación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Yucatán es un acto soberano del Congreso de la entidad federativa, puesto que goza de independencia en su ejercicio y no requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones, refuerza lo anterior que los numerales 66 y 68 de la Constitución del Estado, no exige que la elección deba ser sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso, ello con independencia de que no el citado ordenamiento jurídico ni alguna otra disposición mencione de manera textual o expresa que el Congreso Local tiene un facultad soberana y discrecional para aprobar ese tipo de nombramientos. En ese sentido, en atención al procedimiento de designación de magistrados previsto en el artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, se advierte que la o el titular del Poder Ejecutivo formulará una terna que enviará al Congreso del Estado para que, una vez analizadas las propuestas y dentro del plazo de treinta días naturales, proceda a designar a una Magistrada o Magistrado con el voto de la mayoría de los miembros presentes en la sesión, conforme a lo cual si bien en el proceso de designación interviene la o el titular del Poder Ejecutivo, pues corresponde a este formular la propuesta de terna para la designación de magistrados, le Congreso del Estado es quien decide en última instancia y sin someter su sanción, aprobación o ratificación a la potestad de algún otro ente, organismo o Poderes para los que se divide el ejercicio del Poder Público del Estado. Por lo anterior, se concluye que el acto de designación de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Yucatán, materia de impugnación, constituye un verdaderos acto soberano del Congreso de la entidad federativa respectiva, en contra del cual es improcedente el juicio de tutela de derechos humanos en términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Refuerza lo anterior, la jurisprudencia numero 2a./J. 25/2020 (10a), registro digital 2022075, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 493, Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "MAGISTRADOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. SU ELECCIÓN ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Hechos. Los Tribunales Colegiados contendientes analizaron si resulta aplicable o no la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para sobreseer en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 61, fracción VII, de la ley de la materia, en aquellos casos en los que el acto reclamado consiste en el procedimiento y la designación de Magistrados de las entidades federativas, aun cuando dicha tesis se haya emitido al examinar la legislación del Estado de Jalisco. Criterio jurídico. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.), determinó que el juicio de amparo es improcedente en contra de la elección de Magistrados por parte del Congreso del Estado de Jalisco, porque es un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales; criterio que resulta aplicable al resto de las entidades federativas, que tengan previsto un sistema igual para el nombramiento de magistrados, con independencia de las similitudes o diferencias que existan entre las legislaciones respectivas. Justificación: Lo anterior, en virtud de que el eje fundamental que orienta a esa tesis deriva de lo que se entiende como acto soberano, a saber, aquel que se lleva a cabo cuando quien ejerce la facultad, goza de independencia y no requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones, es decir, siempre y cuando las Constituciones o leyes locales los faculten para realizar la elección sin que tal decisión deba ser sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso; incluso cuando ni la Constitución Local ni alguna otra disposición mencionen de manera textual o expresa que el Congreso Local tiene una facultad soberana y discrecional para aprobar ese tipo de nombramientos." De ahí que se actualiza de forma notorio y manifiesta la causales de improcedencia previamente expuestas, derivadas de las fracciones VII y XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo en términos del artículo 113 del mismo ordenamiento. III. PROMOCIONES PENDIENTES DE ACORDAR. Memorial signado por la parte quejosa ******************** (con numero registro 18082) Agréguese a los presentes autos el escrito signado por la parte quejosa mediante el cual con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, incisos a) y b) de la Ley de Amparo, informa sobre personas que le asisten el carácter de terceros interesados en el presente juicio de amparo y pide que se solicite a la autoridad responsable para que señale el domicilio donde puedan ser notificadas las personas nombradas en su ocurso de mérito a fin de que se impongan del juicio en cuestión. En su atención, no ha lugar a lo que pretende toda vez que por lo expuesto en la primera y segunda parte de la presente determinación, la demanda que dio origen al presente juicio constitucional fue desechada en atención a la ejecutoria pronunciada por la multicitada Superioridad. Informes justificados rendidos por las autoridades responsables Directora Jurídica del Poder Legislativo del Estado, en representación del Congreso del Estado, así como por el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán, en representación del Gobernador del Estado. (números de registros 18384, 18707 y 19132) Glósense a los presentes autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables en comento, y visto lo anterior, no se realiza mayor pronunciamiento toda vez que la demanda de mérito fue desechada por las razones antes expuestas. Por otra parte, se tiene como domicilios para oír y recibir notificaciones de las citadas responsables nombradas, los señalados en sus informes de cuenta y con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a los que nombran en dichos ocursos. De igual manera, en cuanto a la solicitud de uso de medios electrónicos, hágase de conocimiento de las autoridades responsables que en el auto inicial se autorizó a las partes el uso de los mismos. Finalmente, de una revisión de autos se advierte que el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, admitió a trámite los recursos de revisión interpuesto contra la interlocutoria de trece de junio de los presentes, así como el recurso de queja contra el auto de veintiocho de junio del año actual, ambos interpuestos por la parte quejosa ********************, formándose los tocas ******************** y ********************, respectivamente, por tanto resérvese hacer pronunciamiento en cuanto al archivo del presente expediente hasta en tanto se reciba la resolución de los medios de impugnación antes precisados, por lo que comuníquese lo anterior mediante atento oficio a la citada Superioridad para los efectos legales correspondientes. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

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