Fatima Daniela Espinoza

Expediente 976/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
976/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Fatima Daniela Espinoza
  • Miguel Alexander Melendez Enriquez
  • Mariana Estefani Alfaro Belaske

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, catorce de junio de dos mil veintidós. Vista el estado que guardan los autos, por medio del cual mediante proveído de veintinueve de mayo del presente año, se requirió a la parte promovente, para que manifestara si era su deseo continuar con la tramitación de la demanda de amparo por lo que hace al quejoso Noé Adonay Oseguera Hernández; esto, en virtud de no haber sido localizado por parte del fedatario judicial adscrito, para que ratificara la demanda de amparo, sin que a la fecha haya desahogado dicho requerimiento. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó en el citado proveído de veintinueve de mayo de este año y con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda por lo que respecta al citado quejoso; en mérito de lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas a favor del mismo. .. En otro contexto, téngase por recibido el oficio INM/ORTAM/ORLREY/DAJ/0557/2022, signado por el Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, por el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en autos, rinde su informe de suspensión de plano, y niega los actos reclamados que se le atribuyen, en virtud de que no tiene a disposición a los extranjeros que menciona en su oficio; en consecuencia, agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento, el oficio de cuenta, toda vez que mediante proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintidós y en párrafos precedentes, se tuvo por no presentada la demanda de amparo por lo que respecta a los quejosos relacionado en el presente juicio de amparo. Notifíquese. ...

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintinueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, en favor de ********************, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, residente en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en los artículos 15, 17, fracción IV, 20 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 976/2022-IV, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, en la demanda se expresa que la parte quejosa se encuentra en la Estación Migratoria de la Delegación Regional de Migración de esta ciudad, siendo objeto de actos privativos de su libertad, y que puede ser deportada del país; y, se solicita el otorgamiento de la suspensión correspondiente. SUSPENSIÓN DE PLANO Por lo anterior, en términos de los artículos 125, 126, 160 y 164 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, para el efecto de que la autoridad responsable migratoria, de no existir causa legal diversa que lo impida, instruya la inmediata libertad de ********************, sin garantía económica alguna, dada su calidad migratoria, siempre y cuando haya colmado los restantes requisitos para tal medida ante la autoridad migratoria. De igual forma, la suspensión otorgada tiene como efecto que deberán cesar los actos de detención, incomunicación, deportación, aseguramiento, alojamiento, expulsión, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; en la inteligencia de que la presente medida cautelar no surtirá ningún efecto si diversa autoridad de amparo se pronunció sobre tales actos. Igualmente, para que se respeten los derechos que como persona extranjera tiene la parte quejosa dentro del procedimiento administrativo que se le instaura; asimismo, que se le brinde la atención médica que, en su caso, requiera respecto de algún problema de salud que presente, para lo cual, la autoridad responsable deberá remitir copia certificada de las constancias con las que acredite haberla otorgado. Ello no implica que la parte quejosa pueda circular libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerán; luego, la medida cautelar únicamente permite a los agraviados circular en esta localidad. También debe mencionarse que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si la parte quejosa no acredita que inició el trámite respectivo para regularizar su estancia migratoria en el país, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrá ser detenida por cuestiones administrativas relacionadas con ese tema. En mérito de lo anterior, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que se constituya en las instalaciones en las que refiere la parte promovente se encuentra retenida la parte quejosa, y dé fe de las condiciones físicas en que se encuentra; asimismo, en el acto de la notificación del presente auto, la requiera para que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo presentada en su favor, o lo haga por escrito en el término de tres días, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se proveerá lo procedente en derecho. En ese tenor, mediante oficio que se gire a la autoridad responsable, por conducto de uno de los Actuarios adscritos, notifíquesele la anterior determinación para su conocimiento y estricto cumplimiento. En el entendido que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse los mismos, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar; debiendo además, hacer del conocimiento de la parte quejosa, el derecho que tiene de comunicarse de inmediato con quien estime conveniente, se le permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. Asimismo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a la parte promovente la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Por otro lado, se hace innecesario la presencia de quien promueve la demanda para que esté presente en el acto de la notificación a la parte quejosa, toda vez que el Actuario de la adscripción tiene fe pública, y la presencia de aquella persona puede retrasar el desahogo de la diligencia encomendada. Se toma nota del correo electrónico que se proporciona para los efectos legales correspondientes. Téngase como autorizados únicamente para el efecto de imponerse de los autos a las personas que se refiere en la demanda, en términos del párrafo segundo, del numeral 24 de la invocada ley, por así haberse solicitado. En atención a la solicitud realizada por la parte promovente, consistente en que se le autorice consultar el expediente electrónico, dígasele que dicha consulta la podrá hacer en la página de internet www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, autorizando para tales efectos a ********************, quien cuenta con el nombre de usuario "********************", registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que la autorización antes otorgada es en términos del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza las notificaciones electrónicas que pide la parte promovente. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Notifíquese, sin demora a las autoridades señaladas como responsables para su inmediato cumplimiento, y personalmente a la directa quejosa. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante José Luis González Arredondo, Secretario que autoriza y da fe.WAFASECCIÓN: AMPARO. Reynosa, Tamaulipas, veintinueve de mayo de dos mil veintidós. "2022, Año de Ricardo Flores Magón". JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON SEDE EN REYNOSA. 1754/2022 Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración. ======== Reynosa, Tamaulipas. En los autos del juicio de amparo 976/2022-IV, con esta fecha se dictó el acuerdo que a continuación se transcribe: "Reynosa, Tamaulipas, veintinueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, en favor de ********************, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, residente en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en los artículos 15, 17, fracción IV, 20 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 976/2022-IV, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, en la demanda se expresa que la parte quejosa se encuentra en la Estación Migratoria de la Delegación Regional de Migración de esta ciudad, siendo objeto de actos privativos de su libertad, y que puede ser deportada del país; y, se solicita el otorgamiento de la suspensión correspondiente. SUSPENSIÓN DE PLANO Por lo anterior, en términos de los artículos 125, 126, 160 y 164 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, para el efecto de que la autoridad responsable migratoria, de no existir causa legal diversa que lo impida, instruya la inmediata libertad de ********************, sin garantía económica alguna, dada su calidad migratoria, siempre y cuando haya colmado los restantes requisitos para tal medida ante la autoridad migratoria. De igual forma, la suspensión otorgada tiene como efecto que deberán cesar los actos de detención, incomunicación, deportación, aseguramiento, alojamiento, expulsión, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; en la inteligencia de que la presente medida cautelar no surtirá ningún efecto si diversa autoridad de amparo se pronunció sobre tales actos. Igualmente, para que se respeten los derechos que como persona extranjera tiene la parte quejosa dentro del procedimiento administrativo que se le instaura; asimismo, que se le brinde la atención médica que, en su caso, requiera respecto de algún problema de salud que presente, para lo cual, la autoridad responsable deberá remitir copia certificada de las constancias con las que acredite haberla otorgado. Ello no implica que la parte quejosa pueda circular libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerán; luego, la medida cautelar únicamente permite a los agraviados circular en esta localidad. También debe mencionarse que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si la parte quejosa no acredita que inició el trámite respectivo para regularizar su estancia migratoria en el país, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrá ser detenida por cuestiones administrativas relacionadas con ese tema. En mérito de lo anterior, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que se constituya en las instalaciones en las que refiere la parte promovente se encuentra retenida la parte quejosa, y dé fe de las condiciones físicas en que se encuentra; asimismo, en el acto de la notificación del presente auto, la requiera para que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo presentada en su favor, o lo haga por escrito en el término de tres días, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se proveerá lo procedente en derecho. En ese tenor, mediante oficio que se gire a la autoridad responsable, por conducto de uno de los Actuarios adscritos, notifíquesele la anterior determinación para su conocimiento y estricto cumplimiento. En el entendido que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse los mismos, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar; debiendo además, hacer del conocimiento de la parte quejosa, el derecho que tiene de comunicarse de inmediato con quien estime conveniente, se le permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. Asimismo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a la parte promovente la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Por otro lado, se hace innecesario la presencia de quien promueve la demanda para que esté presente en el acto de la notificación a la parte quejosa, toda vez que el Actuario de la adscripción tiene fe pública, y la presencia de aquella persona puede retrasar el desahogo de la diligencia encomendada. Se toma nota del correo electrónico que se proporciona para los efectos legales correspondientes. Téngase como autorizados únicamente para el efecto de imponerse de los autos a las personas que se refiere en la demanda, en términos del párrafo segundo, del numeral 24 de la invocada ley, por así haberse solicitado. En atención a la solicitud realizada por la parte promovente, consistente en que se le autorice consultar el expediente electrónico, dígasele que dicha consulta la podrá hacer en la página de internet www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, autorizando para tales efectos a ********************, quien cuenta con el nombre de usuario "********************", registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que la autorización antes otorgada es en términos del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza las notificaciones electrónicas que pide la parte promovente. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Notifíquese, sin demora a las autoridades señaladas como responsables para su inmediato cumplimiento, y personalmente a la directa quejosa. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante José Luis González Arredondo, Secretario que autoriza y da fe." A t e n t a m e n t e: Secretario José Luis González Arredondo. WAFA

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintinueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la diligencia practicada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado de Distrito, el veintinueve de mayo pasado, se advierte que los directos quejosos Fátima Daniela Espinoza, Mariana Estefani Alfaro Belaske, Anderson Geovani López Rivas, Miguel Alexander Meléndez Enríquez y Norma Gabriela Guevara Benítez, no ratificaron la demanda promovida a su favor, por Juan Manuel de la Cruz. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda por lo que respecta a los citados quejosos; en mérito de lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas a favor de los mismos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Gobierno que se lleva en este juzgado, y en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes. De la diversa razón actuarial, se advierte que al fedatario judicial no le fue posible dar cumplimiento a lo ordenado en el proveído de veintinueve de mayo del presente año, en el cual se radicó el presente juicio constitucional, en virtud de que a su arribo a las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, fue atendido por Doniseti Sánchez Espinoza, agente de Migración adscrito a la citada dependencia, y le informó que no advirtió en los registros de esa dependencia, que el directo quejoso Noé Adonay Oseguera Hernández, esté bajo resguardo de dicha estación; asimismo, que posteriormente se constituyó en la diversa estación, en donde albergan a familias y menores de edad, y fue atendido por Alberto Xicoténcatl Martínez Osti, también agente de Migración, quien le manifestó que tampoco tenía registros de que el referido quejoso se encontrara albergado en esa estación. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, dese vista a la parte promovente y requiérasele para que en el plazo de tres días, computado legalmente, informe a este juzgado de Distrito si es su deseo continuar con la tramitación de la demanda de amparo por lo que hace al citado quejoso, en la inteligencia que de ser así, deberá informar el lugar exacto en esta ciudad en donde se encuentra, a fin de estar en aptitud de realizar lo conducente para que ratifique la demanda; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo que se le otorga, se tendrá por no presentada la misma, dado que no se está en el supuesto de actos de desaparición forzada de personas, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante José Luis González Arredondo, Secretario quien autoriza da fe.

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