Fátima Belen Sandoval Lejarza

Expediente 272/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
272/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
17/06/2019

Partes del expediente

  • Fátima Belen Sandoval Lejarza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia en la cual se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Orden de archivo. Háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. De conformidad con el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, por devolver a las partes. VIII. Devolución de constancias. De conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    En Mazatlán, Sinaloa, a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, estando en audiencia pública Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, asistido de Francisco Javier Frías Luna, secretario de juzgado, con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes. Acto continuo en acatamiento al artículo 124 de la Ley de Amparo, la secretaria hace una relación de las constancias de autos y da cuenta con el escrito de demanda. I. Relación de constancias. De conformidad con los numerales 117, 119 y 123 de la Ley de Amparo, se reitera la rendición de los informes justificados que emitieron las autoridades responsables, los cuales serán tomados en consideración. Igualmente, se da cuenta con el proveído de dieciocho de abril del año en curso, donde se declaró inexistente la autoridad denominada Agente del Ministerio Público de la Federación en Apoyo de la Mesa V de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad. El Juez acuerda: De conformidad con lo dispuesto en los numerales 117, 119 y 123 de la Ley de Amparo vigente, se reitera la rendición del informe justificado que emitieron las autoridades responsables, así como la admisión y desahogo de pruebas, lo cual, será tomado en consideración en la siguiente etapa procesal. Se abre el periodo de pruebas. El secretario hace constar y certifica que se tienen por admitidas y desahogadas la prueba documental anunciada por las autoridades responsables; asimismo, con la que las autoridades responsables acompañaron a sus informes justificados, las cuales constan en autos, mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Así, al no existir otras pruebas que desahogar, se cierra este período. Periodo de alegatos: En el que se tienen por formulados los alegatos expresados en los pedimentos 467/2019, 468/2019, 469/2019, 470/2019, 471/2019 y 472/2019, hechos por el representante social; al no existir otro escrito en ese sentido, se cierra este periodo. Al no haber diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la sentencia correspondiente: Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 272/2019, promovido por Rosa Elena Lejarza Moreno, en favor de Fátima Belén Sandoval Lejarza, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa I de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil diecinueve, ante este juzgado de Distrito, Rosa Elena Lejarza Moreno, en favor de Fátima Belén Sandoval Lejarza, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos y contra las siguientes autoridades: Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa I de la Fiscalía General de la República (cuya denominación correcta es Agente del Ministerio Público de la Federación en Apoyo a la Mesa I de la Unidad de Investigación y Litigación Mazatlán, Sinaloa), con sede en esta ciudad. Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa II de la Fiscalía General de la República (cuya denominación correcta es Agente del Ministerio Público de la Federación en Apoyo a la Mesa II de la Unidad de Investigación y Litigación Mazatlán, Sinaloa), con sede en esta ciudad Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa III de la Fiscalía General de la República (cuya denominación correcta es Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula III de la Unidad de Investigación y Litigación), con sede en esta ciudad. Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa IV de la Fiscalía General de la República (cuya denominación correcta es Agente del Ministerio Público de la Federación en Apoyo a la Mesa IV de la Unidad de Investigación y Litigación Mazatlán, Sinaloa), con sede en esta ciudad. Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa V de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad. Comandante de la Policía Federal Ministerial (cuya denominación correcta es Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República Subsede Mazatlán, con residencia en esta ciudad). Acto reclamado: Privación ilegal de la libertad e incomunicación SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la demanda, se concedió la suspensión de plano respecto a la incomunicación y privación de la libertad fuera de procedimiento y se ordenó la búsqueda y localización de la agraviada, para efectos de la ratificación de la demanda presentada en su favor. Posteriormente, previa su ratificación, en la misma fecha, se admitió a trámite la demanda promovida por Rosa Elena Lejarza Moreno, en favor de Fátima Belén Sandoval Lejarza, y se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe con justificación, se ordenó dar vista al Representante Social de la adscripción, quien sí formuló pedimentos; asimismo, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, a la cual se dio inicio en los términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Distrito en el Estado de Sinaloa, es legalmente competente para resolver del presente juicio de amparo, de conformidad a lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, en relación con los diversos preceptos 33, 35, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo, así como con los diversos 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda y de la totalidad de las constancias integrantes del presente sumario constitucional, se advierte que el acto reclamado consiste en la privación ilegal de la libertad e incomunicación. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Agente del Ministerio Público de la Federación en Apoyo a la Mesa I de la Unidad de Investigación y Litigación Mazatlán, Sinaloa; Agente del Ministerio Público de la Federación en Apoyo a la Mesa II de la Unidad de Investigación y Litigación Mazatlán, Sinaloa y Agente del Ministerio Público de la Federación en Apoyo a la Mesa IV de la Unidad de Investigación y Litigación Mazatlán, Sinaloa, todos con residencia en esta ciudad, al rendir sus informes justificados, manifestaron que no son ciertos los actos reclamados. Aunado a ello, la peticionaria de amparo no aportó pruebas que desvirtuaran dicho aserto; en consecuencia, es patente la inexistencia de los actos reclamados. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula III de la Unidad de Investigación y Litigación y Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial, con sede en esta ciudad, negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, del contexto de sus informes y de las documentales anexas, se advierte la existencia del acto consistente en la privación de la libertad de la quejosa, toda vez que el diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la directa quejosa Fátima Belén Sandoval Lejarza, fue puesta a disposición de la autoridad mencionada en primer término, en virtud de haber sido detenida en flagrancia con otras personas, por la probable comisión de un hecho delictivo previsto por el artículo 223 fracción III, y sancionado por el diverso 224, de la Ley de Propiedad Industrial, formándose la carpeta de investigación FED/SIN/MAZ/0000423/2019. QUINTO. Causas de sobreseimiento. Examinada la existencia del acto reclamado se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la citada ley, al preceptuar: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Como ya se dijo, del informe rendido por las autoridades responsables y las pruebas documentales que se anexaron a los mismos, se advierte que el diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la directa quejosa Fátima Belén Sandoval Lejarza, fue puesta a disposición de la autoridad mencionada en primer término, en virtud de haber sido detenida en flagrancia con otras personas, por la probable comisión de un hecho delictivo previsto por el artículo 223 fracción III, y sancionado por el diverso 224, de la Ley de Propiedad Industrial, formándose la carpeta de investigación FED/SIN/MAZ/0000423/2019. Asimismo, se observa que la quejosa fue puesta en libertad a las dieciséis horas con veinte minutos del dieciocho de abril del año en curso. Documentales que tienen pleno valor probatorio conforme lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. En esa virtud, como la peticionaria de la protección constitucional reclamó la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, al haberse decretado en favor de la directa quejosa la inmediata libertad, es evidente que se actualiza un cambio de situación jurídica en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, por virtud del cual, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el presente juicio de amparo, esto es, que con motivo del cambio de situación jurídica aludido no puede analizarse la constitucionalidad del acto reclamado consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial. En las relatadas circunstancias, al surtirse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada Ley, respecto de acto reclamado consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, atribuido a las autoridades Agente del Ministerio Público de la Federación en Apoyo a la Mesa I de la Unidad de Investigación y Litigación Mazatlán, Sinaloa; Agente del Ministerio Público de la Federación en Apoyo a la Mesa II de la Unidad de Investigación y Litigación Mazatlán, Sinaloa; Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula III de la Unidad de Investigación y Litigación; Agente del Ministerio Público de la Federación en Apoyo a la Mesa IV de la Unidad de Investigación y Litigación Mazatlán, Sinaloa y Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República Subsede Mazatlán, todos con residencia en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." (Novena Época, Registro: 171841, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial, de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 95/2007, Página: 50) Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76 a 79, todos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rosa Elena Lejarza Moreno, en favor de Fátima Belén Sandoval Lejarza, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables Agente del Ministerio Público de la Federación en Apoyo a la Mesa I de la Unidad de Investigación y Litigación Mazatlán, Sinaloa; Agente del Ministerio Público de la Federación en Apoyo a la Mesa II de la Unidad de Investigación y Litigación Mazatlán, Sinaloa; Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula III de la Unidad de Investigación y Litigación; Agente del Ministerio Público de la Federación en Apoyo a la Mesa IV de la Unidad de Investigación y Litigación Mazatlán, Sinaloa y Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República Subsede Mazatlán, todos con residencia en esta ciudad, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Alegatos ministeriales. Agréguense a las presentes actuaciones los oficios suscritos por el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado de Distrito, para que obren como correspondan y, tocante a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos ministeriales 472/2019, 471/2019, 470/2019, 469/2019, 468/2019 y 467/2019; los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, diecisiete de abril de dos mil diecinueve. Ratifica demanda. Vista la constancia de notificación efectuada por el actuario adscrito, se advierte que Fátima Belén Sandoval Lejarza, ratificó la demanda de amparo por promovida a su favor. Decisión sobre la instancia constitucional. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1ro, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112 primer párrafo y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda que promueve Fátima Belén Sandoval Lejarza, contra los actos de las autoridades denominadas: Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa I de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad. Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa II de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad. Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa III de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad. Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa IV de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad. Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa V de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad. Comandante de la Policía Federal Ministerial (cuya denominación correcta es Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República Subsede Mazatlán, con residencia en esta ciudad). Audiencia constitucional. Con apoyo en el numeral 115 de la legislación en cita, para la celebración de la audiencia constitucional se señalan nueve horas con cuarenta y dos minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. IV. Intervención a las partes en el juicio de amparo. Quejoso. Domicilio y autorizada. En la inteligencia de que en proveído de esta fecha se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito inicial de demanda, y como autorizados para tal efecto a los profesionistas ahí mencionados. b) Precisión de las autoridades responsables. Se precisa que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligaciones de los peticionarios de amparo, entre otras, el señalar con precisión a las autoridades responsables (incluso tratándose de asuntos en materia penal pues sobre el tema no opera la suplencia de la queja a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa de que, en caso de que la autoridad responsable no exista con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá el juicio conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, hasta antes de la audiencia constitucional, al considerar que le corresponde a la parte impetrante estar pendiente de la tramitación de su asunto; la anterior circunstancia guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. 2. Autoridades responsables. a) Informes justificados. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el plazo de quince días rindan su informe con justificación, apercibidas que de no cumplir, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. b) Requerimiento por informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que, en caso de que tenga conocimiento o con su conducta provoquen la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, lo comunique de inmediato a este Juzgado de Distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumplen con lo anterior, se les impondrá a cada una, multa de treinta unidades de medida y actualización, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. c) Requerimiento de expediente generador. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que remitan en el plazo de quince días, las constancias que integran el expediente generador de los actos reclamados o que sirvieron de apoyo para su emisión, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente juicio de amparo, apercibidas que de no hacerlo o de no informar las causas legales o materiales que les impida cumplir con ello, se les impondrá a cada una, multa de cien unidades de medida y actualización, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. 3. Representación social. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde. Razón actuarial. Agréguese la razón que suscribe el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, donde hace constar la imposibilidad de notificar a la autoridad responsable Comandante de la Policía Federal Ministerial, con sede en esta ciudad, el oficio 12471/2019, por los motivos que expone. Se remite oficio. Ahora bien, remítase el oficio de referencia a la autoridad con la denominación correcta, esto es Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República Subsede Mazatlán, con residencia en esta ciudad, para que esté en aptitud de notificarse del contenido del mismo. Notifíquese.

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