Fatima Alicia Ramirez Pacheco y Otros.
Expediente 115/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 115/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/03/2017
Partes del expediente
- Fatima Alicia Ramirez Pacheco y Otros.
- Fatima Alicia Ramirez Pacheco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se desprende que no se interpuso recurso de queja en contra del auto de uno de marzo del año en curso, en el que se DESECHÓ la demanda de amparo promovida por FÁTIMA ALICIA RAMÍREZ PACHECO; por tanto, se declara que QUEDA FIRME el referido auto, causando estado con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal. Por otra parte, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido; en la inteligencia de que es susceptible de destrucción, conforme al considerando vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual manera se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes; ello conforme al Capítulo Primero, Disposición Segunda, fracción XVIII, del Acuerdo en cita. Finalmente, se hace constar que este juicio no es de relevancia documental; de acuerdo al Capítulo Quinto, Disposición Vigésima Primera, último párrafo, del referido Acuerdo.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el ocurso de cuenta que presenta la quejosa Fátima Alicia Ramírez Pacheco, en relación a la prevención contenida en auto de veintidós de febrero del año en curso. Ahora, del análisis integral que se hace de la demanda y de sus escritos aclaratorios, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, los que se transcriben a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. " "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Pues bien, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades que señala como responsables Poder Judicial del Estado y Consejo de la Judicatura del Estado, los siguientes actos: "La publicación del Boletín Judicial del Poder Judicial del Estado de Baja California de fecha 10 de febrero de 2017, mismo que ordena una restructuración del Poder Judicial del Estado de Baja California en los términos que indica, sobrepasando las facultades que se otorgan a las responsables, e invadiendo la esfera jurídica de los terceros perjudicados quienes son los únicos facultados mediante decretos para poder restructurar las dependencias y órganos de gobierno e inclusive para la supresión de plazas en el Estado de Baja California, lo que afecta la esfera jurídica de los suscritos en nuestra calidad de quejosos y empleados, violentando flagrantemente el artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California." (sic) Asimismo, como antecedentes de los actos reclamados señala el que a continuación se transcribe: "En fecha 10 de febrero de 2017, por Acuerdo General número 01/2017 emitido para el ajuste al Presupuesto 2017 y la RESTRUCTURACION ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, mismo que es dictado por las responsables y publicado en el Boletín Judicial del Estado de Baja California, mismo que resulta violatorio de derechos fundamentales de los quejosos en virtud de que invade la esfera jurídica de los terceros perjudicados quienes son los únicos facultados mediante decretos para poder restructurar las dependencias y órganos de gobierno e inclusive para la supresión de plazas en el Estado de Baja California, lo que afecta la esfera jurídíca de los suscritos en nuestra calidad de quejosos y empleados, violentando flagrantemente el artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California Así, para verificar si la causal de improcedencia invocada se actualiza, se debe determinar si se está en presencia de una autoridad para efectos del juicio de amparo; en este sentido, el criterio que debe servir de base para definir los casos en que se está en presencia de un acto de autoridad, debe referirse no tanto a la naturaleza formal de ésta, sino a la naturaleza del acto mismo. En tal virtud, la quejosa aduce, en esencia, que se vulneraron sus derechos humanos con motivo de la reestructuración del Poder Judicial del Estado, del que formaba parte el Juzgado Primero de lo Penal del Partido Judicial de Mexicali, al cual estaba adscrita -lo que se advierte de la documental que anexó a su escrito de demanda-, con lo que se extinguió dicho Juzgado a partir del diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, de lo cual, se tiene, se extinguió su fuente de trabajo. Ahora bien, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del amparo, debe, ante todo, atender a la norma legal para examinar si lo faculta o no, para tomar decisiones o dictar resoluciones que afecten, unilateralmente, la esfera jurídica del interesado, y que pueden exigirse ya sea directamente, o a través de otras autoridades que dispongan de ella. En este orden de ideas, se advierte que contrario a lo señalado por la quejosa en su escrito de demanda, no se reúnen los requisitos que establece el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, para considerar al Poder Judicial del Estado y al Consejo de la Judicatura del Estado con dicha calidad, pues en efecto, de su texto, como quedó asentado con anterioridad, se advierte que tal carácter se le atribuye a aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De manera que si lo que reclama la aquí quejosa es, en esencia, la extinción del Juzgado donde laboraba, con motivo de la reestructuración realizada al Poder Judicial del Estado; no se está ante la presencia de un acto de autoridad para los efectos del amparo, pues dicho acto no crea, ni modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; es decir, la relación existente entre la aquí quejosa y las autoridades señaladas como responsables, no es una relación de supra a subordinación derivada de la ley, pues no se colocó en un nivel de superioridad respecto de ésta; sino que la relación entre las citadas partes derivó de un contrato laboral. Ello, en atención a que, se insiste, se le atribuye el carácter de autoridad a aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; por lo que, el concepto de autoridad responsable está dado, en primer lugar, por exclusión de los actos de particulares, como en el caso. En efecto, la naturaleza y antecedentes que bajo protesta de decir verdad señala la quejosa, apuntan a sostener que este juicio es improcedente, como ya se dijo, contra actos de particulares, de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio debe atenderse a que si el acto reclamado no es de particulares, el juicio será procedente. Lo expuesto anteriormente revela que debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral, como en el caso. En este supuesto, la nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contemplada por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. En efecto, para definir el concepto de autoridad responsable cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, debe partirse del supuesto de que el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si se trata de una relación de coordinación, la que por su propia naturaleza debe tener un procedimiento claramente establecido para ventilar cualquier controversia que se suscite, por ejemplo un juicio civil, mercantil o laboral; de no contemplarse este procedimiento, y siendo el promovente un gobernado, debe llegarse a la conclusión de que se trata de una relación de supra a subordinación, existiendo entonces una autoridad responsable. Ahora bien, es importante precisar en lo que interesa, lo establecido por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: XXII.- El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La Ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimieto (sic) o tolerancia de él. (.) El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: [.] B.- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: [.] XI.- Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley. En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal." De lo anterior se aprecia que únicamente por causa justificada podrán ser suspendidos o cesados los trabajadores y de tratarse de separación injustificada, éste tendrá derecho a optar por la indemnización o la reinstalación en su trabajo, todo esto una vez que se haya llevado a cabo el procedimiento legal correspondiente que así lo determine, de lo que se advierte que tales cuestiones son constitucionalmente determinadas como de naturaleza laboral. En este tenor, se tiene que, en el caso particular, el acto reclamado tiene su origen en una relación laboral patrón-trabajador, lo que revela que se trata de relaciones de coordinación, dado que la quejosa estaba adscrita al Juzgado Primero de lo Penal del Partido Judicial de Mexicali, en el cargo de Secretaria de Acuerdos, -como se advierte de la documental que anexó a su escrito de demanda-; es decir, la relación existente entre la aquí quejosa y las autoridades señaladas como responsables derivó de un contrato laboral. Se reitera, el acto reclamado no derivó de una norma general sino de un contrato laboral que da pauta a obligaciones y derechos en la relación de coordinación entre patrón y trabajador, en un plano diverso del contexto constitucional que rige la materia de amparo. Es decir, la quejosa acude a este juicio de amparo en su calidad de trabajadora, no únicamente como ciudadana en contra de un acto de autoridad. En consecuencia, el acto de reclamo no es de autoridad para los efectos del juicio de amparo, toda vez que deriva de una relación de coordinación, cuyas diferencias deben dirimirse ante la instancia laboral; por consiguiente, los actos que, como en el caso, emitió el particular frente a la quejosa fue emitido dentro de ámbito de coordinación y por ende, no son actos de autoridad, sino que, en todo caso ello se traduce en cuestiones de carácter privado, lo cual no es susceptible de reclamarse en esta vía constitucional. "PETRÓLEOS MEXICANOS. LA NEGATIVA A PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS "ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL", NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD NI ES EQUIPARABLE A ÉSTE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." De igual forma, robustece lo expuesto la Jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto, son los siguientes. "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." (Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Marzo de 1999, Página: 307, Tesis: 2a. XXXVI/99, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa) En consecuencia, es evidente que el presente juicio de amparo 115/2017, es manifiesta y notoriamente improcedente, por lo que procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Robustece lo anterior, la tesis del Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, publicada 164 en la página del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Octubre de 1991, de la Octava Época, con registro: 221658, que es del tenor siguiente (él énfasis es nuestro): "DEMANDA DE AMPARO LABORAL, DESECHAMIENTO DE LA. CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO PROVIENEN DE UNA AUTORIDAD PROPIAMENTE DICHA. Las autoridades administrativas, representadas por sus funcionarios, al despedir a sus servidores públicos no actúan como tales, sino como patrones o sujetos de un contrato de trabajo; y por ende, las relaciones entre ellos no son de gobernante a gobernado, sino de carácter obrero- patronal, puesto que en los tratos que sostienen con sus empleados se conducen como personas de derecho privado. Por ello, si el quejoso considera que el despido de que fue objeto es ilegal, debe acudir al tribunal de arbitraje y agotar el procedimiento laboral que establece la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; pero si antes de hacerlo promueve amparo, éste resulta notoriamente improcedente porque los actos reclamados no provienen de una autoridad propiamente dicha, sino de una que actúa como particular (patrón), debiendo desecharse de plano la demanda de garantías en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo." Se autoriza a los Secretarios del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio.
- Principal
EN OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, SIENDO LAS NUEVE HORAS, EL SUSCRITO ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SEDE MEXICALI, HAGO CONSTAR QUE SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A FATIMA ALICIA RAMIREZ PACHECO, AUTO DE PRIMERO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A EFECTO DE SER NOTIFICADO DE LO ANTERIORMENTE INDICADO, NO OBSTANTE EL AVISO QUE EL SUSCRITO DEJÉ FIJO EN PUERTA DEL DOMICILIO QUE PROPORCIONÓ PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES A LAS QUINCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TRES DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, CERCIORADO DE SER EL CORRECTO POR ASI VISUALIZARLO EN EL LETRERO VIAL Y TENER A LA VISTA LA NOMENCLATURA OFICIAL. TOCANDO A LA PUERTA DE ACCESO POR UN ESPACIO DE CINCO MINUTOS SIN QUE NADIE ATENDIERA A MIS LLAMADOS. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
La prevención no se debió a la omisión de otorgar la protesta de decir verdad, que es lo que realiza en su ocurso de cuenta, sino que la prevención obedeció a que omitió verter antecedentes relativos a su persona en relación al acto reclamado. Por ende, subsiste el requerimiento, así como el apercibimiento hecho en auto de veintidós de febrero del año en curso.
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