Fatima Abigail Bojorquez Granados

Expediente 1475/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1475/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Fatima Abigail Bojorquez Granados
  • FATIMA ABIGAIL BOJORQUEZ GRANADOS y Otros.
  • Gabriela Ines Granados Acevedo
  • Sara Maria Bojorquez Granados

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    En veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta con el informe justificado de María Eugenia Arellano Zuñiga, Jefa de Departamento de lo Contencioso y Laboral, quien se ostenta apoderada legal de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), residente en la Ciudad de México, con registro de promoción 17910. Asimismo, certifico: que la referida promoción fue recibida de manera electrónica, en uso de la FIREL, por lo que es parte integral del expediente electrónico relativo a este juicio de amparo y, en consecuencia, resulta innecesaria su impresión e integración al expediente físico, en términos de las fracciones I, II y III del artículo 3, así como el diverso ordinal 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós. Conste.Mérida, Yucatán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto: téngase por recibido el oficio signado por María Eugenia Arellano Zuñiga, Jefa de Departamento de lo Contencioso y Laboral, quien se ostenta apoderada legal de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), residente en la Ciudad de México, a través del cual solicita se le reconozca la personalidad con la que comparece y denuncia la causal de improcedencia que relaciona. Al efecto, se le reconoce a la ocursante la personalidad con la que se ostenta en términos de la certificación notarial del testimonio de la escritura pública número sesenta y dos mil ciento cuatro, que acompaña para acreditarla; misma que bajo formal protesta de decir verdad, manifiesta que es copia fiel y exacta de la copia certificada impresa. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la legislación invocada, ténganse como domicilio y delegados de la responsable en cita, los que se señalan en el informe de mérito. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por exhibidas las documentales que la oficiante acompañó a su informe de mérito, para ser tomadas en consideración como corresponda al dictarse sentencia en este juicio. Finalmente, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en el numeral 35, 36, 37 y 40 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós, como lo solicita la parte interesada, se otorga autorización al usuario "********************" para que tenga acceso al expediente electrónico de este juicio. En consecuencia, proceda la Secretaría a realizar las autorizaciones correspondientes al citado usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se hace saber a la parte interesada que, en términos del artículo 41 Bis del indicado acuerdo plenario, los autorizados para acceder a los expedientes judiciales deberán consultarlo en su versión electrónica y, al efecto, quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso conforme a lo previsto en los artículos precedentes, podrán hacerlo al acudir presencialmente al órgano jurisdiccional respectivo, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), con sede en la Ciudad de México, no ha rendido el informe justificado que se le solicitó. Sin embargo, aún se encuentra transcurriendo el término de quince días hábiles que se le concedió para que lo hiciera, según se aprecia de la tarjeta de acuse de recibo correspondiente. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nuevas fecha y hora para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

  3. Incidental

    Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1475/2023-I-A, promovido por Tania Briceño Iribe, representante de los menores de edad E.P.B. y L.P.B.; y, RESULTANDO PRIMERO. Solicitud de la suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, ******************** y ********************, representantes de sus hijos menores de edad de iniciales ********************y********************, solicitaron la suspensión definitiva de los actos de las autoridades siguientes: TITULAR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUACIÓN BÁSICA. TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS. TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS (CONALITEG). TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL MAGISTERIO TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTÍNUA A DOCENTES Y DIRECTIVOS TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESCOLAR Y ENFOQUE TERRITORIAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON SEDE EN MÉRIDA. ESCUELA MANUEL ALCALÁ MARTÍN CON SEDE EN ESTA CIUDAD SEGUNDO. Apertura de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos mediante proveído de esa propia fecha, se solicitó a las autoridades responsables su informe previo, se ordenó notificar a las partes y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, los cuales se hacen consistir esencialmente en: "a. De las autoridades referidas, titulares de la Secretaría de Educación Pública Federal (SEP), de la Subsecretaría de Educación Básica, de la Dirección General de Materiales Educativos, y de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), en el ámbito de su competencia se reclama la orden y/o autorización de imprimir los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, del nivel educativo de educación básica, sin adecuarse a los planes y programas de estudio vigentes, ni seguir el procedimiento previsto para su emisión. b. De las autoridades referidas, titulares de la Secretaria de Educación Pública Federal (SEP), de la Subsecretaría de Educación Básica, de la .Dirección General de Materiales Educativos, y de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), en el ámbito de su competencia se reclama la orden y/o autorización de imprimir los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, del nivel educativo de educación básica, sin adecuarse a los planes y programas de estudio vigentes, ni seguir el procedimiento previsto para su emisión. c. De las autoridades titulares de la SEP, Subsecretaría de Educación Básica, Dirección General de Materiales Educativos, y CONALITEG se reclama, en el ámbito de sus competencias, la omisión o dilación en cumplir el acuerdo secretarial que establece los Lineamientos para la selección, adquisición y distribución de los libros de texto gratuitos del nivel secundaria publicado en el DOF el 12 de marzo de 2021. d. De las autoridades titulares de la SEP, Subsecretaría de Educación Básica, Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos, Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial y Dirección General de Materiales Educativos se reclama, en el ámbito de sus competencias, la orden y/o autorización para llevar a cabo la capacitación al personal docente a través de los Consejos Técnicos Escolares sin que dicha capacitación se adecue o apegue al Plan y programas vigentes. e. Titular de la Secretaría de Educación en el Estado con domicilio en Mérida, Yucatán, calle 34 # 101 X 25 colonia García Gineres, C.P. 97070 del Estado la orden y/o autorización de la entrega de libros de textos gratuitos, que no se encuentran apegados a los planes y programas vigentes. f. De la institución educativa Manuel Alcalá Martin, Director de la escuela Rafael Rivelino Pinto Alcocer, Maestros Estefanía López Sauri, Nefertiti Hernández Medina del Sexto-A y del Primero-B respectivamente, de la Escuela Manuel Alcalá Martin, ubicada en Calle 63d S/N por la Calle 52 y Calle 50 del Fraccionamiento Magnolias, Mérida Yucatán, la entrega de los libros de texto gratuito, en físico o digital, respectivamente que prevé a NUEVA ESCUELA MEXICANA y aplicación de los contenidos en el aula, o algún otro libro, guía o cualquier otro material didáctico que aborde los mismos contenidos, bajó la omisión de cumplimento del acuerdo secretarial que establece los lineamientos para la selección, adquisición y distribución de los libros, al no encontrarse adecuados a los planes y programas de estudio vigentes y autorizados, por encontrarse vicios en el procedimiento de elaboración, y sin existir planes y programas de estudio que previamente fueran publicados en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que avalen su distribución y uso entre el alumnado. g. La omisión de someter a consulta el Plan de Estudio descrito en el inciso anterior al Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley General de Educación." SEGUNDO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados al Titular de la Secretaría de Educación Pública (promoción vía electrónica 16640), Titular de la Subsecretaría de Educación Básica (promoción vía electrónica 16641) Titular de la Dirección General de Materiales Educativos (promoción vía electrónica 16642), Titular de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) (promoción vía electrónica 16655), Titular de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (promoción vía electrónica 16643), Titular de la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos (promoción vía electrónica 16644) y Titular de la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial (promoción vía electrónica 16645), todos con sede en la Ciudad de México, según se advierte de los correspondientes informes previos, pues si bien, en los mismos negaron su comisión, de las manifestaciones plasmadas en ellos se evidencia su certeza, por lo que deben tenerse como ciertos. Cobra aplicación, por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." También es cierto el acto que se reclama del Titular de la Secretaría de Educación Pública de Estado de Yucatán y la Escuela Manuel Alcalá Martín, ambos con sede en esta ciudad, toda vez que a la fecha no se tiene conocimiento de que hubieran rendido sus respectivos informes previos. Lo anterior, no obstante haber sido debidamente notificados, como se demuestra con las constancias respectivas, las cuales obran agregadas en autos; por lo que para el único efecto de resolver sobre la suspensión, opera en su contra la presunción de certeza prevista en el artículo 142 de la Ley de Amparo. TERCERO. Análisis de la suspensión definitiva. Ahora bien, en la demanda de amparo, la parte quejosa solicitó en esencia la suspensión de los actos para los siguientes efectos: Para que se suspenda la entrega, uso y aprovechamiento de los Libros de Texto Gratuitos, por no haberse aprobado los planes, programas y libros de texto gratuitos conforme a la normatividad respectiva, su omisión de publicación en el Diario Oficial de la Federación, la omisión de capacitación docente y la omisión de realizar los procedimientos participativos para la elaboración, edición e impresión de los Libros de Texto Gratuitos, y en consecuencia, se ordene la impresión y distribución de los libros de texto aprobados con base en las formalidades vigentes en el ciclo escolar inmediato anterior. Precisado lo anterior, para conceder la suspensión solicitada por la parte quejosa, hay que analizar si se cumplen las condiciones establecidas por el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es: "Que la solicite el quejoso, y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público". El primer requisito se considera colmado toda vez que la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que se suspenda la entrega, uso y aprovechamiento de los Libros de Texto Gratuitos, por no haberse aprobado los planes, programas y libros de texto gratuitos conforme a la normatividad respectiva, su omisión de publicación en el Diario Oficial de la Federación, la omisión de capacitación docente y la omisión de realizar los procedimientos participativos para la elaboración, edición e impresión de los Libros de Texto Gratuitos, y en consecuencia, se ordene la impresión y distribución de los libros de texto aprobados con base en las formalidades vigentes en el ciclo escolar inmediato anterior. A su vez, el segundo requisito también se considera actualizado, esto es, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, por las razones siguientes. El artículo 107, fracción X, de la Constitución, en relación con los diversos numerales 138, párrafo primero, y 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, prevén que en el juicio constitucional el acto reclamado podrá ser objeto de suspensión y, de ser jurídica y materialmente posible, esto es, cuando la naturaleza del acto lo permita, se ordenará restablecer provisionalmente en el goce del derecho violado a la parte quejosa, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el sumario constitucional en lo principal, para lo cual, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, en conjunción con el orden público tal como lo ordena el numeral 128 de la legislación en cita. El máximo tribunal ha considerado que, pese a que la mayor parte de la actuación pública y de las leyes emitidas por el Congreso, persiguen fines de carácter público y social, la eficacia de los derechos fundamentales defendidos frente a ese tipo de actos, impone a la persona juzgadora realizar un test de ponderación y de equilibrio de los intereses fundamentales en juego, al resolver los asuntos sobre medidas cautelares en dicho proceso. Sobre la importancia por parte de los órganos de amparo, de realizar una ponderación de todos los intereses en conflicto al resolver los asuntos sobre medidas cautelares, cabe señalar lo establecido por la Segunda Sala, en la contradicción de tesis 115/2003, de la cual se destaca el siguiente texto: (.) Es decir, aun cuando se reclame un acto cuyo fundamento es una ley de orden público, para decidir sobre la suspensión, el juzgador debe examinar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, debido a que no basta la sola circunstancia de que se pida la paralización de los efectos del acto fundamentado en un ordenamiento de orden público para negar la suspensión bajo el argumento del carácter de éste y de que responde al interés general, ya que todas las leyes (en sentido amplio) participan en mayor o menor medida de esas características, sino que resulta imprescindible, incluso para la conservación de la materia del juicio, analizar los diversos grados de afectación al interés social y al orden público, la distinta naturaleza del objeto específico de los ordenamientos y la causación al quejoso de daños y perjuicios de difícil reparación (.)" La Segunda Sala del máximo tribunal apuntó, que son los juzgadores de amparo, a los que corresponde realizar la ponderación de los intereses en conflicto en los casos relativos a medidas cautelares, debido a que tienen acceso directo e inmediato al material probatorio del asunto concreto, lo que es acorde, además, a la requerida independencia judicial, reconocida en el artículo 17 del texto supremo. Ahora bien, la forma en que el juzgador debe realizar el ejercicio ponderativo a fin de examinar en forma casuística, y no de consideraciones abstractas o calificaciones generales de los objetivos de los actos de autoridad, cuál de las partes en el juicio de amparo debe soportar la tardanza del procedimiento principal (si las autoridades o el quejoso) depende del análisis preliminar de apariencia de buen derecho de la pretensión constitucional o, contrario sensu, la apariencia de inconstitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los hechos y pruebas que hasta el momento obren en el expediente correspondiente; e incluso, ponderando la necesidad de la conservación de la materia del juicio. Dicho criterio se advierte en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a./J. 204/2009, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 315, que dice: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida". En la especie, no se vulnera el interés social, ya que, para demostrar la anterior aseveración, se debe ponderar el perjuicio que podría sufrir la parte quejosa (los menores de edad) con la ejecución del acto reclamado, frente a la afectación que podría resentir el bienestar social. Con el fin de realizar esa ponderación, es pertinente tomar en cuenta el contenido del principio del interés superior del menor, así como el derecho a la educación inmerso en la problemática sometida en el juicio de amparo. En efecto, el interés superior de la infancia está previsto en el párrafo noveno del artículo 4o. de la Constitución Federal, cuyo texto señala lo siguiente: "Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. (.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez". Ese principio ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su quehacer jurisdiccional. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCCLXXIX/2015 (10a.), de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO", sostuvo que el interés superior de la infancia puede proyectarse en tres diferentes dimensiones: 1. Como derecho sustantivo, en cuanto a que el interés del infante sea consideración primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida; 2. Como principio interpretativo fundamental, en sentido de que, si una norma jurídica acepta más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva los derechos y libertades de los infantes; y 3. Como una norma de procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más infantes deberá incluirse en el proceso de decisión una estimación de las posibles repercusiones en ellos. La propia Primera Sala, en la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), intitulada: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO", determinó que la expresión del interés superior del menor implica que el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, y el pleno ejercicio de sus derechos, deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. De este modo, el interés superior de la infancia, como principio jurídico protector, se constituye en una obligación para todas las autoridades a propósito de asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de las personas infantes, es decir, implica una prescripción de carácter imperativo, cuyo contenido es la satisfacción de todos sus derechos para potencializar el paradigma de la protección integral. A su vez, la Primera Sala del máximo tribunal, en la tesis 1a. CXXII/2012 (10a.), de título y subtítulo: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PRINCIPIO JURÍDICO PROTECTOR", estableció que el interés superior de la niñez - enfocado en el deber estatal- se actualiza cuando en la normativa jurídica se reconocen expresamente el cúmulo de derechos y se dispone el mandato de efectivizarlos en su contenido y protección, que permite su eficacia jurídica. Así, esta dimensión del interés superior conlleva el reconocimiento de un núcleo de derechos que no admiten restricción alguna y que, por tanto, constituyen un límite infranqueable que alcanza a las autoridades (núcleo duro de protección reforzada). Dentro de éstos se ubican: el derecho a la vida, la nacionalidad y la identidad, la libertad de pensamiento y de conciencia, salud, educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar actividades propias de la edad (recreativas, culturales, etcétera); y, además, implica la obligación de priorizar las políticas destinadas a garantizar el núcleo duro de derechos. Por su parte, la Segunda Sala del alto tribunal, en la jurisprudencia 2a./J. 113/2019 (10a.), de rubro: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE", señaló que dicho principio debe considerarse como primordial en todas las decisiones, actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones que adopten las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior de la infancia y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate. Mientras tanto, en el Sistema Interamericano, concretamente en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que "todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado". Dentro de las "medidas de protección" que refiere dicho numeral, ameritan destacarse las referentes a la no discriminación, a la asistencia especial a quienes están en una especial vulnerabilidad, no solo derivada de su edad, sino de su diferenciado contexto que los prive de sus derechos y de su medio familiar, a la garantía de la supervivencia, a su desarrollo, al derecho a un nivel de vida adecuado y a la reinserción social por ser víctimas de abandono o explotación. En la Opinión Consultiva OC17/2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos -personas menores de edad y adultas- y además tienen derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia dictada para resolver el Caso Vera Rojas y otros contra Chile, determinó que: "(.) conforme al artículo 19 de la Convención Americana, el Estado se encuentra obligado a adoptar medidas especiales de protección que protejan el interés superior del niño y la niña, atendiendo a su situación especial de vulnerabilidad. En ese sentido, este tribunal ha establecido que los niños y las niñas tienen derechos especiales al que corresponden deberes especiales de la familia, la sociedad y el Estado". En la misma Opinión Consultiva OC-17/2002, la Corte Interamericana determinó que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y no solo objeto de protección, y que en los procedimientos judiciales en que se resuelvan derechos de la niñez, se deben observar los principios y las normas del debido proceso legal, atendiendo a las particularidades de cada caso. Por lo anterior, toda decisión estatal, social o familiar que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho de una niña, niño y adolescente, debe tomar en cuenta el interés superior de la niñez y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen esta materia. A partir de las premisas jurídicas y precedentes referidos, se arriba a la conclusión de que, como el interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida; entonces, dicha máxima también debe observarse en la elaboración de los programas y planes de estudios que motivaran la integración, aprobación, publicación y entrega de los libros de texto gratuitos por las autoridades educativas del país. Al respecto, sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento." Ahora bien, la educación básica es un derecho humano a cargo del Estado, previsto en el artículo 3o., párrafos noveno y décimo, de la Constitución, que dicen lo siguiente: "Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. (.) Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este artículo, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República; para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales. (.)" Como puede verse, el artículo 3o. constitucional protege el derecho fundamental a la educación de toda persona y, en correlación con el artículo 4o. de la misma norma fundamental, prioriza el interés superior del infante en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Ese derecho ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ejemplo, la Segunda Sala, en la jurisprudencia 1a./J. 80/2017 (10a.), de rubro: "EDUCACIÓN. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL INDISPENSABLE PARA LA FORMACIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y EL FUNCIONAMIENTO DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA, ASÍ COMO PARA LA REALIZACIÓN DE OTROS VALORES CONSTITUCIONALES", estableció que el contenido mínimo del derecho a la educación obligatoria (básica y media superior) es la provisión del entrenamiento intelectual necesario para dotar de autonomía a las personas y habilitarlas como miembros de una sociedad democrática; además, es un factor esencial para garantizar una sociedad cuyos integrantes cumplan con su función social, que prevean un gobierno ciudadano respetuoso de las minorías e incluyente de todo tipo de personas, con herramientas para su desarrollo progresivo y propio de su personalidad. Cabe precisar que el artículo 3o., párrafo segundo, constitucional, concede al Estado la rectoría de la educación y dispone que la educación impartida por éste será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Cada tipo educativo (básico, medio superior y superior) tiene su propia configuración en el texto constitucional; no obstante, destaca que la educación básica y la educación normal, presentan un diseño en el que el Estado ejerce su rectoría con mayor intensidad, partiendo de la condición de que en lo que a ello corresponde, existe una facultad del Ejecutivo Federal para determinar los planes y programas de estudio aplicables para toda la República. A partir de las consideraciones expuestas, se desprende que el artículo 3o. constitucional, en relación con los planes y programas de estudio para la educación básica, prevé que deben ser formulados: a) Con perspectiva de género, todas las realidades y contextos regionales y locales. b) Con orientación integral, que incluirá ciencias y humanidades (enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras). c) El Ejecutivo Federal determinara los planes y programas de estudio de educación básica y normal en toda la República, y considerara la opinión de: a) Gobiernos estatales y de la Ciudad de México; y b) Actores sociales involucrados en la educación. Con base en lo establecido en la Constitución, la Ley General de Educación, confiere a la autoridad educativa federal las siguientes facultades que se desprenden del precepto 113, fracciones II a VI, VIII, IX, XV, XVII y XXII, de dicha legislación: "Artículo 113. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes: (.) II. Determinar para toda la República los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria, la normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, para lo cual considerará la opinión de los gobiernos de los Estados, de la Ciudad de México y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales, en los términos del artículo 23 de esta Ley; III. Establecer el calendario escolar aplicable en toda la República para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica; IV. Elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a las entidades federativas en formatos accesibles los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. Al inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría deberá poner a disposición de la comunidad educativa y de la sociedad en general los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, a través de plataformas digitales de libre acceso; V. Autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, primaria y secundaria; VI. Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación básica; (.) VIII. Regular un sistema integral de formación, capacitación y actualización para docentes de educación básica. Dicho sistema deberá sujetarse a los lineamientos, medidas, programas, acciones y demás disposiciones generales que resulten de la aplicación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; IX. Expedir, para el caso de los estudios de educación básica, normas de control escolar, las cuales deberán facilitar la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regularización y certificación de estudios de los educandos; (.) XV. Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse las escuelas públicas de educación básica y media superior para el fortalecimiento de las capacidades de administración escolar; (.) XVII. Determinar los lineamientos generales aplicables al otorgamiento de autorizaciones y reconocimiento de validez oficial de estudios a nivel nacional para los tipos educativos, así como para la revalidación y equivalencias de estudios; (.) XXII. Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la media superior, la educación indígena, inclusiva, para personas adultas, la normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, así como aquellas que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables". Se resalta particularmente el contenido de la fracción IV del precitado artículo 113, ya que de éste pueden desprenderse pautas para constatar el interés de la sociedad en que los programas de estudio y los libros elaborados con base en ellos, sirvan para dar contenido al derecho a la educación previsto en el artículo 3o. de la Constitución: Así, de la fracción IV del artículo 113, se desprende que: I) La existencia de un procedimiento participativo: deber de elaboración, edición, actualización y envío a entidades federativas de los formatos accesibles de libros de texto gratuitos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación; II) Dicho procedimiento se verificará al inicio de cada ciclo lectivo, es decir, se trata de la elaboración del calendario y planes por cada ciclo, el cual deberá realizarse conforme al procedimiento respectivo. III) Puesta a disposición de la comunidad educativa y la sociedad en general, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, a través de plataformas digitales de libre acceso. Asimismo, para determinar el contenido de los principios educativos, es necesario tomar en cuenta los artículos 22, párrafos primero, segundo y cuarto; 28 y 29 de la Ley General de Educación, que dispone lo siguiente: "Artículo 22. Los planes y programas a los que se refiere este Capítulo favorecerán el desarrollo integral y gradual de los educandos en los niveles preescolar, primaria, secundaria, el tipo media superior y la normal, considerando la diversidad de saberes, con un carácter didáctico y curricular diferenciado, que responda a las condiciones personales, sociales, culturales, económicas de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y regiones del país. Sus propósitos, contenidos, procesos y estrategias educativas, recursos didácticos y evaluación del aprendizaje y de acreditación, se establecerán de acuerdo con cada tipo, nivel, modalidad y opción educativa, así como a las condiciones territoriales, culturales, sociales, productivas y formativas de las instituciones educativas [.]. Los libros de texto que se utilicen para cumplir con los planes y programas de estudio para impartir educación por el Estado y que se derive de la aplicación del presente". "Artículo 28. Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente Capítulo, así como sus modificaciones, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa y, previo a su aplicación, se deberá capacitar a las maestras y los maestros respecto de su contenido y métodos, así como generar espacios para el análisis y la comprensión de los referidos cambios. En el caso de los planes y programas para la educación media superior, podrán publicarse en los medios informativos oficiales de las autoridades educativas y organismos descentralizados correspondientes". "Artículo 29. En los planes de estudio se establecerán: I. Los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo; II. Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras unidades de aprendizaje que, como mínimo, el educando deba acreditar para cumplir los propósitos de cada nivel educativo y que atiendan a los fines y criterios referidos en los artículos 15 y 16 de esta Ley; III. Las secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o unidades de aprendizaje que constituyen un nivel educativo; IV. Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando cumple los propósitos de cada nivel educativo; V. Los contenidos a los que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con el tipo y nivel educativo, y VI. Los elementos que permitan la orientación integral del educando establecidos en el artículo 18 de este ordenamiento. Los programas de estudio deberán contener los propósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras unidades dentro de un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento. Podrán incluir orientaciones didácticas y actividades con base a enfoques y métodos que correspondan a las áreas de conocimiento, así como metodologías que fomenten el aprendizaje colaborativo, entre los que se contemple una enseñanza que permita utilizar la recreación y el movimiento corporal como base para mejorar el aprendizaje y obtener un mejor aprovechamiento académico, además de la activación física, la práctica del deporte y la educación física de manera diaria. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género para, desde ello, contribuir a la construcción de una sociedad en donde a las mujeres y a los hombres se les reconozcan sus derechos y los ejerzan en igualdad de oportunidades". De lo anterior, se puede obtener que los programas de estudio que se aplican en la educación obligatoria, deben contener los propósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras unidades dentro de un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento, así como de ser el caso, la inclusión de orientaciones didácticas y actividades con base a enfoques y métodos que correspondan a las áreas de conocimiento, así como metodologías que fomenten el aprendizaje colaborativo. Aquí, es importante destacar que conforme a lo previsto por el artículo 3o. de la Carta Magna y los diversos 29 y 113 de la Ley General de Educación, se debe llevar a cabo un procedimiento en el que, de inicio, el Ejecutivo Federal tiene que vigilar se determinen los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República. Para lograr lo anterior, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales. La importancia de este procedimiento, es en virtud de que se identifica como una garantía para el ejercicio y goce del derecho a la educación, al garantizar que los libros de texto se ajusten a los programas y planes de estudio aprobados y publicados previamente al ciclo escolar, incluso considerando la capacitación de maestros y maestras, que también es una diversa garantía para la eficacia, en beneficio de la infancia, de su derecho a la educación. En esa medida, como el interés superior de la infancia se funda en la dignidad misma del ser humano, y por ello, los elementos materiales que servirán para su educación debe ser garantizados, en cuanto a su contenido, con garantía procesales que, además, prevean la intervención de todos los actores previstos en la Constitución Federal y en la propia Ley General; no resta sino concluir que la sociedad está interesada en el cumplimiento de tales medidas, puesto que la educación básica es un factor esencial para garantizar una sociedad cuyos integrantes cumplan con su función social, que prevean un gobierno ciudadano respetuoso de las minorías e incluyente de todo tipo de personas, con herramientas para su desarrollo progresivo y propio de su personalidad. De manera que, como la sociedad está interesada, tanto en la aprobación de los planes y programas, como en la publicación y puesta a disposición de dichos libros, previamente a su edición, impresión y entrega material a los educandos; y a su vez, éstos y las personas progenitoras están interesadas en la observancia de tales lineamientos, precisamente porque con ello se garantiza, a partir de la sociedad democrática, se concluye que con el otorgamiento de la suspensión, en el caso concreto, no afecta al interés social. Por lo anterior, con la medida cautelar se tutelará el derecho a la educación y su interés superior con que cuentan, en su vertiente de la prerrogativa a recibir libros de texto elaborados con apego el procedimiento establecido para ello. Adicionalmente, tampoco se advierte que la concesión de la medida se infrinja disposiciones de orden público. Antes bien, la concesión de la medida en los términos solicitados por la parte quejosa, se orienta a que en el juicio de amparo se analice si la expedición de los libros de texto se ajusta a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas para ese efecto. En ese sentido, la medida cautelar solicitada en el caso concreto, busca que, en aras de tutelar el interés superior de la infancia y el derecho a la educación de las personas menores de edad, se revise si en la elaboración, emisión y distribución de dichos libros, se cumplieron con el estándar jurídico establecido para ese fin. Por lo que, si como afirma la parte quejosa las autoridades responsables no han publicado en el Diario Oficial de la Federación, el contenido de los libros de texto gratuitos, así como los planes y programas de estudio que les deben dar soporte, es posible afirmar que, hasta ahora no se ha respetado el procedimiento a que se ha hecho alusión párrafos previos, para la impresión de dichos libros de texto gratuitos para la educación básica del ciclo escolar 2023-2024, lo que apunta a la verosimilitud de que la parte quejosa obtenga fallo favorable, sin prejuzgar que así sea. Ello conduce a conceder la suspensión definitiva solicitada, pues además no existe, por el momento, evidencia de que se cuenten con elementos que permitan sostener que se ha garantizado un procedimiento participativo, dentro del cual intervengan los gobiernos estatales y los especialistas en la materia educativa (los actores sociales involucrados en la educación), en lo concerniente a la elaboración de los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024, por lo que en aras de tutelar precautoriamente el interés superior del menor, así como su derecho a la educación, es procedente conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados. Además, la conclusión de que debe concederse la suspensión solicitada en el caso concreto, se fortalece si se toman en cuenta, que en la controversia constitucional 400/2023, promovida por el Poder Ejecutivo de Chihuahua en contra de la Secretaría de Educación Pública, de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, del Titular de la Subsecretaría de Educación Básica, del Titular de la Dirección General de Materiales Educativos, de la Dirección General de Educación Superior, del Titular de la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos, así como del Titular de la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial, el Ministro Instructor por auto de diez de agosto de la presente anualidad, concedió la suspensión solicitada, para el efecto de que no se distribuyan los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto. Dicha determinación se invoca como hecho notorio, en los términos definidos en la tesis de jurisprudencia de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)". En dicha resolución se determinó: "Ahora bien, el procedimiento para la publicación y la distribución de los libros de texto gratuito es una garantía del derecho a la educación establecida en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues son los instrumentos que sirven de guía para la impartición de los elementos educativos. Cabe destacar que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, así como el ejercicio de sus derechos, deben considerarse para la elaboración de las normas y la aplicación de los programas y los planes de estudio que motiven la expedición de dichos instrumentos educativos; asimismo, se debe garantizar, además, la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, de diversos sectores de la sociedad, así como de especialistas en educación, salud, cultura, entre otros. Lo anterior, debido a que los planes educativos constituyen un espacio para el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues el Estado está obligado a garantizar que los materiales didácticos sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación básica. Así, atento a lo solicitado, a las características particulares del caso y a la naturaleza de lo impugnado, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto que será motivo de estudio de la sentencia que en su oportunidad se dicte, se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua para el único efecto de que no se distribuyan los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, en el que verificará que se hayan observado los procedimientos legales respectivos para la determinación de los programas y los planes de estudio establecidos en la Ley General de Educación. Lo anterior es así, toda vez que, para efectos de la presente medida cautelar y a partir de las constancias con las que se cuentan para su concesión, no es posible determinar si la emisión y la impresión de los citados libros se trata de actos consumados. Lo anterior, a efecto de preservar la materia del juicio, es decir, asegurar provisionalmente el bien jurídico del actor, para que, de ser el caso, la sentencia pueda ejecutarse eficaz e íntegramente. Además, procede conceder la suspensión a fin de prevenir algún daño trascendente que pudiera ocasionarse a la actora y a la sociedad en general. En ese sentido, el propósito de la medida cautelar es impedir que se ejecuten los actos impugnados o que se produzcan o continúen realizando sus efectos, hasta en tanto se dicta sentencia en el expediente principal. Con el otorgamiento de la suspensión en los términos precisados, no se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, puesto que, como se adelantó, únicamente se pretende preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar que se le cause un daño irreparable, respetando los principios básicos que rigen la vida política, social o económica del país; además, no se causa un daño mayor a la sociedad en relación con los beneficios que pudiera obtener el solicitante de la medida y, a su vez, se garantiza que no quede sin materia el asunto. En consecuencia, atendiendo a las circunstancias y características particulares del caso, con fundamento en los artículos 14 a 18 de la normativa reglamentaria, se: A C U E R D A: Primero. Se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para los efectos precisados en este proveído. Segundo. La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente, conforme al artículo 17 de la Ley Reglamentaria de la materia". Como puede verse, el Ministro Instructor concedió la suspensión solicitada por la parte promovente de la controversia constitucional 400/2023, en un caso vinculado con la distribución de los libros de texto gratuitos para la educación básica, para el ciclo escolar 2023-2024, al considerar que: El procedimiento para la publicación y la distribución de los libros de texto gratuito es una garantía del derecho a la educación establecida en el artículo 3o. de la Constitución, pues son los instrumentos que sirven de guía para la impartición de los elementos educativos. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes, así como el ejercicio de sus derechos, deben considerarse para la elaboración de las normas y la aplicación de los programas y los planes de estudio que motiven la expedición de dichos instrumentos educativos; asimismo, se debe garantizar, además, la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, de diversos sectores de la sociedad, así como de especialistas en educación, salud y cultura, entre otros. Lo anterior, debido a que los planes educativos constituyen un espacio para el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues el Estado está obligado a garantizar que los materiales didácticos sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación básica. El propósito de la medida cautelar es impedir que se ejecuten los actos impugnados o que se produzcan o continúen realizando sus efectos, hasta en tanto se dicta sentencia en el expediente principal. Con el otorgamiento de la suspensión en los términos precisados, no se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano. La medida no causa un daño mayor a la sociedad en relación con los beneficios que pudiera obtener el solicitante de la medida y, a su vez, se garantiza que no quede sin materia el asunto. Si bien esa determinación solo incide en lo concerniente a la controversia constitucional 400/2023, su contenido es orientador para concluir que, con el otorgamiento de la suspensión de la distribución, uso o aprovechamiento de los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, en el caso concreto, no se afecta el interés social. Por tanto, con fundamento en los artículos 138, párrafo primero y 147, párrafo segundo de la Ley de Amparo, la medida cautelar se concede para el único efecto de que no se distribuyan, usen o aprovechen los nuevos libros de texto gratuito para los menores de edad quejosos para el ciclo escolar 2023-2024, correspondiente al grado en el que se encuentran cursando. Lo anterior, hasta que se notifique sobre la sentencia firme que se dicte en el amparo, en lo principal. La suspensión definitiva surte sus efectos de inmediato y se otorga sin garantía, dada la naturaleza de los actos reclamados, además porque no se advierte la existencia de terceros interesados que pudieran verse afectados con la presente determinación. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. SE CONCEDE la suspensión definitiva a ******************** y ********************, representantes de sus hijos menores de edad de iniciales ********************y********************, que solicitó en contra de las autoridades precisadas en el resultando primero de esta interlocutoria, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma. Notifíquese y cúmplase.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos y la cuenta que antecede, se acuerda: se tienen por recibidos del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, los oficios con los que remiten los testimonios de las resoluciones de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, pronunciadas por ese tribunal en las quejas ******************** y********************, relativas a los recursos interpuestos en representación de la Secretaría de Educación Pública Federal y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), ambas con sede en la Ciudad de México, respectivamente, en contra de la resolución interlocutoria dictada el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en estos autos; testimonios de los que aparece que la citada Superioridad, por los motivos que expuso, declaró infundados los aludidos recursos. Acúsese recibo y hágase las anotaciones correspondientes el libro de gobierno respectivo. Notifíquese y cúmplase.

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