Farrukhkhoja Bobo- Khojaev

Expediente 332/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
332/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
26/04/2023

Partes del expediente

  • Farrukhkhoja Bobo- Khojaev

Actuaciones

  1. Principal

    Se agrega sin mayor pronunciamiento copia del oficio por el cual el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados, con residencia en la Ciudad de México, rinde informe justificado. Lo anterior, porque del estado de autos se advierte que el pasado treinta de marzo, el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de baja California, con residencia en Tijuana, aceptó la competencia declinada; por tanto, para los efectos legales conducentes, remítase vía mensajería acelerada el oficio de cuenta a dicho órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de baja California, informa que por auto de veintisiete de los actuales ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada, y se avocó al conocimiento del asunto, el cual se radicó bajo el progresivo 372/2023-II. Háganse las anotaciones correspondientes, y archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En virtud de lo anterior, glósese a los autos copia del oficio por el cual el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en la Ciudad de México, rinde informe sobre la suspensión de plano decretada en el presente juicio, y remítase al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de baja California, con residencia en Tijuana, junto con el diverso que se reservó el pasado veintisiete de marzo del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia en Tijuana, a efecto de que provea lo conducente, y en su lugar se instruye a la secretaria encargada del expediente para que deje réplica de esa misiva para debida constancia.

  3. Principal

    El Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia en Tijuana, rinde informe sobre la suspensión de plano decretada en el presente juicio. Ahora bien, toda vez que este juzgado se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda planteada, se reserva el envío de la misiva de cuenta, hasta en tanto se tenga conocimiento del órgano jurisdiccional que asuma la competencia. No obstante lo anterior, se tiene como delegados de la oficiante a las personas que indica; y como domicilio para recibir notificaciones el que refiere, en el entendido de que en caso de que las misivas que ahí se envíen sean rehusadas, las notificaciones se tendrán por hechas.

  4. Principal

    Se notifica por lista con efectos de notificación personal a la parte quejosa, el proveído de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: Regístrese este juicio bajo el número de orden 332/2023-II. Se tiene a C.B.R.C, presentando demanda en favor de F.B.-K, contra los actos que reclama del Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Baja California del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, Baja California y otras autoridades responsables, consistentes entre otros, en la privación de su libertad personal fuera de procedimiento así como la inminente orden de deportación o expulsión del territorio nacional. Se decreta de oficio y de plano la suspensión del acto consistente en la inminente deportación o expulsión del país del quejoso, para el efecto de que no sea deportado o expulsado del territorio nacional, quedando a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar donde se encuentre, esto es, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, Baja California, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, salvo el caso que de manera subsecuente se decrete su libertad (sin ser deportado), supuesto en el cual las autoridades responsables podrá actuar de conformidad con el ámbito de sus atribuciones, debiendo informar lo conducente dentro de las veinticuatro horas siguientes a su liberación; en la inteligencia que deberán ajustar su proceder a lo dispuesto por los artículos 115, 119, 120, 121 y 1221 de la Ley de Migración. Lo anterior, porque de ejecutarse la deportación o expulsión del justiciable, haría físicamente imposible la restitución de sus derechos, ya que la Ley de Migración no prevé la posibilidad de que una persona pueda ser devuelta al territorio nacional, de concedérsele el amparo y protección constitucional, porque si bien el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que los efectos de la protección constitucional consistirán en restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, en el caso ello no sería factible, porque implicaría que la sentencia protectora tuviera efectos extraterritoriales, y se impusiera su cumplimiento a autoridades de un país distinto sobre las que no se tiene jurisdicción. En la inteligencia que si el quejoso es privado de su libertad personal con motivo de una resolución emitida por una autoridad judicial dentro de algún proceso penal, ésta suspensión no surtirá efecto si el referido juez de la causa determina el traslado del quejoso a algún centro de reclusión dentro de la República Mexicana. En consecuencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que reciban el oficio a través del cual se les notifique este proveído, las autoridades responsables deberán informar sobre el cumplimiento de esta medida y enviar las constancias con las que lo acrediten; apercibidas que, de no hacerlo en el término concedido para ello, se harán acreedoras a las sanciones previstas en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, esto es, a una pena de tres a nueve años de prisión y multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, por cuanto al desacato a lo aquí ordenado; ello con independencia de cualquier otro ilícito que resultare con su proceder al no acatar la suspensión de plano decretada. Se autoriza la recepción de la información requerida a través del correo institucional 12jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. Este juzgador no es legalmente competente en razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo y previa formación del respectivo cuaderno de antecedentes, remítase la presente demanda al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, quien se estima es el legalmente competente en razón de territorio, y de quien se solicita atentamente el acuse de recibo correspondiente, e informe si acepta o no la competencia declinada. Toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este juzgado, se instruye al actuario adscrito para que le realice las notificaciones de carácter personal, por medio de lista. Se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona en su demanda la parte quejosa, en virtud de que la cédula profesional que menciona no está registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y al resto, por así solicitarlo expresamente.

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