Farizet Maricela Charruf Semerena

Expediente 483/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
483/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
07/12/2017

Partes del expediente

  • Farizet Maricela Charruf Semerena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA II. Agréguese a estos autos el oficio suscrito por la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judic9ial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de las copias certificadas del expediente 568/2016, que le fue remitido mediante el oficio número II-28436/2017, del índice de este Juzgado, de veintiocho de septiembre del año en curso.

  2. Principal

    MESA II. Vistos los presentes autos y atendiendo a que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión contra el acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil quince, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia, el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Asimismo, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó y el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, en el que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá transferirse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. En cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo y sí lo tiene el incidente de suspensión derivado del mismo. Finalmente, no existiendo motivo legal alguno para que continúe al buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, la copia certificada del expediente 568/2017, que el Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, acompañó a su informe justificado; devuélvase y pídase a la aludida autoridad que informe a este órgano jurisdiccional cuando las haya recibido, como constancia de su recepción.

  3. Principal

    MESA II. Agréguese a estos autos el oficio 2224/2017 suscrito por la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; sin que sea el caso realizar pronunciamiento respecto de su contenido, en virtud de que el treinta de agosto del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo.

  4. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio signado por el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, en atención al requerimiento que se le hiciera en acuerdo de veintitrés de agosto del año en curso. De dicha comunicación se advierte que el convenio celebrado entre Farizet Maricela Charruf Semerena y Ricardo Fabián Herrera Rosado -con motivo del cual se dio trámite a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria en el expediente 344/2017-, fue aprobado en audiencia preliminar de veinticinco de agosto de los corrientes, declarándose que la resolución respectiva había causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" El precepto legal transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando aun subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efecto alguno, porque ha dejado de existir su objeto o materia, de manera que sus efectos -que no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso- no se actualizarán, en virtud de la modificación del entorno jurídico en que se emitió originalmente, por lo que en caso de concluirse que es inconstitucional dicho acto, jurídicamente resultaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que estimaba violado, siendo nugatoria la finalidad del juicio de amparo, consistente en reparar tales violaciones a través del fallo protector. Es ilustrativo el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, que analiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII de la abrogada Ley de Amparo, de igual contenido al previsto en el diverso 61, fracción XXII, de la vigente, y cuyo contenido es el siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En el caso, se estima que se actualiza la hipótesis normativa prevista en el invocado precepto legal, toda vez que la quejosa acudió a esta instancia constitucional reclamando la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, dictada por la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado en el Procedimiento Especial de Divorcio sin causales 5568/2016 promovido por Ricardo Fabián Herrera Rosado en su contra, en el que modificó el auto revocado, para reducir el monto de la pensión alimenticia decretada a favor de la quejosa, fijar el pago de las mensualidades del vehículo de la marca Kia, tipo Sorento, y el seguro correspondiente, a cargo del citado Herrera Rosado. De manera que en el juicio familiar de origen, subsiste el acto reclamado en tanto el procedimiento únicamente fue suspendido hasta en tanto se diera trámite al convenio exhibido por las partes -Diligencias de Jurisdicción Voluntaria-; sin embargo, lo cierto es que la firmeza de la resolución que aprobó aquél convenio, incuestionablemente origina una modificación en el entorno jurídico del acto aquí reclamado. Ello, porque entre las cláusulas de dicho convenio, las partes llegaron un acuerdo en relación a los tópicos controvertidos en este juicio, consistente en el monto de la pensión alimenticia a favor de la quejosa y el pago de las mensualidades del vehículo citado. En ese sentido, se torna material y jurídicamente imposible que el referido acto de veinticuatro de febrero del año en curso dictado en el procedimiento de divorcio, surta efectos jurídicos, y por tanto, que sea susceptible de ser reparado a través de esta instancia constitucional, en virtud de que las cuestiones controvertidas fueron objeto de convenio entre las partes, el cual, al adquirir firmeza, rige su situación jurídica. En mérito de lo anterior es que se concluye la actualización de la causa de improcedencia invocada, pues al margen de la subsistencia del acto reclamado, éste no puede surtir efectos en virtud de que su objeto fue materia de un convenio aprobado, el cual ha sido declarado firme, lo que modificó el entorno jurídico de aquél. Por consiguiente, este juzgador decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXII, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL DÍA CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

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